STC10673-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10673-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2022-00305-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 21 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Alejandro Mu\u00f1oz Ben\u00edtez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto n\u00b0 2020-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene al despacho encartado \u00abdar respuesta de fondo a la petici\u00f3n elevada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 indic\u00f3 que \u00abal buz\u00f3n del correo electr\u00f3nico (\u2026) no lleg\u00f3 el derecho de petici\u00f3n que aduce el actor, (\u2026) por lo que no hay lugar a endilgar vulneraci\u00f3n alguna por ese Derecho, pese a que haya aportado la constancia de env\u00edo por mensajes de datos, lo cierto es que el correo electr\u00f3nico (\u2026) [del] Juzgado no registra que dicha petici\u00f3n haya sido recibida\u00bb. Sobre dicho aspecto, refiri\u00f3 que \u00abtodos los escritos que s\u00ed han sido recibidos por parte del ac\u00e1 accionante han sido tramitados al interior proceso y resueltos\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abes importante acotar que los derechos de petici\u00f3n no proceden frente a las autoridades judiciales, pues para ello nuestro ordenamiento jur\u00eddico estableci\u00f3 unas normas espec\u00edficas para resolver las solicitudes que se expongan al interior de un proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Henry Gley Garz\u00f3n Londo\u00f1o, en su condici\u00f3n de apoderado de la parte demandante en el ejecutivo, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el escrito del derecho de petici\u00f3n radicado por el aqu\u00ed accionante se concluye que estamos frente a una petici\u00f3n judicial, por lo que para el presente asunto el derecho de petici\u00f3n no es procedente\u00bb. En tal sentido, reliev\u00f3 que para \u00abla petici\u00f3n de declarar nulo el traspaso (\u2026) deber\u00e1 iniciar el accionante otro tipo de proceso y sustentar los motivos por los cuales considera nula dicha escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, al advertir que \u00ab[e]n este sendero no es plausible disponer que el derecho de petici\u00f3n g\u00e9nesis de este ruego sea contestado de fondo, en consideraci\u00f3n a que esa petici\u00f3n resulta improcedente por motivo de que propende por poner en marcha la actividad judicial (\u2026) panorama inaceptable en atenci\u00f3n a que la prerrogativa del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no puede invocarse para lograr un fin judicial, menos cuando la labor del juez en determinado asunto solo puede lograrse mediante la activaci\u00f3n de las herramientas jur\u00eddicas propias de cada juicio\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abotro obst\u00e1culo que impide conceder el amparo es que el gestor no cuenta con legitimaci\u00f3n para atacar la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 23 Superior, dentro del juicio ejecutivo ponderado, esto, por cuanto no fue parte ni tercero interviniente en esa lid\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abla acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, es clara en indicar que se solicita la protecci\u00f3n a lo derecho fundamental [de petici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual] (\u2026) [e]l argumento manifestado (\u2026) para el rechazo de la protecci\u00f3n (\u2026), no guarda relaci\u00f3n con la solicitud del escrito de tutela, pues como ya se indic\u00f3, el objetivo de dicha acci\u00f3n no es poner en marcha la actividad judicial para lograr la nulidad solicitada al juzgado segundo civil del circuito de Fusagasug\u00e1, pues bien puede responder negativamente dicha solicitud\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental denunciada, por no responder la petici\u00f3n elevada por el actor el 23 de mayo de 2022, en la que requiri\u00f3 la \u00abnulidad del levantamiento de la medida cautelar\u00bb en el ejecutivo (Rad. 2020-00032) que se adelanta en el despacho accionado. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento en cuesti\u00f3n encaminado a que \u00ab[s]e declare la nulidad del levantamiento de la medida cautelar (\u2026) [y en] consecuencia (\u2026) el [estrado] declare nulo el acto de traspaso de propiedad\u00bb, tiene v\u00ednculo con el ejecutivo singular radicado n\u00ba 2020-032 que cursa ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el querellante no se encontraba habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que la autoridad tutelada respondiera sobre un asunto propio del tr\u00e1mite judicial en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez ordinario deben ser resueltos a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada no abre camino al amparo deprecado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 la salvaguarda porque resulta improcedente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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