STC10418-2022<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10418-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-003-2022-00145-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 11 de julio de 2022 en la acci\u00f3n de tutela que el Departamento del Cesar formul\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 20001-31-03-004-2021-00187-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La entidad territorial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que, mediante auto de 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar resolvi\u00f3 sobre una demanda acumulada al proceso ejecutivo No. 2021-00187-00, presentada por la Cl\u00ednica Integral de Emergencias Laura Daniela y libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por la obligaci\u00f3n contenida en una cesi\u00f3n que hizo la sociedad AMBUQ-S a la cl\u00ednica ejecutante y supuestamente aceptada por el Departamento del Cesar. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, el 27 de enero de 2022, le inform\u00f3 al Juzgado de conocimiento que no ten\u00eda \u00abcustodia ni registro [\u2026] del documento de cesi\u00f3n [\u2026] y que, en el referido auto [\u2026] no aparece hipervinculado dicho documento\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3, que, a la fecha de la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, no se hab\u00eda dado cumplimiento, ni por el ejecutante, ni por el despacho, a lo dispuesto en el art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de 2020, vigente para esa \u00e9poca, pues, se desatendi\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 6\u00b0 de la misma normativa, y enfatiz\u00f3, en que no se le corri\u00f3 traslado de la demanda y sus anexos, por lo que desconoce las piezas procesales que la conforman. <\/p>\n
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2. En consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a la autoridad accionada que le corra el traslado echado de menos. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, inform\u00f3 que el 14 de diciembre de 2021 realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n por estado del mandamiento de pago, y habilit\u00f3 los hiperv\u00ednculos correspondientes, y el 28 de enero de 2022, el Departamento del Cesar present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra dicha providencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la resoluci\u00f3n de dicho recurso se encuentra pendiente, debido a que sobrevinieron otras acumulaciones y medidas cautelares en el proceso, las cuales deb\u00edan resolverse preliminarmente. <\/p>\n
Destac\u00f3, que no entiende las razones de la presunta vulneraci\u00f3n del debido proceso, cuando el tr\u00e1mite se encuentra en curso, y resalt\u00f3 que el 17 de junio de 2022 la Entidad Terrtorial accionante present\u00f3 solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb del proceso, y el 30 de junio desisti\u00f3 de la misma, la que, al igual que las transacciones presentadas al proceso en d\u00edas anteriores, est\u00e1n pendientes de resolver. <\/p>\n
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2. El Centro Regional de Oncolog\u00eda Ltda., se\u00f1al\u00f3 que la norma establece la salvedad consistente en que no ser\u00e1 necesario enviar copia de la demanda y sus anexos a la parte demandada, cuando en la petici\u00f3n se vean incluidas medidas cautelares, por lo que la dependencia judicial ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes. <\/p>\n
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3. La Cl\u00ednica Integral de Emergencias Laura Daniela, refiri\u00f3 que la parte actora busca de forma irregular y desesperada revivir t\u00e9rminos judiciales ya fenecidos, como consecuencia de una clara desatenci\u00f3n del deber profesional que le asiste a su apoderado judicial, toda vez que las actuaciones desplegadas por \u00e9ste, se efectuaron con posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que no es cierto que la Entidad accionante desconociera el contenido de la demanda y sus anexos, porque el 28 de enero de 2022 el mencionado apoderado procedi\u00f3 a presentar un recurso de reposici\u00f3n extempor\u00e1neo, discutiendo y controvirtiendo los hechos que la conforman. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Valledupar, declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de la subsidiariedad, en tanto que, las actuaciones y omisiones alegadas a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional fueron objeto de reproche por el hoy accionante, con los mismos argumentos que aqu\u00ed se invocan, \u00abse\u00f1alamientos que, seg\u00fan se constat[\u00f3] en el expediente aportado, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar a\u00fan no ha[b\u00eda] resuelto, advirti\u00e9ndose que frente a la determinaci\u00f3n que tome el juzgador ordinario podr\u00e1 hacer uso de los mecanismos de defensa dispuestos en la ley adjetiva\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abno puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n a cuestiones que a\u00fan debe dirimir el juez ordinario en la instancia respectiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley\u00bb, m\u00e1xime la inexistencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la Entidad Territorial accionante, insistiendo en sus pretensiones y enfatiz\u00f3 en que \u00abno existe custodia o registro por el ente territorial de la demanda y sus anexos, que para esa fecha deb\u00edan haberse corrido traslado de la demanda por el demandante o la secretaria del Juzgado en consonancia al art\u00edculo 9 del Decreto Legislativo No. 806 de 2020\u00bb. Asimismo, ech\u00f3 de menos una respuesta sobre el tema por parte de la autoridad accionada y resalt\u00f3 que desisti\u00f3 de su solicitud de control de legalidad presentada ante el juez, \u00abpara que [fuera] valorada como tal en segunda instancia por la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
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2. Ahora bien, cuando desaparecen los actos u omisiones que motivaron su interposici\u00f3n, debe fracasar, pues es claro que si la falta por la cual la persona se queja, ya no existe, o ha sido superada, en tanto que, si la pretensi\u00f3n presentada en defensa del derecho presuntamente vulnerado est\u00e1 siendo, de alguna manera satisfecha o lo ha sido totalmente, el mecanismo iniciado en tales t\u00e9rminos pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, lo que lleva a que cualquier orden que llegare a impartir el juez del amparo carezca de sentido (Cfr. Sentencias STC10752-2020, STC11271-2021, STC3520-2022, STC6738-2022 y STC9270-2022 de esta Corte). <\/p>\n
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3. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la esta Sala, el Departamento del Cesar acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, porque al no haberle corrido traslado de la demanda acumulada al proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 20001-31-03-004-2021-00187-00, por la que se libr\u00f3 el mandamiento de pago de 14 de diciembre de 2021, no le otorg\u00f3 acceso a la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito que hizo la sociedad AMBUQ-S a la Cl\u00ednica Integral de Emergencias Laura Daniela y que fue supuestamente aceptada por esa entidad, lo que le impidi\u00f3 ejercer sus derechos a la contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
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4. Analizado el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, se observ\u00f3 que la providencia por la cual el Juzgado accionado libr\u00f3 la orden de pago acumulada en el citado litigio, fue notificada al ejecutado [aqu\u00ed accionante] conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, \u00abpor estado\u00bb, puesto que, previamente se hab\u00eda realizado el enteramiento de un mandamiento de pago principal. <\/p>\n
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5. Si bien es cierto, en el referido repositorio electr\u00f3nico no se encontr\u00f3 una constancia o un mensaje de datos que permitiera inferir, razonablemente, que la entidad all\u00ed ejecutada tuviese acceso al mismo, no puede perderse de vista que, para contestar esta tutela, el Juzgado accionado envi\u00f3, tanto al Tribunal de primer grado, como a los abogados de las partes en conflicto, un acceso directo a la totalidad del expediente, dentro del cual, esta Sala logr\u00f3 verificar que se encuentran, entre otros, la demanda acumulada varias veces mencionada, as\u00ed como sus anexos, dentro de los cuales, la promotora de la acci\u00f3n, ya tuvo la oportunidad de verificar la existencia o no del documento -cesi\u00f3n- extra\u00f1ado1. <\/p>\n
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6. Esto se traduce en la carencia actual de objeto de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Departamento del Cesar, habida cuenta que, se itera, ya obtuvo acceso a la informaci\u00f3n digital pretendida, lo cual descarta la vulneraci\u00f3n alegada y vuelve innecesario cualquier pronunciamiento u ordenamiento que pudiese realizar el juez constitucional en tal sentido. <\/p>\n
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7. Ahora, en relaci\u00f3n a las peticiones -de control de legalidad- elevadas por la interesada, as\u00ed como de su desistimiento ante el juez de conocimiento, m\u00edrese bien que, como fue referido por el Juzgado accionado, las mismas no han sido objeto de su pronunciamiento, por lo que es claro que esta tutela es prematura, raz\u00f3n por la cual, se recuerda que la acci\u00f3n de tutela no fue instituida por el Legislador para que el Juez constitucional profiera decisiones concomitantes o paralelas a las que debe proferir el juzgador de conocimiento, como erradamente lo pretendi\u00f3 la impugnante. (Ver CSJ. STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre muchas en, STC5909-2021, STC17367-2021 y STC2808-2022). <\/p>\n
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8. Aunado a lo anterior, debe se\u00f1alarse que en este caso no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de intervenir o no, en el caso de que se trate. <\/p>\n
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9. En consecuencia de lo expuesto se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, aunque por las razones que anteceden. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n