STC10496-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10496-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00704-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 3 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Procuradora 167 Judicial II Penal de Yopal, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00094. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La representante del Ministerio P\u00fablico, invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de \u00ablos derechos de las v\u00edctimas a la verdad, justicia, reparaci\u00f3n, garant\u00eda de no repetici\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, los se\u00f1ores Jorge Eduardo Romero, Josu\u00e9 Dar\u00edo Orjuela Mart\u00ednez, H\u00e9ctor Jos\u00e9 Buitrago Rodr\u00edguez, Nelson Orlando y H\u00e9ctor Germ\u00e1n Buitrago Parada, fueron procesados penalmente por los delitos de \u00abdesaparici\u00f3n forzada, tortura y homicidio agravado\u00bb, por hechos ocurridos el 31 de marzo del 2000 cuando hac\u00edan parte de las \u00abAutodefensas Campesinas del Casanare\u00bb (radicado 2018-00094). <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en dicho asunto, el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Yopal, el 11 de junio de 2021 profiri\u00f3 sentencia anticipada en la que, por un lado, los conden\u00f3 a la pena de 240 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abdesaparici\u00f3n forzada\u00bb; y de otro, declar\u00f3 la extinci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n de los delitos de \u00abhomicidio agravado y tortura\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual, en su calidad de interviniente como representante del ministerio p\u00fablico, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 10 de noviembre de 2021, el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial confirm\u00f3 en su totalidad el fallo del a quo, es decir, la condena impuesta y la prescripci\u00f3n de los delitos referidos. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 los veredictos rese\u00f1ados, concretamente lo relacionado con la declaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para los punibles de \u00abhomicidio\u00bb y \u00abtortura\u00bb, pues, dadas las circunstancias en que se presentaron, estas deben considerarse como delitos de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptibles. <\/p>\n
Adujo que, la naturaleza de esos il\u00edcitos fue puesta de presente en distintas etapas por parte de la fiscal\u00eda, esto es, en las respectivas resoluciones de definici\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica y en las actas de formulaci\u00f3n de cargos para sentencia anticipada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como tales hechos fueron cometidos en el marco del conflicto armado interno, la Corte Constitucional en pronunciamiento C-580 de 2002 previ\u00f3 una incorporaci\u00f3n autom\u00e1tica de las reglas de derecho humanitario que propende por los derechos de las v\u00edctimas, \u00ablas cuales son de aplicaci\u00f3n inmediata y directa conforme los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, los jueces de instancia omitieron considerar los criterios del bloque de constitucionalidad que remiten a que, los atentados contra los derechos humanos internacionalmente protegidos \u00ab(\u2026) son incompatibles con leyes o disposiciones que dispongan respecto de estos delitos, amnist\u00edas, prescripciones o causales excluyentes de la responsabilidad [\u2026] por conducir a la indefensi\u00f3n de las v\u00edctimas y la perpetuaci\u00f3n de la impunidad\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende, se ordene \u00ab(\u2026) al Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Yopal [\u2026] se pronuncie sobre la responsabilidad de los [procesados] respecto de las conductas punibles de homicidio y tortura agravada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Yopal inform\u00f3 que, en efecto, ese despacho el 11 de junio de 2021 profiri\u00f3 contra 5 exintegrantes de las autodefensas campesinas del Casanare, sentencia anticipada de car\u00e1cter condenatorio, \u00aby en numeral quinto de la misma, se dispuso declarar la prescripci\u00f3n de los delitos de homicidio y tortura agravada\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de ese Distrito el 10 de noviembre de 2021. A\u00f1adi\u00f3 que, la sentencia en cuesti\u00f3n tuvo soporte \u00aben varios pronunciamientos de nuestro superior de instancia, es decir, que se observ\u00f3 cuidadosamente el precedente vertical emitido [\u2026] al momento de estudiar la decisi\u00f3n [\u2026] por lo que la misma no atiende a interpretaciones arbitrarias o caprichosas, sino al an\u00e1lisis conjunto y detallado de las circunstancias factuales acaecidas en el curso del proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que, la representante del Ministerio P\u00fablico no agot\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia, por lo que, en raz\u00f3n del car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n, resulta improcedente. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Inicialmente, apunt\u00f3 que, frente a las alegaciones en torno al car\u00e1cter de imprescriptibilidad de las conductas de homicidio y tortura en el marco del asunto penal en cuesti\u00f3n, \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de amparo no satisface el presupuesto de subsidiariedad, pues la agente del Ministerio P\u00fablico no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s del cual pod\u00eda ventilar la problem\u00e1tica que plantea por esta v\u00eda excepcional, estando en condiciones de hacerlo, como quiera que actu\u00f3 en el mismo en condici\u00f3n de sujeto especial interviniente\u00bb. <\/p>\n
Empero, concedi\u00f3 la salvaguarda tras colegir que los accionados, en las providencias recriminadas incurrieron en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, espec\u00edficamente, al momento de resolver lo atinente con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal frente a las conductas de homicidio y tortura agravada pues, inaplicaron \u00ablas normas sustantivas que regulan el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n y su interrupci\u00f3n\u00bb, ya que, advirti\u00f3 que se present\u00f3 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo desde el momento en que los involucrados \u2013 a\u00f1o 2015 \u2013 suscribieron las actas de formulaci\u00f3n de cargos para sentencia anticipada, por lo que, \u00ab(\u2026) entre la fecha de los hechos (31 de marzo de 2000) y las fechas de suscripci\u00f3n de las actas de aceptaci\u00f3n de cargos, se establece que en ning\u00fan caso transcurrieron los 20 a\u00f1os requeridos para la prescripci\u00f3n, ni la mitad de este t\u00e9rmino desde que fueron suscritas las referidas actas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 dejar sin efecto \u00ab(\u2026) las sentencias de 11 de junio y 10 de noviembre de 2021, proferidas por ese despacho y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Yopal, respectivamente y, en consecuencia, [\u2026] profiera una nueva determinaci\u00f3n, conforme a la normatividad aplicable al caso concreto y a lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la delegada de la procuradur\u00eda accionante, refutando lo indicado por la a quo respecto al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por no interponer el recurso de casaci\u00f3n frente al fallo penal de segunda instancia o el de revisi\u00f3n, pues, lo que critica concretamente es la declaratoria de prescripci\u00f3n, decisi\u00f3n que corresponde a \u00abun auto (sic) [\u2026] el cual no es susceptible de atacarse por la v\u00eda del recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reiter\u00f3 la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, insistiendo en que no proced\u00eda prescribir las conductas penales referidas y que, debieron enmarcarse como \u00abdelitos de lesa humanidad\u00bb imprescriptibles, por implicar una grave \u00abviolaci\u00f3n de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario\u00bb; en tal sentido, manifest\u00f3 que, ese car\u00e1cter se extrae de las indagatorias a los enjuiciados, que reconocieron que los hechos se dieron con ocasi\u00f3n de las mal denominadas \u00ablimpiezas sociales\u00bb que realizaban en la zona los grupos paramilitares, \u00aby as\u00ed lo debe declarar el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la accionante en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00094 (en el que funge como delegada de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n) con las sentencias de 11 de junio de 2021, del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Yopal y la confirmatoria de esa decisi\u00f3n emitida el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, mediante las cuales, conden\u00f3 a los procesados (miembros de las autodefensas campesinas de Casanare) por el delito de \u00abdesaparici\u00f3n forzada\u00bb y declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para las conductas de \u00abhomicidio y tortura agravados\u00bb, incurriendo con ello, en v\u00eda de hecho por, supuestamente, desconocer que dichos il\u00edcitos, deben ser categorizados como de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2.3. Sobre el defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha explicado que se presenta cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-781\/11). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha precisado sobre dicho error que se configura, adem\u00e1s de los supuestos indicados en el precitado precedente, tambi\u00e9n cuando la aplicaci\u00f3n de la norma, que aun siendo la pertinente para el caso, se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
El asunto que se analiza se enmarca dentro de las anteriores hip\u00f3tesis, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de respaldarse la concesi\u00f3n del amparo otorgada por la Sala a quo ya que, las autoridades accionadas, al resolver como lo hicieron, esto es, declarando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto de los delitos de \u00abhomicidio y tortura agravados\u00bb, incurrieron en el defecto de procedibilidad rese\u00f1ado (concretamente el juzgado de primera instancia), al omitir aplicar la normativa sustantiva que rige la materia, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, en el sub lite, tal y como obra en estas diligencias, la Sala encuentra acreditada la vulneraci\u00f3n se\u00f1alada \u2013 en lo sustantivo \u2013 porque, como bien lo dedujo la Hom\u00f3loga Penal, el juzgado fallador en el veredicto del 11 de junio de 2021, al momento de efectuar el c\u00e1lculo prescriptivo de las conductas de homicidio y tortura agravada, dej\u00f3 de considerar la eventualidad de la interrupci\u00f3n del referido instituto jur\u00eddico, seg\u00fan lo contempla el art\u00edculo 842 del decreto ley 100 de 1980, C\u00f3digo Penal vigente para el momento de la perpetraci\u00f3n de los hechos criminales, pues, \u00fanicamente, y tras citar un aparte de un pronunciamiento de su superior jer\u00e1rquico \u2013 Tribunal Superior de Yopal, en el radicado 85001-31-07001-2017-00071-01 \u2013 en un asunto supuestamente similar en el que se prescribieron los mismos il\u00edcitos objeto de estudio bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 803 ejusdem y el \u00ab83 de la ley 600 de 2000 (sic)\u00bb, previno el acaecimiento del mismo fen\u00f3meno, apuntando adem\u00e1s que, en todo caso, \u00ab(\u2026) la fiscal\u00eda no realiz\u00f3 ning\u00fan procedimiento con miras a declarar los delitos aqu\u00ed investigados como cr\u00edmenes de lesa humanidad\u00bb. <\/p>\n
Empero, como lo advirti\u00f3 la a quo, en dicha decisi\u00f3n el fallador pretermiti\u00f3 el an\u00e1lisis en torno a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, que sobrevino en el momento en que los procesados suscribieron el acta de formulaci\u00f3n de cargos para sentencia anticipada, la cual, en los eventos de aceptaci\u00f3n de cargos con miras a acceder a dicha figura de terminaci\u00f3n, es equivalente a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, seg\u00fan se extrae del inciso 7\u00ba del canon 40 de la ley 600 de 2000 que consagra la sentencia anticipada. <\/p>\n
Luego, comoquiera que los 5 encartados rubricaron las actas de acogimiento o aceptaci\u00f3n de cargos el 2 de septiembre de 2015 (Jorge Eduardo Romero y Josu\u00e9 Dar\u00edo Orjuela Mart\u00ednez); el 30 de octubre de 2015 (Nelson Orlando Buitrago); el 4 de diciembre de 2015 (H\u00e9ctor Jos\u00e9 Buitrago Rodr\u00edguez); y, el 8 de junio de 2016 (H\u00e9ctor Germ\u00e1n Buitrago Rodr\u00edguez), el conteo prescriptivo se vio interrumpido respectivamente en cada uno de esos momentos, reanud\u00e1ndose el t\u00e9rmino en la forma en que lo prev\u00e9 el precitado canon 84. <\/p>\n
De suerte que, conforme esa disposici\u00f3n, y toda vez que el tiempo m\u00e1ximo de prescripci\u00f3n seg\u00fan la normativa espec\u00edfica \u2013 art\u00edculo 80 del decreto ley 100 de 1980 \u2013, es de veinte (20) a\u00f1os, en ninguno de los escenarios de an\u00e1lisis oper\u00f3 ni ha operado a\u00fan la se\u00f1alada causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; esto es, entre la fecha de ocurrencia de los hechos \u2013 31 de marzo de 2000 \u2013 y la suscripci\u00f3n de las actas de aceptaci\u00f3n de cargos, as\u00ed como tampoco transcurri\u00f3 la mitad de dicho lapso entre las actas y el proferimiento de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Entonces, bajo esos lineamientos, y refrendando las deducciones de la primera instancia constitucional, se tiene que la providencia del 11 de junio de 2021 dictada por el juez a quo de la causa, que conden\u00f3 por \u00abdesaparici\u00f3n forzada\u00bb a los implicados en el proceso penal en cuesti\u00f3n, y declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para los delitos de homicidio y tortura agravados, no consult\u00f3 la preceptiva que remite a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, como se explic\u00f3, por lo que, no siendo razonable, emerge necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela orientada a la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, dada la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, motivo por el cual se confirmar\u00e1 la concesi\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final. <\/p>\n
Ahora bien, no obstante que la representante del Ministerio P\u00fablico, aqu\u00ed accionante, al impugnar el fallo proferido por la Hom\u00f3loga Especializada Penal insisti\u00f3 en demandar del juez constitucional que declare directamente, para el caso, los punibles de homicidio y tortura como de lesa humanidad; para esta Sala, como la orden tutelar que se ratifica abarca la decisi\u00f3n del fallador penal de primera instancia, (que implicar\u00e1 un reexamen sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal frente a los delitos endilgados), y frente a esa providencia que habr\u00e1 de renovarse se habilitan los recursos de ley, ser\u00e1 en uso de ellos que le corresponder\u00e1 a la delegada reformular dicha reclamaci\u00f3n, comprendiendo que el contexto procesal se reedita a partir de lo explicitado en esta senda excepcional. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que, reactivada la actuaci\u00f3n penal, es ah\u00ed donde la promotora del resguardo podr\u00e1 defender las prerrogativas que estima afectadas, pues \u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala considera que la sustentaci\u00f3n del fallo materia de la presente queja, omiti\u00f3 analizar el posible acaecimiento de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, conforme lo contempla el art\u00edculo 84 del decreto ley 100 de 1980 (C\u00f3digo Penal que rigi\u00f3 el proceso penal cuestionado), en consonancia con el canon 80 de la misma normativa, por lo que se torna imperioso la ratificaci\u00f3n de la salvaguarda suplicada en los mismos t\u00e9rminos de la sentencia constitucional confutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 (Decreto Ley 100 de 1980, C\u00f3digo Penal) ART\u00cdCULO 84. Interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n. La prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente, debidamente ejecutoriado. <\/p>\n
Interrumpida la prescripci\u00f3n, principiar\u00e1 a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del se\u00f1alado en el Art\u00edculo 80. En este caso, el t\u00e9rmino no podr\u00e1 ser inferior a cinco a\u00f1os. <\/p>\n
3\u0002 ARTICULO 80. T\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. La acci\u00f3n penal prescribir\u00e1 en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ning\u00fan caso, ser\u00e1 inferior a cinco a\u00f1os ni exceder\u00e1 de veinte. Para este efecto se tendr\u00e1n en cuenta las circunstancias de atenuaci\u00f3n y agravaci\u00f3n concurrentes. En los delitos que tengan se\u00f1alada otra clase de pena, la acci\u00f3n prescribir\u00e1 en cinco a\u00f1os. <\/p>\n
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STC10496-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10496-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00704-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66090"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66090\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}