STC10693-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10693-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00992-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de abril de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Helda Lugo Gil contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abvida digna [y] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por las enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luz Helda Lugo Gil instaur\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones, en procura de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Jos\u00e9 Alberto Garc\u00eda Cifuentes (q.e.p.d.), puesto que ambos convivieron \u00aben uni\u00f3n marital de hecho, bajo el mismo techo y de manera permanente desde el a\u00f1o 1969 hasta el 16 de abril de 1989, fecha [del] deceso\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9, que concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la all\u00ed demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, revoc\u00f3 lo resuelto en primera instancia, toda vez que \u00abla accionante no cumpl\u00eda los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 55 de la Ley 90 de 1946 para ser beneficiaria de la prestaci\u00f3n [deprecada]\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la aqu\u00ed gestora, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abno existi\u00f3 equivocaci\u00f3n del colegiado al dar por acreditado que el causante estaba casado, y que, por ende, \u00e9sta no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la censora, incurrieron en defecto f\u00e1ctico \u00aben raz\u00f3n al indebido estudio y valor probatorio que se le da a un hecho nuevo dentro del proceso, [estado civil que ten\u00eda el fallecido] que requiere de una solemnidad para ser demostrado y sin cumplir los rituales que legalmente y constitucionalmente deben aplicarse fueron base para la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene a las convocadas \u00abemitir una nueva sentencia donde se reconozca la Pensi\u00f3n de Sobrevivientes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 expuso que \u00abel proceso (\u2026) en el que funge como demandante la se\u00f1ora LUZ HELDA LUGO GIL, fue recibido el d\u00eda 16 de abril del a\u00f1o en curso en la secretar\u00eda de esta corporaci\u00f3n, procedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral H. Corte Suprema de Justicia una vez resuelto con [determinaci\u00f3n] de fecha 2 de marzo de 2021 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de fecha 12 de julio de 2017, encontr\u00e1ndose actualmente al despacho para lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
Del fallo de primera instancia, se extractan las siguientes contestaciones: <\/p>\n
2. La magistrada ponente de la providencia confutada, solicit\u00f3 \u00abdesestimar la acci\u00f3n deprecada, al advertir que la accionante pretende reabrir un debate sobre cuestiones probatorias agotadas ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablos cuestionamientos tra\u00eddos ante el juez constitucional relativos al registro civil del causante no fueron alegados al interior del proceso laboral, actuaci\u00f3n en la que record\u00f3, incluso, que la demandante admiti\u00f3 de manera libre y espont\u00e1nea, la existencia del v\u00ednculo matrimonial, por lo que, resultaba innecesario insistir en prueba documental solemne sobre un supuesto que no era cuestionado por nadie\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, indic\u00f3 que \u00abla parte interesada pretende imponer su criterio respecto de la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en un proceso judicial en el que cont\u00f3 con todas las garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
4. Colpensiones, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo alegado en la presente actuaci\u00f3n ya hab\u00eda sido objeto de estudio por el juez ordinario, y por ende debe declararse improcedente la solicitud de amparo ante la existencia de cosa juzgada y por la inexistencia de vicio, defecto o vulneraci\u00f3n a la parte demandante por parte de las autoridades que conocieron el proceso laboral\u00bb. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., manifest\u00f3 que \u00abverificados los aplicativos de la entidad, no encontr\u00f3 que el extinto ISS ni ese Patrimonio fueran parte o se hubieran vinculado al proceso ordinario laboral instaurado por la accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla decisi\u00f3n (\u2026) es razonable y se encuentra debidamente fundamentada, tanto en las normas que gobiernan la materia como en la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la misma Corporaci\u00f3n. En consecuencia, no se configura ning\u00fan vicio o defecto espec\u00edfico de la tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[f]rente al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, lo aportado al expediente constitucional no acredita que la interesada haya sido discriminada por las (\u2026) accionadas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que, \u00ab[i]ndebida interpretaci\u00f3n hace la Sala cuando se refiere a la Sentencia SL4477- 2020, al desconocer que el supuesto matrimonio, en primera medida, no se acredit\u00f3 su existencia al momento de la muerte del causante, lo que genera una duda que debe resolverse a favor de la accionante por no estar demostrado que ese presunto v\u00ednculo matrimonial hubiera perdurado en el tiempo y; como segunda medida, el hecho materia de prueba ad substantiam actus no fue acepada por la parte contraria, que para el presente caso ser\u00eda Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ordinario laboral promovido por la gestora (SL864-2021 rad. 79696), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 12 de julio de 2017 y 2 de marzo de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, es decir, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que, \u00abno existi\u00f3 equivocaci\u00f3n del colegiado al dar por acreditado que el causante estaba casado, y que, por ende, [la aqu\u00ed libelista] no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el cargo \u00fanico, formulado por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del \u00abart\u00edculo 18 de la Ley 92 de 1938; incisos 1\u00b0 y 2\u00b0 del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 2 de la Ley 333 de 1973; Decreto Reglamentario 690 de 1974; art\u00edculos 47 literal a), 50, 74 literal a), 142, 143, 144, 151 de la Ley 100 de 1993, 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 12 de 1975, 174, 175, 176, 177, 183, 194, 195, 197, 232, 258, 248, 250, 304, 305, 307, 311 del CPC; 1\u00b0, 16, 18, 19, 21 del CST y 4\u00b0, 5\u00b0, 6\u00b0, 29, 48, 53, 83 y 91 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Sala determinar si el juez plural incurri\u00f3 en error de derecho al dar por acreditado el estado civil del causante, con base en lo confesado por la demandante en su interrogatorio de parte\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente indic\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que Jos\u00e9 Alberto Cifuentes Garc\u00eda falleci\u00f3 el 16 de abril de 1989; ii) que dej\u00f3 cotizado un total de 440 semanas, por lo que se cumple el requisito previsto en el Acuerdo 019 de 1983 para dejar causada la pensi\u00f3n de sobrevivientes; iii) que convivi\u00f3 con la demandante durante al menos 20 a\u00f1os hasta la fecha de su deceso y tuvieron tres hijos y que iv) la actora admiti\u00f3 que el causante estaba casado durante el tiempo en que convivi\u00f3 con ella\u00bb. <\/p>\n
Sobre como demostrar el estado civil de las personas, la Corporaci\u00f3n encartada precis\u00f3 que \u00abse requiere de prueba solemne, por lo que no existe libertad probatoria, sino que se hace necesario aportar el correspondiente registro civil\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, explic\u00f3 que \u00ablos matrimonios celebrados a partir de la vigencia de la Ley 92 de 1938 y hasta el 5 de agosto de 1970, se acreditan con el registro civil (prueba principal) o con las actas eclesi\u00e1sticas (prueba supletoria); y los realizados con posterioridad a dicha data, \u00fanicamente con el registro civil (CSJ SL16792-2015). Sin embargo, la situaci\u00f3n anterior admite una salvedad, la cual tiene lugar cuando el hecho objeto de prueba solemne, en este caso el matrimonio, no es controvertido en juicio y, por el contrario, es admitido por las partes; por esto, resulta innecesario allegar el documento establecido por la ley para su demostraci\u00f3n\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que \u00aben el presente asunto el estado civil del causante no fue objeto de debate ni parte del litigio fijado en las instancias, y, por el contrario, seg\u00fan el Tribunal fue admitido de manera libre y espont\u00e1nea por la propia demandante, resultaba innecesario insistir en la prueba documental solemne de tal supuesto. Debe precisarse que frente a esta inferencia probatoria del colegiado, la recurrente no formul\u00f3 errores de hecho ni se denunci\u00f3 la equivocada valoraci\u00f3n de la confesi\u00f3n que deriv\u00f3 del interrogatorio de parte, simplemente limit\u00f3 su ataque al planteamiento de un error de derecho\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab[E]l reconocimiento pensional pretendido no se fund\u00f3 en la inexistencia de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite o en que el causante hubiese permanecido soltero durante su convivencia con la accionante, simplemente se adujo que esta pareja hab\u00eda hecho vida marital por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y tuvieron tres hijos, sin hacer referencia a las dem\u00e1s exigencias previstas en el art\u00edculo 55 de la Ley 90 de 1946; a su turno, Colpensiones se limit\u00f3 a manifestar que la accionante no era beneficiaria de la prestaci\u00f3n sin indicar el motivo de ello y sin formular oposici\u00f3n en raz\u00f3n al estado civil del causante. Siendo ello as\u00ed, el hecho del matrimonio del causante estuvo fuera de controversia y, por el contrario, como qued\u00f3 visto, para el Tribunal fue admitido expresamente por la se\u00f1ora Lugo Gil, lo que permite concluir que en este caso resultaba innecesario aportar la prueba documental que echa de menos la censura\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abno existi\u00f3 equivocaci\u00f3n del colegiado al dar por acreditado que el causante estaba casado, y que, por ende, \u00e9sta no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes solicitada a la luz del art\u00edculo 55 de la Ley 90 de 1946\u00bb y de esta manera desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia del criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 4 de agosto de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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