STC10682-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10682-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00837-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de julio de 20221, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jhon Alexander Rivera G\u00f3mez contra la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio y en su calidad de representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Sintracolpen, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de petici\u00f3n, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. Hugo Daniel Pulido Parra present\u00f3 tutela contra Sintracolpen (rad. n.\u00ba 2021-00403), cuyo conocimiento correspondi\u00f3, en primera instancia, al Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, con la cual se pretendi\u00f3 la realizaci\u00f3n de una asamblea general de asociados. <\/p>\n
2.3. En ese orden, al dirimir conjuntamente dichos libelos, el estrado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1 despach\u00f3 desfavorablemente las pretensiones. Sin embargo, al resolver la impugnaci\u00f3n, el Juzgado Once Civil del Circuito de esa localidad revoc\u00f3 el fallo, para, en su lugar, conceder el petitum y ordenar al sindicato que, en 48 horas, realizara la convocatoria de la asamblea general de asociados. <\/p>\n
2.4. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que no ha podido acatar la orden impartida, por lo que se han adelantado m\u00faltiples incidentes de desacato, en tanto que, el 31 de mayo de 2022, elev\u00f3 petici\u00f3n ante la Secretar\u00eda de la Corte Constitucional, para que se suspendieran los efectos de la enunciada resoluci\u00f3n de tutela, as\u00ed como las sanciones impuestas en su contra; pero este requerimiento no fue atendido por el \u00f3rgano de cierre constitucional, ya que la respuesta dada \u00abno fue clara, expresa, concreta y de fondo\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos fundamentos, pidi\u00f3, en compendio, que \u00abse ordene a la accionada Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional que en un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, entregar una respuesta de amera (sic) clara, expresa, concreta y de fondo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Municipal de Peque\u00f1as Causas Laborales de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones del proceso a su cargo y aclar\u00f3 que \u00aben comunicaci\u00f3n de fecha 7 de julio de 2021, se remiti\u00f3 a este Juzgado la decisi\u00f3n emitida por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, adiada 2 de julio del mismo a\u00f1o, en donde se dirimi\u00f3 el conflicto suscitado y se asign\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n constitucional al Juzgado 12 Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Doce Civil Municipal de Oralidad de esa ciudad adujo que, ante el incumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas, los all\u00ed convocantes han adelantado seis (6) incidentes de desacato, en los cuales se ha sancionado al aqu\u00ed promotor con multa y arresto. El \u00faltimo de ellos, actualmente, se encuentra en curso. <\/p>\n
3. La Presidencia de la Corte Constitucional compareci\u00f3 al sub-ex\u00e1mine precisando que \u00abla Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n respondi\u00f3 a la petici\u00f3n del accionante, dentro de la oportunidad legal, realizando una explicaci\u00f3n clara sobre el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n que se surte en torno a las acciones de tutela y advirtiendo que el expediente sobre el cual recae la petici\u00f3n fue excluido de revisi\u00f3n, por consiguiente, fue devuelto al despacho judicial de origen desde el 7 de marzo de 2022, en este caso, al Juzgado Doce Municipal de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abla solicitud del accionante no es una manifestaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, toda vez que no contiene una petici\u00f3n de car\u00e1cter administrativo. Lo que en realidad procura el accionante, es que se d\u00e9 tr\u00e1mite a la solicitud de revisi\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, al pretender se suspendan los efectos de lo ordenado en el fallo de segunda instancia dentro del marco de un expediente de tutela a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra las sentencias proferidas el 11 de junio y 9 de julio de 2021, por el Juzgado Doce Civil Municipal de esta ciudad, dentro de las acciones constitucionales radicadas bajo los n\u00fameros 11001400301220210040301 y 111001410501220210036700 [esta \u00faltima acumulada a la primera], interpuestas por los ciudadanos Hugo Daniel Pulido Parra y William Humberto Rodr\u00edguez Garz\u00f3n contra el Sindicato de Trabajadores de Colpensiones – SINTRACOLPEN, as\u00ed como de las sendas consultas a las sanciones impuestas por desacato a la sentencia emitida por este Juzgado el 19 de julio de 2021, a trav\u00e9s del cual se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por los referidos accionantes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, como a quo constitucional, deneg\u00f3 el resguardo, porque \u00abcomo bien lo destac\u00f3 la Corte Constitucional, de manera oportuna respondi\u00f3 a la postulaci\u00f3n del demandante, indic\u00e1ndole con la suficiente claridad y detalle, que el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n de un tr\u00e1mite constitucional y la forma c\u00f3mo se notifica el auto que resuelve sobre la selecci\u00f3n o exclusi\u00f3n de los procesos de tutela, procedimiento que se traduce en una respuesta efectiva a cualquier solicitud de revisi\u00f3n, por lo que es obligaci\u00f3n del usuario estar atento de las resultas de proceso, informaci\u00f3n que, adem\u00e1s, se introduce en los datos del expediente y los que arroja el buscador de la secretar\u00eda general, que igualmente puede ser consultado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reliev\u00f3 que \u00abadicional a ello, le inform\u00f3 que el expediente de tutela, radicado el 13 de septiembre de 2021, fue excluido de revisi\u00f3n en auto del 29 de octubre de 2021, notificado por estado el 17 de noviembre siguiente y devuelto a la oficina de origen el 7 de marzo de 2022 y, agreg\u00f3 que el proceso en referencia no fue objeto de insistencia y por tanto la competencia de la Corte Constitucional concluy\u00f3\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n del actor, por, supuestamente, no responder de forma clara, precisa y de fondo la solicitud que aquel formul\u00f3, en procura de que se dejaran sin efectos las decisiones dictadas en la tutela que se instaur\u00f3 en su contra, en su calidad de representante legal de Sintracolpen. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
2.1. En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo), en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; y 20 mar. 2000, rad. 4867, reiterada, en otras, en STC2408-2019, 28 feb.) <\/p>\n
En igual sentido, se enfatiza en que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul.). <\/p>\n
2.2. Conforme a lo indicado, la Sala precisa que cuando el contenido y prop\u00f3sito de la petici\u00f3n involucran aspectos propios de un tr\u00e1mite procesal, se aviene claramente improcedente su reclamo por esta senda excepcional, como es el caso del escrito que el convocante present\u00f3 el 31 de mayo de 2022 ante la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, lo que se solicit\u00f3 a trav\u00e9s del referido memorial, fue puntualmente (i) \u00absuspender los efectos de la sentencia proferida por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (\u2026), [y] como consecuencia de lo anterior, exhortar a [la citada autoridad] para que ordene al accionado Sintracolpen entregar un informe t\u00e9cnico con el fin de manifestar la hora, d\u00eda y modo de realizaci\u00f3n de la Asamblea Ordinaria\u00bb y (ii) \u00abdeclarar sin efectos los diferentes incidentes de desacato impetrados en contra del suscrito, como tambi\u00e9n las multas y \u00f3rdenes de arresto\u00bb; aspectos que, ciertamente, corresponden a actuaciones jurisdiccionales. <\/p>\n
De manera que, requerimientos de ese tenor no es posible asimilarlos a la garant\u00eda del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ni con los presupuestos jurisprudenciales y normativos que la reglamentan, por lo que, en esa medida, no es viable atribuirle a la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional omisi\u00f3n alguna respecto al pedimento aludido por el gestor. <\/p>\n
2.3. No obstante, pese a la prenotada inviabilidad, precisa la Sala que, con oficio PET-SGT-1239\/22 de la misma fecha, la corporaci\u00f3n denunciada dio respuesta de fondo al libelista, indic\u00e1ndole, que \u00abel tr\u00e1mite eventual de revisi\u00f3n que se surte con los procesos de acci\u00f3n de tutela ante la Corte Constitucional es de car\u00e1cter jurisdiccional, y se tramita conforme a las reglas especiales procesales aplicables (Decreto 2591 de 1991, C\u00f3digo General del Proceso, Decreto 1069 de 2015 y Acuerdo 02 de 2015 y sus modificaciones) y no por las reglas generales del derecho de petici\u00f3n, propias de las actuaciones meramente administrativas (Ley 1437 de 2011 sustituida parcialmente por la Ley 1755 de 2015)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la citada misiva se le aclar\u00f3 al censor que \u00abel expediente de tutela de la referencia fue radicado el 13 de septiembre de 2021 excluido de revisi\u00f3n por auto de 29 de octubre de 2021 notificado por estado el 17 de noviembre de 2021 y devuelto al despacho judicial de origen desde el 7 de marzo de 2022 (Juzgado 12 civil municipal de Bogot\u00e1)\u00bb, aunado a que \u00abel expediente de la referencia no fue objeto de insistencia por parte de ninguno de los Magistrados de la Corte Constitucional, ni por el Procurador General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 57 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional), raz\u00f3n por la cual, la competencia de la Corte Constitucional concluy\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la salvaguarda \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb, precepto reafirmado por el canon 6 del Decreto 2591 de 1991, de acuerdo con el cual \u00abno proceder\u00e1: [c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb; de manera que, si las personas tienen a su alcance mecanismos regulares de protecci\u00f3n o los mismos hayan sido instaurados y est\u00e9n siguiendo su curso normal, a ellos se debe atener previo a acudir ante el juez de amparo. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, no obstante la improcedencia de los derechos de petici\u00f3n en asuntos judiciales, seg\u00fan se explic\u00f3, es menester verificar la viabilidad de la queja que subyace en relaci\u00f3n con la \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb de las sanciones impuestas en el curso de los m\u00faltiples incidentes de desacato que se han promovido contra el gestor, en su calidad de representante legal de Sintracolpen, con ocasi\u00f3n de la inobservancia de los mandatos impartidos por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al desatar la impugnaci\u00f3n de los rads. n.\u00ba 2021-00403 y 2021-00367 (acumulados). <\/p>\n
En ese sentido, se le pone de presente al interesado que, con independencia de que las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n hayan sido adoptadas en primera o segunda instancia, tiene la posibilidad de acudir directamente ante el a quo constitucional, esto es, el estrado Doce Civil Municipal de esa ciudad, para exponer los puntuales requerimientos que alleg\u00f3 a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, teniendo en cuenta que, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo, no es posible arrogarse la competencia del funcionario cognoscente. <\/p>\n
Conforme con ello, se recalca, si el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 los cauces procesales pertinentes para que el afectado pueda ventilar sus inconformidades, no le es dado al juez de tutela inmiscuirse en una cuesti\u00f3n que, en principio, cuenta con un tr\u00e1mite espec\u00edfico para su invocaci\u00f3n \u2013solicitud de inaplicaci\u00f3n\u2013, lo cual en definitiva deviene en la improcedencia de esta acci\u00f3n; ya que, se itera, aquella no est\u00e1 concebida como sustitutiva de los medios de defensa establecidos por la ley, o para anticiparse a las decisiones que le compete dictar a otra autoridad. <\/p>\n
4.1. Se ratificar\u00e1 la inviabilidad de la salvaguarda, dada la improcedencia de formular el derecho petici\u00f3n en procura de la resoluci\u00f3n de cuestiones estrictamente judiciales. <\/p>\n
4.2. Sumado a ello, la presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la rige, ya que el tutelante tiene a su disposici\u00f3n otros medios de defensa para plantear, en debida forma, sus puntuales requerimientos, ante el estrado cognoscente del amparo que se inici\u00f3 en su contra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho solo hasta el pasado 4 de agosto de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10682-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10682-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00837-01 (Aprobado en Sala de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66134","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66134"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66134\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}