STC10686-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10686-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00990-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Antonio Molina Castro contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2016-00085. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, el peticionario invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, vida en condiciones dignas y \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Para sustentar su queja, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la sociedad comercial Diateco SAS y solidariamente contra Mansarovar Energy Colombia Ltd., con el fin de que se declarara la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por encontrarse en situaci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada, y, en consecuencia, se ordenara su reintegro y se condenara a la demandada al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n por despido injusto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 mediante sentencia de 16 de abril de 2018 absolvi\u00f3 a las demandadas, determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 24 de mayo de 2018, para en su lugar, condenar a Diateco SAS al reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad en materia de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social, e igualmente la conden\u00f3 a pagarle $14.834.700 correspondientes a la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Inconforme, la sociedad Diateco SAS interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con sentencia SL670-2022 de 28 de febrero de 2022, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n proferida por el a quo el 16 de abril de 2018. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el reclamante que la autoridad accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional referente al derecho a la estabilidad laboral reforzada, al limitarlo y reducirlo al porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral, as\u00ed como a la prohibici\u00f3n de despedir a una persona que presente alguna limitaci\u00f3n o discapacidad f\u00edsica, ratificada en la sentencia SU049-2017. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, la debilidad manifiesta del empleado tambi\u00e9n se desprende de aquellos trabajadores que se encuentren en dicha situaci\u00f3n, pese a que no exista un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que al haberse acreditado, entre otros, la ocurrencia de un accidente de trabajo y m\u00faltiples afectaciones en su salud durante la ejecuci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral y, que en la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo se se\u00f1al\u00f3 como causal de terminaci\u00f3n el numeral 15 del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo por encontrase incapacitado durante m\u00e1s de 180 d\u00edas, se demostr\u00f3 suficientemente que su empleadora incurri\u00f3 en una circunstancia discriminatoria, m\u00e1xime cuando no contaba con la autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo para finalizar en debida forma la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 revocar la sentencia de casaci\u00f3n proferida el 28 de febrero de 2022 y, en su lugar, condenar a la empresa Diateco SAS a su reintegro definitivo, por haber sido despedido con ocasi\u00f3n a su estado de debilidad manifiesta y fuero de estabilidad laboral reforzada, as\u00ed como al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones reclamadas en la demanda inicial. <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 comparti\u00f3 el enlace de acceso a la audiencia de juzgamiento realizada por ese Despacho en el proceso cuestionado e inform\u00f3 la imposibilidad de remitir material adicional, toda vez que el expediente f\u00edsico se encontraba en esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Mansarovar Energy Colombia Ltd. a trav\u00e9s de su representante legal solicit\u00f3 negar el amparo, argumentando que en el presente caso no se evidenciaba una causal general o especifica que determinara que la acci\u00f3n de tutela deb\u00eda prosperar excepcionalmente contra una providencia judicial ya ejecutoriada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo pretendido porque al analizar el contenido de la decisi\u00f3n cuestionada contrast\u00e1ndola con la normativa aplicable y la jurisprudencia alusiva al tema concreto, concluy\u00f3 que la misma se encontraba ajustada a los par\u00e1metros desarrollados por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral respecto de las limitaciones para activar la protecci\u00f3n legal del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, los cuales fueron desatendidos por el demandante. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 adem\u00e1s, al presunto desconocimiento del precedente constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada para las personas en situaci\u00f3n de discapacidad que alegaba el accionante y al respecto se\u00f1al\u00f3 que el trabajador que est\u00e9 dentro del supuesto de hecho de la norma, posee una calidad que le impide a su empleador despedirlo, no obstante, sostuvo que esa regla admite excepciones, pues si bien el Ministerio de Trabajo puede autorizar la desvinculaci\u00f3n del trabajador que est\u00e9 bajo esas condiciones, tal situaci\u00f3n no es en todo momento obligatoria, ya que si el empleador logra acreditar una justa causa no es necesario contar con la aprobaci\u00f3n de dicha entidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante quien cuestion\u00f3 la falta de estudio del caso por parte del juez de tutela de primera instancia, bajo los par\u00e1metros fijados en el precedente marcado por la Corte Constitucional respecto de la interpretaci\u00f3n, alcance y aplicaci\u00f3n del derecho a la estabilidad laboral reforzada, siendo esa la causa que dio lugar a la presente solicitud de amparo. Afirm\u00f3 que contrario a ello, se apeg\u00f3 a las consideraciones del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral, sin realizar ning\u00fan tipo de examen constitucional a la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, reiter\u00f3 los argumentos esgrimidos en el escrito inicial, en especial el desconocimiento del precedente constitucional y la sentencia SU049-2017 en relaci\u00f3n a la aplicabilidad del fuero a la salud. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Corte que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Carlos Antonio Molina Castro cuestiona la sentencia SL670-2022 proferida el 28 de febrero por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 de 16 de abril de 2018 que neg\u00f3 las pretensiones formuladas en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra Diateco SAS. <\/p>\n
3. Analizados los reparos que fundamentan la inconformidad del actor, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, como quiera que la sentencia que desat\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en un criterio razonable producto de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral preliminarmente realiz\u00f3 un compendio de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, sobre la protecci\u00f3n legal y constitucional de las personas en condici\u00f3n de debilidad manifiesta por afectaciones en su salud, as\u00ed como de los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 para la procedencia de la protecci\u00f3n y la justa causa estipulada en el numeral 15, literal a) del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo -por incapacidad del trabajador mayor a 180 d\u00edas-. <\/p>\n
En seguida, procedi\u00f3 a estudiar el caso concreto, y estableci\u00f3, que no hac\u00edan parte de la discusi\u00f3n en el proceso, \u00abla ocurrencia del accidente de trabajo, sus secuelas y las patolog\u00edas del trabajador, as\u00ed como tampoco que tuvo varias incapacidades y que, de todo esto, era conocedor el empleador, as\u00ed como que no existi\u00f3 calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral y que el empleador termin\u00f3 el contrato de trabajo alegando como justa causa la incapacidad superior a los 180 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que para el estudio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, resultaba trascedente que para el momento del despido, el empleador contara con el conocimiento pleno de las existencias de unas condiciones de funcionalidad diversa del trabajador que dieran lugar a la protecci\u00f3n legal de estabilidad laboral forzada, circunstancia que para el caso de Carlos Antonio Molina Castro no se logr\u00f3, habida cuenta que no existi\u00f3 una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 15%, y explic\u00f3, <\/p>\n
Sobre este aspecto, el Tribunal se equivoc\u00f3 al valorar las citadas circunstancias que rodearon el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral, que adem\u00e1s son concordantes con el espectro de protecci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y las cargas legales que los empleadores tienen respecto de aquella normativa, en la medida en que, no basta con que el trabajador tenga dificultades m\u00e9dicas que puedan conducir con posterioridad a una p\u00e9rdida de capacidad laboral, sino que se requiere la acreditaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de aquel para imponer las obligaciones patronales. <\/p>\n
Luego, lo que verdaderamente no fue demostrado por el demandante, fue la condici\u00f3n de capacidad diversa o discapacidad, que era su responsabilidad probatoria para el momento del despido y tras ello, el conocimiento del empleador. <\/p>\n
Ciertamente, los diagn\u00f3sticos e incapacidades m\u00e9dicas, no permiten considerar que efectivamente el trabajador se hallaba para el momento de su desvinculaci\u00f3n en un escenario de insuperables \u00abbarreras\u00bb que pudieren \u00ab[\u2026] impedir su participaci\u00f3n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s\u00bb en los t\u00e9rminos en los que hoy lo tiene previsto la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por la Ley 1346 de 2009; el art\u00edculo 2 de la Ley 1618 de 2013 y en el art\u00edculo 4 de la Ley 1752 de 2015 modificatoria del art\u00edculo 3 de la Ley 1482 de 2011. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que en el caso del demandante la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 15% no se dio, en tanto no se logr\u00f3 acreditar el grado de afectaci\u00f3n en la salud al menos en el car\u00e1cter de moderada, pese a que la empresa conoc\u00eda la existencia de las incapacidades. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que solo en ese escenario, se pod\u00eda entender que Carlos Antonio Molina Castro estaba amparado por la protecci\u00f3n consagrada en el canon 26 de la Ley 361 de 1997, evento en el cual, s\u00ed trasladar\u00eda la carga de la prueba a la sociedad empleadora, para demostrar que hubo una causa objetiva en la desvinculaci\u00f3n o que existi\u00f3 autorizaci\u00f3n por parte del Ministerio de Trabajo cuando la situaci\u00f3n del trabajador resulta incompatible con la labor desempe\u00f1ada, en ausencia de posibilidades de reubicarlo. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que, \u00ab si bien se ha condicionado el uso de la justa causa consagrada en el numeral 15, literal a) del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, para el caso en concreto, el trabajador no era sujeto de protecci\u00f3n al no contar con la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, as\u00ed como tambi\u00e9n es cierto que la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo se dio con anterioridad a la emisi\u00f3n de la sentencia CC C-200 de 2019 que declar\u00f3 exequible este art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, concluy\u00f3 que no se encontraba demostrado que el demandante tuviera una condici\u00f3n que supusiera activar en su favor la protecci\u00f3n estipulada en el articulo 26 de la Ley 361 de 19971, en tanto, determin\u00f3 la prosperidad del cargo y resolvi\u00f3 casar la sentencia de 24 de mayo de 2018 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad de 16 de abril de 2018. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por Carlos Antonio Molina Castro, teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia proferida por esa Corporaci\u00f3n aplicable al caso concreto, encontrando que no fueron acreditados los presupuestos se\u00f1alados en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 para acceder favorablemente a la garant\u00eda reclama por el demandante, pues si bien la justa causa invocada para la terminaci\u00f3n del contrato fue la contemplada en el numeral 15 literal a) del articulo 62 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en el caso concreto, el se\u00f1or Molina Castro no era sujeto de protecci\u00f3n al no contar con la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por el solicitante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una nueva instancia inexistente en el ordenamiento procesal, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al presunto desconocimiento del precedente constitucional alegado por el accionante, se advierte que si bien la Corte Constitucional tiene dicho que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, dicha postura tal y como se evidenci\u00f3 en el fallo cuestionado no ha sido acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sin que ello indique una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
En tanto, esa Corporaci\u00f3n mantiene el criterio de que esa garant\u00eda no se otorga con el solo quebrantamiento de la salud o por encontrarse el trabajador en incapacidad m\u00e9dica, pues debe acreditarse la limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral con el car\u00e1cter de moderada, esto es, igual o superior al 15 %, postura que resulta respetable por esta Sala atendiendo el principio de autonom\u00eda de los jueces judiciales, m\u00e1xime cuando el demandante no realiz\u00f3 r\u00e9plica alguna a los cargos formulados por la sociedad en el recurso extraordinario, escenario en el cual pudo haber expuesto lo se\u00f1alado por el \u00f3rgano Constitucional en su jurisprudencia y as\u00ed obtener un pronunciamiento de la Sala accionada frente a ese particular. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002\u201cArt\u00edculo 26. No discriminaci\u00f3n a persona en situaci\u00f3n de discapacidad. En ning\u00fan caso la discapacidad de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona limitada en situaci\u00f3n de discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren\u201d. <\/p>\n
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