STC10533-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10533-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00477-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 6 de junio de 2022, que neg\u00f3 por improcedente el amparo promovido por Laura Fernanda Arango Rodr\u00edguez, en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Daniel Arango G\u00f3mez, contra el Director General de Medicina Legal Regional Bogot\u00e1, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Bogot\u00e1, el M\u00e9dico Forense Gabriel Ernesto Mercado Lara, la Coordinadora del Grupo de Psiquiatr\u00eda y Psicolog\u00eda Forense Regional Bogot\u00e1, el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, el Juzgado Tercera de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Ibagu\u00e9, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y los abogados Anita Castillo Ram\u00edrez, Flor Stella Cifuentes S\u00e1nchez, Daniel Armando Ar\u00e9valo, Wilmar Evelio Monsalve, Jairo G\u00f3ngora Monroy, Luis Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Rivera y Ren\u00e9 Moreno Alfonso. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en los procesos declarativos identificados con los radicados 73001-41-89-0003-2019-00254-00 y 73001-31-03-001-2019-00015-00 que se adelantan en los estrados Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Ibagu\u00e9 y Primero Civil del Circuito de esa ciudad, respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas allegadas, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Alegando demencia de su progenitor Jos\u00e9 Daniel Arango G\u00f3mez, la actora formul\u00f3 demanda declarativa de nulidad por incapacidad absoluta respecto de los actos contenidos en la escritura p\u00fablica 105 de 9 de mayo de 2013, otorgada en la Notaria \u00danica del C\u00edrculo Notarial de Cajamarca, Tolima. S\u00faplica que le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9 bajo el radicado 2019-00245-002. <\/p>\n
Asimismo, radic\u00f3 escrito genitor invocando esa misma acci\u00f3n frente a los actos contenidos en la escritura p\u00fablica 443 de 29 de diciembre de 2017, otorgada en dicha notar\u00eda, cuyo conocimiento fue atribuido al estrado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 bajo el radicado 2019-00015-00. <\/p>\n
2.2. El despacho Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, por medio de auto de 13 de diciembre de 2019, ofici\u00f3 al Once de Familia de Bogot\u00e1 para que remitiera, como prueba traslada, copia del dictamen pericial practicado a Jos\u00e9 Daniel Arango G\u00f3mez y todas las actuaciones surtidas en el litigio de interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta con radicado 2018-00059-003. <\/p>\n
2.3. Frente a la anterior solicitud, el juzgado interpelado respondi\u00f3 que \u00aben [dicho] proceso no hay interdicci\u00f3n provisoria y menos definitiva\u00bb; por cuanto, si bien la misma en principio se decret\u00f3, lo cierto es que como consecuencia de un recurso de reposici\u00f3n, dicha medida se revoc\u00f34. Y, posteriormente, con prove\u00eddo e 13 de febrero de 2020 remiti\u00f3 los documentales solicitados5. <\/p>\n
2.4. Luego, el estrado de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Ibagu\u00e9 decret\u00f3 como prueba de oficio \u00abla recepci\u00f3n del experticio emitido por parte del Dr. Gabriel Ernesto Mercado profesional del instituto Colombiano de Medicina Legal que obra como prueba trasladada del proceso de interdicci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb; con el prop\u00f3sito, de aclarar y complementar dicho dictamen pericial6. <\/p>\n
2.5. Frente a lo anterior, el grupo de psiquiatr\u00eda y psicolog\u00eda forense del Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Bogot\u00e1, mediante escrito de 24 de enero de 2022, inform\u00f3 que las aclaraciones solicitadas no se pod\u00edan llevar a cabo porque el profesional requerido no labora para esa instituci\u00f3n desde el a\u00f1o 2019. De ah\u00ed que, se tendr\u00eda que valorar nuevamente a Jos\u00e9 Daniel Arango; sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que en atenci\u00f3n a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019, esa dependencia \u00abno podr\u00eda iniciar de nuevo el proceso de valoraci\u00f3n\u00bb; raz\u00f3n por la cual, recomend\u00f3 \u00abuna nueva audiencia dentro del caso\u00bb con ese perito7. <\/p>\n
2.6. Puesta en conocimiento la respuesta anterior a las partes, la demandante, por medio de escrito de 13 de mayo de 2022, se acogi\u00f3 a la sugerencia efectuada en precedencia por esa instituci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Por su parte, la autoridad Judicial Primera Civil de Circuito de Ibagu\u00e9, tambi\u00e9n le solicit\u00f3 al Once de Familia de Bogot\u00e1 que remitiera, como prueba traslada, la reproducci\u00f3n del referido dictamen pericial. Requerimiento que el estrado interpelado atendi\u00f3 por medio de los autos de 19 de febrero y prove\u00eddo de 10 de mayo de 2021. <\/p>\n
3. Reprocha la accionante, que \u00abel Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1 envi\u00f3 la prueba trasladada incompleta y dejo piezas procesales fundamentales que pueden afectar de forma negativa el fallo de estos juzgados\u00bb. Adem\u00e1s, censura que el Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se \u00abniega a respoder (sic) a las preguntas de la juez Tercera de Ibagu\u00e9, perjudicando de manera directa los fallos de nulidad que se adelantan en Ibagu\u00e9 -Tolima. (\u2026) [y que] un perito diferente puede dar un concepto m\u00e9dico del estado de mi padre\u00bb. Finalmente, indic\u00f3 que las abogadas Anita del Castillo y Flor Stella Cifuentes S\u00e1nchez han tenido \u00abactuaciones temerarias y de mala fe\u00bb en el marco del juicio de interdicci\u00f3n que se adelanta ante el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. Por lo relatado, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n temporal de los juicios de nulidad precitados que se adelantan ante los estrados de Ibagu\u00e9, que se ordene al estrado Once de Familia de Bogot\u00e1 remitir de forma completa las piezas procesales del juicio de interdicci\u00f3n y que rinda informe detallado de ese litigio. Adicionalmente, deprec\u00f3 la designaci\u00f3n de un nuevo perito por parte del Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que realice un informe acerca del dictamen pericial mencionado; y, por \u00faltimo, que se investigue a los abogados prenombrados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses arguy\u00f3 que en virtud de la orden impartida por el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, el 14 de enero de 2019, el profesional forense prenombrado emiti\u00f3 informe pericial en relaci\u00f3n con Jos\u00e9 Daniel Arango G\u00f3mez. Destac\u00f3 que el Grupo de Psiquiatr\u00eda y Psicolog\u00eda Forense Regional Bogot\u00e1 ha atendido los requerimientos de las autoridades judiciales realizados dentro de los diferentes litigios en que ha participado aquel. Sumado a que actualmente no reposa solicitud vigente para practicar un nuevo dictamen pericial y que, si se quiere una nueva valoraci\u00f3n de las condiciones del referido se\u00f1or, es necesario adelantar las solicitudes pertinentes ante las autoridades competentes para que ordenen su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
2. El despacho Once de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que mediante autos de 19 febrero de 2021 y de 10 de mayo siguiente, remiti\u00f3 el dictamen y las piezas procesales solicitadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. Igualmente, que con prove\u00eddo de 13 de febrero de 2020 atendi\u00f3 el requerimiento sobre el mismo asunto que elev\u00f3 el estrado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiple de esa misma ciudad. De ah\u00ed que, \u00ablas actuaciones de las cuales replica en omisi\u00f3n la tutelante y de las que pretende su cumplimiento por tutela, fueron satisfechas sin reparos posteriores de los Juzgados, quedando sin piso jur\u00eddico y f\u00e1ctico lo alegado\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiple de Ibagu\u00e9 expuso que no ha vulnerado los derechos de la gestora y que se atiene a lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
4. La autoridad judicial Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 dijo \u00ab[e]n relaci\u00f3n con las inconformidades y pretensiones que plantea la accionante, no se emite ning\u00fan pronunciamiento teniendo en cuenta que no se dirigen contra este Juzgado y adem\u00e1s no se relacionan con el proceso que aqu\u00ed cursa\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 refiri\u00f3 que \u00abno percibe vulneraci\u00f3n al debido proceso de la accionante ni de su padre\u00bb. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que en el marco del proceso de nulidad con radicado 2019-00015-00, el 4 de mayo de 2022 se traslad\u00f3 la prueba pericial referida. <\/p>\n
6. La secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que no tiene injerencia respecto de las decisiones de las Comisar\u00edas de Familia y, por lo tanto, es la Comisar\u00eda Trece de Familia de Teusaquillo a quien le corresponde pronunciarse. <\/p>\n
7. Luis Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Rivera y Daniel Armando Ar\u00e9valo Rodr\u00edguez, quienes dijeron ser apoderados de la actora, coadyuvaron las s\u00faplicas de la tutela. Hicieron referencia a las acciones penales que se han impetrado con el \u00e1nimo de garantizar los derechos del progenitor de la convocan y pusieron de presente la condici\u00f3n de salud de este. <\/p>\n
8. Anita Castillo Ram\u00edrez manifest\u00f3 que fue apoderada de Jos\u00e9 Daniel Arango G\u00f3mez en el proceso de interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta que se encuentra suspendido. Destac\u00f3 que aquel no ha sido \u00abdeclarado interdicto ni inh\u00e1bil para ejercer derecho y adquirir obligaciones\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que el referido dictamen pericial no fue ratificado por el galeno; por lo que, la juzgadora de conocimiento no le dio valor. Tild\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como \u00absospechosa y temeraria\u00bb y dijo que las historias cl\u00ednicas aportadas por la gestora son \u00abfraccionadas [y] fueron adquiridas de manera ilegal\u00bb. <\/p>\n
9. Andr\u00e9s Felipe Mart\u00ednez Moya refiri\u00f3 que a pesar de que \u00abactualmente no [tiene] ning\u00fan v\u00ednculo contractual con la accionante (\u2026) relacionado con la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos\u00bb, en todos los procesos donde ejerci\u00f3 su representaci\u00f3n, cumpli\u00f3 a cabalidad con las labores encomendadas. Y destac\u00f3 que aquella \u00ababusa gravemente de su derecho a acceder a la administraci\u00f3n de justicia y de manera frecuente interpone falsas quejas disciplinarias y denuncias en contra de funcionarios (\u2026) y apoderados\u00bb. <\/p>\n
10. Ren\u00e9 Moreno Alonso advirti\u00f3 que la convocante \u00aben oportunidades previas ha activado el aparato constitucional (\u2026) pretendiendo obtener v\u00eda tutela decisiones que no son competencia de [esos] jueces\u00bb. Por lo que, exhort\u00f3 \u00abdeclarar [la misma] improcedente y temeraria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque no reun\u00eda el requisito general de procedencia de la subsidiariedad. Dado que, el estrado convocado \u00abha dado respuesta a los oficios librados por los jueces de Ibagu\u00e9 en relaci\u00f3n con las piezas procesales solicitadas, y los funcionarios judiciales los han puesto en conocimiento de la interesada\u00bb y a que \u00abla accionante en lugar de formular las peticiones ante los jueces naturales de los procesos que involucran sus derechos o los de su progenitor, decidi\u00f3 traerlos a la jurisdicci\u00f3n constitucional\u00bb8. <\/p>\n
<\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, donde reiter\u00f3 las s\u00faplicas y los argumentos que sirvieron como base fundacional del escrito inicial. Adicionalmente dijo que el a quo desconoci\u00f3 el escrito de subsunci\u00f3n donde \u00abse informa los hechos facticos de los delitos que [su] padre y familia es v\u00edctima desde el a\u00f1o 2017\u00bb, agreg\u00f3 que los abogados que se pronunciaron en su contra \u00abhan mentido ante los estrados judiciales\u00bb e hizo \u00e9nfasis en que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela es procedente por cuanto [su] PADRE, no cuenta con otro mecanismo judicial para evitar un prejuicio irremediable y que se siga vulnerando el debido proceso y el acceso a la justicia de manera pronta y eficaz\u00bb9. Por lo anterior, solicit\u00f3 la nulidad del fallo de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, la actora pretende el amparo de los derechos fundamentales de su progenitor, toda vez que seg\u00fan dijo: (i) el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 no ha remitido de forma completa las piezas procesales solicitadas; (iii) no se ha designado un nuevo perito por parte del Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que rinda informe acerca del dictamen pericial pluricitado; y (iv) se han presentado irregularidades en las actuaciones de los abogados accionados. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional; y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, analizadas las probanzas obrantes en el plenario, observa la Sala que, el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, mediante autos de 19 de febrero y de 10 de mayo de 2021 atendi\u00f3 el requerimiento efectuado por el despacho Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9; pues, efectivamente remiti\u00f3 de las piezas procesales solicitadas. Igual suerte corri\u00f3 la petici\u00f3n impetrada por el estrado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad, que fue observada desde el a\u00f1o 2019 por medio de prove\u00eddo de 12 de marzo. Actuaciones frente a las cuales, no se presentaron reparos. <\/p>\n
Lo establecido en precedencia permite aseverar que es inexistente la omisi\u00f3n alegada por la gestora, pues se prob\u00f3 que lo requerido fue atendido oportuna y adecuadamente por el accionado, emergiendo con ello la ausencia de vulneraci\u00f3n alguna10. <\/p>\n
2.2. En segundo orden, revisadas las diligencias allegadas, advierte la Sala que la parte interesada no agot\u00f3 los instrumentos procesales dispuestos por el ordenamiento para elevar las inconformidades que hoy plantea, lo cual torna improcedente la tutela. Dado que, el material probatorio evidencia que Laura Fernanda Arango Rodr\u00edguez, al momento de la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, no hab\u00eda requerido a los competentes con las finalidades pretendidas a trav\u00e9s de este resguardo. <\/p>\n
De ah\u00ed que, aparece ineludible que la omisi\u00f3n de la tutelante imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes prematuramente y sin que los planteamientos hayan sido resueltos en las instancias de defensa ordinarias. Dado que, el juez de tutela no puede reemplazar las facultades del cognoscente.11. <\/p>\n
2.3. Ahora, en cuanto al reproche de las actuaciones adelantadas por los profesionales del derecho en el marco de los procesos en que la convocante y su padre han sido parte, es pertinente se\u00f1alar que si la accionante no estaba conforme con la gesti\u00f3n adelantada por sus abogados pod\u00eda designar a otro u otros mandatarios, para que actuaran en su nombre. <\/p>\n
Aunado a ello, si lo alegado tiene relaci\u00f3n con una posible falta en el ejercicio de las funciones de los abogados y de los operadores judiciales intervinientes en los asuntos, lo procedente es presentar la respectiva queja ante las autoridades competentes, pues no es el juez de tutela el llamado a definir lo pertinente. Por cuanto, para ello, debe hacerse uso de las herramientas jur\u00eddicas que el ordenamiento legal tiene dispuestas para el efecto12. <\/p>\n
3. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados13. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c02Escrito\u201d. Carpeta \u201cActuaciones Tribunal\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002Anexo \u201c000. CUADERNO PRINCIPAL\u201d; carpeta \u201c2019-00254-00\u201d; carpeta \u201cActuaciones Juzgado 03 de Peque\u00f1as Causas y C.M Ibagu\u00e9\u201d; carpeta \u201cActuaciones Tribunal\u201d. Expediente digital <\/p>\n
3\u0002 Folio 236 y 237, Anexo \u201c000. CUADERNO PRINCIPAL\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Auto de 13 de febrero de 2020. Folio 269. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Auto de 12 de marzo de 2020. Anexo \u201c028 Prueba Trasladada 2019-00254-00\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Anexos \u201c056. Acta No.2 instrucci\u00f3n\u201d; \u201c070.Acta No. Se recepcion\u00f3 Testimonio\u201d y \u201c071. oficio 02092- medicina legal rad 2019-00254-00\u201d Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Anexo \u201c074. RTA INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Image_00408\u201d.Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Anexo, \u201c27Sentencia\u201d. Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Anexo, \u201c28Impugnacionaccionante\u201d. Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado que \u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026) ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019\u00bb. (T-013 de 2007)\u2019\u00bb (CSJ STC12717-2019. 19 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
11\u0002 Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, esta Sala ha considerado que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en esos casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb CSJ STC3109-2020. <\/p>\n
12\u0002 En asuntos con alguna similitud al ac\u00e1 debatido, la Sala ha manifestado: \u00ab(\u2026) [E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (\u2026)\u00bbCSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiterada en STC9510-2016, rad. n.\u00b0 2016- 00905 y en STC14741-2021, rad. 2021-00402 <\/p>\n
13\u0002 En el punto, la Sala ha expresado que: \u00ab\u2026La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u2026\u00bbCSJ STC13730-2019, reiterada en STC4150-2021. <\/p>\n
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STC10533-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10533-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00477-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}