STC10667-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10667-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 11 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Viviana Ayala Gaviria contra los Juzgados Veinticuatro Civil Municipal y D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida y \u00absalud\u00bb, supuestamente vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Viviana Ayala Gaviria, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Sanitas E.P.S., para que le fuese autorizada de manera prioritaria cita \u00abcon especialista de electrofisiolog\u00eda con el doctor Alberto Jos\u00e9 Negret Salcedo, en angiograf\u00eda de Occidente para el tratamiento de Disautonomia\u00bb, que correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali (Rad. 2022-00201), quien en sentencia del 27 de abril de la presente anualidad concedi\u00f3 el amparo deprecado y en consecuencia le orden\u00f3 a la all\u00ed convocada \u00abrealizar las [gestiones] necesarias para que se le fije una fecha determinada a la se\u00f1ora Viviana Ayala Gaviria, para que esta sea atendida por el especialista en electrofisiolog\u00eda, en la IPS Cl\u00ednica Valle del Lili\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada propuesto por la entidad accionada, el despacho D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, revoc\u00f3 lo resuelto en primera instancia, y en su lugar, neg\u00f3 el resguardo por carencia de objeto por hecho superado, en tanto advirti\u00f3 que la querellante \u00abcuenta actualmente con programaci\u00f3n para el servicio de CONSULTA CON ESPECIALISTA EN ELECTROFISIOLOGIA para el d\u00eda 18 de julio de 2022 a las 3:30 p.m.\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con las resoluciones proferidas al interior del citado tr\u00e1mite constitucional, la libelista promueve el presente mecanismo supralegal, argumentando, en lo fundamental, que las autoridades enjuiciadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, toda vez que \u00abno se hizo un an\u00e1lisis integral de las pruebas aportadas ni las pretensiones invocadas, por lo que las decisiones que all\u00ed se tomaron (\u2026) se fundamentan en que la EPS (\u2026) suministr\u00f3 cita con los especialistas en electrofisiolog\u00eda afiliados a la entidad, y que por esa raz\u00f3n no hab\u00eda vulneraci\u00f3n (\u2026) lo cual resulta incorrecto al contraponerse esto con la realidad\u00bb. Agreg\u00f3 que ha \u00absido valorada por los especialistas de [la] EPS para tratar las diferentes afecciones, [sin embargo], ninguno de ellos cuenta con la experticia y conocimiento necesario para tratar una enfermedad tan singular y fuera de lo com\u00fan como lo es la disautonom\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se declare la nulidad de \u00ablas sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal y por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali solicit\u00f3 rechazar la protecci\u00f3n, pues \u00ab[n]o se ha presentado una indebida valoraci\u00f3n probatoria en el tr\u00e1mite de la segunda instancia porque en la [providencia dictada] por este [estrado], se acredit\u00f3 la programaci\u00f3n del procedimiento requerido por la accionada en la entidad con la cual tiene contrato para tales procedimientos la EPS SANITAS, conllevando la declaraci\u00f3n de hecho superado, pues la cita est\u00e1 programada para el pr\u00f3ximo 18 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. El despacho Veinticuatro Civil Municipal de esa ciudad, aport\u00f3 el expediente digital del asunto censurado. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, dado que la presente tutela se dirige contra las sentencias proferidas en un asunto de similar naturaleza, sin que se acreditara el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales m\u00ednimas que habilitaran su procedencia, m\u00e1xime cuando \u00abla accionante hace uso de ella a completo despecho del escenario de la revisi\u00f3n eventual de la decisi\u00f3n que rebate, obviando que puede acudir directamente ante la Corte Constitucional a reclamar el estudio de la mentada acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la recurrente sin exponer argumentos adicionales de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad; de superarse lo anterior, si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en la salvaguarda que formul\u00f3 la querellante contra Sanitas E.P.S. (Rad. 2022-00201), por cuanto no le concedieron la \u00abatenci\u00f3n por un especialista en electrofisiolog\u00eda con experiencia en el manejo de disautonom\u00eda como lo es el Dr. Negrete Salcedo\u00bb, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
\u00ab (\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el actual ataque lo dirige la actora, para quebrantar las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por los Juzgados Veinticuatro Civil Municipal y D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, el 27 de abril y el 23 de mayo de 2022 respectivamente, en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida por la gestora frente a Sanitas E.P.S. (Rad. 2022-00201), al considerar que tales despachos, incurrieron en v\u00eda de hecho, puesto que no le concedieron la \u00abatenci\u00f3n por un especialista en electrofisiolog\u00eda con experiencia en el manejo de disautonom\u00eda como lo es el Dr. Negrete Salcedo\u00bb. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a una providencia de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, la convocante aun cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa corporaci\u00f3n, a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la improcedencia de la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y (ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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