STC10507-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10507-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00972-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 30 de noviembre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el Banco de la Rep\u00fablica contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2016-00155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n interpuso demanda ordinaria laboral contra el Banco de la Rep\u00fablica, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional contenida en el art\u00edculo 18 del instrumento extralegal 1997-1999, con fundamento en que cumpli\u00f3 el tiempo de servicios exigido antes del 31 de julio de 2010 \u2013fecha de extinci\u00f3n de los reg\u00edmenes especiales\u2013, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 al banco. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, Romero Calder\u00f3n recurri\u00f3 en sede extraordinaria, raz\u00f3n por la cual la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 infirm\u00f3 el fallo del ad quem, para, en sede de instancia, reconocer la prestaci\u00f3n (SL3407-2020, 31 ago., rad. 78551), argumentando que \u00abel derecho a la pensi\u00f3n del ya referido art\u00edculo 18 de la convenci\u00f3n colectiva del Banco de la Rep\u00fablica se adquiere solamente con el cumplimiento del tiempo de servicios exigido por la norma, antes del 31 de julio de 2010 y que la edad s\u00f3lo es una condici\u00f3n para su exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
2.3. Inconforme, la entidad interpuso otra acci\u00f3n constitucional, tramitada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, quien, con fallo STP9304-2020, 27 oct., rad. 113184, concedi\u00f3 el amparo deprecado y orden\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada proferir una nueva resoluci\u00f3n que observara la debida motivaci\u00f3n y explicara el precedente aplicable. Esa determinaci\u00f3n fue impugnada por Romero Calder\u00f3n, pero desisti\u00f3 el 14 de enero de 2021, lo cual se acept\u00f3 el 29 de enero siguiente, por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil2. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento de ese mandato de protecci\u00f3n, la citada colegiatura de Descongesti\u00f3n Laboral n.\u00ba 2 profiri\u00f3 la sentencia SL4650-2020, 26 nov., rad. 78551, la cual es cuestionada a trav\u00e9s de este mecanismo, porque, nuevamente, incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho, tras: \u00ab(i) variar el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia sobre la exigencia de la edad y tiempo de servicios como requisito para acceder a la pensi\u00f3n convenci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica y, en consecuencia, (ii) exceder el l\u00edmite de su competencia, fijado en el par\u00e1grafo del Art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley Estatutaria 1781 de 2016\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos fundamentos, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abQue se ordene dejar sin efecto la sentencia SL4650-2020, Radicaci\u00f3n No. 78551, Acta extraordinaria 001, proferida el 26 de noviembre de 2020 y notificada por edicto del 3 de diciembre de 2020, as\u00ed como todas las actuaciones que hubiera adelantado la SALA DE DESCONGESTI\u00d3N No. 2 DE LA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA o los jueces de instancia, desde la fecha que adopt\u00f3 esa decisi\u00f3n\u00bb; y, en consecuencia, (ii) \u00abordenar que el expediente y el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por la demandante sea remitido a la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para que sea esta quien decida el mencionado recurso conforme a la ley y el precedente judicial aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
4. Sometido el proceso a reparto, se asign\u00f3 inicialmente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien, con auto ATP710-2021, 18 may., rad. 116849, remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Plena, luego de lo cual se atribuy\u00f3 su conocimiento a esta Sala de Casaci\u00f3n, quien, con providencia STC7131-2021, 17 jun., rad. 2021-00613, deneg\u00f3 el petitum del Banco de la Rep\u00fablica. Impugnada esa decisi\u00f3n, con prove\u00eddo ATL1029-2021, 14 jul., rad. 93891, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral permanente decret\u00f3 la nulidad y el expediente fue devuelto a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para lo pertinente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La apoderada judicial de Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n manifest\u00f3 que no es cierto que la autoridad enjuiciada se haya apartado de los precedentes aplicables, comoquiera que \u00abrealiz\u00f3 una ampliaci\u00f3n a los postulados argumentativos sobre los cuales reiter\u00f3 la decisi\u00f3n previamente adoptada de acceder a las pretensiones dirigidas al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional consagrada en el Art\u00edculo 18 de la CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO celebrada entre ANEBRE y el BANCO DE LA REP\u00daBLICA, bajo la premisa de que el derecho a la pensi\u00f3n se consolida con el cumplimiento del tiempo de servicios (20 a\u00f1os) antes del 31 de julio de 2010 y que la edad es simplemente un requisito de exigibilidad del derecho; posici\u00f3n fundamentada en un amplio y detallado estudio al precedente horizontal relacionado con la interpretaci\u00f3n de normas convencionales que consagran derechos pensionales a saber: Sentencia CSJ SL2802-2018, Sentencias CSJ SL526-2018, reiterada en CSJ SL4550-2018, CSL SL2661-2019, CSJ SL3280-2019 y SL4138-2020, Sentencia CSJ SL3343-2020 reiterada en SL4131- 2020.\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que cualquier discusi\u00f3n sobre la materia qued\u00f3 zanjada con la expedici\u00f3n el fallo SL3343-2020, pues \u00aben esa oportunidad y con criterio de autoridad la Sala Parmente de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, haciendo una interrelaci\u00f3n finalista, concluy\u00f3 que las pensiones convencionales se originan con el tiempo de servicio y que la edad es una condici\u00f3n de mera exigibilidad, pues el derecho se otorga como recompensa a los a\u00f1os de servicio y la fidelidad del trabajador\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 las actuaciones surtidas en la primera tutela concedida al Banco de la Rep\u00fablica, enfatizando en que, \u00abde la lectura de la demanda de tutela, se advierte que la parte actora censura la nueva decisi\u00f3n emitida por la autoridad accionada, sin endilgar vulneraci\u00f3n alguna a esta Sala de tutelas, por lo que solicito respetuosamente la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. La funcionaria ponente de la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n laboral, confutada a trav\u00e9s de este resguardo, realiz\u00f3 un resumen del acontecer f\u00e1ctico en sede constitucional y en el tr\u00e1mite ordinario laboral, destacando que se pretermite el criterio de tempestividad, ya que \u00abla tutelante no present\u00f3 ninguna justificaci\u00f3n v\u00e1lida que amerite desconocer el prolongado tiempo que ha transcurrido, ya que no argumenta, ni demuestra la ocurrencia de alguna situaci\u00f3n insuperable que impida la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela oportunamente, lo que resultaba INDISPENSABLE porque la providencia atacada se encuentra ejecutoriado y produciendo efectos\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la resoluci\u00f3n censurada se dict\u00f3 en cumplimiento de una orden de tutela, en la que solo se exigi\u00f3 fundamentar con mayor ah\u00ednco la decisi\u00f3n, por lo que se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de cosa juzgada, m\u00e1xime que \u00abel asunto bajo estudio, pese a que versa sobre una providencia posterior a la estudiada por la Sala Penal Hom\u00f3loga en la providencia CSJ STP9304-2020, MATERIALMENTE REFIERE AL MISMO ASUNTO, esto es, el haber declarado que la edad era un requisito de exigibilidad, m\u00e1s no de consolidaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 18 de la CCT\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, como a quo constitucional, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por el Banco de la Rep\u00fablica, porque \u00abla decisi\u00f3n judicial cuestionada se apart\u00f3 del criterio fijado tanto por la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, como del precedente fijado por esa misma Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b02, que hab\u00edan se\u00f1alado la improcedencia de reconocer el derecho pensional a quienes no hubieren cumplido de manera concurrente los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras estuvo vigente la Convenci\u00f3n Colectiva de trabajo1997-1999, suscrita entre el Banco de la Rep\u00fablica y la Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados del Banco de la Rep\u00fablica ANEBRE\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, expuso que \u00ablas referencias jurisprudenciales tra\u00eddas a colaci\u00f3n para fundamentar su determinaci\u00f3n esto es, las sentencias CSJ SL2802-2018, CSJ SL526-2018 y Sentencia CSJ SL3343-2020, no se refieren a los presupuestos para otorgar la pensi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 18 de la mencionada convenci\u00f3n colectiva, sino a la interpretaci\u00f3n de normas consagradas en otras convenciones colectivas de las cuales no hace parte el Banco de la Rep\u00fablica, por lo que existiendo un criterio jurisprudencial sobre la norma convencional aplicable para casos de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas f\u00e1cticas, aquellos debieron tenerse en cuenta al adoptar la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por ello, a\u00f1adi\u00f3 que \u00aben la decisi\u00f3n judicial cuestionada ning\u00fan argumento se expuso para justificar la determinaci\u00f3n de apartarse del criterio ya establecido en dos providencias anteriores de esa misma Sala \u2013SL3806-2019 y SL2623-2020- respecto de la exigencia concurrente de edad y tiempo de servicios para obtener la pensi\u00f3n convencional (\u2026) incluso, la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL660-2021 de 17 de febrero del a\u00f1o en curso, precis\u00f3, en caso de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas f\u00e1cticas al que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala y que tuvo como demandado al Banco de la Rep\u00fablica, justamente por la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Colectiva que aqu\u00ed se discute, lo siguiente: (\u2026) Refulge de la norma convencional trascrita, sin lugar a duda, la necesidad de confluir tanto tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensi\u00f3n convencional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dej\u00f3 sin efectos la providencia SL4650-2020, dictada por la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n Laboral n.\u00ba 2 y, en consecuencia, orden\u00f3 a esa colegiatura la expedici\u00f3n de una nueva resoluci\u00f3n, \u00abque tenga en cuenta los precedentes en la materia o las cargas argumentativas que la jurisprudencia contempla para que el juez, bajo una debida motivaci\u00f3n, se aparte de sus precedentes considerando, en todo caso, de conformidad con lo previsto en el art. 2\u00ba de la Ley 1781 de 2016, que cuando los integrantes de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral \u201cconsideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolver\u00e1n el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que esta decida\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La mandataria judicial de Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en su intervenci\u00f3n y agregando que \u00aben el fallo recurrido se ech[\u00f3] al traste con el principio de la Cosa Juzgado Constitucional, puesto que de acuerdo con lo resulto por la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte en prove\u00eddo STP 9304 del 27 de octubre de 2020, dentro de acci\u00f3n constitucional de tutela promovida por el Banco accionante y en contra de mi mandante, sentencia que fue la raz\u00f3n para que se expidiera la providencia SL 4650 de 2020, se destac\u00f3 que cuando la Sala Segunda De descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia interpreta la cl[\u00e1]usula convencional bajo el derrotero de la posibilidad que la pensi\u00f3n se adquiere s\u00f3lo con el tiempo de servicios, no est[\u00e1] desconociendo precedente alguno\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, cuestion\u00f3 que \u00abel fallo confutado refiere que se desatendi\u00f3 el precedente sentado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia vertida en prove\u00eddos SL 3962 de 2018 y SL 3806 de 2019, situaci\u00f3n que en verdad no es cierta dado que las situaciones f\u00e1cticas descritas en esos asuntos distan de la discutida en el asunto de la referencia, es decir, que plantea un conflicto de disanalog\u00eda para inaplicar o desconocer el precedente, para en su lugar denunciar que el elenco jurisprudencial enrostrado en el escrito de tutela que no es el verdadero fundamento que debi\u00f3 aplicar la alta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que se inici\u00f3 contra el Banco de la Rep\u00fablica, por casar la providencia del ad quem y, en su lugar, conceder la prestaci\u00f3n extralegal reclamada por Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte la Corte que la controversia planteada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional ya hab\u00eda sido previamente expuesta ante esta especial jurisdicci\u00f3n, en tanto el Banco de la Rep\u00fablica propuso con antelaci\u00f3n un amparo que comparte identidad de hechos, partes y pretensiones, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien, con fallo STP9304-2020, 27 oct., rad. 113184, concedi\u00f3 el amparo deprecado y orden\u00f3 a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada proferir una nueva resoluci\u00f3n que observara la debida motivaci\u00f3n y explicara el precedente aplicable; con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en este caso, no es cierto que se haya variado o creado una nueva postura jur\u00eddica o creado o modificado el criterio de la Sala permanente, pues examinada la decisi\u00f3n confutada, advertimos que para resolver el problema jur\u00eddico planteado en la demanda de casaci\u00f3n trajo a colaci\u00f3n una decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuesti\u00f3n diferente es si esa se ajustaba al caso en estudio o no. Por lo anterior, frente a estos dos aspectos relacionados en la demanda-defecto org\u00e1nico y procedimental absoluto- a juicio de esta Sala resultan impr\u00f3speros, tal como se se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
De otra parte, manifiesta la parte actora que la decisi\u00f3n SL-3407-2020 de 31 de agosto del a\u00f1o en curso, emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no fue motivada, en tanto se limit\u00f3 a citar apartes de una sentencia cuyas circunstancias f\u00e1cticas son dis\u00edmiles al asunto puesto en consideraci\u00f3n. <\/p>\n
En este caso, en efecto, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n al desatar el cargo propuesto por la demandante Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n en el recurso extraordinario que nos ocupa, tuvo como sustento medular la sentencia SL2802-2018, en la que se estudi\u00f3 el otorgamiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, concluy\u00e9ndose que la edad constitu\u00eda una mera condici\u00f3n para su exigibilidad, ello atendiendo lo dispuesto en ese caso, en el art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, en donde se demand\u00f3 el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n censurada la Sala de Descongesti\u00f3n dijo: <\/p>\n
\u00ab\u2026basta recordar que, sobre el tema de la condici\u00f3n de la edad con el \u00e1nimo de acceder a la pensi\u00f3n convencional, la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades, como lo record\u00f3 en sentencia CSJ SL2802-2018, en donde afirm\u00f3 que ella se causa \u00abcon el requisito de la prestaci\u00f3n de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condici\u00f3n para su exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
De ella se sustraen los siguientes partes, aplicables al caso por la similitud de situaciones f\u00e1cticas (\u2026) As\u00ed las cosas, la Sala debe precisar su jurisprudencia en el entendido que el literal b) del art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo posee una estructura clara, que admite una lectura un\u00edvoca, en cuanto consagra una especie de pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n, que se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad. Con arreglo al anterior criterio jurisprudencial, que en esta oportunidad se reitera, estima la Sala que la cl\u00e1usula 42 Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre la EDT y su sindicato de trabajadores, vigente entre el 1 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 1999, resulta un\u00edvoca, esto es, s\u00f3lo admite una interpretaci\u00f3n razonable, cual es que la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n all\u00ed consagrada se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad. <\/p>\n
Tal es el caso que aqu\u00ed se presenta, en el que el plurimencionado art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999 estableci\u00f3 claramente la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n con el retiro y para el caso de la demandante 20 a\u00f1os de servicio cuando cumpliera la edad de 50, siendo \u00e9sta, como ya se ha recalcado, un requisito de exigibilidad. Por tanto, es dable concluir, que el Tribunal no apreci\u00f3 correctamente el texto convencional cuestionado y ello es suficiente para derivar la prosperidad del cargo, con lo cual se impone casar la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
Es que precisamente, mientras que la convenci\u00f3n colectiva del Banco de la Rep\u00fablica, exige el cumplimiento tanto de tiempo de servicios como de edad para que nazca el derecho \u00abARTICULO 18: Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres), a disfrutar de la pensi\u00f3n jubilatoria con los requisitos legales de tiempo m\u00ednimo de servicios de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones, y de cincuenta (50) a\u00f1os si son mujeres, tendr\u00e1n derecho a la liquidaci\u00f3n, seg\u00fan la siguiente tabla\u2026\u00bb, la pensi\u00f3n analizada en la sentencia utilizada por la Corporaci\u00f3n demandada, exige el cumplimiento de tiempo de servicios para la causaci\u00f3n del derecho, supeditando su disfrute al cumplimiento de edad \u00abb) consagra la posibilidad de obtener \u00abla pensi\u00f3n convencional proporcional\u00bb respecto de los \u00abempleados que cumplan una de estas dos condiciones \u201c…que presten o hayan prestado diez (10) a\u00f1os o m\u00e1s de servicios a la Empresa y menos de veinte…\u201d de lo cual era dable inferir, que del sentido literal de tal estipulaci\u00f3n se desprende \u00abque no es condici\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n proporcional, como ya se dijo, tener el car\u00e1cter de trabajador o trabajadora de la exempleadora del demandante, aqu\u00ed representada por las demandadas, ya que empresa y sindicato no condicionaron el acceso a esta prestaci\u00f3n para quienes solicitaren su reconocimiento y tengan el v\u00ednculo laboral vigente, por el contrario, permitieron beneficiarse de esta jubilaci\u00f3n proporcional a quienes hayan prestado diez o m\u00e1s a\u00f1os de servicios, toda vez que a contrario sensu, la norma convencional s\u00f3lo excluy\u00f3 de esta prestaci\u00f3n a quienes sean retirados del servicios por justa causa\u00bb. <\/p>\n
Es claro para esta Sala que el Juez de tutela no puede establecer o intervenir en la conclusi\u00f3n a la que deb\u00eda llegar el juez ordinario, sin embargo, su deber es proteger los derechos fundamentales, y en este caso, en garant\u00eda del debido proceso, las decisiones judiciales deben ser motivadas a efectos de que su argumentaci\u00f3n no se advierta defectuosa o insuficiente. En este asunto, se evidencia que el juzgador accionado falt\u00f3 a su deber de motivar la decisi\u00f3n judicial, pues dej\u00f3 de lado aspectos relevantes que, para el caso concreto demandaban pronunciamiento expreso de su parte, pasando por alto lo referente a la naturaleza jur\u00eddica del art\u00edculo 18 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita por el empleado con el Banco de la Rep\u00fablica, en tanto no analiz\u00f3 las condiciones exigidas en esta convenci\u00f3n para otorgar la jubilaci\u00f3n, si se cumpl\u00edan o no tales requisitos y si con ocasi\u00f3n a ello y al criterio jurisprudencial era posible o no su otorgamiento, con fundamento en los elementos de convicci\u00f3n allegados al proceso laboral\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
As\u00ed mismo, enfatiz\u00f3 en que \u00aben atenci\u00f3n a los principios de autonom\u00eda e independencia de la administraci\u00f3n de justicia, que es de la esfera exclusiva de la referida Sala el sentido de la decisi\u00f3n a la que arribe tras el an\u00e1lisis de los elementos probatorios obrantes en el proceso laboral junto con la l\u00ednea jurisprudencial aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
3.2. Dicha resoluci\u00f3n fue impugnada por Romero Calder\u00f3n, pero, con posterioridad, desisti\u00f3 de esa defensa, manifestaci\u00f3n que fue aceptada con prove\u00eddo de 29 de enero de 2021, por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil3, por lo que la foliatura se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, es claro para esta Colegiatura que las s\u00faplicas son id\u00e9nticas y su prop\u00f3sito primordial es cuestionar la juridicidad de la resoluci\u00f3n adoptada por el \u00f3rgano de cierre laboral, en este espec\u00edfico caso, la segunda determinaci\u00f3n que se dict\u00f3 precisamente en cumplimiento de la providencia que acaba de verse, en relaci\u00f3n con el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional del Banco de la Rep\u00fablica en favor de Romero Calder\u00f3n, aspecto que, se itera, ya fue objeto de verificaci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
3.4. En las anteriores condiciones, como la nueva acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto esencialmente similar, que ya fue definido y est\u00e1 amparado por el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional \u2013en tanto fue excluido de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional4, con lo cual adquiri\u00f3 firmeza lo all\u00ed resuelto\u2013 no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por la entidad bancaria, porque: <\/p>\n
\u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7704-2017, 1 jun. 2017, rad. 00275-01). <\/p>\n
3.5. Ahora bien, si el Banco de la Rep\u00fablica lo que advierte es que el mandato constitucional no fue cumplido, o su acatamiento fue fragmentario o incompleto, no es la interposici\u00f3n de una nueva salvaguarda el medio adecuado para recabar en la queja, sino el incidente de desacato establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(…) frente al incumplimiento de una orden impartida con ocasi\u00f3n de un fallo constitucional, procede el desacato, y no otra protecci\u00f3n de igual naturaleza, puesto que se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de \u00abraigambre constitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando entrat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, esta solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para conocer los instrumentos jur\u00eddicos previstos para tal efecto\u00bb (CSJ STC, 2 jul. 2014, rad. 01204-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en las premisas que anteceden, se impone revocar el fallo estimatorio \u2013y las dem\u00e1s decisiones que de all\u00ed se desprendan\u2013, para declarar la inviabilidad del amparo, en tanto esta queja es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, acerca de un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo invocado por el Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 28 de junio de 2022, en atenci\u00f3n al prove\u00eddo de 23 de junio anterior, expedido por la magistrada Hilda Gonz\u00e1lez Neira, quien envi\u00f3 las diligencias por \u00abconocimiento previo\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver: auto de 29 de enero de 2021, rad. 11001-02-04-000-2020-01630 -01. <\/p>\n
3\u0002 Supra: auto de 29 de enero de 2021, rad. 11001-02-04-000-2020-01630 -01. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, ver: expediente T8474686, Corte Constitucional. <\/p>\n
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STC10507-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10507-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00972-01 (Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 30 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}