STC10497-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10497-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01285-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n del Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 5 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Vargas Rojas y Mercedes G\u00f3mez de Vargas contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 1998-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando en su propio nombre, acuden al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la demanda, sus anexos y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente se extracta que, en el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 curs\u00f3 el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Bancolombia S.A. contra Miguel Vargas Rojas, que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria, siendo rematado el inmueble materia de garant\u00eda el 26 de noviembre de 2020, diligencia que fue aprobada el 25 de marzo de 2021 sin que a la fecha haya sido posible la materializaci\u00f3n de lo decidido, el que se encuentra actualmente en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. <\/p>\n
Con auto del 25 de marzo de 2021 el citado despacho rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada por el obligado, decisi\u00f3n contra la cual no se formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
3. Vargas Rojas y su c\u00f3nyuge acuden al presente instrumento, pues consideran que la juez que deneg\u00f3 la invalidez \u00abpor carecer la parte demanda (sic) de legitimaci\u00f3n para formularla\u00bb, debe \u00abexplicar su providencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Gloria Yanneth Opina Gonz\u00e1lez solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo por incumplir los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, m\u00e1xime cuando \u00abEn el presente caso la acci\u00f3n constitucional se dirige contra la suscrita quien no funge como titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, donde se encuentra en tr\u00e1mite el citado proceso, por lo que respecto de los accionantes soy un particular que no ejerce poder alguno que permita inferir razonadamente que se encuentran en estado de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 3 Judicial II para Asuntos Civiles se\u00f1al\u00f3, que lo pretendido a trav\u00e9s de esta especial v\u00eda debe ser desestimado \u00abno solo por la ausencia de subsidiaridad, sino por pretender exigir explicaciones e interpretaciones del auto del 25 de marzo de 2021, relacionados con el rechazo de plano de la nulidad propuesta contra la diligencia de remate, en tanto que las mismas debieron solicitarse de conformidad con el art\u00edculo 285 del C.G.P. que regula el tema de la aclaraci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Carlos Alfredo Garc\u00eda Gamba \u00abcomo rematante y TERCERO DE BUENA F\u00c9\u00bb dentro del litigio cuestionado, pidi\u00f3 \u00abutili[zar] los mecanismos legales que existen para evitar que el se\u00f1or Vargas Rojas siga dilatando el proceso, desgastando la justicia, interponiendo Tutela sobre Tutela por una y otra raz\u00f3n y se resuelva de plano todas y cada una de las actuaciones para lograr que \u00e9ste (sic) proceso llegue a t\u00e9rmino a la mayor brevedad posible. Es evidente el modus operandi del Sr. Vargas Rojas frente a \u00e9ste (sic) caso ya que le admiten una tutela, en oportunidad y apego a la ley se la niegan, posteriormente interpone recurso de apelaci\u00f3n e inmediatamente pone otra Tutela argumentando los mismos hechos y las mismas pretensiones logrando as\u00ed lo que \u00e9l desea y es seguir indefinidamente en mi predio y burl\u00e1ndose de la justicia, justicia que ha tenido por m\u00e1s de 20 a\u00f1os que atender cada una de sus solicitudes, resueltas todas en oportunidad\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital puso de presente, que \u00abel accionante MIGUEL VARGAS ROJAS ha interpuesto m\u00e1s de 10 tutelas, con una frecuencia casi de 3 a 5 mensuales; ruegos constitucionales que han sido negados, no solo por el TRIBUNAL SUPERIOR, sino Tambi\u00e9n por la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, cada una de ellas en el mismo sentido y con el mismo objetivo\u00bb, raz\u00f3n por la que solicita \u00abtener en cuenta que, el accionante es abogado, y ya en dos oportunidades la Corte Suprema de Justicia al resolver la impugnaci\u00f3n en acciones de tutela presentadas por el accionante, le orden\u00f3 al Juez Constitucional, tomar las medidas correspondientes, establecidas al art. 38 del Dcto. 2591 de 1991, teniendo en cuenta la conducta del abogado Miguel Vargas Rojas, lo cual constituye abuso del Derecho\u00bb. <\/p>\n
5. Finalmente, Reintegra S.A.S. a trav\u00e9s apoderada judicial, precis\u00f3 que la actuaci\u00f3n de Vargas Rojas es temeraria, pues a trav\u00e9s de innumerables acciones de tutela ha cuestionado todo el tr\u00e1mite surtido al interior del proceso coercitivo seguido en su contra, dilat\u00e1ndolo injustificadamente. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo por desatender el presupuesto de subsidiariedad, pues, \u00abla providencia que se dice vulneratoria de la prerrogativa constitucional invocada, fechada el 25 de marzo de 2021, no fue atacada a trav\u00e9s de los medios ordinarios dispuestos por la ley\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s refiri\u00f3 que, Miguel Vargas Rojas \u00abha presentado otras acciones de esta misma tesitura, que si bien no tienen la triple identidad de objeto, causa y partes que constituyan una posible temeridad, s\u00ed esbozan hechos relacionados fundamentalmente con los mismos puntos aqu\u00ed expuestos, en torno a la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito y la nulidad de la diligencia de remate, como las decididas por este Tribunal\u00bb, por lo que dispuso compulsar copias con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 para que se investigue \u00abuna posible conducta disciplinable cometida\u00bb por \u00e9ste, dada su profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino establecido en el Decreto 2591 de 1991, los querellantes impugnaron la anterior determinaci\u00f3n, reiterando en escrito posterior que, al aprobarse la almoneda realizada al interior del decurso criticado se incurri\u00f3 en \u00abNulidad Absoluta, y por consiguiente en Fraude Procesal, al desconocer y ocultar, la solicitud de la parte demandada de \u201cdeclara la nulidad dela diligencia de remate celebrada el d\u00eda 24 de Febrero de 2021\u201d por ocultar con el CONTRATO DE CESI\u00d3N el valor que REINTEGRA S.A.S. como la CESIONARIA cancel\u00f3 a Bancolombia S.A. como la CEDENTE\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si la autoridad judicial accionada lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental de Miguel Vargas Rojas y Mercedes G\u00f3mez de Vargas dentro del proceso ejecutivo seguido en contra del primero (n\u00b01998-00189), al negar de plano la nulidad invocada el 19 de enero de 2021 por supuesto \u00abfraude procesal\u00bb. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1. Falta de legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
La Sala advierte la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de Mercedes G\u00f3mez de Vargas, \u2013como se le ha indicado en otras providencias\u2013, por cuanto carece de inter\u00e9s en las resultas del proceso coercitivo confutado (rad. 2013-00267, 27 feb., et. al.). <\/p>\n
En ese sentido, en el fallo STC6420-2022, 25 may., rad. 2022-01382, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c\u00abLos medios de convicci\u00f3n arrimados al tr\u00e1mite constitucional ponen de manifiesto que la reclamante en anteriores oportunidades instaur\u00f3 otras tutelas respecto del parafraseado proceso ejecutivo hipotecario, en las que esboz\u00f3 los mismos elementos f\u00e1cticos sabidos en esta sede y suplic\u00f3 aplicar las normas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n
Cada uno de los amparos fueron desestimados por esta Colegiatura en sentencias de 19 de enero de 2012, exp. 02643-00, de 6 de agosto ejusdem, exp. 01097-01, de 3 de septiembre \u00eddem, exp. 01767-00 y de 27 de febrero de 2013, exp. 00267-00, por cuanto la quejosa no demostr\u00f3 legitimidad para actuar por activa. <\/p>\n
En esta \u00faltima, la Corte compendi\u00f3 las quejas de la gestora as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) II.- Circunscribe la trasgresi\u00f3n a que en el juicio hipotecario que \u201cen [su] contra\u201d promueve Conavi, hoy Bancolombia S. A., las encartadas dispusieron el pago de r\u00e9ditos no permitidos en la sentencia y en la providencia que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
III.- Sustenta la protecci\u00f3n deprecada en los supuestos f\u00e1cticos que pasan a compendiarse (folios 10, 11, 17, 18, 62 a 64 del cuaderno de la Corte): <\/p>\n
a.-) Que en \u201c1994\u201d, la referida entidad bancaria la demand\u00f3 por la deuda que contrajo en UPAC para adquirir vivienda. <\/p>\n
b.-) Que \u201cen su sentencia\u201d, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito orden\u00f3 \u201cintereses sobre intereses\u201d a \u201cuna tasa \u2026totalmente distinta y superior a la pactada en el pagar\u00e9, y no autorizada\u2026\u201d, como si se tratara de un cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n. <\/p>\n
c.-) Que el 7 de septiembre de 2012, al resolver en segunda instancia su objeci\u00f3n a la \u201cliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d, el Tribunal desconoci\u00f3 las normas que regulan la real modalidad de financiaci\u00f3n; adem\u00e1s, que no se previ\u00f3 capitalizar rendimientos y que \u00e9stos se tasaron en el diecis\u00e9is por ciento (16%) anual. <\/p>\n
c.-) (\u2026) la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte conoci\u00f3 de tres tutelas anteriores formuladas por G\u00f3mez de Vargas, en las que la reclamante adujo, en su orden, que \u201cel cr\u00e9dito\u2026fue otorgado y contabilizado para adquisici\u00f3n de vivienda\u201d, que \u201c[el proceso] debi\u00f3 declararse terminado porque la obligaci\u00f3n se adquiri\u00f3 para la financiaci\u00f3n de vivienda\u201d y que \u201cConavi\u201d, hoy Bancolombia, autoriz\u00f3 y legaliz\u00f3 un cr\u00e9dito de $15.000.000, conforme a pagar\u00e9 suscrito el 5 de enero de 1994, que seg\u00fan la demanda entablada, era para adquisici\u00f3n de vivienda, y que es incomprensible que en el proceso no se haya tenido en cuenta una prueba solicitada\u201d\u2026 <\/p>\n
d.-) Que cada uno de los amparos se desestim\u00f3 en sentencias de 19 de enero de 2012, exp. 02643-00, 6 de agosto siguiente, exp. 01097-01 y 3 de septiembre de a\u00f1o pasado, exp. 01767-00, con el argumento com\u00fan de falta de legitimaci\u00f3n por activa, por cuanto \u201cla actora en el escrito inicial cuestiona actuaciones adelantadas en un proceso judicial en el que no integra ninguno de los extremos de la litis\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El presente amparo, efectivamente, corresponde a un ejercicio compulsivo e injustificado de la acci\u00f3n de tutela, pues, las partes, el objeto y la causa del mismo no dista, en lo esencial, de la tripleta de quejas anteriores instauradas por id\u00e9ntica promotora, Mercedes G\u00f3mez de Vargas, pues, tanto all\u00ed como ac\u00e1, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales respecto de las actuaciones proferidas en un proceso ejecutivo hipotecario en el que no es parte (\u2026)\u00bb\u201d. <\/p>\n
Conforme con ello, deviene di\u00e1fano para la Corte que las s\u00faplicas elevadas por Mercedes G\u00f3mez de Vargas se orientan, por igual, a combatir las actuaciones adelantadas en el ejecutivo hipotecario promovido contra Miguel Vargas Rojas, pese a carecer de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con ese fin por no ser parte o tercera reconocida dentro del mismo, incumpliendo as\u00ed con el alcance jur\u00eddico previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.2 El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 \u00abrechazar de plano\u00bb la solicitud de nulidad de la audiencia de remate celebrada el 24 de febrero de 2021 invocada por Vargas Rojas dentro del asunto objeto de escrutinio, data del 25 de marzo de 2021, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 17 de junio; es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte, para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero en este caso el actor, quien se resalta, es abogado, no expuso ninguna raz\u00f3n tendiente a justificar la interposici\u00f3n tard\u00eda del resguardo, al tiempo que tampoco se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al mismo, haci\u00e9ndolo se itera, superado ampliamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
2.3 De la incuria <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el querellante acude a esta especial herramienta en procura de obtener la protecci\u00f3n de su debido proceso, que considera vulnerado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, al rechazar de plano una de las solicitudes invocadas a efectos de invalidar la diligencia de remate practicada dentro de la ejecuci\u00f3n revisada. <\/p>\n
No obstante, en el caso que se revisa, advierte la Sala que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad pues el promotor, en el asunto objeto del reproche constitucional no formul\u00f3, en el t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que cuestiona, ning\u00fan recurso, con lo que se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido, permitiendo con ello que la condena impuesta, alcanzara firmeza. <\/p>\n
Es de resaltar que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propio descuido. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1 Mercedes G\u00f3mez de Vargas carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa al no fungir como parte o tercera reconocida dentro de la ejecuci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3.2 El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez y no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10497-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10497-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01285-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66091","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66091\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}