STC10549-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10549-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02336-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene a la accionada \u00abque no desconozca la sentencia de tutela de la H CSJ STC 999-2022, fechada 4 de febrero\u2026\u00bb; y \u00abaplicar derecho sustancial y tramitar la alzada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Mar\u00eda Cielo Murillo Villada y Leidy Alexandra Duque Berm\u00fadez, propietaria y arrendataria del establecimiento Panader\u00eda y Cafeter\u00eda La Espiga, respectivamente, bajo el radicado 2022-00029, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 5 de mayo de 2022, ampar\u00f3 el derecho colectivo, orden\u00f3 a las accionadas que construyeran una rampa que permitiera el f\u00e1cil acceso de las personas que se desplazaban en sillas de ruedas, de acuerdo con las especificaciones t\u00e9cnicas que se\u00f1ale la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Palestina. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n, con auto de 10 de junio de 2022 declar\u00f3 desierta la misma y el 30 de junio siguiente mantuvo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se declar\u00f3 desierta su alzada, desconociendo el derecho sustancial y el impulso oficioso previsto en la Ley 472 de 1998; y que no se tuvo en cuenta la sentencia de tutela STC999-2022 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales indic\u00f3 que las determinaciones proferidas se argumentaron con comento en las normas que rigen la apelaci\u00f3n de sentencias, contienen un razonamiento jur\u00eddico admisible y no transgredieron los derechos fundamentales del accionante; que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n no era arbitraria; que se opon\u00eda a la prosperidad de las pretensiones, pues lo que se aspiraba era revivir los t\u00e9rminos extintos. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Caldas indic\u00f3 que no ha conculcado prerrogativa esencial alguna; y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas refiri\u00f3 que no advert\u00eda violaci\u00f3n de ninguna garant\u00eda fundamental; y que no se pod\u00eda hacer uso irracional de la tutela para conseguir un resultado positivo. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a quo. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 10 de junio de 2022 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el promotor al concluir que \u00abno cumpli\u00f3 en el t\u00e9rmino legal con la carga procesal impuesta por esta Magistratura mediante prove\u00eddo de 16 de mayo de 2022\u2026\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo el 30 de junio de los corrientes. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, para desechar la alegaci\u00f3n del recurrente, adujo: <\/p>\n
\u2026De entrada, advierte la Magistratura, como se sostuvo en providencia s\u00edmil dictada en otra acci\u00f3n de la misma naturaleza, es dable mantener la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte activa frente a la sentencia dictada en primera instancia, con soporte en la ausencia de sustentaci\u00f3n de la alzada en esta sede. <\/p>\n
Al punto, conviene evocar, con insistencia, que de conformidad con el decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14-3, vigente para la fecha de interposici\u00f3n del recurso vertical frente a la sentencia de primer grado, se impone la obligaci\u00f3n en la parte recurrente de sustentar en segunda instancia, una vez ejecutoriado el auto que admiti\u00f3 la alzada, y vencido el t\u00e9rmino de traslado, en el evento de no cumplirse la carga por el impugnante se deber\u00e1 declarar desierto. Disposici\u00f3n que guarda relaci\u00f3n con el precepto 322 del CGP, eso s\u00ed, estructur\u00e1ndose ahora un tr\u00e1mite escritural en el evento de no ser necesario el decreto de pruebas en segundo nivel. Y que a su vez trajo consigo la nueva Ley 2213 de 2022 en su canon 12 \u201cEjecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u201d. <\/p>\n
En torno a las apreciaciones esbozadas por la parte recurrente es evidente que si bien existi\u00f3 una alusi\u00f3n a los reparos concretos cuando el asunto a\u00fan se hallaba en la sede inicial, proclamados a su turno en contra de la decisi\u00f3n replicada, no es admisible equiparar sus efectos a una sustentaci\u00f3n obligatoria en segunda instancia. <\/p>\n
Claro est\u00e1, la finalidad del legislador atribuy\u00f3 a la parte impugnante la carga, no solo de edificar en primera sede la pretensi\u00f3n impugnaticia, sino de argumentar y desarrollar en segundo grado esos reparos concretos que debieron formularse ante el a quo. Sobre el punto esboz\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Civil: \u201c… De lo hasta ahora recapitulado, se infiere que trat\u00e1ndose de autos esta Sala ha identificado como fases del recurso de apelaci\u00f3n, en primera instancia: interposici\u00f3n del recurso, sustentaci\u00f3n, traslados de rigor y concesi\u00f3n; y, en segunda: la inadmisi\u00f3n o admisi\u00f3n y decisi\u00f3n. Para las sentencias, en primera instancia; interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda, admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia. Por tanto, resulta evidente el desafuero del Tribunal al preterir la necesaria etapa de sustentaci\u00f3n de la alzada ante \u00e9l, pues como viene de verse, le corresponde al recurrente no s\u00f3lo aducir sus quejas puntuales ante el a quo, sino acudir a la audiencia fijada por el superior para el efecto y fundamentar all\u00ed el remedio vertical, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 \u00eddem\u201d. Y remat\u00f3. \u201c[\u2026] Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentaci\u00f3n oral ante el superior, impuesta en el canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los procedimientos judiciales (art. 150, C.P.)\u201d <\/p>\n
Cumple decir que la declaratoria de deserci\u00f3n de la alzada, por falta de sustentaci\u00f3n, ha sido objeto de embates en sede de tutela. A ese prop\u00f3sito, recientemente, la Sala de Casaci\u00f3n laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL6925-2022 del 18 de mayo pr\u00f3ximo pasado advirti\u00f3 que: \u201cno se extrae una definici\u00f3n irracional, arbitraria o irregular, motivo por el cual no le es permitido al juez constitucional entrar a controvertir la decisi\u00f3n objetada so pretexto de tener una opini\u00f3n diferente, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten las desviaciones protuberantes a que se ha hecho menci\u00f3n, que en este caso no acontecen\u201d. Sobre todo, se resalta que la postura de la Sala citada actualmente deviene de que: \u201cIgualmente, es menester precisar que pese a que esta Sala en casos similares consider\u00f3 que no era viable declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que hab\u00eda sido sustentado en primera instancia, lo cierto es que dicho criterio se recogi\u00f3 en sentencia CSJ STL2791-2021, reiterada, entre otros, en fallos CSJ STL7317-2021 CSJ STL1046-2022, en la que se indic\u00f3: \u201cEn el caso particular que se revisa, debe indicarse que esta Sala al realizar un nuevo estudio del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, considera que en efecto la consecuencia de la no sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en segunda instancia, al margen de que los reparos concretos se hubieren presentado en la audiencia y la sustentaci\u00f3n se haya hecho por escrito ante el juez singular, es la declaratoria de desierto de la alzada, pues as\u00ed lo dej\u00f3 consagrado el legislador cuando dijo en la referida norma: Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. (subrayas para resaltar). As\u00ed lo consider\u00f3 la Corte Constitucional cuando, al resolver varios asuntos como el que nos ocupa, expidi\u00f3 la sentencia CC SU 418- 2019, y consider\u00f3 que \u00abDe acuerdo con esa metodolog\u00eda de interpretaci\u00f3n, el recurso de apelaci\u00f3n debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, y el efecto de no hacerlo as\u00ed es la declaratoria de desierto del recurso\u00bb (negrillas en el texto original). Conforme a lo anterior, se recoge el criterio que se ven\u00eda sosteniendo hasta el momento por este juez constitucional, por ello, se estima que la colegiatura convocada a este tr\u00e1mite excepcional, no incurri\u00f3 en el dislate que le enrostra la recurrente Adem\u00e1s, no puede pasar desapercibido que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 ratific\u00f3 que \u00absi no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, tal como ocurri\u00f3 en el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Sala\u2026\u201d (radicado 97163). <\/p>\n
Los razonamientos sirven de estribo para concluir que, en el caso puntual, inclusive en la versi\u00f3n escritural de la segunda instancia a fortiori por la expresa invocaci\u00f3n de la norma en menci\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino conferido para sustentar no se recibi\u00f3 correo electr\u00f3nico de la censura con el desarrollo de sus reproches en el buz\u00f3n se\u00f1alado en la providencia que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, de modo que es incontrastable la desatenci\u00f3n de la carga procesal de sustentaci\u00f3n de manera oportuna y bajo los postulados normativos del recurso de apelaci\u00f3n frente a sentencias de primera instancia. Por supuesto que la carga de sustentaci\u00f3n debe surtirse en la oportunidad legal y en sede de instancia para garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de la parte contraria, como lo impone en forma expresa el articulado citado, y a pesar de haber hecho manifestaciones en primera sede, y haber remitido email en esta, solo se anunci\u00f3 haberse sustentando en primera, y no es del caso relevarle de un imperativo legal, en tanto los tr\u00e1mites procesales est\u00e1n soportados en normas \u201cde orden p\u00fablico y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento\u201d. <\/p>\n
A modo de insistencia, acorde con los precedentes discurridos, no queda m\u00e1s que reiterar que la fuente de inspiraci\u00f3n de la declaratoria de deserci\u00f3n tiene sustrato en una providencia que no es de poca monta, pues como se indic\u00f3 en el auto protestado la Corte Constitucional, en sentencia de unificaci\u00f3n SU-418-2019, justific\u00f3 con amplitud la necesidad de sustentar en segunda instancia. <\/p>\n
5. Corolario, no se repondr\u00e1 el prove\u00eddo confutado. En suma, no es aceptable tener por sustentada la alzada con base en lo realizado ante el a quo, por ser extempor\u00e1neo y contrario a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020 en su art\u00edculo 14-3 y el inciso final del canon 12 de la Ley 2213 de 2022 <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n escrita se presenta ante el a quo que no frente al ad quem, a lo cual arrib\u00f3, adem\u00e1s, bajo una aplicaci\u00f3n errada de los derroteros fijados en la sentencia SU-418\/19 de la Corte Constitucional, pues \u00e9sta no se aven\u00eda al caso, porque se ocup\u00f3 de analizar las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad -que no del escritural al que corresponde el caso aqu\u00ed auscultado-, a tal punto que en dicho pronunciamiento expresamente se rese\u00f1\u00f3 que, \u00aben primer lugar, la disposici\u00f3n s\u00ed establece el deber de las partes, y en particular del apelante, de asistir a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, para sustentar ante el superior el recurso. Esa obligaci\u00f3n se desprende de los siguientes apartados de la disposici\u00f3n: En el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 se dispone que quien apela una sentencia deber\u00e1 precisar ante el juez de primera instancia, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagraci\u00f3n de una facultad, por el contrario, expresa claramente que la sustentaci\u00f3n se har\u00e1 ante el superior\u00bb (negrillas por la Corte). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el fallador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil (se resalta), recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de los corrientes (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se condensa en que: <\/p>\n
\u2026 en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
5. Lo consignado, impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso del tutelante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 30 de junio de 2022 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el censor contra el auto del 10 de junio anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Mario Restrepo; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 30 de junio de 2022 y los que de \u00e9ste dependan, en la acci\u00f3n popular que el accionante inco\u00f3 contra Mar\u00eda Cielo Murillo Villada y Leidy Alexandra Duque Berm\u00fadez (radicado 17174-31-12-001-2022-00029), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por el quejoso frente al auto de 10 de junio de los corrientes, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02336-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Mario Restrepo instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En la acci\u00f3n popular que Mario Restrepo promovi\u00f3 de radicado 2022-00029, el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 5 de mayo de 2022 en la que ampar\u00f3 el derecho colectivo y orden\u00f3 a las accionadas que construyeran una rampa que permitiera el f\u00e1cil acceso de las personas que se desplazaban en sillas de ruedas, decisi\u00f3n que apel\u00f3 exponiendo sus reparos concretos en esa instancia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que remitido el expediente al Tribunal Superior de Manizales, admiti\u00f3 la alzada, que declar\u00f3 desierta el 10 de junio de 2022, decisi\u00f3n que mantuvo el 30 de junio siguiente al resolver el recurso de reposici\u00f3n que interpuso. <\/p>\n
\u00ab3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a quo. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 10 de junio de 2022 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el promotor al concluir que \u00abno cumpli\u00f3 en el t\u00e9rmino legal con la carga procesal impuesta por esta Magistratura mediante prove\u00eddo de 16 de mayo de 2022\u2026\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo el 30 de junio de los corrientes <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el fallador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil (se resalta), recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de los corrientes (STC5630-2021). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5. Lo consignado, impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso del tutelante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 30 de junio de 2022 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el censor contra el auto del 10 de junio anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Mario Restrepo. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02336-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales; en consecuencia, orden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n censurada que, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo el 30 de junio de 2022 y los que de \u00e9ste dependan, adopte una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por el quejoso frente al auto de 10 de junio de los corrientes, \u00abatendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n\u00bb. Ello, en la acci\u00f3n popular que el accionante inco\u00f3 contra Mar\u00eda Cielo Murillo Villada y Leidy Alexandra Duque Berm\u00fadez (rad. 17174-31-12-001-2022-00029). <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 \u00ab(\u2026) la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a quo. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con el Decreto 806 de 2020, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el fallador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026). <\/p>\n
2.- No comparto la providencia, principalmente, porque la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el precursor. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022 que estableci\u00f3 su vigencia permanente, introdujeron una \u00fanica modificaci\u00f3n a la segunda etapa en las que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de resoluciones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez plural natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC10549-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10549-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02336-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}