STC10677-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10677-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01224-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Mar\u00eda Beltr\u00e1n Mu\u00f1oz, Marina Ospina Ballesteros, Carlos Julio Castillo, N\u00e9stor Cifuentes Sarmiento, Blanca Mercedes Rubiano de Cifuentes, Sara Mar\u00eda de la Concepci\u00f3n Rubiano de Rey, Jorge Eliecer Urrego Moreno, Joaqu\u00edn Torres Sierra, Nohora Guti\u00e9rrez Guzm\u00e1n, Martha Vilma Guti\u00e9rrez Guzm\u00e1n, Jannette Constanza Guti\u00e9rrez Guzm\u00e1n, Javier Guti\u00e9rrez Guzm\u00e1n y Paulina Guzm\u00e1n de Guzm\u00e1n, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2015-00403. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa, seguridad social y protecci\u00f3n a la vejez, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Para sustentar su queja, manifestaron que Juan Mar\u00eda Beltr\u00e1n Mu\u00f1oz, Carlos Julio Castillo, N\u00e9stor Cifuentes Sarmiento, Jorge Eli\u00e9cer Urrego Moreno, Daniel Sierra Rojas, Joaqu\u00edn Torres Sierra, Ram\u00f3n Guillermo Baquero Hern\u00e1ndez, Hortensia Mendoza de Rubiano, Hermenegildo Guti\u00e9rrez Franco y Pablo Ermencio Guzm\u00e1n Guapo promovieron juicio ordinario laboral contra la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de que se les reanudara a ellos y a sus grupos familiares, el reconocimiento y pago de los beneficios convencionales por extensi\u00f3n que hab\u00edan sido suspendidos, debidamente indexados m\u00e1s los respectivos intereses moratorios y el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales causados. <\/p>\n
Afirmaron que el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 2 de septiembre de 2016 conden\u00f3 a la demandada a restablecerles los derechos que les asist\u00edan por extensi\u00f3n en la misma forma que se ven\u00edan reconociendo al 21 de febrero de 2003 y declar\u00f3 probada parcialmente la prescripci\u00f3n de los derechos generados y no cobrados antes de octubre de 2011, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 7 de febrero de 2017, para en su lugar, absolver a la entidad demandada. <\/p>\n
Inconformes, presentaron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 1 en sentencia SL5253-2021 de 23 de noviembre de 2021 dispuso casar el fallo de segundo grado, y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 condenar a la Naci\u00f3n -Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a restablecerles el auxilio por muerte de pensionados contendido en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1971, y en lo dem\u00e1s, la absolvi\u00f3. <\/p>\n
Explicaron los peticionarios que con esa determinaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al dar una interpretaci\u00f3n no razonable a las convenciones colectivas de trabajo, pues solo reconoci\u00f3 el auxilio funerario como derecho, priv\u00e1ndolos injustificadamente del disfrute de los otros beneficios en materia de salud y educaci\u00f3n, dando as\u00ed una interpretaci\u00f3n perjudicial a los intereses leg\u00edtimos que les asisten y lejana a las directrices constitucionales. <\/p>\n
Resaltaron que si bien, no todo conflicto sobre la aplicaci\u00f3n del derecho a un caso concreto entra\u00f1a un problema de tipo constitucional, este asunto comprende diferentes principios como la seguridad jur\u00eddica y, compromete la importancia de la unificaci\u00f3n de jurisprudencia, teniendo en cuenta la existencia de las diferentes posturas que falladores han asumido en casos similares a este con pensionados del extinto Instituto de Fomento Industrial, como se puede corroborar en las sentencias SL3767-2020 de 21 de septiembre de 2020 y SL032-2022 de 18 de enero de 2022, as\u00ed como en algunos fallos del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por otra parte, afirmaron que se encuentra configurado un defecto f\u00e1ctico en la decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral, pues existen pruebas que no fueron apreciadas, entre ellas, las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales suscritos por el IFI Concesi\u00f3n de Salinas y Sintrasalinas entre 1956 y 1993, el reglamento interno de servicio m\u00e9dico y odontol\u00f3gico a familiares de trabajadores y pensionados vigente a partir del 1\u00ba de enero de 1989, el comunicado recibido el 9 de septiembre de 1998 por el presidente de UPENSALCO en el que se refiere los servicios complementarios de sanidad, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 8 de julio de 1998, la sentencia de 1\u00ba de agosto de 2013 n\u00ba interno 1153-2009 del Consejo de Estado y el pago de becas educativas a las hijas del pensionado Joaqu\u00edn Torres Sierra. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitaron ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dejar sin valor ni efecto la sentencia de casaci\u00f3n SL5253-2021 y que, profiera un nuevo pronunciamiento con observancia de la totalidad de las pruebas aportadas y una correcta interpretaci\u00f3n de las convenciones colectivas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, manifest\u00f3 que el asunto se resolvi\u00f3 conforme a lo demostrado en el proceso y de acuerdo con la normativa que regula el caso, sin incurrir en desconocimiento de las garant\u00edas constitucionales invocadas, ni en defecto sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la sentencia contiene una argumentaci\u00f3n suficiente, por lo que no se puede pretender con la acci\u00f3n de tutela revivir una contienda judicial culminada y en firme, ni volver a reexaminar unas pruebas, so pretexto de alegar unos supuestos derechos adquiriros de orden convencional, los cuales no se configuran y tampoco se dan los presupuestos para concederlos en su totalidad. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que se est\u00e1 desconociendo el requisito de inmediatez, toda vez que la decisi\u00f3n fue proferida el 23 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 el enlace de acceso al expediente del proceso ordinario y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por los actores. <\/p>\n
3. La apoderada judicial de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo manifest\u00f3 que lo pretendido por los accionantes es desconocer cinco a\u00f1os de procedimiento en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, para que, ahora, en una decisi\u00f3n de diez d\u00edas quieran obtener el reconocimiento de los beneficios que, no deben en ning\u00fan caso ser otorgados por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, respecto de Ram\u00f3n Guillermo Baquero Hern\u00e1ndez, Hortensia Mendoza de Rubiano, Hermenegildo Guti\u00e9rrez Franco y Pablo Ermencio Guzm\u00e1n Guapo, argumentando que, si bien la apoderada manifest\u00f3 que fallecieron, lo cierto es que no alleg\u00f3 el correspondiente certificado de defunci\u00f3n que as\u00ed lo acreditara. <\/p>\n
De otro lado, advirti\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela cumple con el presupuesto de inmediatez, toda vez que fue interpuesta el 14 de junio de 2022, es decir 6 meses y 20 d\u00edas despu\u00e9s de proferido el fallo cuestionado, por lo que la misma fue promovida en un t\u00e9rmino prudencial. <\/p>\n
Finalmente, luego de referirse in extenso a los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, indic\u00f3 que los mismos correspond\u00edan a la valoraci\u00f3n efectuada por esa autoridad, bajo el principio de la libre formaci\u00f3n y convencimiento, por lo cual, la decisi\u00f3n era intangible por el sendero de este diligenciamiento. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el criterio de la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no pod\u00eda controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando en manera alguna se percib\u00eda ilegitimo o caprichoso, adem\u00e1s que, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que se pueda convertir en una tercera instancia. En ese orden neg\u00f3 el amparo invocado por Juan Mar\u00eda Beltr\u00e1n Mu\u00f1oz, Carlos Julio Castillo, N\u00e9stor Cifuentes Sarmiento, Jorge Eli\u00e9cer Urrego Moreno, Daniel Sierra Rojas y Joaqu\u00edn Torres Sierra. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por los accionantes resaltando la necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de tutela en este asunto, ya que involucra diferentes principios con rango constitucional y compromete la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia como garant\u00eda de igualdad en el trato jur\u00eddico. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que lo pretendido es que el juez constitucional evidencie la configuraci\u00f3n de los defectos expuestos en el escrito inicial, que guardan relaci\u00f3n con el rechazo del precedente horizontal de las mismas Corporaciones, la interpretaci\u00f3n prejudicial para los intereses leg\u00edtimos de una de las partes y la determinaci\u00f3n de la imposibilidad en el restablecimiento de los beneficios convenciones, basada en premisas sin un adecuado sustento probatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Inicialmente se indica, que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada frente a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa respecto de Ram\u00f3n Guillermo Baquero Hern\u00e1ndez, Hortensia Mendoza de Rubiano, Hermenegildo Guti\u00e9rrez Franco y Pablo Ermencio Guzm\u00e1n Guapo, habida cuenta que no fueron allegados los correspondientes certificados de defunci\u00f3n, ni los documentos que acreditaran el parentesco con los supuestos herederos que ahora acuden a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
3. En el presente asunto, los accionantes cuestionan la sentencia SL5253-2021 de 23 de noviembre de 2021 a trav\u00e9s de la cual la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, conden\u00f3 a la Naci\u00f3n – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a restablecerles el auxilio por muerte de pensionados contendido en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1971. <\/p>\n
La censura de los actores radica, seg\u00fan exponen, en la configuraci\u00f3n de un defecto sustantivo por parte de la Sala convocada, al optar por una interpretaci\u00f3n no acorde con las convenciones colectivas de trabajo, reconociendo solamente el auxilio funerario como derecho, y priv\u00e1ndolos injustificadamente del disfrute de los otros beneficios en materia de salud y educaci\u00f3n, as\u00ed como de un defecto f\u00e1ctico, debido a la falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
4. No obstante, revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL5253-2021, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la aludida decisi\u00f3n, la Sala accionada indic\u00f3 que correspond\u00eda establecer \u00abi) si las convenciones colectivas y laudos arbitrales suscritos entre los a\u00f1os 1958 y 1993, estipularon beneficios convencionales \u00fanicamente para los trabajadores y si los mismos eran aplicables a los pensionados; ii) si el r\u00e9gimen de conservaci\u00f3n prestacional a pensionados establecido en el literal a) del art\u00edculo 15 de la CCT 1978, se halla vigente, pese a que no fue concertado otra vez en las convenciones colectivas posteriores\u00bb. <\/p>\n
Para dirimir el cuestionamiento planteado procedi\u00f3 a analizar si en el laudo arbitral y en las convenciones colectivas de trabajo denunciadas se establecieron beneficios por extensi\u00f3n a los pensionados y a sus grupos familiares. <\/p>\n
En ese orden, comenz\u00f3 por estudiar el contenido del \u00abLaudo arbitral del a\u00f1o 1956\u00bb y determin\u00f3 que el beneficio all\u00ed contemplado, no pod\u00eda considerarse como aquellos de los solicitados en el juicio, y asimismo, revis\u00f3 las diferentes convenciones colectivas de trabajo, evidenciando los desaciertos del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su interpretaci\u00f3n. Al respecto indic\u00f3: <\/p>\n
A modo de colof\u00f3n, se tiene que el juez de segundo grado se equivoc\u00f3 al inferir que solo en la cl\u00e1usula 7 de la CCT 1968 y 11 de la CCT 1970 se establecieron servicios de sanidad a favor de los pensionados o sus familiares, en tanto, como qued\u00f3 visto, tambi\u00e9n se consagraron prerrogativas de esa naturaleza en las siguientes estipulaciones: 7 de la CCT 1958, 14 de la CCT 1960, 15 de la CCT 1962, 14 de la CCT 1966 y 12 de la CCT 1967. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, en materia educativa se consagr\u00f3 un beneficio, consistente en becas seg\u00fan la estipulaci\u00f3n 10 de la CCT 1971; ello sin olvidar que tambi\u00e9n se contaban con prerrogativas de naturaleza econ\u00f3mica, tal como se pact\u00f3 en la cl\u00e1usula 9 de la CCT 1960, modificada por el art\u00edculo 8 de la CCT – 1966, que contempl\u00f3 una prima o mesada adicional en junio, y en la cl\u00e1usula 18 de la CCT 1971 que previ\u00f3 un auxilio por muerte del pensionado. <\/p>\n
Respecto de las anteriores equivocaciones del juez colegiado, desde ya advierte la Sala, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante, que la \u00fanica que lleva al quebrado de la sentencia impugnada de manera parcial es la relacionada con el auxilio de muerte del pensionado contemplado en la cl\u00e1usula 18 de la CCT 1971, por cuanto los dem\u00e1s aspectos finalmente no saldr\u00e1n triunfantes, habida cuenta que por las razones que se expondr\u00e1n no es posible darles prosperidad. <\/p>\n
Posteriormente, procedi\u00f3 a revisar la vigencia de los beneficios extralegales remiti\u00e9ndose a la postura acogida por esa Corporaci\u00f3n sobre el particular y examinando de nuevo las convenciones colectivas, y concluy\u00f3 <\/p>\n
Se acredita que el Tribunal incurri\u00f3 en los dislates enrostrados, al aseverar que los beneficios que se extendieron de los trabajadores activos a los pensionados solo eran los previstos en las cl\u00e1usulas 7 de la CCT 1968 y 11 de la CCT 1970; pues en materia de sanidad tambi\u00e9n se consagraron prerrogativas en las siguientes estipulaciones: 7 de la CCT 1958, 14 de la CCT 1960, 15 de la CCT 1962, 14 de la CCT 1966 y 12 de la CCT 1967; as\u00ed mismo de naturaleza econ\u00f3mica en las cl\u00e1usulas 9 de la CCT 1960, 8 de la CCT 1966 y 18 de la C1971; y educativa en la 10 de la CCT 1971. <\/p>\n
Del mismo modo, se equivoc\u00f3 el ad quem al inferir que los beneficios fueron derogados con la CCT de 1980. <\/p>\n
Sin embargo, consider\u00f3 que lo anterior no comportaba la prosperidad de los ataques frente a la reanudaci\u00f3n de los servicios de sanidad que estaban reclamando los demandantes, ni los beneficios que en materia econ\u00f3mica dispusieron las cl\u00e1usulas 9 de la CCT 1960 y 8 de la CCT 1966, como tampoco el de naturaleza educativa se\u00f1alado en la cl\u00e1usula 10 de la CCT 1971, y, frente a los servicios de sanidad o m\u00e9dicos explic\u00f3, <\/p>\n
Ciertamente, pese a que el esp\u00edritu de los derechos convencionales es proyectarse m\u00e1s all\u00e1 de la existencia jur\u00eddica de las partes suscribientes (CSJ SL5361-2019), ordenar la reactivaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de los servicios de sanidad convencionalmente destinados a los pensionados y su grupo familiar se traducir\u00eda en un imposible jur\u00eddico, dado que estaban condicionados a que fueran prestados en las dependencias de la entidad y por los m\u00e9dicos contratados por ella, tal como se desprende de las cl\u00e1usulas 14 de la CCT 1960 y 15 de la CCT 1962, es decir, depend\u00edan de la existencia de la persona jur\u00eddica empleadora, por lo que los beneficios de sanidad tuvieron vigencia hasta la culminaci\u00f3n del proceso liquidatario del IFI, esto es, al 30 de diciembre de 2009, en los t\u00e9rminos del Decreto 4713 de 2009 (CSJ SL2559-2015). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los beneficios econ\u00f3micos – bonificaci\u00f3n o prima especial, indic\u00f3, <\/p>\n
En lo atinente al beneficio econ\u00f3mico relativo a la bonificaci\u00f3n contemplada en la cl\u00e1usula 9 de la CCT 1960, que dice: \u00abbonificaci\u00f3n en el mes de junio de cada a\u00f1o, en cuant\u00eda igual al 50% del valor de su pensi\u00f3n mensual\u00bb, que fue modificada por la cl\u00e1usula 8 de la CCT 1966, en el siguiente sentido \u00abla prima especial que se reconoce a los pensionados en el mes de junio de cada a\u00f1o, ser\u00e1 equivalente a una mesada de pensi\u00f3n. Este beneficio solo lo percibir\u00e1n quienes disfruten de pensi\u00f3n reconocida u ordenada por las Salinas\u00bb, la Corte encontrar\u00eda prontamente en sede de instancia, y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que opera por ministerio de ley a favor de la entidad demandada, que no resulta posible restablecer tal beneficio. <\/p>\n
Ciertamente, si bien esa bonificaci\u00f3n o prima especial no se encuentra ligada o atada a la existencia del empleador, como si ocurr\u00eda con los beneficios m\u00e9dicos; e incluso le era cancelada a los demandantes, seg\u00fan se desprende de constancia de pagos de n\u00f3mina de pensionados obrante a folios 484 a 493, donde figura que para el mes de junio de 2001, adem\u00e1s del valor de la pensi\u00f3n y de la mesada adicional de la \u00abLey 100\u00bb de 1993, se inclu\u00eda la \u00abPRI EXT\u00bb en valor id\u00e9ntico a la mesada, concepto que tambi\u00e9n se observa sufragado en los meses de junio de 2002, 2003 y 2004 (f.o 605 a 614, 729 a 738 y 850 a 859); lo cierto es que, tal prerrogativa extralegal guarda plena correspondencia con la prevista en el art\u00edculo 142 la Ley 100 de 1993, lo cual torna improcedente o incompatible su reconocimiento. <\/p>\n
Sostuvo que, como los recurrentes estaban percibiendo una mesada adicional en el mes de junio, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, no era posible ordenar que a la par, se cancelara otra igual, aun cuando su origen era extralegal. <\/p>\n
En punto al beneficio educativo – becas, manifest\u00f3 que en el expediente no obraba prueba que diera cuenta que los accionantes ten\u00edan hijos estudiando en bachillerato o universidad, por tanto, no resultaba pertinente imponer su pago. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 al auxilio por muerte del pensionado previsto en la cl\u00e1usula 18 de la CCT 1971, resaltando que el mismo se manten\u00eda vigente y \u00abdado que no est\u00e1 condicionado a la existencia de la empleadora, de llegarse a reunir los presupuestos convencionales para su causaci\u00f3n, ser\u00e1 la entidad aqu\u00ed demandada quien asume las obligaciones de la extinta IFI, quien debe responder por su reconocimiento y pago\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, determin\u00f3 casar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solo en cuanto revoc\u00f3 el fallo de primera instancia que conden\u00f3 a la demandada a restablecer los derechos convencionales que por extensi\u00f3n les asiste a los recurrentes, pero \u00fanicamente frente al auxilio por muerte. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por los accionantes que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que pese a los desaciertos del ad quem en la interpretaci\u00f3n de las convenciones colectivas de trabajo, no resultaba procedente la reanudaci\u00f3n de los beneficios reclamados, espec\u00edficamente aquellos relacionados con los servicios de sanidad, ni los econ\u00f3micos contemplados en las cl\u00e1usulas 9 de la CCT 1960 y 8 de la CCT 1966, como tampoco el de naturaleza educativa estipulado en la cl\u00e1usula 10 de la CCT 1971, conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 luego de estudiar en detalle el contenido de los acuerdos colectivos, las pruebas obrantes en el expediente y la particularidad de cada caso. <\/p>\n
Por tanto, las divergencias exteriorizadas por los solicitantes a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acudan al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
6. Ahora bien, referente al defecto f\u00e1ctico alegado por lo demandantes, dada la supuesta falta de valoraci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente, sus cuestionamientos no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de las providencias reprochadas pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10677-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC10677-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01224-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}