STC10454-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10454-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02601-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Laura Valentina Mu\u00f1oz Osorio contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00abla Presidencia y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, tr\u00e1mite al que fueron citadas cual se dispuso vincular a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela con radicado N\u00b011001023000020220062700. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
De la queja y de los soportes allegados, se establece que la se\u00f1ora Mu\u00f1oz Osorio formul\u00f3 anterior acci\u00f3n de tutela contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, porque en auto de 19 de julio de 2021 esa autoridad resolvi\u00f3 enviar a la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes la denuncia que ella interpuso contra el Exfiscal General de la Naci\u00f3n Eduardo Montealegre Lynett, y la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia de 5 de mayo de 2022, neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que pidi\u00f3 la nulidad de la anterior decisi\u00f3n constitucional, porque, en su sentir, la tutela debi\u00f3 ser definida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ya que se requer\u00eda unificar la postura en cuanto a la funci\u00f3n de investigaci\u00f3n y juzgamiento de altos funcionarios del Estado y la atribuci\u00f3n a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, pero fue desestimada en ATP928-2022 de 6 de junio anterior. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, adicionalmente, elev\u00f3 distintos \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb dirigidos a la Presidencia de esta Corporaci\u00f3n y a los Magistrados de la Sala Plena, a fin de lograr la \u00abunificaci\u00f3n de jurisprudencia de conformidad con lo normado por el Art\u00edculo 16 de la Ley 1285 de 2009 (Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia), en concordancia con los Art\u00edculos 29, 30, 31, 32, 33 y 44 del Acuerdo 006 de 2002 (Por el cual se recodifica el Reglamento General de la Corporaci\u00f3n)\u00bb, no obstante, la respuesta que le suministr\u00f3 la Presidencia el 19 de julio siguiente, en su criterio, resulta insuficiente para lograr los fines citados, ya que nada dice \u00abacerca del cumplimiento del deber de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de velar por el reparto y decisi\u00f3n de los asuntos de competencia de la Sala Plena, como lo es en el caso concreto la labor de unificaci\u00f3n de jurisprudencia en el contexto espec\u00edfico de la acci\u00f3n constitucional de tutela radicada bajo el n\u00famero 11001023000020220062700. Tampoco, la respuesta objeto de esta solicitud de amparo constitucional es efectiva, pues no brinda una soluci\u00f3n al problema jur\u00eddico planteado, sino que da argumentos inadmisibles para efectos del respeto del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que en realidad se trata de una respuesta evasiva, as\u00ed como nugatoria de ese derecho \u2012con efectos jur\u00eddicos mediatos para el acceso al derecho fundamental al debido proceso de esta accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3, \u00abque el Consejo de Estado (sic) realice la unificaci\u00f3n de jurisprudencia en el contexto (\u2026) de expediente de tutela radicado bajo el n\u00famero 11001023000020220062700 (\u2026) o, en su defecto, se ordene a la Honorable Presidencia de la Corte Suprema de Justicia \u2012en virtud de los principios de suficiencia y efectividad del derecho fundamental de petici\u00f3n\u2012, dar cumplimiento a su deber de someter el expediente de tutela radicado bajo el n\u00famero 11001023000020220062700, al conocimiento y decisi\u00f3n la Sala Plena de esa Corporaci\u00f3n Judicial, a su vez, para efectos del cumplimiento de la labor de definici\u00f3n y unificaci\u00f3n de la jurisprudencia por parte del m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Secretar\u00eda la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes refiri\u00f3 la normatividad aplicable a sus competencias y solicit\u00f3 negar el amparo reclamado, toda vez que la accionante \u00abest\u00e1 dando una mala interpretaci\u00f3n a la Ley y en efecto a las competencias de las distintas corporaciones\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes de la tutela cuestionada e indic\u00f3 la improcedencia de este amparo para pedir la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que no ha lesionado las garant\u00edas de la reclamante, pues ha definido con suficiencia sus reclamos sobre la anulaci\u00f3n del fallo que emiti\u00f3 y la \u00abunificaci\u00f3n\u00bb de criterio que pretendi\u00f3; adem\u00e1s, aun cuenta con el mecanismo de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. La Presidencia de esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que contest\u00f3 lo pedido por la actora con oficio de 19 de julio de 2022, indic\u00e1ndole que en el marco de sus funciones \u00abno est\u00e1 facultada para brindarle ninguna clase de orientaci\u00f3n legal, como tampoco es competente para pronunciarse respecto de la situaci\u00f3n descrita en la misiva\u00bb, con lo cual se evidencia que no quebrant\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de la reclamante. <\/p>\n
4. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el escrito de tutela, establece la Sala que la se\u00f1ora Laura Valentina Mu\u00f1oz Osorio reprocha, particularmente, el tr\u00e1mite adelantado en la acci\u00f3n de tutela con radicado N\u00b011001023000020220062700, la que impuls\u00f3 contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, y que neg\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia de 5 de mayo de 2022, decisi\u00f3n respecto de la cual desestim\u00f3 la nulidad que pretendi\u00f3 la accionante en auto ATP928-2022. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, resulta evidente el fracaso del amparo pretendido, como quiera que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n de tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, puesto que, <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte Constitucional SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala reiteradamente ha negado tales amparos a fin de evitar, \u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (Ver CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022, entre muchas). <\/p>\n
Y, con todo, se resalta que, si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje, tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb; en este caso no se alegaron y tampoco se encuentran acreditadas. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, ante una posible irregularidad de los jueces de tutela al proferir sus fallos, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, la cual, por lo dem\u00e1s, omiti\u00f3 interponer la accionante, el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el asunto materia de reparo a\u00fan no han sido remitido a ese Alto Tribunal. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Ver CSJ. STC8012-2021, STC15452-2021 y STC2109-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, es del caso advertir que la protecci\u00f3n que la actora demanda por la supuesta lesi\u00f3n de su \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, por parte de las autoridades aqu\u00ed denunciadas, no puede salir avante, ya que, si bien dirigi\u00f3 distintas comunicaciones a la Presidencia de esta Corte y a los Magistrados en Sala Plena, para lograr que \u00e9sta \u00faltima resolviera la tutela ahora rebatida y \u00abunificara la jurisprudencia\u00bb sobre cuestiones atinentes a los procesos penales seguidos a aforados, la decisi\u00f3n sobre tal petici\u00f3n correspond\u00eda a los funcionarios a cargo de la acci\u00f3n de tutela rese\u00f1ada, con radicado N\u00ba 11001023000020220062700, al tratarse de una cuesti\u00f3n eminentemente judicial, relacionada con ese tr\u00e1mite, y no administrativa. <\/p>\n
Sobre lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado, que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, <\/p>\n
\u00abNo resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ, STC5343-2022, entre otras). <\/p>\n
5. Fijado lo anterior, se observa que en nada err\u00f3 la Presidencia de esta Corte al indicarle a la accionante, mediante el oficio de 19 de julio de 2022 que, de acuerdo con las funciones establecidas en \u00abel art\u00edculo 19 del Reglamento General de esa Corporaci\u00f3n, no est\u00e1 facultada para brindarle ninguna clase de orientaci\u00f3n legal, como tampoco es competente para pronunciarse respecto de la situaci\u00f3n descrita por usted en la misiva\u00bb, pues, se insiste, estando asignado a una autoridad judicial el tr\u00e1mite criticado, no podr\u00eda otra proveer sobre cuestiones como las aqu\u00ed planteadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se resalta que la autoridad competente para resolver la cuesti\u00f3n propuesta, esto es, la Sala de Casaci\u00f3n Penal cognoscente del amparo controvertido, se pronunci\u00f3 con suficiencia en el auto ATP928-2022 de 6 de junio de 2022, frente a los cuestionamientos de la actora, indic\u00e1ndole que contaba con mecanismos procesales id\u00f3neos para dilucidar la supuesta falta de competencia planteada, ya que pudo impugnar el fallo de tutela proferido, de considerarlo, acudir ante la Corte Constitucional a exigir la revisi\u00f3n de esa providencia. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Valentina Mu\u00f1oz Osorio contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, \u00abla Presidencia y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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