STC10451-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10451-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02597-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Eduardo Escobar Salazar contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los Juzgados Primero y Segundo de Familia de la misma ciudad, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en las acciones de tutela formuladas por el accionante contra las entidades administrativas mencionadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
En apoyo de su queja expres\u00f3, ambiguamente, que es padre cabeza de familia, tiene cuatro (4) hijos menores de edad a su cargo y se encuentra \u00abviviendo en la absoluta miseria\u00bb. <\/p>\n
Adujo que por lo anterior impuls\u00f3 otras acciones de tutela, pero tanto el Juzgado Primero de Familia de Valledupar como Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, negaron dichos amparos, con lo cual se menoscabaron a\u00fan m\u00e1s sus garant\u00edas y las de su familia, ya que afirm\u00f3: \u00abno tenemos ning\u00fan medio de ingresos que (\u2026) permita suplir las necesidades b\u00e1sicas de mi hogar y en vez de eso m\u00e1s bien nos somete a una espera que para mis hijos se hace inaguantable\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo expuesto, solicit\u00f3 se \u00absancione al Tribunal Superior y al Juez Segundo de Familia de Valledupar\u00bb; se solicite a la Defensor\u00eda y a la Procuradur\u00eda \u00abrespondan [sus] derechos de petici\u00f3n y adem\u00e1s muestren las constancias de [las] peticiones presentadas\u00bb; y se \u00abordene a la unidad de v\u00edctimas sin m\u00e1s dilataciones entregar[le] las ayudas humanitarias de emergencia para mitigar la pobreza extrema que est[\u00e1n] viviendo\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar relat\u00f3 los antecedentes de la tutela que otrora formul\u00f3 el accionante contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -Uariv-, la Defensor\u00eda del Pueblo Seccional Valledupar, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Juzgado Primero Penal Del Circuito Especializado de la misma ciudad y se\u00f1al\u00f3 que en la sentencia de 1 de agosto de 2022 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada al considerar que el interesado incurri\u00f3 en temeridad. <\/p>\n
2. La Personer\u00eda Municipal de Valledupar pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no ser de su resorte lo reclamado por el actor. Advirti\u00f3 que \u00abverificada la base de datos de registro de declaraciones y peticiones no registra el nombre del se\u00f1or ESCOBAR SALAZAR\u00bb, lo cual evidencia que las garant\u00edas del prenombrado no han sido quebrantadas. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Familia de Valledupar se opuso a la prosperidad del amparo indicando la improcedencia del presente amparo, comoquiera que \u00abEscobar Salazar insiste en sus pretensiones relacionando los mismos hechos, lo cual (\u2026) implica un desgaste innecesario para la administraci\u00f3n de la justicia, por cu\u00e1nto, el accionante ni siquiera impugn\u00f3 las providencias (\u2026) [censuradas] sino que decide acudir nuevamente a una nueva acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo advirti\u00f3 que \u00ab\u00fanicamente se recibi\u00f3 solicitud de intervenci\u00f3n (\u2026) para la solicitud de atenci\u00f3n inmediata, por lo que (\u2026) con radicado N\u00b0 20210060124036931 de fecha de 03 de noviembre de 2021, [por lo cual] requiri\u00f3 al ente territorial -Valledupar- de acuerdo al art\u00edculo 63 de la ley 1448 de 2011, solicitando la atenci\u00f3n y ayuda humanitaria inmediata al peticionario, hoy tutelante, y que la Secretar\u00eda de Gobierno Municipal dio respuesta al mismo el d\u00eda 19 de noviembre de 2021, en la cual indican que est\u00e1n adelantando los tr\u00e1mites correspondientes, para garantizar la entrega de las ayudas humanitarias en el menor tiempo posible; y se le notific\u00f3 al usuario en la misma fecha, al correo electr\u00f3nico registrado corrdaza@yahoo.es\u00bb. <\/p>\n
5. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas pidi\u00f3 negar el amparo porque el accionante ha acudido en pasadas ocasiones cuestionando iguales actuaciones. A\u00f1adi\u00f3, en cuanto a las ayudas humanitarias que brind\u00f3 esa entidad dada la calidad de v\u00edctima del actor y su familia, que \u00abel se\u00f1or JORGE EDUARDO ESCOBAR SALAZAR realiz\u00f3 el cobro del primero giro el d\u00eda 15 de diciembre de 2021, el segundo giro fue cobrado el d\u00eda 31 de marzo de 2022 y el tercer giro esta entidad se encuentra efectuando las verificaciones correspondientes para poner en disponible el respectivo recurso. Dicha comunicaci\u00f3n se remiti\u00f3 a la direcci\u00f3n aportada en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
6. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el escrito de tutela, as\u00ed como los soportes allegados a este tr\u00e1mite, advierte la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n invocada frente a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, pues los reproches expuestos por esta v\u00eda extraordinaria ya fueron alegados y decididos en esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, se observa que las quejas del accionante, relativas las ayudas humanitarias que ha requerido y la presunta falta de respuesta a sus peticiones, fueron cuestiones decididas en anteriores tr\u00e1mites constitucionales. <\/p>\n
As\u00ed, en sentencia de 27 de julio de 2022 \u2013que no fue impugnada-, el Juzgado Primero de Familia de Valledupar resolvi\u00f3 negar el amparo propuesto por Jorge Eduardo Escobar Salazar, porque las entidades all\u00ed accionadas indicaron no haber recibido solicitudes por parte del actor y, \u00e9ste \u00faltimo, tampoco demostr\u00f3 haber acudido antes a esas autoridades. Al margen de esa situaci\u00f3n, el mencionado despacho determin\u00f3 prevenir <\/p>\n
\u00aba la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas que, una vez se verifique la radicaci\u00f3n de la solicitud de pago por cualquier canal de atenci\u00f3n, establezca un plazo razonable y orden en el que har\u00e1 efectiva la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, aunque no hayan sido priorizados luego de la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico, de que tratan el art\u00edculo 4\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y art\u00edculo 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 582 de 2021\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, en el amparo formulado por Jorge Eduardo Escobar Salazar contra el Juzgado Primero de Familia de Valledupar y donde tambi\u00e9n fue vinculada la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, el Tribunal Superior de Valledupar en sentencia de 1\u00ba de agosto de 2022, resolvi\u00f3 negarlo porque adem\u00e1s de resultar \u00abid\u00e9nticos\u00bb los hechos all\u00ed aducidos con los expuestos en el amparo anterior y en otro resuelto en la especialidad Penal, lo cual traduc\u00eda una \u00abtemeridad\u00bb en la actuaci\u00f3n del solicitante, \u00abla Unidad de Victimas inform\u00f3 que no es posible realizar un nuevo pago, toda vez que el mismo se encuentra vigente, de igual forma, que la pretensi\u00f3n del accionante no es un asunto que pueda asumir la UARIV de manera discrecional desconociendo los criterios determinados para llevar a cabo el proceso de indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas del conflicto armado en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese \u00faltimo aspecto es pertinente indicar que la citada Unidad al contestar el amparo seguido ante el Tribunal Superior, report\u00f3 que el peticionario y su n\u00facleo familiar estaban incluidos en el Registro \u00danico de V\u00edctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y, en raz\u00f3n de esa situaci\u00f3n, hab\u00edan sido beneficiarios de \u00abatenci\u00f3n y\/o ayudas humanitarias\u00bb, lo cual se hab\u00eda materializado as\u00ed: <\/p>\n
– El primer giro se realiz\u00f3 el 14\/12\/2021 y fue cobrado el 15\/12\/2021, el cual ten\u00eda vigencia hasta 14\/04\/2022. <\/p>\n
– El segundo giro fue puesto el 30\/03\/2022 y fue cobrado el 31\/03\/2022, el cual tiene una vigencia de 4 meses y esta se vence el 30\/08\/2022, por tal raz\u00f3n no es procedente realizar el pago de una nueva atenci\u00f3n humanitaria, ya que el pago de la misma se encuentra vigente hasta la fecha antes se\u00f1alada\u201d <\/p>\n
-En relaci\u00f3n a la solicitud de una nueva mediaci\u00f3n, al accionante ya se le ha realizado la medici\u00f3n de carencias, por lo que uno vez realizado el proceso, no es posible realizarle nuevamente una medici\u00f3n de carencias al hogar ya que esto ocasionar\u00eda un quebranto del derecho a la igualdad de las dem\u00e1s v\u00edctimas del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reclamos ahora reiterados contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque, se insiste, ya fueron resueltos en los amparos que vienen de citarse, y, por lo tanto, es evidente el fracaso de esta nueva acci\u00f3n de tutela, toda vez que el peticionario activ\u00f3 antes este mecanismo con apoyo en iguales censuras, siendo aplicable, por tanto, lo reglado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte Constitucional SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala reiteradamente ha negado tales amparos a fin de evitar, \u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (Ver CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022, entre muchas). <\/p>\n
Y, con todo, se resalta que, si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje, tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb; en este caso no se alegaron y tampoco se encuentran acreditadas. <\/p>\n
3. Finalmente, ante una posible irregularidad de los jueces de tutela al proferir sus fallos, tras agotarse la impugnaci\u00f3n \u2013que no fue interpuesta por el accionante en los tr\u00e1mites cuestionado-, el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que los expediente materia de reparo a\u00fan no han sido remitidos a ese Alto Tribunal. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Ver CSJ. STC8012-2021, STC15452-2021 y STC2109-2022, entre otras). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve declarar improcedente la tutela promovida por Jorge Eduardo Escobar Salazar contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los Juzgados Primero y Segundo de Familia de la misma ciudad, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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