STC10680-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC10680-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01097-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Liliana Pe\u00f1a Osorio contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n SA, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2014-00255. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, \u00abestabilidad laboral reforzada de persona en condici\u00f3n de discapacidad o disminuci\u00f3n f\u00edsica\u00bb, igualdad, as\u00ed como a los principios de legalidad y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Como sustento de su reproche, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Protecci\u00f3n SA, con el fin de que se declarara la terminaci\u00f3n unilateral e injusta del contrato de trabajo por parte de la empresa demandada y, sin que hubiera realizado los aportes al sistema de seguridad social, adem\u00e1s, solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n prevista en el inciso 2 del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y lo que resultare probado ultra y extra petita. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 9 de junio de 2016 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y orden\u00f3 su reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad y conden\u00f3 a Protecci\u00f3n SA, al pago de la indemnizaci\u00f3n reclamada por la suma de $13.788.000; determinaci\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n, modific\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 28 de febrero de 2017, en el sentido de ajustar el valor de la indemnizaci\u00f3n en $20.852.526. <\/p>\n
Inconforme, la sociedad Protecci\u00f3n SA, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b01 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con sentencia SL3387-2021 de 3 de agosto de 2021, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, revoc\u00f3 los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12 de la decisi\u00f3n proferida por el a quo, para en su lugar, declarar que Sandra Liliana Pe\u00f1a Osorio no gozaba de estabilidad y protecci\u00f3n laboral reforzada a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, absolviendo a la demandada de todas las pretensiones derivadas del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3. <\/p>\n
En sentir de la reclamante, la Sala accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al desconocer la jurisprudencia imperante de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada, entre otras, las sentencias T-504 de 2008; T-269 de 2010; T-467 de 2010; T-447 de 2013; T-018 de 2013; T-217 de 2014, SU-049 de 2017 y SU380 de 2021. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que el 12 de noviembre de 2021 el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Cali profiri\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase y orden\u00f3 liquidar las costas procesales, y el 17 de enero de 2022 radic\u00f3 memorial requiriendo la aclaraci\u00f3n de la operaci\u00f3n liquidatoria de las costas y agencias en derecho, gestiones que solicit\u00f3 tener en cuenta al momento de estudiar el requisito de inmediatez, pues seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 \u00abtoda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar\u00bb. (Subrayas de la accionante). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL3387-2021 y, en su lugar, ordenar a la Sala accionada que profiera una decisi\u00f3n ajustada a derecho, teniendo presente las consideraciones legales y jurisprudenciales que motivaron los fallos de instancias, declarando la ineficacia del despido, ordenando el reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad y accediendo a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b01 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n y manifest\u00f3 que se ajust\u00f3 al criterio vertido entre otras, en las sentencias CSJ SL de 28 de agosto de 2012 radicado 39207 reiterada en la SCJ SL14134-2015, SL10538-2016 y en las SL5163-2017, SL11411-2014, SL4609-2020, SL1360-2018, SL592-2021, precedentes que, seg\u00fan dispone la Ley 1781 de 2016 esa Sala de Descongesti\u00f3n se encuentra obligada a seguir. <\/p>\n
Sostuvo que el hecho de no haber sido favorable la decisi\u00f3n a los intereses de la accionante no significa que se hubiera incurrido en el error jur\u00eddico acusado, ni tampoco que la Sala hubiera desconocido los precedentes jurisprudenciales. Igualmente, advirti\u00f3 que la tutela fue instaurada despu\u00e9s de m\u00e1s de 9 meses de proferida la providencia atacada, desconociendo as\u00ed el principio de inmediatez. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito remiti\u00f3 el link de acceso al expediente contentivo del proceso ordinario y manifest\u00f3 estarse a lo resuelto por esta Corporaci\u00f3n, en tanto que la acci\u00f3n no se dirige frente a las actuaciones de ese Despacho. <\/p>\n
3. La Representante Legal Judicial de Protecci\u00f3n SA solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por parte de esa entidad y destac\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, tras encontrar razonables los argumentos de la Sala accionada en el fallo de casaci\u00f3n, puesto que los mismos, estaban debidamente fundamentados en los hechos probados y las normas legales aplicables, lo cual descartaba la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante reiterando los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que el fallador constitucional de primer grado se\u00f1al\u00f3 equivocadamente que los razonamientos del fallo estuvieron fundamentados en los hechos probados y las normas aplicables. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial <\/p>\n
2. En el presente asunto, Sandra Liliana Pe\u00f1a Osorio cuestiona la sentencia SL3387-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, declar\u00f3 que no gozaba de estabilidad y protecci\u00f3n laboral reforzada a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, absolviendo as\u00ed a la demandada de todas las pretensiones derivadas del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en el desconocimiento del precedente constitucional en que incurri\u00f3 esa Corporaci\u00f3n, en especial las sentencias T-504 de 2008; T-269 de 2010; T-467 de 2010; T-447 de 2013; T-018 de 2013; T-217 de 2014, SU-049 de 2017 y SU380 de 2021, que desarrollan el tema de la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
Igualmente, se evidencia que la se\u00f1ora Pe\u00f1a Osorio tampoco acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional, tardanza que descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad accionada, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Ahora bien, seg\u00fan lo manifestado por la impugnante, el requisito de la inmediatez se encuentra superado, habida cuenta que el Juzgador de primera instancia el 12 de noviembre de 2021 profiri\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase y orden\u00f3 liquidar las costas procesales, y el 17 de enero de 2022 radic\u00f3 memorial requiriendo la aclaraci\u00f3n de la operaci\u00f3n liquidataria, sin embargo, resulta importante destacar que para efectos procesales, se debe tener en cuenta la fecha de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n objeto de reproche, que en este caso, seg\u00fan se constat\u00f3 en la p\u00e1gina de consulta de procesos de la Rama Judicial, fue el 12 de agosto de 2021 por edicto. <\/p>\n
4. Con todo, si se efectuara una flexibilizaci\u00f3n al referido presupuesto temporal, la solicitud de amparo tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, pues analizada la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral luego de efectuar un an\u00e1lisis a las pruebas acusadas como err\u00f3neamente apreciadas sostuvo, <\/p>\n
el sentenciador de segundo grado s\u00ed se equivoc\u00f3 y de manera evidente, al predicar que el despido oper\u00f3 cuando la actora se encontraba protegida por el fuero de salud previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, pues, se insiste, para el 27 de abril de 2012, ni siquiera se le hab\u00eda concedido una incapacidad m\u00e9dica, pues esta se le otorg\u00f3 solo tres d\u00edas despu\u00e9s; y, mucho menos, pod\u00eda calificarse de persona en condici\u00f3n de discapacidad, en tanto apenas presentaba un leve dolor, que, en sus propios t\u00e9rminos, no ameritaba \u00abnada\u00bb. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que del incidente que luego fue reportado como accidente laboral, no hubo el m\u00e1s m\u00ednimo registro el d\u00eda 27 de abril de 2012. T\u00e9ngase en cuenta que la informaci\u00f3n que la colaboradora dio a su jefe sobre el particular, fue a solicitud de este, como lo encontr\u00f3 probado el Ministerio de Trabajo a trav\u00e9s de la coordinadora del grupo de prevenci\u00f3n, inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Direcci\u00f3n Territorial del Valle del Cauca (E), al revocar el acto administrativo por medio del cual se hab\u00eda impuesto multa a la demandada por la supuesta transgresi\u00f3n a la ley. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con esa postura el fallador de segundo grado, incurri\u00f3 en la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, al omitir que para la tipificaci\u00f3n de la figura de la estabilidad laboral reforzada era necesario acreditar como supuestos: i) que se trate de personas con p\u00e9rdida de capacidad laboral; ii) que el hecho sea conocido por el empleador; y iii) que la ruptura contractual obedezca a la limitaci\u00f3n f\u00edsica o cognitiva del trabajador. <\/p>\n
En ese sentido, agreg\u00f3: <\/p>\n
En efecto, aun cuando la aqu\u00ed demandada tuvo conocimiento del incidente que sufri\u00f3 la actora el mismo d\u00eda en que ello ocurri\u00f3, suceso que coincidi\u00f3 con el \u00faltimo de labores, para la Sala es evidente que la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo no puede imputarse al estado de salud de la extrabajadora, pues para esa fecha la accionante, se repite, no contaba con ninguna calificaci\u00f3n que la pudiera ubicar con un porcentaje de discapacidad moderado, severo o profundo y ni siquiera estaba incapacitada. <\/p>\n
Por consiguiente, no se configuraban las circunstancias exigidas legalmente para decir que la demandante hab\u00eda perdido su capacidad laboral, pues la prueba analizada da cuenta de que a favor de la extrabajadora se extendi\u00f3 una incapacidad despu\u00e9s de haber terminado el v\u00ednculo laboral, pero no aparece medio de convicci\u00f3n alguno del que se pueda inferir que la actora era sujeta de especial protecci\u00f3n para ese momento, dado que no hab\u00eda la calificaci\u00f3n de una discapacidad, ni siquiera estaba incapacitada, es m\u00e1s, el \u00faltimo d\u00eda de labores cumpli\u00f3 a cabalidad con todas las funciones del cargo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que igualmente hab\u00eda errado el Tribunal al exigir a la empresa empleadora que deb\u00eda contar con autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo para desvincular a la trabajadora, por cuanto no se daban las condiciones legales para ello y tampoco pod\u00eda censurarle no haber suspendido la decisi\u00f3n que previamente hab\u00eda adoptado de prescindir de los servicios. <\/p>\n
As\u00ed concluy\u00f3 que la decisi\u00f3n deb\u00eda quebrarse en ese aspecto puntual, al evidenciarse que el ad quem err\u00f3 al dar por demostrado, sin estarlo, que el despido se surti\u00f3 cuando la demandante padec\u00eda una limitaci\u00f3n que la amparaba con el fuero de salud. <\/p>\n
En sede de instancia, dispuso revocar los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, y 12 de la sentencia proferida por el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Cali el 9 de junio de 2016 para, en su lugar, declarar que la demandante no gozaba de estabilidad y protecci\u00f3n laboral reforzada a la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo y, por tanto, la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral realizada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 64 del CST surti\u00f3 plenos efectos, en ese orden, absolvi\u00f3 a la demandada Protecci\u00f3n S A de todas las pretensiones concernientes a la protecci\u00f3n derivada del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por Sandra Liliana Pe\u00f1a Osorio y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de casaci\u00f3n Laboral soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Permanente aplicable al caso concreto, encontrando que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali incurri\u00f3 en la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Por tanto, las divergencias exteriorizadas por la solicitante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC 1212-2022, entre muchas). <\/p>\n
6. Ahora bien, referente al presunto desconocimiento del precedente constitucional alegado por la actora, entre otras, las sentencias T-504 de 2008; T-269 de 2010; T-467 de 2010; T-447 de 2013; T-018 de 2013; T-217 de 2014, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en asuntos similares, ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00ablas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. Por tanto, los fallos que la Corte Constitucional emita en sede de tutela, por regla general tienen efectos respecto a las partes involucradas en el tr\u00e1mite, es decir, inter partes, de modo que no es procedente que la regla en ella definida se aplique a terceros\u00bb. (SL4609-2020). <\/p>\n
En punto a las sentencias SU-049 de 2017 y SU380 de 2021, se advierte que si bien la Corte Constitucional tiene establecido que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, dicha postura no ha sido acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sin que ello revele una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, prevaleciendo el principio de autonom\u00eda judicial que impide al juez de tutela inmiscuirse en asuntos como el debatido, especialmente cuando la decisi\u00f3n estuvo fundamentada en la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, la cual no pod\u00eda ser desconocida por la accionada. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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