STC10434-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10434-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 11 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Botero Arias y Rubiela del Socorro Marulanda Ram\u00edrez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los pleitos con radicaci\u00f3n 2009-00020 y 2009-00030. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, las solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el despacho convocado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas, cursa proceso \u00abejecutivo singular de mayor cuant\u00eda\u00bb impetrado por Florelia Arias de Botero, Blanca Cecilia, Luz Mery, Jos\u00e9 Diego, Jhon Jairo y Yolanda Botero Arias contra Clara In\u00e9s Soto Soto, el cual se halla radicado bajo el n\u00b0 2009-00020). <\/p>\n
Que como en el mismo estrado \u00abse abri\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n doble e intestada de los se\u00f1ores Luis Horacio Jaime Soto Correa y Margarita Soto de Soto\u00bb (rad. 2009-00030), en el que la ejecutada funge \u00abcausahabiente en el primer orden hereditario (\u2026), mediante auto del 19 de marzo de 2021 se decret\u00f3 el embargo y secuestro de los derechos hereditarios que pudieran corresponderle a la se\u00f1ora Clara In\u00e9s Soto Soto (\u2026), de lo cual se tom\u00f3 atenta nota (\u2026) a trav\u00e9s de auto del 8 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abuna vez perfeccionado el embargo con la inscripci\u00f3n de la medida en el proceso de sucesi\u00f3n, se nombr\u00f3 como secuestre de los derechos hereditarios que le pudieren corresponder a Clara In\u00e9s Soto en el proceso sucesorio, a la se\u00f1ora Rubiela del Socorro Marulanda Ram\u00edrez (\u2026), mediante auto del 24 de mayo de 2021\u00bb, quien \u00abpresent\u00f3 memorial el d\u00eda 29 de noviembre de 2021 (\u2026), en el que manifiesta la necesidad de que se le autorice el nombramiento de un abogado de confianza y un perito avaluador de bienes inmuebles, fundando tales peticiones en el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, el secuestre \u201cpodr\u00e1 designar los dependientes que requiera para el buen desempe\u00f1o del cargo y asignarles funcionares\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que para tal petici\u00f3n, la cual \u00abcoadyuva\u00bb el apoderado judicial de los ejecutantes, se adujo que la auxiliar de la justicia \u00abno tiene la calidad de abogada, por lo que no cuenta con los conocimientos necesarios para la efectiva comparecencia al proceso judicial, y que ella requiere \u00abde un experto en el aval\u00fao de inmuebles [ya que] no posee la infraestructura t\u00e9cnica suficiente para desarrollar el trabajo dada la envergadura de causal hereditario\u00bb, para lo cual present\u00f3 la relaci\u00f3n \u00abde varios bienes inmuebles ubicados en 4 municipio y 2 departamentos\u00bb. <\/p>\n
Que, con prove\u00eddo del 17 de enero de 2022, el accionado, al tiempo que \u00abreprogram\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb dentro del juicio de sucesi\u00f3n, en el ejecutivo \u00abresolvi\u00f3 desfavorablemente las solicitudes de autorizar el nombramiento de dependientes (perito avaluador de inmuebles y un abogado de confianza)\u00bb, con argumentos que en criterio de las accionantes afecta los derechos fundamentales ac\u00e1 invocados. <\/p>\n
Que recurrida la anterior decisi\u00f3n, mediante auto del 1\u00b0 de abril de 2022 el juzgado la mantiene inc\u00f3lume, se\u00f1alando que \u00abla labor del secuestre \u201cno va m\u00e1s all\u00e1 de administrar y custodiar los bienes que le fueron entregados en dep\u00f3sito\u201d y porque \u201cel valor venal de los bienes, no adquiere relevancia en este juicio o, al menos, no hasta el momento, pues lo embargado fue la cuota ideal de la ejecutada y no un valor exacto en dinero\u201d\u00bb, con lo que \u00abhace una interpretaci\u00f3n poco garantista e irreal de la designaci\u00f3n de dependientes por la auxiliar de la justicia (\u2026) para realizar su labor en debida forma [pues] pone a esa y, por contera, a los ejecutantes (\u2026), en plano de desigualdad jur\u00eddica procesal frente a los dem\u00e1s herederos dentro del proceso de sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que, a trav\u00e9s de este sendero jur\u00eddico, se ordene al despacho enjuiciado que \u00abrevoque el auto del 1 de abril de 2022, proferido dentro del proceso ejecutivo No. 2009-020, accediendo a las consideraciones y solicitudes elevadas mediante el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra del auto del 17 de enero de 2022, proferido dentro del mismo tr\u00e1mite judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El funcionario judicial encartado remiti\u00f3 el link para acceder a los expedientes digitales (ejecutivo y sucesi\u00f3n) y dijo, en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n confutada, que compart\u00eda la decisi\u00f3n adoptada por el anterior titular de ese despacho. <\/p>\n
2. Julio C\u00e9sar Yepes Restrepo, en su calidad de curador ad litem de los herederos indeterminados de los causantes Luis Horacio y Margarita Soto, record\u00f3 que la secuestre \u00abno es parte en el proceso ejecutivo, ni mucho menos en el proceso de sucesi\u00f3n (\u2026), por ende, no tendr\u00eda por qu\u00e9 solicitar la designaci\u00f3n de un abogado y de un perito avaluador que la acompa\u00f1en en el proceso, pues, su labor debe circunscribirse a la administraci\u00f3n del bien, y no a la intervenci\u00f3n directa en los actos procesales\u00bb. No obstante, dijo que \u00abel secuestre del derecho de herencia secuestrado, como depositario de ese bien debe velar porque [este] sea valorado de manera correcta y no sufra menoscabo, para que se cumpla el objeto de la medida cautelar que no es otro que garantizar el pago del cr\u00e9dito\u00bb, y ante ello, habr\u00eda que acudir a la normativa pertinente para analizar si es factible acceder a lo pedido. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 el auxilio al considerar que \u00aben virtud de la competencia panor\u00e1mica [se advert\u00eda] una trasgresi\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso que amerita ser conjurada aun cuando no haya sido alegada por la parte accionante\u00bb, la cual consist\u00eda en que frente a la medida de embargo de los derechos de herencia de la ejecutada, el accionado la extendi\u00f3 a su secuestro, cuando \u00abla naturaleza misma de los derechos hereditarios impide (\u2026), secuestrar una cosa incorporal, idea que por s\u00ed sola deviene en una contradictio in terminis insalvable\u00bb, actuaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el accionado \u00abincurri\u00f3 en defecto material o sustantivo [y] deriv\u00f3 en un defecto procedimental absoluto que se materializ\u00f3 en el auto del 24 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual se nombr\u00f3 como \u201csecuestre de derechos hereditarios\u201d a la aqu\u00ed [co]accionante\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque \u00abel derecho de la ejecutante a perseguir el patrimonio de su deudora (art. 2488 C.C.), dentro del cual se encuentra el derecho real de herencia en la sucesi\u00f3n de los padres de esta, se materializ\u00f3 con el embargo de ese derecho, ya en este caso perfeccionado en la forma establecida por el art\u00edculo 593-5 del C.G.P., quedando entonces a la espera de que en la liquidaci\u00f3n de ese patrimonio (\u2026), que culmina con el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, se individualice y concrete sobre determinados bienes el derecho que corresponda a la heredera demandada (\u2026)\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 al juzgado \u00abdeje sin efectos lo actuado a partir del auto del 21 de mayo de 2021, inclusive [y] resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte ejecutante contra el auto dictado el 23 de abril de 2021\u00bb, ejerciendo el correspondiente \u00abcontrol de legalidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron las accionantes para refutar que \u00abno es cierto que el secuestro solo pueda recaer sobre cosas corporales\u00bb, pues armonizados los art\u00edculos 2275 y 2240 del C\u00f3digo Civil, tambi\u00e9n son susceptibles de dicha medida los bienes ra\u00edces como los que se involucran dentro de los derechos hereditarios de la ejecutada, y que \u00abel secuestre act\u00faa como mandatario de los individuos que se disputan el bien [por lo que] debe concurrir al proceso de sucesi\u00f3n en la calidad se\u00f1alada para velar por los derechos hereditarios que le fueron encomendados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por las querellantes, al disponer el secuestro de derechos herenciales dentro del ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda n\u00b0 2009-00020. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable y su cotejo con la informaci\u00f3n extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, mediante el cual se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se advierte que para no desconocer los fines esenciales del Estado en los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica, dentro de los cuales est\u00e1n la efectividad de los principios, derechos y deberes all\u00ed estatuidos, en los jueces de tutela \u00abest\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (CSJ STC, 15 mar. 2011, exp. 00003-01), realizando para ello un estudio panor\u00e1mico del caso y adoptar las medidas que estime pertinentes para resguardar las garant\u00edas superiores y conjurar la vulneraci\u00f3n o amenaza que encuentre probada. <\/p>\n
Acerca del tema, la jurisprudencia constitucional ha sido constante y reiterada (T-138\/93, T-231\/94, T-310\/95, entre otras), precisando en esta \u00faltima que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significar\u00eda que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violaci\u00f3n, o amenaza de violaci\u00f3n de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podr\u00eda ordenar su protecci\u00f3n, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2\u00ba superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-310\/95, citado y reiterado en T-400\/96, T-450\/98, SU-484\/08, SU-195\/12, entre otras muchas). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habilitado el juez excepcional para proteger las garant\u00edas fundamentales que encuentre conculcadas al examinar la acci\u00f3n de tutela, observa la Sala que, en este caso, la concesi\u00f3n oficiosa del resguardo procede para proteger las prerrogativas derivadas del debido proceso, vulneradas por el juez de instancia en relaci\u00f3n con las cautelas sobre derechos hereditarios. <\/p>\n
Entonces, aunque las actoras enfilaron su reclamo contra los autos del 17 de enero y 1\u00b0 de abril de 2022, donde, en su orden, se deneg\u00f3 y se ratific\u00f3, la improcedencia de nombrar un abogado y un perito avaluador como \u00abdependientes\u00bb de la secuestre de los \u00abderechos hereditarios\u00bb de la demandada dentro del ejecutivo n\u00b0 2009-00020, el estudio constitucional realizado por el tribunal a-quo y que esta Corte avala, se remonta a la g\u00e9nesis de dicha problem\u00e1tica, la cual surgi\u00f3 tras la incursi\u00f3n en yerros de procedibilidad del amparo, principalmente de orden procedimental. <\/p>\n
Para empezar, se precisa que si bien la co-accionante Yolanda Botero Arias fue una de las acreedoras que promovi\u00f3 la declaraci\u00f3n de herencia yacente de Luis Horacio Jaime Soto y Margarita Soto de Soto, una vez que al juicio concurrieron los herederos, la naturaleza y por ende el tratamiento del asunto se transforma en proceso de sucesi\u00f3n, por tanto, es bajo tales reglas que en adelante debe surtirse el tr\u00e1mite. De ah\u00ed que como la se\u00f1ora Botero Arias no es acreedora hereditaria, sino que lo es respecto de un causahabiente, sin perjuicio de las cautelas pertinentes, debe buscar la satisfacci\u00f3n de la deuda a trav\u00e9s de proceso ejecutivo separado e independiente del sucesorio. <\/p>\n
Establecido lo anterior, dentro del referido liquidatorio, est\u00e1 descartada la injerencia de la hoy tutelante respecto de la administraci\u00f3n y manejo de los bienes que puedan hacer parte del acervo herencial, y tambi\u00e9n le es ajena su participaci\u00f3n en la diligencia de inventarios y aval\u00faos en tanto no es una de las personas a quienes convoca el art\u00edculo 1312 del C\u00f3digo Civil, por lo que s\u00f3lo deber\u00e1 esperar a que se supere dicha etapa y cuando se consolide el derecho de herencia en cabeza de la heredera que es su deudora, intervenir para que se haga efectivo el pago de su acreencia. <\/p>\n
3.2. En las circunstancias descritas, se observa que dentro del ejecutivo promovido por la se\u00f1ora Botero Arias, el funcionario accionado, quien tambi\u00e9n conoce del juicio de sucesi\u00f3n, a trav\u00e9s de auto del 2 de diciembre de 2020 y 9 de febrero de 2021, decret\u00f3 el \u00abembargo y secuestro del derecho real de herencia que le pudiere corresponder\u00bb a la ejecutada Clara In\u00e9s Soto, dirigido a la sucesi\u00f3n de su padre Luis Horacio Soto Correa, y luego el 19 de marzo de 2021, respecto del sucesorio de su progenitora Margarita Soto V\u00e1squez (ambas sucesiones acumuladas bajo la radicaci\u00f3n 2009-00030). <\/p>\n
Frente a ello, dentro del referido sucesorio, el despacho convocado tom\u00f3 nota mediante prove\u00eddo del 8 de abril de 2021, atendiendo as\u00ed lo previsto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 393 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00ab[e]l [embargo] de derechos o cr\u00e9ditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso se comunicar\u00e1 al juez que conozca de \u00e9l para los fines consiguientes, y se considerar\u00e1 perfeccionado desde la fecha de recibo de la comunicaci\u00f3n en el respectivo despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
Entonces, pese a que la norma en cita no comprende la cautela de secuestro, el juzgado la a\u00f1adi\u00f3 en su disposici\u00f3n, torn\u00e1ndose defectuosa la actuaci\u00f3n porque tras encontrarse perfeccionado el embargo de los referidos derechos hereditarios, en sede de reposici\u00f3n del denegatorio proferido el 23 de abril de 2021, con auto del 24 de mayo del mismo a\u00f1o reiter\u00f3 tal medida, y para materializarla nombr\u00f3 \u00aba Rubiela del Socorro Marulanda Ram\u00edrez\u00bb librando comisi\u00f3n para para llevar a cabo dicha diligencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte advierte, como tambi\u00e9n lo hizo la colegiatura de primer grado, que el hecho de estar garantizado que el acreedor persiga el patrimonio de su deudor, y que para el caso examinado la parte ejecutante acudi\u00f3 a los derechos hereditarios, la efectividad de tal cautela en el momento s\u00f3lo est\u00e1 comprendida en una expectativa pues, por el estado en que se encuentra el juicio de sucesi\u00f3n, de la masa insoluta- herencia, a\u00fan no se ha definido la cuota parte que habr\u00eda de constituir el patrimonio de la ejecutada. <\/p>\n
Por ende, sin que sea menester ahondar en otras disquisiciones jur\u00eddicas, se establece que ser\u00e1 s\u00f3lo hasta cuando el dominio y\/o posesi\u00f3n de los bienes que componen la herencia pasen a favor de la heredera Clara In\u00e9s Soto, que la co-accionante Yolanda Botero Arias podr\u00e1 solicitar al accionado, la eficacia de las medidas cautelares y la consecuente satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, para lo cual, proceder\u00e1 el secuestro, el aval\u00fao y el eventual remate de los bienes suficientes que garanticen el pago de la obligaci\u00f3n, sean muebles o inmuebles. <\/p>\n
En consecuencia, como devienen infundadas las aspiraciones en relaci\u00f3n con la conformaci\u00f3n del patrimonio de la ejecutada y la actual administraci\u00f3n del mismo, una vez se materialice la adjudicaci\u00f3n de la correspondiente cuota herencial, dentro de la ejecuci\u00f3n proceder\u00e1n las etapas antes enunciadas con la designaci\u00f3n de los auxiliares de la justicia a que haya lugar, para lo cual la se\u00f1ora Botero Arias cuenta con representante judicial. En lo que refiere a la secuestre co-demandante, basta se\u00f1alar que como de lo antedicho emerge improcedente su intervenci\u00f3n en el proceso ejecutivo, su pretensi\u00f3n tutelar igualmente lo es. <\/p>\n
3.3. La discordancia observada respecto a la actuaci\u00f3n procesal adelantada por el accionado, configura un yerro procedimental absoluto, ya que, como qued\u00f3 visto, al apresurarse a secuestrar una masa indivisa y por tanto indeterminada en lugar de esperar a que se consolidara el derecho en cabeza del ejecutado, comoquiera que, con la orden de secuestrar una masa indivisa, actu\u00f3 al margen del procedimiento desconociendo con ello su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, acogida por esta Corte, indica que se incurre en el desafuero en comento cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Sobre la necesidad de intervenci\u00f3n de esta particular justicia, se ha sostenido que si bien los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo, en tanto que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC5792-2022, 11 may. 2022, rad. 00057-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la sentencia estimatoria de primer grado y con ello las \u00f3rdenes impartidas para corregir la actuaci\u00f3n defectuosa del accionado, atendiendo las disposiciones legales que rigen la tem\u00e1tica abordada en esta excepcional sede jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10434-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10434-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00327-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66063","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66063"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66063\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}