STC10504-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10504-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02454-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00238. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el establecimiento de comercio Acuariofilia, en procura de que se ordenara la \u00abconstru[cci\u00f3n] [de] una rampa apta para LA POBLACION DISCAPACITADA QUE SE DESPLACE EN SILLA DE RUEDAS\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien en sentencia del 17 de enero de 2022 ampar\u00f3 el derecho colectivo, neg\u00f3 el incentivo y rechaz\u00f3 de plano la \u00abla solicitud de nulidad por no notificar al propietario del inmueble\u00bb propuesta por el aqu\u00ed querellante. <\/p>\n
Respecto de la anterior determinaci\u00f3n, el convocante interpuso apelaci\u00f3n, concedida por el estrado cognoscente, quien remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. All\u00ed, el asunto ingres\u00f3 a despacho el 10 de febrero del 2022, el 14 de julio siguiente se admiti\u00f3 el recurso y el 22 de julio hoga\u00f1o \u00abse procedi\u00f3 al registro del proyecto de sentencia\u00bb. <\/p>\n
Expuso el promotor que en esa instancia \u00abno se CUMPLE LO QUE ORDENA [el] ART 37 LEY especial y AUT\u00d3NOMA 472 DE 1998, PUES SE DAN 20 D\u00cdAS PARA FALLAR , PRORROGABLES POR DIEZ D\u00cdAS, M\u00c1S DE EXISTIR PRUEBAS POR DECRETAR, por cierto en este caso no se ampli\u00f3 el plazo y SIN EMBARGO LA ACCION CONTIN[\u00da]A EN UN INJUSTIFICADO ESCENARIO DE INDEFINICION ETERNA\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, \u00ab[s]e le aclare al tutelado que no puede aplicar CGP, para dilatar el fallo (\u2026) [y] SE ORDENE FALLAR (\u2026) EN 24 HORAS\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira manifest\u00f3 que \u00ab[d]ebido al tr\u00e1mite preferencial que se le ha dado a las numerosas acciones constitucionales a cargo del despacho, que desde el 10 de febrero totalizan 96 tutelas y 29 populares (art. 15 D.E. 2591 de 1991 y Ley 472 de 1998), fuera de los asuntos ordinarios, la revisi\u00f3n de los proyectos de los dem\u00e1s ponentes, que suman otro tanto por cada uno, y la atenci\u00f3n de otras situaciones administrativas, que han ocupado un tiempo importante durante cada jornada laboral, solo con auto del pasado 14 de julio se dispuso admitir la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante y el 22 siguiente se procedi\u00f3 al registro del proyecto de sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio e indic\u00f3 que \u00abconsidera el Despacho que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la coadyuvante, por cuanto, se le garantiz\u00f3 el debido proceso y dio tr\u00e1mite a los recursos por \u00e9l deprecados. Es de anotar que el expediente se remiti\u00f3 al Tribunal Superior de Pereira el 09 de febrero de 2022 a fin de surta el tr\u00e1mite correspondiente a la apelaci\u00f3n interpuesta por el accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal enjuiciado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos en la ley 472 de 1998 para dictar fallo de segunda instancia en la acci\u00f3n popular (rad. 2021-00238), incurriendo, supuestamente, en mora judicial. <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, mas no cuando esta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entretanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, esta Sala recalc\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho enjuiciado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto. Al respecto, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
2.2. De esta forma, revisadas las diligencias, advierte la Corte que la inobservancia del plazo prudencial por parte de la colegiatura encartada, para fallar la apelaci\u00f3n interpuesta por el precursor, respecto de la providencia del juzgado que neg\u00f3 el incentivo y rechaz\u00f3 de plano la \u00abla solicitud de nulidad por no notificar al propietario del inmueble\u00bb en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00238, no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, explic\u00f3 en su contestaci\u00f3n que, \u00ab[d]ebido al tr\u00e1mite preferencial que se le ha dado a las numerosas acciones constitucionales a cargo del despacho, que desde el 10 de febrero totalizan 96 tutelas y 29 populares (art. 15 D.E. 2591 de 1991 y Ley 472 de 1998), fuera de los asuntos ordinarios, la revisi\u00f3n de los proyectos de los dem\u00e1s ponentes, que suman otro tanto por cada uno, y la atenci\u00f3n de otras situaciones administrativas, que han ocupado un tiempo importante durante cada jornada laboral, solo con auto del pasado 14 de julio se dispuso admitir la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante y el 22 siguiente se procedi\u00f3 al registro del proyecto de sentencia\u00bb. <\/p>\n
De manera que, no podr\u00eda en este caso endilgarse un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso de la colegiatura convocada, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece, se itera, a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo, analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
2.3. Finalmente, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga ineludible la protecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el amparo transitorio estar\u00eda supeditado igualmente a que se halle probada la actitud omisiva por parte de la querellada, la cual, al no estar acreditada en el sub-lite, hace inviable la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme lo anterior, no puede atribuirse una actitud ap\u00e1tica o negligente por parte de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dado que, como se evidenci\u00f3 en estas diligencias, el retraso en la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n de esa corporaci\u00f3n; de suerte que no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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