STC10427-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10427-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01474-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Carolina Garc\u00eda Palacios le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales -, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-512396. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 el amparo de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y a la \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb, para que se \u00abconmine a la [accionada] proce[der] de manera inmediata con el tr\u00e1mite del proceso, disponiendo la fijaci\u00f3n de la audiencia p\u00fablica correspondiente y proceda a dictar sentencia que corresponda, sin m\u00e1s dilaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que promovi\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor frente a la sociedad Diarcol S.A.S. con el prop\u00f3sito de obtener la efectividad de la garant\u00eda del contrato de obra civil celebrado entre las partes y se le obligara entregar a \u00abentera satisfacci\u00f3n\u00bb las \u00abreformas y acabados\u00bb del \u00abapartamento 501\u00bb, ubicado en la \u00abcalle 56 # 5-31\u00bb de esta ciudad. En consecuencia, pidi\u00f3 condenarla al pago de la suma pactada como \u00abcl\u00e1usula penal\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en prove\u00eddo de 21 de enero pasado la entidad acusada admiti\u00f3 el escrito incoatorio y corri\u00f3 traslado del mismo a la all\u00e1 convocada, sin embargo, desde aquella fecha se encuentra paralizado el pleito, pese a las reiteradas solicitudes para impulsarlo, circunstancia que, en su sentir, conculc\u00f3 los privilegios superiores. <\/p>\n
2.- El Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso al resguardo con venero en que la lid a\u00fan est\u00e1 dentro del t\u00e9rmino legal de un (1) a\u00f1o para finiquitar la instancia (art. 121 del C.G.P.), adem\u00e1s, porque actualmente cuenta con tan solo \u00ab29\u00bb funcionarios, quienes tienen a su cargo alrededor de \u00ab25.532\u00bb asuntos pendientes de decisi\u00f3n, los cuales vienen siendo atendidos \u00aben el orden cronol\u00f3gico de su radicaci\u00f3n con el fin de garantizar a todos los usuarios (\u2026) su derecho a la igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 al ruego, con fundamento en que: i) Si bien el art\u00edculo 121 de la ley adjetiva dispone un plazo m\u00e1ximo de un (1) a\u00f1o para definir las controversias judiciales, ello no quiere decir que \u00abla agencia judicial conocedora del caso deba tomarse, necesariamente, todo ese lapso para resolverlo, de modo que el entendimiento de dicha norma se\u00f1alado por la accionada resulta abiertamente contrario a los principios rectores de acceso a la administraci\u00f3n de justicia e impulso de los procesos\u00bb; ii) No se ofreci\u00f3 respuesta a los memoriales en los que la \u00abpromotora\u00bb implor\u00f3 el \u00abimpulso procesal\u00bb de la contienda, teniendo \u00abderecho\u00bb a conocer la raz\u00f3n de la tardanza; y, iii) No hay motivo atendible que respalde la mora en gestionar la disputa, ni siquiera el respeto por el \u00absistema de turnos\u00bb, porque aqu\u00ed se suplic\u00f3 la \u00abfijaci\u00f3n de fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia que d\u00e9 continuidad al proceso\u00bb, pero no la emisi\u00f3n de \u00absentencia\u00bb, lo cual no implica traumatismos en el curso de las otras causas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, orden\u00f3 a la entidad acusada \u00abproceda a dar continuidad al tr\u00e1mite del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que ello implique que la fijaci\u00f3n de la diligencia que debe realizarse, deba darles alguna prioridad o preferencia frente a los negocios que de acuerdo al sistema de turnos que la accionada tenga establecido\u00bb. <\/p>\n
4.- La Superintendencia de Industria y Comercio apel\u00f3 insistiendo en argumentos similares a los esbozados en la contestaci\u00f3n de este auxilio. A\u00f1adi\u00f3 que tiene \u00abestrictas listas de reparto que permiten que en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor no ocurran vencimientos de instancia o moras injustificadas a los dem\u00e1s usuarios que presentaron sus demandas con anterioridad\u00bb, por consiguiente, el mandato del a quo constitucional tendiente a priorizar el caso de la \u00abaccionante\u00bb desconoce el \u00aborden cronol\u00f3gico\u00bb de los negocios y trasgrede los \u00abderechos a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y celeridad de aquellos consumidores que acudieron con anterioridad (\u2026) y respetaron los t\u00e9rminos procesales que la Ley otorga para emitir un pronunciamiento de fondo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso bajo estudio, la aspiraci\u00f3n de Carolina Garc\u00eda Palacios se orienta a que por esta v\u00eda excepcional se inste a la Superintendencia de Industria y Comercio agendar \u00abla audiencia p\u00fablica correspondiente\u00bb y que se \u00abproceda a dictar sentencia que corresponda, sin m\u00e1s dilaciones\u00bb, en el adelantamiento del dossier n\u00b0 2021-512396. <\/p>\n
Para oponerse a ese pedimento, la dependencia aludida, tanto en la contestaci\u00f3n a la queja superlativa como en el escrito de impugnaci\u00f3n, afirm\u00f3 que el retardo en agotar la siguiente etapa de la actuaci\u00f3n, esto es, la celebraci\u00f3n de la vista \u00abp\u00fablica\u00bb prevista en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso en armon\u00eda con el canon 58 de la Ley 1480 de 2011, tiene su fuente en el gran volumen de trabajo que detenta, el cual es de aproximadamente \u00ab25.532 demandas admitidas pendientes de decisi\u00f3n\u00bb y una capacidad de \u00ab29\u00bb empleados para solucionarlas. <\/p>\n
2.- Bajo esos derroteros, encuentra la Sala que la s\u00faplica ius fundamental debe prosperar, toda vez que, en efecto, existe una demora injustificada en la celebraci\u00f3n de la \u00abaudiencia p\u00fablica\u00bb prevista para esa clase de pleitos (art. 392 C.G.P.- art. 58 Ley 1480 de 2011), sin que hasta ahora se haya siquiera programado una data cierta a fin de llevarla a cabo. Ello es as\u00ed porque, ha corrido un tiempo m\u00e1s que suficiente y el asunto contin\u00faa estancado, sin avizorarse alguna circunstancia objetiva y razonable para excusar la par\u00e1lisis, ya que, de los documentos aportados a estas \u00abdiligencias\u00bb se otea que desde el 21 de enero pasado -fecha en la que se admiti\u00f3 la demanda de protecci\u00f3n al consumidor reprochado no se ha surtido ninguna otra \u00abactuaci\u00f3n\u00bb, permaneciendo inm\u00f3vil sin fundamento alguno. <\/p>\n
2.1. Pero aun cuando la oficina acusada disculp\u00f3 su proceder en la cantidad de \u00abasuntos\u00bb que actualmente conoce -alrededor de \u00ab25.532\u00bb-, lo cierto es que no existe un par\u00e1metro objetivo a partir del cual se pueda respaldar la tardanza en continuar con la causa confutada, ya que no brind\u00f3 un dato preciso, mucho menos acredit\u00f3 el n\u00famero de \u00abprocesos\u00bb que ya resolvi\u00f3 o el periodo que toma cada funcionario en solventarlos, para de ah\u00ed, hallar por excusada con meridiana razonabilidad la \u00abmora judicial\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Cabe recordar que esta Corte en punto a la \u00abmora injustificada\u00bb, ha predicado: <\/p>\n
[l]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, STC195-2021 y STC10205-2021). <\/p>\n
2.4.- En esas condiciones, comoquiera que ha trascurrido un lapso importante sin que por alguna raz\u00f3n atendible se haya paralizado el pleito objetado, ha de confirmarse el amparo ius fundamental concedido por el a quo constitucional. <\/p>\n
3.- Con base en lo discurrido, el veredicto impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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