STC10683-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02613-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jairo Guti\u00e9rrez Infante contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado de Familia de Funza, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la liquidaci\u00f3n adicional de sociedad conyugal 2019-00958. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abal principio de la supremac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y de los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado de Familia de Funza se adelantaron los procesos de divorcio (2015-00428) y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal (2016-00404) promovidos por Dora Edith G\u00e1lvez Guti\u00e9rrez contra Jairo Guti\u00e9rrez Infante, que finalizaron mediante sentencias de 13 de abril y 3 de noviembre de 2016, respectivamente. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, G\u00e1lvez Guti\u00e9rrez formul\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n adicional (2019-00958), a trav\u00e9s de la cual solicit\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de la sociedad Tubular Running & Rental y Aval\u00faos S.R.L., con domicilio principal en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia). <\/p>\n
2.3. Ante el silencio del convocado, con auto de 21 de septiembre de 2020 se aprob\u00f3 el inventario y aval\u00fao presentado por la promotora, orden\u00e1ndose la respectiva partici\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El trabajo partitivo fue objetado por Guti\u00e9rrez Infante; sin embargo, sus reparos fueron declarados infundados por el despacho cognoscente mediante sentencia de 9 de febrero del a\u00f1o en curso a trav\u00e9s de la cual lo aval\u00f3. <\/p>\n
2.5. Contra tal determinaci\u00f3n el demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 15 de julio. <\/p>\n
3. El gestor acusa la incursi\u00f3n, por parte de las autoridades cognoscentes, en defectos \u00abprocedimental y sustancial [sic]\u00bb, en tanto \u00abel tr\u00e1mite procesal que se adelant\u00f3 estuvo basado en errores interpretativos de la norma procesal que conllev\u00f3 a la falta de estudio de fondo de la parte sustancial referente a las objeciones que se adelantaron frente al inventario y aval\u00faos de la partici\u00f3n adicional\u2026 las cuales derrumbaban sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer yerro advierte que la c\u00e9lula judicial de primer grado \u00abpretermiti\u00f3 el postulado consagrado por el numeral 4 del art\u00edculo 518 y el art\u00edculo 514 de la legislaci\u00f3n procesal civil. As\u00ed mismo, las providencias\u2026 que se profirieron con posterioridad\u2026 desconocieron arbitraria y caprichosamente tal mandato\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, sostiene, el fallador a quo debi\u00f3 \u00abcitar a diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb; no obstante, \u00ab[le] bast\u00f3 [con] la presentaci\u00f3n de la demanda para adicionar la partici\u00f3n\u00bb inicial que se hab\u00eda realizado de com\u00fan acuerdo entre los exc\u00f3nyuges, con lo que le cercen\u00f3 \u00abel derecho de defensa, pues\u2026 podr\u00eda haber objetado los inventarios presentados por el actor y el estudio sustancial hubiere sin duda, hubiere provocado un pronunciamiento que repugna a los que hoy se relevan equivocados\u00bb. <\/p>\n
En torno al defecto material, luego de reiterar que la sociedad conyugal se hab\u00eda liquidado de forma consensuada, lo que -en su criterio- dio lugar a la renuncia voluntaria a gananciales por parte de la demandante, resalta que, tanto el despacho fallador como la colegiatura ad quem, \u00abdejaron de lado\u00bb y pretermitieron la aplicaci\u00f3n \u00abde los art\u00edculos 1775, 1837 [y] 1838\u00bb del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los c\u00e1nones \u00ab1502, 1503, 1625 numeral 3\u00ba, entre otros llamados a regular sustancialmente, la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse dejen sin efecto las providencias proferidas\u2026 dentro del proceso \u20262019-00958\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez de Familia de Funza, luego de rememorar las principales actuaciones adelantadas, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo en tanto \u00abal proceso objeto de debate\u2026 se le ha impartido el tr\u00e1mite formal que corresponde, acatando el debido proceso y el derecho de defensa y contradicci\u00f3n a cada uno de los interesados, adem\u00e1s se aplica[ron] las normas de derecho sustancial atinente al caso y no [se] evidencia violaci\u00f3n alguna a prerrogativas fundamentales como lo alude el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La corporaci\u00f3n convocada se limit\u00f3 a remitir copia del prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
3. Un abogado que dijo \u00abrepresentar\u00bb a Dora Edith G\u00e1lvez Guti\u00e9rrez en el proceso que origina la presente queja1 se opuso a la prosperidad del resguardo en tanto \u00abes otro intento desesperado de revivir una actuaci\u00f3n procesal que bajo ninguna circunstancia tiene asidero jur\u00eddico\u00bb, dado que las decisiones cuestionadas, son producto de la inactividad del actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Cundinamarca vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante, al interior de la liquidaci\u00f3n adicional de sociedad conyugal 2019-00958 en el que es demandado, con la expedici\u00f3n del fallo del pasado 15 de julio a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la sentencia de 9 de febrero anterior en la que el Juzgado de Familia de Funza resolvi\u00f3 desfavorablemente las objeciones por \u00e9l formuladas frente al trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil Familia de la aludida corporaci\u00f3n, en tanto fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en la sentencia del 15 de julio del a\u00f1o en curso, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura accionada, luego de hacer un breve recuento de los antecedentes procesales, de los cuales reliev\u00f3 el silencio del quejoso frente a los inventarios presentados por la all\u00ed demandante, lo cual dio lugar a su aprobaci\u00f3n y posterior partici\u00f3n, identific\u00f3 los reparos formulados por el censor, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el enjuiciado considera desentonada la partici\u00f3n con fundamento en que involucr\u00f3 un bien que (i) no fue justificado, (ii) que no fue avaluado y (iii) que no pertenece a la sociedad conyugal, cuyo recurso tambi\u00e9n apunta a que aquel activo no puede adjudicarse porque la accionante renunci\u00f3 a gananciales en el inicial debate de liquidaci\u00f3n, frente a lo cual arguye que convergi\u00f3 la cosa juzgada material. <\/p>\n
En esas condiciones, los planteamientos del apelante tienen como prop\u00f3sito excluir el ente societario inventariado, no por nada se duele de su existencia, de la ausencia de justiprecio y de que no puede adjudicarse como producto de que la promotora supuestamente dimiti\u00f3 de sus gananciales en el primer litigi\u00f3 que liquid\u00f3 su sociedad conyugal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, al abordar la resoluci\u00f3n de dichos cuestionamientos, advirti\u00f3 que el recurso adolec\u00eda de un enfoque adecuado que le restaba eficacia para \u00abderrocar o si quiera poner en tela de juicio el acto partitivo prohijado en el veredicto apelado\u00bb en tanto el apelante \u00abomiti\u00f3 reprender las conclusiones que guarnecen la labor particional, habida cuenta de que en ninguno de sus apartes refiri\u00f3 que el partidor infringi\u00f3 las reglas de distribuci\u00f3n compiladas en el art\u00edculo 1394 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la apelaci\u00f3n no consagra una adecuada t\u00e9cnica procesal en la medida en que no se orient\u00f3 a reprender o criticar los t\u00e9rminos en que fue dise\u00f1ado el trabajo de partici\u00f3n, sobre lo cual, a no dudarlo, debi\u00f3 circundar la alzada por motivo de que el veredicto recurrido \u00fanicamente aprob\u00f3 la forma en la que se distribuy\u00f3 el ente societario inventariado, mas no abarc\u00f3 los aspectos que hoy debate el accionado. <\/p>\n
(\u2026) la problem\u00e1tica que hoy propone el inconforme es disonante comoquiera que procura por disentir de un aspecto que no fue abordado en la providencia combatida, si se tiene que ese veredicto no se ocup\u00f3 de aprobar la inclusi\u00f3n del activo implicado, de donde es inviable evaluar los planteamientos del apelante, tanto m\u00e1s cuando la inclusi\u00f3n y existencia de la sociedad comentada es asunto que se encuentra en arca sellada en tanto que el juez aprob\u00f3 esos particulares mediante el auto de 21 de septiembre de 2020 (\u2026)\u00bb (Resaltado propio de la Sala) <\/p>\n
Frente a la censura relativa al presunto desconocimiento de la cosa juzgada, se\u00f1al\u00f3 que dicho fen\u00f3meno no converg\u00eda dado que \u00abeste nuevo litigio no circunda sobre los mismos activos\u00bb al tiempo que, por as\u00ed autorizarlo el art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso, esta nueva actuaci\u00f3n \u00abpuede proponerse por mandato legal cuando se presenta un bien dejado de inventariar\u00bb; canon del que, adem\u00e1s, resalt\u00f3 las consecuencias procesales atribuidas al silencio de la parte convocada a un juicio liquidatorio, en la etapa procesal pertinente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el legislador en trat\u00e1ndose [sic] de inventarios adicionales ide\u00f3 un \u00fanico espacio para objetar la resistencia y cuantificaci\u00f3n de los activos, a saber, una fase de traslado que comprende un espacio temporal definido, como tambi\u00e9n la ley se ocup\u00f3 de establecer que el silencio del enjuiciado provoca la inclusi\u00f3n definitiva de lo inventariado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, rememor\u00f3 que frente a la inclusi\u00f3n del activo denunciado en este nuevo litigio y sobre el que recay\u00f3 la censura del impugnante, no se formul\u00f3 objeci\u00f3n alguna en la oportunidad consagrada en la disposici\u00f3n legal arriba indicada de all\u00ed que \u00abse encuentr[e] en una urna lacrada, en consideraci\u00f3n a que la agregaci\u00f3n de ese bien fue prohijada en pret\u00e9rita oportunidad y como producto de la actitud silente del encausado (\u2026)\u00bb, por ello, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el demandado pretende por recuperar la oportunidad que derroch\u00f3 en la etapa del art\u00edculo 502 citado, anhelo que es inadmisible porque la fase de objeci\u00f3n de la agregaci\u00f3n, existencia o estimaci\u00f3n del ente societario precluy\u00f3 en el traslado gobernado en aquella norma, de donde se sigue que en esta instancia no es permitido reabrir un debate que feneci\u00f3 con basta antelaci\u00f3n y como secuela de que el convocado permaneci\u00f3 inane, tanto m\u00e1s cuando la partici\u00f3n, que fue lo prohijado en la sentencia apelada, no puede fustigarse con situaciones que debieron invocarse con anterioridad, pues, seg\u00fan la jurisprudencia nacional, \u201cson ajenas a la partici\u00f3n, las objeciones y los recursos, las cuestiones que debieran ser debatidas en la etapa del inventario y aval\u00fao o que si\u00e9ndolas fueron decididas en oportunidad, sin el reparo exigido por la Ley \u201c, CS de 10 de mayo de 1989 (\u2026)\u00bb (Subraya la Sala) <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
Finalmente, frente a una solicitud invalidatoria, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es plausible gestionar o verificar la nulidad insinuada en el escrito de apelaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que esa invalidez confronta la actividad judicial impartida en la primera instancia y de contera debi\u00f3 proponerse en la oficina de primer grado, m\u00e1xime cuando la actividad judicial reprendida no es fuente de nulidad constitucional, pues as\u00ed lo dispuso la Sala de Casaci\u00f3n Civil en la sentencia de 18 de noviembre de 2014 (\u2026) <\/p>\n
Sin perjuicio de lo dicho, hay que precisar que el acto de partici\u00f3n consulta las reglas de distribuci\u00f3n y equidad contempladas en el 1394 [sic] del C\u00f3digo Civil, como adem\u00e1s enalteci\u00f3 la [sic] prohijado en la fase de inventarios y aval\u00faos; son as\u00ed las cosas porque esa partici\u00f3n circund\u00f3 en el \u00fanico activo adicional agregado en la primera fase mediante auto y, adem\u00e1s, porque las acciones del ente societario que al parecer corresponden a la sociedad conyugal fueron distribuidas en partes iguales a los intervinientes, de donde no se observa desventaja de ninguna \u00edndole, debi\u00e9ndose advertir que, tanto la existencia como las acciones del ente societario, se encuentran demostradas con la matr\u00edcula mercantil militante en el expediente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que se sustenta en las disposiciones legales y jurisprudencia pertinentes, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el gestor del resguardo se\u00f1ala los que, en su sentir, son \u00abdefectos\u00bb del juzgador ad quem en el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de este por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No adjunt\u00f3 poder especial para intervenir en este tr\u00e1mite constitucional, que le fuera otorgado por la persona a favor de quien dice actuar en el proceso ordinario. <\/p>\n
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STC10683-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10683-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02613-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jairo Guti\u00e9rrez Infante contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}