STC10492-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10492-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 15 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto T\u00e9llez Ruano y William Alejandro T\u00e9llez Ram\u00edrez contra los Juzgados Catorce Civil Municipal y Once Civil del Circuito, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2019-00705. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes por intermedio de apoderado judicial, acuden al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que consideran quebrantado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n allegados se puede extractar, que los ac\u00e1 gestores promovieron demanda contra la aseguradora AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. con el fin de obtener la declaraci\u00f3n de incumplimiento de contrato de seguro por el no pago de las indemnizaciones correspondientes a las 2 p\u00f3lizas de seguro de vida n\u00b0 1000374961 y 7964772, ante el fallecimiento de su progenitor y tomador, William T\u00e9llez Salazar. <\/p>\n
Una vez enterada del inicio del asunto, la demandada contest\u00f3 el libelo y propuso medios defensivos de fondo, descorriendo su traslado a la parte demandante. <\/p>\n
Mediante sentencia anticipada, el 4 de marzo de 2020 el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 lo pretendido, tras declarar probada la defensa denominada \u00abNULIDAD RELATIVA DE LOS CONTRATOS POR RETICENCIA\u00bb. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite incidental, mediante auto del 4 de febrero de 2021 se declar\u00f3 no probada la invalidez planteada, decisi\u00f3n que apelada por la parte actora, fue mantenida por el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma localidad el 8 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Pretenden, en lo fundamental, que se ordene al juzgador del conocimiento \u00abdeclarar probada la nulidad planteada por la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez Catorce Civil Municipal de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n de la razonabilidad de la determinaci\u00f3n fustigada, toda vez que \u00abno obstante elevarse un juicio en contra de cierto prove\u00eddo, si aquel se encaja en un criterio plausible, se sustenta en una interpretaci\u00f3n viable que es suficientemente motivada y se basa en el material adosado a cada caso, no tiene visos de prosperidad las pretensiones del amparo\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la Juez del Circuito criticada describi\u00f3 someramente las actuaciones desplegadas dentro del litigio revisado. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues, aunque los querellantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia anticipada, el mismo se present\u00f3 de manera extempor\u00e1nea. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que las decisiones que negaron la nulidad solicitada \u00abse encuentran ajustad[a]s a derecho\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores disintieron de la determinaci\u00f3n, insistiendo en que \u00aben ning\u00fan aparte de la sentencia anticipada que fue proferida el 04 de marzo de 2020, por parte del JUZGADO CATORCE (14) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOT\u00c1 D.C, se encuentra que el citado despacho, haya dedicado un ac\u00e1pite al an\u00e1lisis de admisi\u00f3n o rechazo de los medios de prueba, de los que las partes solicitaron su pr\u00e1ctica al interior del proceso declarativo, objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron, dentro del asunto verbal de incumplimiento contractual en el pago de la p\u00f3liza de seguro adelantado por los gestores contra Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. (n\u00ba 2019-00705), su garant\u00eda esencial al debido proceso. <\/p>\n
2. Del caso concreto. <\/p>\n
2.1 El requisito de inmediatez respecto de la sentencia anticipada. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que los accionantes tardaron en acudir a este remedio constitucional, comoquiera que la sentencia anticipada que atacan fue proferida el 4 de marzo de 2020, mientras que el resguardo fue incoado el 11 de julio de 2022, es decir, transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde su emisi\u00f3n; situaci\u00f3n que tambi\u00e9n se presenta respecto del auto que declar\u00f3 inadmisible la alzada interpuesta contra lo decidido, por cuanto el mismo data del 26 de mayo de 2021. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que se exponen como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, los actores nada dijeron para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al auto del 8 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Analizada la presente queja, de cara al material probatorio adosado al expediente, la Sala establece que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por el ad quem en el prove\u00eddo adoptado, se advierte que la desestimaci\u00f3n de la invalidez solicitada por los inconformes obedeci\u00f3 a que no se registr\u00f3 en el sub examine la irregularidad en la que se sustent\u00f3 la causal invocada, pues, \u00abel art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso establece que: \u201cEn cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d; situaci\u00f3n esta \u00faltima que es la que verific\u00f3 el juzgado de primera instancia, pues, los extremos de la litis no solicitaron el interrogatorio de su respectiva contraparte, ni la pr\u00e1ctica de alguna otra prueba diferente a la documental, por lo que en aras de materializar de los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, el juzgado municipal procedi\u00f3 a proferir sentencia anticipada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De cara a la preceptiva legal en comento ya lo antes acotado, es claro que no se requiere de un auto previo que decrete tener como pruebas las documentales aportadas por las partes, para que se pueda proferir sentencia anticipada, como as\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia en la materia, ya que as\u00ed no lo dispuso el legislador dentro del amplio margen de libertad configurativa que le es inherente y, por el contrario, estableci\u00f3 que, si no hab\u00edan pruebas que practicar [testimonios, inspecci\u00f3n interrogatorios etc], se deb\u00eda proferir sentencia anticipada, inspirado ello en razones de eficacia, eficiencia y econom\u00eda. <\/p>\n
En ese orden, se colige que no incurri\u00f3 el juzgado de primera instancia en ninguna irregularidad constitutiva de nulidad cuando dict\u00f3 fallo anticipado sin que mediara un auto que, en otros eventos debe hacerse en aplicaci\u00f3n al principio de incorporaci\u00f3n. Con todo, se advierte que las pruebas documentales que reposaban en el expediente fueron valoradas por el juzgado de primera instancia al momento de emitir la decisi\u00f3n de fondo y exponer los fundamentos en que se sustent\u00f3 la misma\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, contrario a lo afirmado por los actores, la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se pretende es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, respecto de lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3. Conclusiones. <\/p>\n
3.1. Frente a la sentencia anticipada los accionantes tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, adem\u00e1s no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha demora. <\/p>\n
3.2. Asimismo, la decisi\u00f3n de negar la nulidad procesal solicitada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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