STC10531-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10531-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00322-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00ablibertad condicional, permiso administrativo de 72 horas o prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb presuntamente conculcados por las autoridades judiciales acusadas en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Con sentencia de 16 de febrero de 2011, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, declar\u00f3 penalmente responsable al accionante por la comisi\u00f3n de los delitos de \u00ab\u2018SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO\u2019\u00bb en concurso con \u00ab\u2018HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO\u2019, \u2018FABRICACI\u00d3N, TR\u00c1FICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES\u2019 y \u2018VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR P\u00daBLICO\u2019\u00bb a t\u00edtulo de coautor. <\/p>\n
Por lo anterior, resolvi\u00f3 condenarlo a la pena principal de 230 meses de prisi\u00f3n y multa de 3.333,33 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes -para el a\u00f1o 2010, momento en que ocurrieron los hechos-. Como sanci\u00f3n accesoria le impuso la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un plazo igual a la pena privativa de la libertad, y le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. Determinaci\u00f3n que, al no haber sido apelada, qued\u00f3 ejecutoria en la se\u00f1alada calenda. <\/p>\n
2.2. El 13 de febrero de 2020, el Juzgado Cuarto de Penas y Medias de Seguridad de Bogot\u00e1, encargado de la vigilancia de la pena, neg\u00f3 \u00abla concesi\u00f3n de la libertad condicional o el beneficio administrativo de 72 horas\u00bb que deprec\u00f3 el sentenciado, con sustento en la prohibici\u00f3n que trae la Ley 1121 de 2006. Inconforme con lo anterior, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, al desatar la alzada, con prove\u00eddo de 7 de octubre de 2020, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. El 5 de agosto de 2021, el Tribunal cuestionado, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 20 de abril de 2021, mediante la cual, el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n Penas y Medias de Seguridad de Bogot\u00e1, improb\u00f3 la propuesta para el otorgamiento del beneficio administrativo de 72 horas presentada por el director del centro penitenciario -COMEB- La Picota. <\/p>\n
2.4. Ante una nueva s\u00faplica de libertad condicional, el despacho Cuarto de Ejecuci\u00f3n Penas y Medias de Seguridad de Bogot\u00e1, con providencia de 22 de octubre de 2021, le orden\u00f3 al actor estarse a lo resuelto en el auto de 13 de febrero de 2020, mediante el que se deneg\u00f3 inicialmente la concesi\u00f3n de ese subrogado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, anot\u00f3 que, no obstante su solicitud fue rechazada con sustento en la prohibici\u00f3n que consagra la Ley 1121 de 2006, el estrado cuestionado, no consider\u00f3 aspectos como que: (i) cuenta con el acta de confianza n.\u00ba 113-082-2021, por medio de la cual se acredita que ha tenido tratamiento penitenciario y un adecuado desempe\u00f1o; (ii) mediante Resoluci\u00f3n 1942 de 16 de septiembre de 2016, se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la multa que se le impuso en la sentencia condenatoria (iii) el 30 de septiembre de 2021, el establecimiento penitenciario y carcelario COMEB La Picota, emiti\u00f3 \u00abresoluci\u00f3n favorable para libertad condicional N\u00ba 03377\u00bb; adem\u00e1s de que (iv) pidi\u00f3 perd\u00f3n p\u00fablico ante la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Igualmente, refiri\u00f3 que en comparaci\u00f3n con la Ley 1121 de 2006, para la obtenci\u00f3n la de prisi\u00f3n domiciliaria, le resulta m\u00e1s favorable la aplicaci\u00f3n de la Ley 890 de 2004 y para la concesi\u00f3n del permiso de las 72 horas, la Ley 504 de 1999, porque tiene \u00abclasificaci\u00f3n de confianza y el [cumplimiento del] 80% de [la] pena impuesta\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, a pesar de no enunciarlo expresamente, se infiere del escrito tutelar que el actor pretende que deje sin efectos las determinaciones precitadas; y en consecuencia, se ordene al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, que le conceda el subrogado de la libertad condicional y el beneficio del permiso administrativo de 72 horas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, \u00aben decisi\u00f3n de 05 de agosto de 2021 (\u2026) consider\u00f3 necesario, fundamentalmente, tener en cuenta la vigencia de la (\u2026) Ley 1121 [de 2006]; dicha normativa proscribe la concesi\u00f3n de beneficios para, entre otros, el delito de secuestro extorsivo por el cual fue condenado el accionante, luego no pod\u00eda adoptarse decisi\u00f3n diferente a confirmar la negativa de la solicitud formulada ante el Juez 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e12. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medias de Seguridad de Bogot\u00e1, tras indicar que en ese despacho cursa la ejecuci\u00f3n de la sentencia que se le impuso al actor, hizo un recuento de las actuaciones adelantas con ocasi\u00f3n de las peticiones rese\u00f1adas y adujo que al \u00absentenciado se le han negado los beneficios administrativos y la libertad condicional en atenci\u00f3n a que fue condenado en vigencia de la Ley 1121 de 2006, norma que no ha sido derogada, ni a la fecha se ha emitido nueva ley que le sea m\u00e1s favorable a [sus] intereses\u00bb3. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del quejoso y que mediante providencia de \u00ab07 de octubre de 2021 (sic) -2020-, (\u2026) resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el sentenciado, en contra del auto interlocutorio proferido el 13 de febrero de 2021 (sic) -2020-, por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, D.C., mediante el cual se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la Libertad Condicional, luego de exponer las razones de la decisi\u00f3n, en tanto que se estim\u00f3 que opera para el caso la prohibici\u00f3n expresa contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, y aunque se fuera a realizar la constataci\u00f3n de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, al llevarse a cabo la previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, no resulta procede otorgar el beneficio solicitado, y se consider\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado de Primera Instancia fue acertada\u00bb4. <\/p>\n
4. El Juzgado Sesenta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Bogot\u00e1, igualmente, dijo que no ha transgredido los derechos fundamentales del promotor y se\u00f1al\u00f3 que este present\u00f3 una acci\u00f3n de cumplimiento el 20 de septiembre de 2021, que le correspondi\u00f3 por reparto bajo el radicado 2021-00240-00, a la cual se le dio el tr\u00e1mite de acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva porque las quejas elevadas por sentenciado no se dirigen contra ella. Refiri\u00f3 que en ejercicio del derecho de petici\u00f3n, el promotor solicit\u00f3 \u00abpublicar en un lugar visible de este despacho el contenido de la declaraci\u00f3n p\u00fablica de compromiso\u00bb y perd\u00f3n; raz\u00f3n por la cual, fij\u00f3 aviso en la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda General de la entidad, entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 20216. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla demanda de tutela se torna improcedente frente a lo planteado en contra de los autos de 13 de febrero de 2020 del Juzgado 4 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y de 7 de octubre de 2020 del Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn [que la confirm\u00f3], a falta de la satisfacci\u00f3n del presupuesto\u00bb de la inmediatez. <\/p>\n
Luego, frente a la determinaci\u00f3n de 22 de octubre de 2021, proferida por el estrado de Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, afirm\u00f3 que \u00abresulta razonable que el juzgado emitiera la decisi\u00f3n en ese sentido, por cuanto, de cara a la nueva postulaci\u00f3n del promotor de libertad condicional, lo adecuado era que el actor se estuviera a lo ya resuelto en decisi\u00f3n anterior, en la medida que la negativa de la concesi\u00f3n del beneficio se fundament\u00f3 en la expresa prohibici\u00f3n legal establecida en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, la cual se encuentra vigente e inalterable\u00bb. <\/p>\n
Y resalt\u00f3 que \u00abesta sala comparte la posici\u00f3n del Juzgado demandado pues dentro del plenario se logr\u00f3 evidenciar que la nueva solicitud de libertad condicional presentada por el accionante, no representa en su alegaci\u00f3n una situaci\u00f3n novedosa que suscite el desenvolvimiento de una tesis diferente a la desatada dentro del mencionado auto interlocutorio de 13 de febrero de 2020\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, igual suerte corri\u00f3 la censura formulada contra el auto de 5 de agosto de 2021, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la providencia de 20 de abril de ese mismo a\u00f1o, dictada por el estrado de primer grado. Por cuanto, \u00abla argumentaci\u00f3n de los despachos accionados no resulta equivocada ni arbitraria; al contrario, era necesario que se analizaran, como en efecto los juzgadores de instancia acertadamente lo hicieron, las restricciones para otorgarle el beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, de conformidad con la normativa aplicable al caso del actor, quien, se recuerda fue condenado por el delito de Secuestro extorsivo y por ende, qued\u00f3 cobijado por el listado de prohibiciones contenido en la Ley 1121 de 2006, vigente para la \u00e9poca de los hechos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien al reiterar los planteamientos del escrito inicial, solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el promotor pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de los prove\u00eddos de 13 de febrero y el 7 de octubre de 2020, mediante los cuales el despacho Ejecutor le neg\u00f3 la s\u00faplica de libertad condicional y el Juzgado Penal del Circuito Especializado confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, increpa la determinaci\u00f3n 5 de agosto de 2021, por medio de la cual Tribunal fustigado, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 20 de abril de ese a\u00f1o, que le resolvi\u00f3 de manera desfavorable el otorgamiento del permiso administrativo de 72 horas. Y el auto de 22 de octubre de 2021, a trav\u00e9s del cual el Juzgado de Ejecuci\u00f3n le orden\u00f3 estarse a lo resuelto en el prove\u00eddo de 13 de febrero de 2020. <\/p>\n
2. En lo referente a las inconformidades elevadas respecto a las providencias de 13 de febrero y 7 de octubre de 2020 que negaron primigeniamente al quejoso la solicitud de libertad condicional, se hace necesario indicar que visto el material probatorio, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el ruego no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2.1. En efecto, entre el momento en que se profirieron las decisiones cuestionadas y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -28 de enero de 20227- transcurrieron m\u00e1s de seis meses, t\u00e9rmino superior al previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. Sobre la inmediatez, esta Sala ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, el Alto Tribunal de lo Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb8. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. Por otra parte, previene la Sala que la queja del accionante frente a la decisi\u00f3n de 5 de agosto de 2021, por medio de la cual Tribunal cuestionado, confirm\u00f3 el auto de 20 de abril de 2021, en el que estrado de Ejecuci\u00f3n resolvi\u00f3 de manera desfavorable la concesi\u00f3n del permiso administrativo de 72 horas, tampoco se abre paso porque al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, esa Colegiatura expres\u00f3 las razones que la llevaron a confirmar el prove\u00eddo impugnado. <\/p>\n
Para ello, despu\u00e9s de resumir las consideraciones del juez de primera instancia, las normas que rigen la materia y la jurisprudencia de esta Corte, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[e]n el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Sala se tiene que el funcionario de primer nivel no aprob\u00f3 la propuesta de permiso de 72 horas, toda vez que DIEGO FERNEY GAVIRIA \u00c1VALO fue condenado, entre otros delitos, como coautor responsable de Secuestro Extorsivo Agravado, por lo cual es aplicable la mentada prohibici\u00f3n de beneficios administrativos [art. 26 de la Ley 1121 de 2006]. <\/p>\n
Adicionalmente, respecto de los argumentos de la apelaci\u00f3n, advirti\u00f3 que \u00ab[f]rente a tan clara fundamentaci\u00f3n del auto recurrido el peticionario se limita a resaltar su buen comportamiento en prisi\u00f3n, el objetivo de resocializaci\u00f3n de la pena privativa de la libertad y a se\u00f1alar que art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 fue derogado, t\u00e1citamente, por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 890\/04, sin controvertir la existencia de prohibici\u00f3n expresa de conceder beneficios administrativos en raz\u00f3n al delito cometido, de conformidad con el art\u00edculo 26 de la Ley 1121\/06, m\u00e1s all\u00e1 de interpretaciones subjetivas de la normatividad\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, apuntal\u00f3 que \u00abla mentada Ley 1121 entr\u00f3 en vigencia el 29 de diciembre de 2006, por lo cual a la fecha se encuentra vigente y debe ser aplicada por los funcionarios judiciales sin distinci\u00f3n. [Y que] la norma fue sometida a control por parte de la Corte Constitucional encontrando que la misma no contrar\u00eda preceptos superiores en tanto radica en el legislador el poder de configuraci\u00f3n normativa mediante el cual tiene la posibilidad de determinar cu\u00e1les conductas punibles merecen ser excluidas de beneficios\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00ab[l]uego, si la normatividad vigente impide conceder beneficios administrativos como el solicitado, asiste raz\u00f3n al prove\u00eddo confutado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, revisada la determinaci\u00f3n objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda; debido a que, se llev\u00f3 a cabo en observancia de un imperativo legal y no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Asimismo, en la referida determinaci\u00f3n de 22 de octubre de 2021, tambi\u00e9n objeto de censura, se observa que el Juez Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, al resolver la nueva postulaci\u00f3n de libertad condicional elevada por el sentenciado, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a ordenarle al solicitante estarse a lo resuelto en el prove\u00eddo de 13 de febrero de 2020 se\u00f1alado. <\/p>\n
Para ello, apuntal\u00f3 que, \u00ab[e]n lo referente a la solicitud de LIBERTAD CONDICIONAL, toda vez que este despacho mediante auto de fecha 13 de febrero de 2020, se pronunci\u00f3 sobre la concesi\u00f3n de este subrogado, con resultado adverso a las pretensiones del peticionario por expresa prohibici\u00f3n legal contenida en [la Ley] 1121 de 2006. Decisi\u00f3n confirmada en su integridad por el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn \u2013 Antioquia el 7 de octubre de 2020, y como quiera que los argumentos de dicha decisi\u00f3n negativa mantienen y mantendr\u00e1 su vigencia, SE REMITE al sentenciado DIEGO FERNEY GAVIRIA AVALO, a lo resuelto en la citada providencia. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y luego, destac\u00f3 que \u00aben un pronunciamiento de tutela, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3: \u2018\u2026 cierto es, seg\u00fan se ha dicho, que cuando un asunto ha sido definido y sobre dicha tem\u00e1tica se insiste, sin introducir variante alguna, habr\u00e1 de estarse a lo decidido en aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal y eficiencia, puesto que, de lo contrario, implicar\u00eda un desgaste inoficioso de la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u2019.(\u2026)\u00bb. Todo lo anterior para evitar la reiteraci\u00f3n innecesaria de peticiones, decisiones y recursos, con evidente perjuicio para la buena marcha de la administraci\u00f3n de justicia, bajo el entendido de que la raz\u00f3n no se obtiene por la insistencia en invocar argumentos carentes de ella. (resaltado del texto original). <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que en la providencia cuestionada se evidencia que y tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las circunstancias del caso concreto y de la normativa que gobierna el asunto, esto es, la Ley 1121 de 2006, que, ciertamente, en el precepto 26, se\u00f1ala la exclusi\u00f3n de subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y de beneficios administrativos, cuando se trate, entre otros delitos, de secuestro extorsivo; punible por el cual se declar\u00f3 penalmente responsable al peticionario. De ah\u00ed que, el actor deb\u00eda estarse a lo resuelto en la providencia que con antelaci\u00f3n resolvi\u00f3 esa s\u00faplica, pues las condiciones bajo las cuales se emiti\u00f3 la negativa no se han alterado. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, observa la Corte una disparidad de criterios entre lo considerado por los despachos accionados -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial – y lo planteado por el solicitante, manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso; pues, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juzgador de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); Y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
6. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c0004Demanda\u201d. Carpeta \u201cExpedienteRemitido\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Anexo \u201c0001 Respuesta Magistrado integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u201d. Carpeta \u201cRespuestas\u201d. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201c0002 Respuesta Juzgado 4 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Anexo \u201c6 RESPUESTA JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLI\u0301N\u201d. Carpeta \u201cExpedienteRemitido\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Anexo \u201c0004 Respuesta Juzgado 66Administrativo Oral del Circuito de Bogot\u00e1\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Anexo \u201c0003 Respuesta Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1\u201d. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Inicialmente, el actor present\u00f3 la tutela ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien al percatarse de su falta de competencia, la remiti\u00f3 a esta Corte. <\/p>\n
8\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10531-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10531-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00322-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. El gestor reclam\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66094"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66094\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}