STC10416-2022 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10416-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00259-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de junio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que Tr\u00e1nsito Mart\u00ednez Garc\u00eda, Eunice y Ramiro Parra Mart\u00ednez le instauraron al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas, extensiva al Promiscuo de Familia de esa localidad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, actuando por medio de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, propiedad y vivienda digna\u00bb para que, \u00abse ordene dejar en dep\u00f3sito gratuito el inmueble que fue objeto de medida cautelar de secuestro\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que en el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas cursa la sucesi\u00f3n del causante Jos\u00e9 Ra\u00fal Parra Ram\u00edrez promovida por Alix Mar\u00eda Parra Ram\u00edrez, en el que se decret\u00f3 el secuestro del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 162-990, para lo cual se comision\u00f3 con amplias facultades al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de ese lugar. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que \u00e9ste practic\u00f3 la diligencia el 22 de febrero de 2022, momento en que solicitaron se les asignara el predio objeto de la cautela en calidad de dep\u00f3sito gratuito de conformidad con el numeral 3 del art\u00edculo 595 del C\u00f3digo General del Proceso, pretensi\u00f3n que deneg\u00f3 por no cumplir con los presupuestos exigidos en dicha norma y, pese a que interpusieron recurso de reposici\u00f3n, mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n, ordenando la entrega del bien al auxiliar de la justicia. <\/p>\n
En su criterio, tal pronunciamiento afect\u00f3 sus prerrogativas esenciales, en tanto \u00abse encuentran habitando el citado fundo, puesto que son los hijos y esposa sup\u00e9rstite del causante Parra Ram\u00edrez por tanto ostentan la calidad de herederos\u00bb, empero a pesar de ello \u00abse entreg\u00f3 el bien al secuestre, desconoci\u00e9ndose lo contemplado en el numeral 3 del art\u00edculo 595 del C.G.P., toda vez que utilizan el predio para vivienda\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas pidi\u00f3 negar el resguardo, ya que \u00abdel an\u00e1lisis de la regla contenida en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 595 del C.G.P., no se cumplen las dos condiciones all\u00ed indicadas\u00bb, por cuanto \u00abi) la medida de embargo y secuestro no se decret\u00f3 en contra de los aqu\u00ed accionantes por no ser los titulares de dominio del bien, el cual tampoco es de uso exclusivo para la vivienda de los tutelantes, pues all\u00ed se desarrollan actividades comerciales en una de sus plantas y, ii) la parte solicitante de la medida no est\u00e1 de acuerdo con la entrega del bien a t\u00edtulo gratuito y por el contrario, solicita la designaci\u00f3n de auxiliar de la justicia en calidad de secuestre\u00bb. <\/p>\n
El Primero Promiscuo Municipal de ese lugar defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copias del paginario. <\/p>\n
Alix Mar\u00eda Parra Ram\u00edrez se opuso al amparo, pues \u00aben el tr\u00e1mite cuestionado no fueron conculcados a los accionantes sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Alirio Serrato Torres manifest\u00f3 que \u00abfue designado secuestre del bien objeto de controversia el 7 de febrero de 2022 y en la diligencia de secuestro de 22 de febrero siguiente se le entreg\u00f3 el inmueble compuesto de un primer piso que es un local comercial que se encuentra arrendado y el segundo y tercer piso es una casa de habitaci\u00f3n donde residen los accionantes\u00bb y, \u00aben su funci\u00f3n como secuestre, se firm\u00f3 el contrato de arrendamiento de fecha 2 de julio de 2022 con una de las accionantes (Eunice Parra Mart\u00ednez) y a la fecha ha cancelado dos c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca concedi\u00f3 el auxilio, luego de apreciar que \u00abel juzgado accionado incurri\u00f3 en defecto sustantivo o material al otorgar un alcance indebido al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 595 del C.G.P., por cuanto, no evalu\u00f3 contra qui\u00e9n se decret\u00f3 la cautela y la destinaci\u00f3n del bien, pues, es evidente que la cautela se dirige contra los accionantes, quienes claramente presentan un inter\u00e9s leg\u00edtimo tanto en el tr\u00e1mite liquidatorio como en las medidas previas\u00bb; asimismo, porque \u00absi bien, el inmueble referido cuenta con un local comercial y el resto est\u00e1 destinado a vivienda, ello no es \u00f3bice para inaplicar el citado art\u00edculo 595, lo cual devela una motivaci\u00f3n indebida para resolver lo atinente al dep\u00f3sito gratuito de la unidad habitacional con exclusi\u00f3n del local comercial cautelado\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, \u00aborden\u00f3 dejar sin valor ni efecto el auto de 22 de febrero de 2022 y decisiones posteriores, para que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes al momento de recibir el expediente digital, la juez accionada resuelva el recurso de reposici\u00f3n que se formul\u00f3 en diligencia de secuestro\u00bb. <\/p>\n
Refut\u00f3 Alix Mar\u00eda Parra Ram\u00edrez, aduciendo que \u00abel juzgado accionado no transgredi\u00f3 el debido proceso al resolver la solicitud de dep\u00f3sito gratuito formulada por los actores porque la medida cautelar decretada no fue contra los herederos accionantes sino contra el causante\u00bb, aunado a que \u00abno advirti\u00f3 la Corporaci\u00f3n que el numeral 3\u00b0 del art. 595 del C.G.P. contempla una salvedad o excepci\u00f3n cuando dice \u201csalvo que el interesado en la medida solicite que se le entregue al secuestre designado por el juez\u201d, circunstancia que fue pedida por la interesada en la medida cautelar y por eso la juez lo que hizo fue interpretar debidamente el contenido de dicho art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se constata la improcedencia de la salvaguarda, comoquiera que, aunque en la decisi\u00f3n censurada eventualmente puede presentarse un yerro, tal circunstancia resulta intrascendente en la medida en que, de tutelarse y volverse a solventar, la providencia all\u00e1 emitida estar\u00eda en contraposici\u00f3n con el ordenamiento jur\u00eddico, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige que los precursores se duelen de que en \u00abla diligencia de secuestro\u00bb adelantada el 22 de febrero de 2022 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas, pese a que demostraron la relaci\u00f3n que existe entre el causante Jos\u00e9 Sa\u00fal Parra Ram\u00edrez y Tr\u00e1nsito Mart\u00ednez Garc\u00eda, quien es la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, as\u00ed como con Eunice y Ramiro Parra Mart\u00ednez en calidad de hijos, la juez no accedi\u00f3 a su aspiraci\u00f3n de \u00abdejarles en dep\u00f3sito gratuito el inmueble objeto de medida cautelar al tenor del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 595 del C.G.P.\u00bb al estimar que, <\/p>\n
(..) no se dan los presupuestos f\u00e1cticos establecidos en el numeral 3 del art. 595 del C.G.P., como quiera que la medida cautelar decretada por el comisionado fue respecto del causante Jos\u00e9 Ra\u00fal Parra Ram\u00edrez y no en contra de la se\u00f1ora Tr\u00e1nsito Mart\u00ednez (\u2026)\u00bb lo anterior por cuanto \u00abse tiene que la anotaci\u00f3n 10 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 162-990 aparece medida cautelar decretada por el Juzgado Promiscuo de Familia., embargo en la sucesi\u00f3n del causante Jos\u00e9 Sa\u00fal Parra Ram\u00edrez, entendi\u00e9ndose que dicha medida es para declarar un derecho a favor de los posibles herederos, sobre el inmueble sobre el cual se decret\u00f3 la cautela y por lo que fui comisionada para su secuestro. <\/p>\n
Contempla el numeral 3\u00b0 del art. 595 del C.G.P., lo siguiente: \u201cCuando se trata de un inmueble ocupado exclusivamente para la vivienda contra las personas contra las que se decret\u00f3 la medida\u2026\u201d por lo que de acuerdo a la norma en cita y sin lugar a mayores reflexiones no encuentra, el despacho el presupuesto de la norma para acceder a lo peticionado por el apoderado de la se\u00f1ora Tr\u00e1nsito, dado que la medida cautelar no fue decretada en su contra, sino respecto de inmueble que es aparentemente de propiedad del se\u00f1or Jos\u00e9 Sa\u00fal Parra Ram\u00edrez, persona a la cual se le aplicar\u00eda la norma en cita, pero como se tiene y ante el proceso que se surte ante el Juzgado de Familia, el citado se\u00f1or se encuentra fallecido. As\u00ed las cosas, el despacho no repone la decisi\u00f3n y procede a la entrega real y material del inmueble al auxiliar de la justicia designado. <\/p>\n
Al respecto, es importante indicar, conforme lo resalt\u00f3 el a quo constitucional, que en la anterior determinaci\u00f3n, se incurri\u00f3 en \u00abmotivaci\u00f3n indebida\u00bb, en tanto que el estrado querellado para resolver sobre lo ansiado no efectu\u00f3 un examen en torno a que los promotores Tr\u00e1nsito Mart\u00ednez Garc\u00eda, Eunice y Ramiro Parra Mart\u00ednez acreditaron su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y herederos del finado Jos\u00e9 Sa\u00fal Parra Ram\u00edrez, por tanto, era evidente que la cautela se dirige tambi\u00e9n contra ellos, quienes visiblemente tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la mortuoria, de manera que, obligaba un estudio en cuanto a este argumento. <\/p>\n
Sin embargo, es notoria la falta de trascendencia de dicha imprecisi\u00f3n, en la medida en que al proveer la protecci\u00f3n tutelar reclamada y ordenar a la juez de instancia dictar un nuevo prove\u00eddo, se llegar\u00eda a igual conclusi\u00f3n, esto es, denegar el pedimento, teniendo en cuenta que el mismo numeral 3\u00b0 del canon 595 del C\u00f3digo General del Proceso, invocado por los impulsores para soportar su ruego, expresa que cuando se trate de inmueble ocupado exclusivamente para la vivienda de la persona contra quien se decret\u00f3 la medida, el juez se lo dejar\u00e1 en calidad de secuestre y le har\u00e1 las prevenciones del caso, \u00absalvo que el interesado en la medida solicite que se le entregue al secuestre designado por el juez\u00bb, situaci\u00f3n que se evidencia en el sub lite, donde la parte demandante en la diligencia mencionada expres\u00f3 su asentimiento con lo dirimido por la funcionaria cuestionada, sin manifestar su voluntad de que el bien se dejara en poder de los accionantes; por tanto, no se cumple a cabalidad con los presupuestos exigidos en dicha normativa, lo que torna irrelevante la irregularidad propuesta. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte espec\u00edficamente ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, recordemos que la jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los \u00abrequisitos generales de procedibilidad\u00bb que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb. CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07. <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar\u00bb (STC10170-2021). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, se impone la infirmaci\u00f3n del veredicto de primera instancia y la desestimaci\u00f3n del socorro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, SE NIEGA la tutela instada por Tr\u00e1nsito Mart\u00ednez Garc\u00eda, Eunice y Ramiro Parra Mart\u00ednez y, por tanto, se deja sin efecto la gesti\u00f3n desplegada en acatamiento del fallo de primera instancia. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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