STC10466-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10466-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00130-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes comprendidas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Hecha la anterior advertencia, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la tutela que Luis Felipe Aguirre Torrado en representaci\u00f3n del menor Luis \u00c1ngel Aguirre P\u00e9rez, le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, extensiva a la Defensor\u00eda de Familia, la Procuradur\u00eda para Asuntos de Familia, todas de dicha urbe, y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2021-00157-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, en la calidad enunciada, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abDEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA Y M\u00cdNIMO VITAL\u00bb, para que se ordenara \u00abdej[ar] sin valor y efecto las providencias de 11 de noviembre (\u2026) y 9 de diciembre de 2021 y 25 de febrero de 2022 [y] en su lugar se siga adelante con la ejecuci\u00f3n y se ordene la entrega de los dineros depositados a cuenta del proceso con el fin de pagar las cuotas alimentarias adeudadas\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que en acta de conciliaci\u00f3n n\u00b0 311 de 5 de agosto de 2015, emanada de la Procuradur\u00eda 29 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Tunja, se impuso a Diana Luc\u00eda Altamiranda Rengifo (abuela materna), la \u00abobligaci\u00f3n\u00bb de pagar una \u00abcuota alimentaria\u00bb equivalente al 25% de la pensi\u00f3n que recibe de Colpensiones, en favor de su hijo Luis \u00c1ngel Aguirre P\u00e9rez, la cual se le debe cancelar a \u00e9l los cinco (5) primeros d\u00edas h\u00e1biles de cada mes. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, desde noviembre de 2020, la alimentante ha incumplido dicho mandato, motivo por el cual la demand\u00f3 ejecutivamente (18 may. 2021), asunto asignado al Juzgado Primero de Familia de dicha capital (rad. 2021-00157-00), quien libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo de la mesada pensional de la ejecutada (14 jun. 2021). <\/p>\n
Relat\u00f3 que esta fue notificada por correo electr\u00f3nico (30 ag. 2021), pero al guardar silencio, el despacho tachado dict\u00f3 \u00abauto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb (23 sep. 2021); no obstante, pretextando la realizaci\u00f3n de un \u00abcontrol de legalidad\u00bb, decidi\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto la actuaci\u00f3n surtida\u00bb, incluida \u00ablas medidas cautelares\u00bb, por lo que mand\u00f3 \u00abla devoluci\u00f3n de los dineros que le hayan descontado a la demandada\u00bb y, consecuencialmente, resolvi\u00f3 \u00abinadmitir la demanda, concediendo el termino de 5 d\u00edas para que se subsanara, so pena de rechazo\u00bb, con sustento en que \u00abno se refrend\u00f3 la fijaci\u00f3n [de la cuota de alimentos] por un juez de familia\u00bb (11 nov. 2021). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que contra dicha directriz interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb, con fundamento en que \u00aben la diligencia que se fij\u00f3 la cuota provisional ninguna de las personas que se citaron, se opuso a esta, raz\u00f3n por la cual (\u2026) qued\u00f3 como cuota alimentaria definitiva\u00bb, pero este fue desde\u00f1ado (9 dic. 2021). <\/p>\n
Sostuvo que el Procurador de Familia alleg\u00f3 concepto y solicit\u00f3 \u00abreponer la decisi\u00f3n y se mantenga lo hecho por el juzgado hasta el auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, ya que \u00ablos argumentos del despacho, est\u00e1n vulnerando los derechos fundamentales del menor\u00bb, rogativa ignorada en el prove\u00eddo que \u00abrechaz\u00f3 la demanda, por no haber sido subsanada en oportunidad\u00bb (25 feb. 2022). <\/p>\n
2.- La Procuradora 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres con Funciones de Tunja pidi\u00f3 acoger la ayuda superlativa, toda vez que \u00ablas sentencias de fecha 31 de agosto y 9 de septiembre de 2016, la Sala Civil de la Corte (\u2026) recogi\u00f3 expl\u00edcitamente el criterio jurisprudencial que imped\u00eda cobrar ejecutivamente cuotas alimentarias causadas con posterioridad a los 30 d\u00edas a que se refiere el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, al concluir a la luz de las disposiciones del art\u00edculo 137 del Decreto-Ley 2737 de 1989 y del art\u00edculo 111 de la Ley 1098 de 2006, que s\u00ed presta m\u00e9rito ejecutivo la fijaci\u00f3n de alimentos provisionales por parte de las autoridades administrativas competentes para adelantar conciliaciones extrajudiciales y que s\u00f3lo procede la remisi\u00f3n al Juez de Familia para su refrendaci\u00f3n cuando se formaliza oposici\u00f3n por alguna de las partes dentro de los 5 d\u00edas se\u00f1alados en el art\u00edculo 111 de la Ley de Infancia y Adolescencia\u00bb. <\/p>\n
Diana Luc\u00eda Altamiranda Rengifo defendi\u00f3 la legalidad de lo definido en la \u00abejecuci\u00f3n de alimentos\u00bb controvertida, por lo que requiri\u00f3 negar el resguardo por inexistencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
La Defensora de Familia Centro Zonal Tunja 2 de la Regional Boyac\u00e1 se mostr\u00f3 a favor de la concesi\u00f3n del auxilio, tras adverar que \u00abel Juzgado se bas\u00f3 en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC6260 de 2015, posici\u00f3n que fue variada por la corporaci\u00f3n en las sentencias STC 2843 de 2018 y la sentencia STC 18085 DE 2017 en la que puntualizo: \u201cque las conciliaciones celebradas en las Comisarias de Familia, prestan merito ejecutivo, as\u00ed se presenten despu\u00e9s del mes de su fijaci\u00f3n, siempre y cuando ninguna de las partes manifiesten dentro de los 5 d\u00edas siguientes su inconformidad\u201d, reafirmando lo dicho en sentencia del 31 de agosto de 2016 exp. 2016-00162-01\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Tunja otorg\u00f3 el ruego, porque \u00abconforme al acta de conciliaci\u00f3n 0311 de 2015 de la procuradur\u00eda 28 Judicial para la Defensa de los Derechos de la infancia, la adolescencia y la familia fechada del 5 de agosto de 2015. En dicha diligencia de conciliaci\u00f3n, se constata la presencia de las partes, pero al no lograr acuerdo, se fij\u00f3 una cuota provisional de alimentos correspondiente al 25% de la pensi\u00f3n que la se\u00f1ora [Altamiranda Rengifo], recibe de Colpensiones\u00bb, no pod\u00eda la dependencia censurada \u00abinadmitir y luego rechazar\u00bb el \u00abcobro\u00bb de los alimentos debidos por la enjuiciada, ya que el criterio plasmado en la \u00absentencia STC16350-2105\u00bb, fue recogido en \u00abfallo adiado el 31 de agosto de 2016\u00bb, donde se precis\u00f3 que \u00ablas actas de conciliaci\u00f3n, donde se fijen cuotas alimentarias, suscritas ante las Comisar\u00edas de Familia, conservan su validez, no obstante, la superaci\u00f3n de los 30 d\u00edas contemplados en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, cuando no se controvierta su contenido en la forma prevista en el ordenamiento\u00bb, siendo reiterado en las providencias \u00abSTC18085- 2017\u00bb, \u00abSTC4722-2021\u00bb y \u00abSTC14898-2021\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, orden\u00f3 a dicho estrado \u00abque dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n (\u2026), deje sin efectos, los prove\u00eddos de 25 de febrero de 2022, 9 de diciembre y 11 de noviembre de 2021, dentro del proceso N. 2021-00157 y en su lugar, se pronuncie de acuerdo a lo motivado en esta providencia, tomando las medidas necesarias para garantizarle al menor de edad, d\u00e1ndole al proceso el tr\u00e1mite que legalmente le corresponda, sin perjuicio que d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente de cara a la solicitud de nulidad\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 Diana Luc\u00eda Altamiranda Rengifo esgrimiendo que con lo sentenciado se est\u00e1 \u00abconvalidando una actuaci\u00f3n que desde su inicio esta viciada de legalidad\u00bb, sin tenerse en cuenta que \u00ablas necesidades del menor estaban m\u00e1s que satisfechas al abrigo del tutelante pues resulta que la carga de los alimentos recae en el que gana mayor salario o mejor ingreso, que es lo que nadie ha querido contemplar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte al reparo exteriorizado por Altamiranda Rengifo en la impugnaci\u00f3n, pronto se anuncia que la salvaguarda tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que lo resuelto en primera instancia debe ser convalidado, porque el Juzgado Primero de Familia de Tunja incurri\u00f3 en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en el proceso de alimentos que el gestor inici\u00f3 en representaci\u00f3n de Luis \u00c1ngel Aguirre P\u00e9rez en contra de aqu\u00e9lla (rad. 2021-00157-00). <\/p>\n
2.- En efecto, de las piezas arrimadas al plenario se observa que dicha \u00abautoridad\u00bb, el 11 de noviembre 2021, resolvi\u00f3 \u00abDEJAR sin valor legal toda la actuaci\u00f3n surtida dentro de este proceso\u00bb, por consiguiente, \u00abcancelar las medidas restrictivas y cautelares que se hayan decretado, ordenando la devoluci\u00f3n de los dineros que se le hayan descontado a la demandada\u00bb; y por \u00faltimo, \u00abINADMITIR la (\u2026) demanda (\u2026) y conceder el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que sea subsanada, so pena de rechazo\u00bb, toda vez que la \u00abacta de conciliaci\u00f3n\u00bb adosada como t\u00edtulo ejecutivo \u00abcarece de la refrendaci\u00f3n que exige el art. 32 de la Ley 640 de 2001\u00bb, tal y como se advirti\u00f3 en la determinaci\u00f3n \u00abSTC16350-2015\u00bb expedida por la Corte Suprema de Justicia (archivo 0025. Realiza control de legalidad.pdf., Exp, digital remitido), resoluci\u00f3n que confirm\u00f3 el 9 de diciembre de 2021 (archivo 0030. Resuelve reposici\u00f3n.pdf., ejusdem) y, el 25 de febrero de los corrientes, solvent\u00f3, entre otras, \u00abrechazar\u00bb la \u00abdemanda ejecutiva (\u2026) por no haber sido subsanada dentro del t\u00e9rmino y en la forma indicada\u00bb (Archivo 0034. Auto Niega solicitud Procuradora \u2013 copia.pdf., Cit.). <\/p>\n
Ahora, como lo ilustr\u00f3 el a quo, si bien en la \u00absentencia de tutela\u00bb citada por la falladora acusada, se dijo en un caso muy parecido al presente que, \u00abel Juzgado Segundo de Familia de Tunja incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n caprichosa, al desconocer lo normado en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, al momento de proferir el mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido por C. J. V. P., en representaci\u00f3n de sus hijas XXX, YYY y ZZZ, en contra del accionante, pues no se percat\u00f3 que la cuota provisional de alimentos fijada en el acta de 28 de noviembre de 2013 por la Procuradora Veintiocho Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Familia de la misma ciudad (fls. 15 y 16, cdno. 1), no era exigible a la luz de dicho precepto, en raz\u00f3n a que este tipo de medidas provisionales solo podr\u00e1n ser adoptadas hasta por 30 d\u00edas, las cuales \u00abpara su mantenimiento deber\u00e1n ser refrendadas por el juez de familia\u00bb, tal y como lo ha dicho la Sala en casos de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al que se estudia, por lo que si ya hab\u00edan trascurrido un poco m\u00e1s de ese tiempo desde que aqu\u00e9lla se estableci\u00f3, y \u00e9sta nunca fue revalidada por un juez de familia antes de ser recaudada, mal hizo dicho funcionario en librar la orden de apremio solicitada por la parte demandante con base en un t\u00edtulo que, se itera, no era exigible, as\u00ed como en decretar las medidas cautelares que se pidieron con fundamento en \u00e9ste (\u2026)\u00bb, dicha tesis se modific\u00f3 posteriormente en \u00abfallo de tutela\u00bb de 31 de agosto de 2016, en el que se acot\u00f3 que \u00abresulta inviable imponer la \u201crefrendaci\u00f3n\u201d contenida en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001 a las cuotas provisionales fijadas por los funcionarios administrativos\u00bb (STC12777-2016). <\/p>\n
Tal hermen\u00e9utica se reiter\u00f3 en \u00abprovidencia\u00bb del 2 de noviembre de 2017, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(…) Esta Corte, en fallo adiado el 31 de agosto de 2016, recogiendo doctrina anterior, tuvo ocasi\u00f3n de puntualizar c\u00f3mo las actas de conciliaci\u00f3n, donde se fijen cuotas alimentarias, suscritas ante las Comisar\u00edas de Familia, conservan su validez, no obstante, la superaci\u00f3n de los 30 d\u00edas contemplados en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, cuando no se controvierta su contenido en la forma prevista en el ordenamiento. <\/p>\n
En esa oportunidad, en efecto, esta Corporaci\u00f3n razon\u00f3, in extenso, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cCon todo, surge imprescindible se\u00f1alar que esta Sala debe recoger la postura inserta en la decisi\u00f3n aducida por el censor, pues resulta inviable imponer la \u201crefrendaci\u00f3n\u201d contenida en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001 a las cuotas provisionales fijadas por los funcionarios administrativos. <\/p>\n
Lo anotado porque las normas especiales del juicio de alimentos (arts. 136 y ss. del C.M., a\u00fan vigentes conforme al art\u00edculo 627 del C.G.P., y art. 111 del C.I.A.) prescriben, como antes se anunci\u00f3, el m\u00e9rito ejecutivo de la prestaci\u00f3n provisional y la remisi\u00f3n del asunto a las autoridades judiciales s\u00f3lo en caso de oposici\u00f3n\u201d (STC10805-2017, citadas en STC14898-2021 y STC1981-2022). <\/p>\n
3.- Ahora, aunque el \u00faltimo de los \u00abautos\u00bb objetados no fue combatido por medio del remedio pertinente (reposici\u00f3n), esa circunstancia no puede truncar la concesi\u00f3n del socorro, dada la vulneraci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb que se evidencia en el tr\u00e1mite del asunto que se analiza, m\u00e1xime cuando es notoria la magnitud del perjuicio irremediable que esta causar\u00eda al demandante en la \u00abejecuci\u00f3n de alimentos\u00bb, quien quedar\u00eda sin recursos para suplir sus necesidades, quien adem\u00e1s, es \u00absujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Y, es que, como se ha dicho en situaciones similares donde la trasgresi\u00f3n es incuestionable, el descuido en que pudo incurrir el pretensor \u00abno constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (STC2508-2020, reiterado en STC6795-2022). <\/p>\n
4.- Con todo, si la impugnante cree que el padre del adolescente Aguirre P\u00e9rez es quien tiene la capacidad econ\u00f3mica para responder por sus \u00abalimentos\u00bb, bien puede incoar ante la justicia la exoneraci\u00f3n del pago de la \u00abcuota alimentaria\u00bb que le fue impuesta en la memorada \u00abacta de conciliaci\u00f3n n\u00b0 311 de 5 de agosto de 2015\u00bb. <\/p>\n
5.- Ergo, como se anunci\u00f3, el veredicto opugnado ser\u00e1 respaldado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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