{"id":66121,"date":"2024-05-20T20:57:16","date_gmt":"2024-05-20T20:57:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc10669-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:57:16","modified_gmt":"2024-05-20T20:57:16","slug":"stc10669-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc10669-2022\/","title":{"rendered":"STC10669 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC10669-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrada &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC10669-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;N\u00b0 11001-02-04-000-2022-00612-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Penal el 3 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de &nbsp;tutela que Tania Yanira D\u00e1vila Austudillo promovi\u00f3 &nbsp;contra el Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administraci\u00f3n &nbsp;de Carrera Judicial-. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho &nbsp;fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la &nbsp;autoridad accionada. &nbsp;<\/p>\n<p>Manifest\u00f3 &nbsp;que, desde el 3 de septiembre de 2021, ocupa en propiedad el cargo de &nbsp;Profesional Universitario Grado 11, adscrito a la Direcci\u00f3n &nbsp;Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1-Cundinamarca. &nbsp;<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 &nbsp;que, atendiendo su condici\u00f3n de \u00abservidor &nbsp;de carrera\u00bb &nbsp;y cumpliendo con los presupuestos contenidos en los art\u00edculos &nbsp;134 numeral 3 y 152 numeral 6 de la ley 270 de 1996, modificada por &nbsp;la ley 771 de 2002 y reglamentados por el Acuerdo PCSJA17-10754 de &nbsp;2017 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el 17 de &nbsp;enero de 2022 radic\u00f3 solicitud de traslado a la Direcci\u00f3n &nbsp;Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Cauca, ante el Consejo &nbsp;Superior de la Judicatura &#8211; Unidad de Administraci\u00f3n de &nbsp;Carrera Judicial, sin embargo, pese a que acredit\u00f3 los &nbsp;requisitos, el 1\u00b0 de febrero de 2022 emiti\u00f3 concepto &nbsp;desfavorable a su petici\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>Explic\u00f3 &nbsp;que el 4 de febrero de 2022 recurri\u00f3 la decisi\u00f3n, &nbsp;sustentando las razones por las cuales cumpl\u00eda con los &nbsp;requisitos para el traslado, sin embargo, mediante resoluci\u00f3n &nbsp;CJR22-0076 de 30 de marzo de 2022, se ratific\u00f3 en su negativa. &nbsp;<\/p>\n<p>Indic\u00f3 &nbsp;que se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, debido a &nbsp;las escasas vacantes para optar por esas seccionales y &nbsp;consecuencialmente, la p\u00e9rdida de oportunidad, que le &nbsp;impedir\u00eda mejorar su calidad de vida, debido a que su lugar de &nbsp;trabajo se encuentra en Bogot\u00e1 y su familia reside en &nbsp;(Buesaco-Nari\u00f1o), pues si bien concurs\u00f3 por una vacante &nbsp;en la ciudad de Bogot\u00e1 hace 12 a\u00f1os, las condiciones de &nbsp;vida cambiaron a la fecha de que el concurso qued\u00f3 en firme &nbsp;para optar por sede. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse &nbsp;ordene a &nbsp;la Unidad de Carrera Judicial revocar el concepto desfavorable de mi &nbsp;traslado ya que cumplo con los mismos requisitos exigidos tanto para &nbsp;el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11, adscrita a la &nbsp;Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n &nbsp;Judicial de Bogot\u00e1-Cundinamarca y Amazonas, \u00c1rea de &nbsp;talento Humano -Asuntos Laborales, y el cargo para el cual solicito &nbsp;traslado en la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n &nbsp;Judicial de Popay\u00e1n (Cauca) (\u2026)\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>RESPUESTA &nbsp;DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de &nbsp;Bogot\u00e1-Cundinamarca, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n &nbsp;de la tutela, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por &nbsp;pasiva. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de &nbsp;Popay\u00e1n refiri\u00f3 que, para el caso concreto se evidencia &nbsp;que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo, toda &nbsp;vez que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa, entre &nbsp;ellos, la acci\u00f3n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, lo &nbsp;anterior, en atenci\u00f3n que la inconformidad de la se\u00f1ora &nbsp;Tania Yanira D\u00e1vila Astudillo radica en los argumentos &nbsp;expuestos en los oficios COJ22-288 de 1\u00ba de febrero de 2022 y &nbsp;CJR22-0076 de 30 de marzo de 2022, proferidos por la Unidad de &nbsp;Carrera Judicial. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Wilson Andr\u00e9s Mu\u00f1oz Mu\u00f1oz, tercero con leg\u00edtimo &nbsp;inter\u00e9s, se\u00f1al\u00f3 la falta de competencia de la &nbsp;Corte Suprema para conocer de la protecci\u00f3n invocada y su &nbsp;improcedencia por carecer del requisito de subsidiariedad. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;SENTENCIA IMPUGNADA &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Sala de Casaci\u00f3n Penal refiri\u00f3 que, si bien, la &nbsp;acci\u00f3n de tutela es improcedente, por cuanto, en principio, no &nbsp;es la v\u00eda indicada para controvertir la legalidad de actos &nbsp;administrativos de contenido particular y concreto, en atenci\u00f3n &nbsp;a que dichas discrepancias deben ser debatidas ante la jurisdicci\u00f3n &nbsp;contenciosa administrativa, &nbsp;lo cierto es que, \u00aben &nbsp;forma excepcional se ha admitido la admisibilidad de la acci\u00f3n &nbsp;de tutela como mecanismo definitivo, ante la evidente amenaza del &nbsp;principio al m\u00e9rito, que es el \u00fanico criterio que debe &nbsp;regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera judicial\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>Luego &nbsp;de efectuar un an\u00e1lisis de los Acuerdos de convocatorias y &nbsp;traslados, cotejados con el caso concreto, concedi\u00f3 la &nbsp;protecci\u00f3n pretendida tras argumentar que \u00abresulta &nbsp;evidente que la decisi\u00f3n de la Unidad de Administraci\u00f3n &nbsp;de Carrera Judicial de emitir concepto desfavorable frente al &nbsp;traslado pretendido por la accionante, sin tomar en cuenta el cargo &nbsp;para el que aspir\u00f3 y en el que se posesion\u00f3 en &nbsp;propiedad, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso &nbsp;administrativo y desconoce el principio del m\u00e9rito y los &nbsp;derechos de carrera\u00bb, &nbsp;y orden\u00f3 &nbsp;a la entidad accionada, dejar sin efecto el concepto desfavorable &nbsp;emitido el pasado 1\u00b0 de febrero de 2022, para que, en su lugar, &nbsp;profiriera uno nuevo conforme a la normativa que regula la materia. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La Directora de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera &nbsp;Judicial, pese allegar la documentaci\u00f3n por la cual dio &nbsp;cumplimiento al fallo de primer grado, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n &nbsp;y afirm\u00f3 que no existe la vulneraci\u00f3n alegada por la &nbsp;solicitante al emitir el concepto desfavorable de traslado, en tanto &nbsp;que, los requisitos y funciones del cargo que desempe\u00f1a y &nbsp;desde el cual solicita el traslado y los del cargo a donde aspira a &nbsp;ser trasladada no &nbsp;son iguales. &nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, &nbsp;se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la tutela al no cumplirse &nbsp;con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que, para atacar &nbsp;actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran &nbsp;amparados por el principio de legalidad, como en este caso, en el &nbsp;cual los actos administrativos que acusa, se encuentran en firme y &nbsp;por tanto, son susceptibles de ser demandados con el medio de control &nbsp;de nulidad y restablecimiento del derecho. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Wilson Andr\u00e9s Mu\u00f1oz Mu\u00f1oz, present\u00f3 &nbsp;impugnaci\u00f3n del fallo, reiterando, la falta de competencia de &nbsp;la Corte para conocer en primera instancia del amparo, pues indic\u00f3 &nbsp;que, si bien, el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 &nbsp;del Decreto 333 de 2021 refiere que las tutelas dirigidas contra el &nbsp;Consejo Superior de la Judicatura ser\u00e1n repartidas en primera &nbsp;instancia a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, tal &nbsp;regla de competencia debe entenderse en el caso en que el accionado o &nbsp;accionados sean los Magistrados del Consejo Superior de la &nbsp;Judicatura, no siendo este el caso, pues se dirige contra la Unidad &nbsp;de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, y trat\u00e1ndose &nbsp;esta de una entidad de orden nacional, su conocimiento en primera &nbsp;instancia corresponde a los Jueces del Circuito (sic). &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Sea lo primero indicar, que esta Corte no advierte la falta de &nbsp;competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para conocer la &nbsp;acci\u00f3n de tutela objeto de estudio, en tanto que, se dirige &nbsp;contra el Consejo Superior de la Judicatura, quien, en esta &nbsp;oportunidad, act\u00faa a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa &nbsp;de Carrera Judicial. &nbsp;<\/p>\n<p>Lo &nbsp;anterior con fundamento en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 numeral 8 &nbsp;del Decreto 333 de 2021, que establece, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab8.Las &nbsp;acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la &nbsp;Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n &nbsp;repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte &nbsp;Suprema de Justicia o al &nbsp;Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, &nbsp;Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con &nbsp;el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2 .2.3.1.2.4 del &nbsp;presente decreto. &nbsp;<\/p>\n<p>Cuando &nbsp;se trate de acciones de tutela presentadas &nbsp;por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o &nbsp;pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, &nbsp;el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo &nbsp;contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela &nbsp;presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan &nbsp;o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso &nbsp;administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la &nbsp;jurisdicci\u00f3n ordinaria. En &nbsp;los dem\u00e1s casos &nbsp;de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las &nbsp;acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de &nbsp;Justicia o el Consejo de Estado\u00bb &nbsp;(Resaltado &nbsp;de la Sala) &nbsp;<\/p>\n<p>Ahora &nbsp;bien, &nbsp;el art\u00edculo &nbsp;11 &nbsp;de la ley 270 de 1996, (modificado &nbsp;por el Art\u00edculo 4 de la Ley 1285 de 2009) &nbsp;se\u00f1ala que, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abLa &nbsp;Rama Judicial del Poder P\u00fablico est\u00e1 constituida por: &nbsp;<\/p>\n<p>I. &nbsp;Los \u00f3rganos que integran las distintas jurisdicciones: &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Corte Suprema de Justicia. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Tribunales Superiores de Distrito Judicial. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de &nbsp;familia, de ejecuci\u00f3n de penas, de peque\u00f1as causas y de &nbsp;competencia m\u00faltiple, y los dem\u00e1s especializados y &nbsp;promiscuos que se creen conforme a la ley; &nbsp;<\/p>\n<p>b) &nbsp;De la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo: &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Consejo de Estado &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Tribunales Administrativos &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Juzgados Administrativos &nbsp;<\/p>\n<p>c) &nbsp;De la Jurisdicci\u00f3n Constitucional: &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Corte Constitucional; &nbsp;<\/p>\n<p>d) &nbsp;De la Jurisdicci\u00f3n de Paz: Jueces de Paz. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;El Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Entonces, &nbsp;conforme a la regulaci\u00f3n normativa prevista en la Ley &nbsp;Estatutaria &nbsp;de la Administraci\u00f3n de Justicia, el &nbsp;Consejo Superior de la Judicatura si &nbsp;bien &nbsp;es un \u00f3rgano que hace parte de la estructura org\u00e1nica &nbsp;de la Rama Judicial, no integra la Jurisdicci\u00f3n ordinaria. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;este sentido, se observa que la accionante, en calidad de empleada de &nbsp;la Rama Judicial, vinculada a la Direcci\u00f3n &nbsp;Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 &nbsp;en el cargo de Profesional Grado 11, promueve la presente acci\u00f3n &nbsp;contra el Consejo Superior de la Judicatura, quien act\u00faa a &nbsp;trav\u00e9s de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera &nbsp;Judicial, por lo que la competencia para su conocimiento en primera &nbsp;instancia, como se dej\u00f3 visto, radica en esta Corporaci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>2. Ahora &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bien, la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;particular -en casos muy excepcionales- siempre que el afectado no &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;utilice como medida transitoria para evitar la ocurrencia de un &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;perjuicio irremediable. &nbsp;<\/p>\n<p>En el &nbsp;\u00faltimo de los nombrados eventos, el referido menoscabo debe &nbsp;consistir en un grave &nbsp;e inminente detrimento de un derecho fundamental que deba ser &nbsp;contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e &nbsp;impostergables &nbsp;para neutralizar, en cuanto sea posible, su quebrantamiento, &nbsp;excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados &nbsp;en el pasado remoto, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir &nbsp;los siguientes criterios, (i) &nbsp;una amenaza actual e inminente, (ii) &nbsp;que se trate de un evento de consideraci\u00f3n; (iii) &nbsp;que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) &nbsp;que las mismas sean inaplazables. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>2. De &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;otra parte, cuando de actos administrativos se trata, la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;jurisprudencia ha se\u00f1alado que la excepcionalidad del recurso &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto no es el &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, pues, por su propia &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;naturaleza, aquellos se encuentran amparados por el principio de la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;legalidad, ya que se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;al momento de manifestarse debe acatar las prerrogativas &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. &nbsp;<\/p>\n<p>De &nbsp;all\u00ed que la legitimidad de un acto administrativo se presuma, &nbsp;obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo, que aquel se &nbsp;apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento &nbsp;jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la &nbsp;Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, y, en este sentido, &nbsp;es claro que la tutela no procede como mecanismo principal salvo que &nbsp;se utilice como medida transitoria para evitar la configuraci\u00f3n &nbsp;de un perjuicio de las caracter\u00edsticas ya mencionadas. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Tania &nbsp;Yanira D\u00e1vila Austudillo acude a la acci\u00f3n de tutela &nbsp;porque el &nbsp;17 de enero de 2022 radic\u00f3 solicitud de traslado ante el &nbsp;Consejo Superior de la Judicatura &#8211; Unidad de Administraci\u00f3n &nbsp;de Carrera Judicial, y pese a que acredit\u00f3 los requisitos, el &nbsp;1\u00b0 de febrero de 2022 emiti\u00f3 concepto desfavorable a su &nbsp;petici\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed las &nbsp;cosas, advierte &nbsp;la Sala la revocatoria de la sentencia constitucional de primera &nbsp;instancia, al no evidenciarse el cumplimiento del requisito de la &nbsp;subsidiariedad, porque &nbsp;tal cuestionamiento debe y &nbsp;puede ventilarse en el escenario que naturalmente le corresponde, &nbsp;esto es, ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a &nbsp;trav\u00e9s de la nulidad y restablecimiento del derecho o el &nbsp;mecanismo que se estime procedente a la luz de la Ley 1437 de 2011, &nbsp;aplicable en virtud de la naturaleza de la decisi\u00f3n &nbsp;reprochada, tr\u00e1mite judicial en el que, adem\u00e1s, puede &nbsp;solicitar el decreto de medidas cautelares para la suspensi\u00f3n &nbsp;del acto que considera ilegal, mientras se resuelve de fondo su &nbsp;petici\u00f3n, sin que sea pertinente pregonar la falta de &nbsp;idoneidad o ineficacia del citado mecanismo contencioso. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;ese sentido, esta Corte ha se\u00f1alado, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(&#8230;) &nbsp;Recu\u00e9rdese &nbsp;que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de &nbsp;legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad &nbsp;\u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso &nbsp;administrativa, para &nbsp;lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene &nbsp;a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y &nbsp;restablecimiento del derecho, &nbsp;que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto &nbsp;que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o &nbsp;en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de &nbsp;las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los &nbsp;profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la &nbsp;improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;STC, 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, &nbsp;reiterada en STC3135, 8 mar. 2017,y, STC 3938-2022 entre muchas &nbsp;otras). &nbsp;<\/p>\n<p>5. Y &nbsp;es que contrario a lo se\u00f1alado por el a &nbsp;quo, &nbsp;en este asunto no se vislumbra alguna circunstancia configurativa de &nbsp;perjuicio irremediable, en tanto que, lo se\u00f1alado por la &nbsp;accionante es que, \u00abimpedir\u00eda &nbsp;mejorar mi calidad de vida debido a que entre mi lugar de trabajo &nbsp;(Bogot\u00e1) y el lugar donde reside mi familia (Buesaco en &nbsp;Nari\u00f1o), distan muchos kil\u00f3metros para poder convivir &nbsp;con ellos, lo que psicol\u00f3gica, moral y afectivamente me &nbsp;afecta\u00bb, &nbsp;sin &nbsp;que ese hecho est\u00e9 acreditado, pues no pasa a ser un mero &nbsp;enunciado, improcedente para acceder a la s\u00faplica tutelar. &nbsp;M\u00edrese bien que en relaci\u00f3n a lo anterior esta &nbsp;Corporaci\u00f3n ha sostenido, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;no obstante que la accionante expresa que la situaci\u00f3n puesta &nbsp;de presente le est\u00e1 ocasionado un perjuicio irremediable, se &nbsp;dilucida que ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, &nbsp;al paso que no prob\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la &nbsp;inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas &nbsp;pretendidas, de cara al medio de defensa que est\u00e1 pendiente de &nbsp;ser desatado\u00bb. &nbsp;(STC2144-2021). En mayor medida porque, \u00ab(\u2026) &nbsp;sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la &nbsp;doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado &nbsp;tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia &nbsp;y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb &nbsp;(CSJ, &nbsp;11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad &nbsp;00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, &nbsp;STC3455-2020 y STC2144-2021). &nbsp;<\/p>\n<p>6. &nbsp;Conforme con lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia de primer &nbsp;grado para en su lugar, declarar improcedente la protecci\u00f3n &nbsp;implorada por Tania &nbsp;Yanira D\u00e1vila Austudillo, al no advertirse el cumplimiento del &nbsp;requisito de la subsidiariedad, sin &nbsp;incursionar &nbsp;en el fondo de la situaci\u00f3n sometida a estudio, porque &nbsp;claramente la inobservancia de la exigencia &nbsp;de &nbsp;forma aludida as\u00ed lo permite. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la &nbsp;Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: &nbsp;<\/p>\n<p>PRIMERO: &nbsp;REVOCAR la &nbsp;sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. &nbsp;<\/p>\n<p>SEGUNDO: &nbsp;DECLARAR IMPROCEDENTE &nbsp;la acci\u00f3n de tutela, ante el incumplimiento del requisito de &nbsp;la subsidiariedad. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>(Ausencia &nbsp;justificada) &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC10669-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp; Magistrada &nbsp;ponente &nbsp; STC10669-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;N\u00b0 11001-02-04-000-2022-00612-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; Decide &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}