STC10679-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10679-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 21 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Restaurante Bar La Casa de la Paella Ltda., en liquidaci\u00f3n, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 Dian y citadas las partes e intervinientes en el proceso rad. no. 2007-00094. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, igualdad y trabajo vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que adelant\u00f3 proceso declarativo contra Fabio Miranda Mendoza, el que finaliz\u00f3 con sentencia favorable a sus intereses, por lo que solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n y la pr\u00e1ctica de una medida cautelar, consistente en el embargo de la cuota de parte de un inmueble ubicado en Bucaramanga, de la que aquel es propietario. <\/p>\n
Explic\u00f3, que previo requerimiento del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian inform\u00f3 que la demandante se encontraba en mora de pagar deudas tributarias. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que tambi\u00e9n adeuda a sus exempleados salarios y prestaciones sociales, debido a la crisis econ\u00f3mica que la oblig\u00f3 a cerrar el negocio de restaurante bar al p\u00fablico, situaci\u00f3n que fue puesta en conocimiento del Juzgado accionado, resaltando que, conforme al art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, tales deudas tienen prelaci\u00f3n sobre las de la Dian. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que present\u00f3 un contrato de cesi\u00f3n de una parte del cr\u00e9dito en favor de su apoderado judicial, correspondiente a honorarios causados por la gesti\u00f3n del proceso, acto que fue rechazado por el Juzgado de conocimiento, \u00abaduciendo la misma causa con la que se rechaz\u00f3 a los cr\u00e9ditos laborales\u00bb (sic). <\/p>\n
2. Sostuvo que como el Juzgado mencionado no tuvo en cuenta la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos consagrada en la norma referida, ni acept\u00f3 la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito mencionada, desconoci\u00f3 los derechos fundamentales que reclama, as\u00ed como los de su abogado y los de los extrabajadores al ser privados del pago de sus prestaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link del expediente en cuesti\u00f3n, inform\u00f3 que tuvo bajo su conocimiento el proceso ejecutivo 2007-00094 iniciado por Restaurante Bar La Casa de la Paella Ltda., en liquidaci\u00f3n, contra Fabio Miranda Mendoza, litigio que se dio por terminado en providencia de 23 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en auto separado de esa misma fecha, se rechaz\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos celebrada entre la ejecutante y su abogado, toda vez que la citada empresa tiene una deuda fiscal ante la Dian, la que goza de prelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, decisi\u00f3n que se encuentra ejecutoriada debido a que no se formularon los recursos que proced\u00edan, lo que permite evidenciar que no se cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, por los mismos hechos y pretensiones, el abogado ya hab\u00eda presentado otra acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de varias personas, bajo rad. no. 2022-001223 conocida por la el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, remiti\u00f3 un informe en el que dio cuenta de un proceso de cobro coactivo en contra de la sociedad accionante, por obligaciones fiscales que ascienden a $1.153\u00b4165.000. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, si el Juzgado accionado determin\u00f3 que el dinero cautelado deb\u00eda ponerse a disposici\u00f3n de esa entidad, es porque ning\u00fan otro acreedor con mejor derecho se hizo parte en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida, para lo cual, abord\u00f3 el estudio de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la que no hall\u00f3 satisfecha, toda vez que el abogado que present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela a nombre del Restaurante Bar La Casa de la Paella Ltda., en liquidaci\u00f3n no aport\u00f3 el poder que lo facultara para hacerlo en representaci\u00f3n de la accionante y de los dem\u00e1s interesados, ni efectu\u00f3 la manifestaci\u00f3n concerniente a la agencia oficiosa. <\/p>\n
De igual manera, sostuvo que la providencia por la cual se rechaz\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos aducida no fue controvertida o impugnada, lo atinente a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos fue resuelto por auto de 6 de abril de 2021, y no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez, por cuanto las decisiones cuestionadas son de noviembre de 2020 y abril de 2021, en tanto que la demanda constitucional se radic\u00f3 el 15 de julio de 2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Las razones que tuvo el accionante para impugnar la anterior determinaci\u00f3n, se concretaron a que s\u00ed le fue conferido por parte de la sociedad accionante poder para representarla judicialmente en este tr\u00e1mite constitucional, el cual aporta para corroborar su afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a la presentaci\u00f3n tard\u00eda de la acci\u00f3n de tutela, manifest\u00f3 que \u00abno conozco ley que limite en el tiempo la presentaci\u00f3n de las tutelas, que por la naturaleza de cada una de ellas, no procede el requisito de la inmediatez y considero que esta es una de ellas\u00bb (sic), y, adem\u00e1s, consider\u00f3 que la formalidad no puede estar en contra de la ley sustancial, menos cuando es evidente el quebranto de los derechos fundamentales de los trabajadores que tiene prelaci\u00f3n sobre las dem\u00e1s acreencias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa declarada en la sentencia constitucional impugnada, encuentra la Sala que dicha inconsistencia fue corregida en el tr\u00e1mite de segunda instancia, con la aportaci\u00f3n del poder conferido por el representante legal de la sociedad Restaurante Bar La Casa de la Paella Ltda., en Liquidaci\u00f3n, al abogado para interponer la demanda constitucional que se examina. <\/p>\n
2. Superado lo anterior, y de la revisi\u00f3n de la queja y los soportes allegados, considera la Sala que el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Es evidente que los inconformismos expuestos en esta acci\u00f3n de tutela, son id\u00e9nticos a los alegados en pasada ocasi\u00f3n, que fueron resueltos negativamente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, como Juez constitucional en sentencia de 22 de junio de 2022, los que se concretaron a cuestionar las providencias proferidas el 23 de noviembre de 2020 y 6 de abril de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela No. 2022-01223. <\/p>\n
En la sentencia referida, la citada Corporaci\u00f3n enfatiz\u00f3 en que la protecci\u00f3n constitucional suplicada no era viable, en la medida que, <\/p>\n
\u00ablos promotores no son sujetos procesales dentro del asunto ni presentaron solicitudes en el tr\u00e1mite, aspecto que les impide protestar contras las decisiones cuestionadas como vulneradoras de derechos fundamentales proferidas el 23 de noviembre de 2020 (\u2026) por tanto, si el abogado se considera afectado debi\u00f3 promover los recursos ordinarios previstos por la ley procesal al interior del proceso ejecutivo, hecho que no sucedi\u00f3, seg\u00fan lo confirma la respuesta dada a la tutela por el juez constitucional o debi\u00f3 interponer la tutela en nombre propio (\u2026) adem\u00e1s tampoco se podr\u00eda abordar de fondo el estudio del asunto por cuanto no se cumple con el requisito de inmediatez, pues el acto lesivo corresponde a las decisiones proferidas el 23 de noviembre de 2020, es decir, han transcurrido 18 meses desde que emitieron, t\u00e9rmino que supera ampliamente el prudente y razonable dispuesto por la jurisprudencia -6 meses- para la protecci\u00f3n del derecho transgredido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reclamos alegados frente a la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque ya fueron resueltos en el amparo que viene de citarse, sin que se encuentren circunstancias que impongan un nuevo pronunciamiento en esta sede, m\u00e1xime cuando la sentencia de tutela de primera instancia de 22 de junio de 2022 no fue impugnada, y el expediente se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional el 14 de julio y fue radicada en esa Corporaci\u00f3n con el N. T8899456. <\/p>\n
Se reitera, que la censura efectuada frente a las actuaciones del Juzgado accionado, ya hab\u00eda sido puesta en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, sin dejar de lado que el abogado que en uno y otro caso representa a los accionantes, es quien act\u00faa en el proceso ejecutivo como apoderado judicial de la empresa demandante, siendo aplicable, por tanto, lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone, \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2.2 Aunado a lo anterior, debe tenerse presente, que ante una posible irregularidad de los jueces de tutela al proferir sus fallos, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, la cual, por lo dem\u00e1s, omiti\u00f3 interponer el abogado accionante, el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992) (Ver CSJ. STC8012-2021, STC15452-2021 y STC2109-2022, entre otras). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que, el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada y el reclamo constitucional, no puede superar los seis meses, con el objeto de que el amparo no pierda su raz\u00f3n de ser (Ver CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316- 00, reiterada en STC del 27 octubre 2011, exp. 2011-02245-00, STC6331-2022 y STC6747-2022 entre otras). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, y en consideraci\u00f3n a que en esta queja se discute lo resuelto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en las decisiones adoptadas el 23 de noviembre de 2020 y 6 de abril de 2021 proferidas en el proceso ejecutivo de rad. no. 2007-00094, se destaca que se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable del que se viene hablando, ya que la demanda constitucional se radic\u00f3 el 15 de julio de 2022, es decir, veinte y quince meses despu\u00e9s de emitidas las actuaciones atacadas, respectivamente. <\/p>\n
3. S\u00f3lo para ahondar en razones, se\u00f1ala la Sala, que la accionante para controvertir las decisiones reprochadas, previo a acudir a este instrumento excepcional cont\u00f3 con los medios ordinarios de defensa establecidos por el legislador, si se tiene en cuenta que, por una parte, contra los autos de 23 de noviembre de 2020 y 6 de abril de 2021, este \u00faltimo por el cual se neg\u00f3 la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos referida, proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y, subsidiario de apelaci\u00f3n, para que el Juzgado accionado volviera sobre sus decisiones y en cada caso resolviera si las revocaba o manten\u00eda, de los que no hizo uso, y por la otra, frente al fallo de tutela proferido el 22 de junio de 2022 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, proced\u00eda la impugnaci\u00f3n, que tampoco fue propuesta. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n tutela, los reproches formulados tampoco pueden salir avante, ante el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad por la presencia de otros mecanismos para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los que los leg\u00edtimos interesados no hicieron uso, ya que esta acci\u00f3n extraordinaria impone el agotamiento previo de todos medios de impugnaci\u00f3n pertinentes (Ver CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01 y, STC5390-2022 entre muchos). <\/p>\n
4. Finalmente, y en cuanto a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los exempleados de la empresa accionante, por la presunta prelaci\u00f3n de sus acreencias laborales sobre las tributarias a favor de la Dian, con cargo al Restaurante Bar La Casa de la Paella Ltda., en Liquidaci\u00f3n, cumple decir que como esas personas, por lo dem\u00e1s indeterminadas, no concurrieron a este asunto como accionantes o intervinientes, ning\u00fan an\u00e1lisis puede emprenderse, puesto que, seg\u00fan el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, es el directamente interesado, afectado, vulnerado o amenazado quien debe promover el amparo, sin que del mandato judicial aportado se aprecie que el abogado contaba con la facultad para representarlos en esta causa. <\/p>\n
5. Las razones expuestas se consideran suficientes para confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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