STC10694-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10694-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02618-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Antonio Castro contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en los procesos penales radicados n\u00ba 2011-06676 y 2020-01070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de junio de 2022, se pronunci\u00f3 frente al recurso de revisi\u00f3n que interpuso respecto de los fallos que lo condenaron1. <\/p>\n
Alega que, aplicar el aumento punitivo contemplado en las mencionadas leyes, constituye \u00abun yerro que debe ser subsanado\u00bb, pues la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia de casaci\u00f3n del 7 de octubre de 2015 (rad. 46482) \u00abprecis\u00f3 que, en los eventos de concurso homog\u00e9neo y sucesivo de conductas punibles y tr\u00e1nsito legislativo, las penas deben guardar correspondencia con la ley vigente al momento del primer hecho, ello significa que los hechos por el delito de base, ocurrieron en octubre de 1999, el aumento del art\u00edculo 14 de la ley 890 de 2004 no tiene cabida y se torna improcedente, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal debi\u00f3 corregir el yerro en la demanda de revisi\u00f3n, fallo del 1\u00ba de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que se deje sin efecto, \u00abel fallo del juez 10\u00ba Penal del Circuito de Bogot\u00e1, 28 de octubre de 2013; [\u2026] el fallo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 del 5 de junio de 2014; y, [\u2026] el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal del 1\u00ba de junio de 2022, revisi\u00f3n [\u2026] como consecuencia de ello, se proceda a redosificar la pena, se inaplique el art\u00edculo 14 de la ley 890 de 2004\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que, en efecto, esa Sala, el 1\u00ba de junio de 2022 resolvi\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n que interpuso el quejoso por intermedio de apoderado, decisi\u00f3n en la cual, dispuso dejar sin efecto, parcialmente, las sentencias que lo condenaron \u00abexclusivamente para fijar la sanci\u00f3n principal impuesta al accionante [\u2026] a la pena de 304.87 meses, en lo dem\u00e1s los fallos permanecen vigentes\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo que plantea el actor, explic\u00f3 que, \u00ab(\u2026) los actos delictivos iniciaron el 8 de noviembre de 2001 \u00e9poca para la cual la v\u00edctima ten\u00eda 5 a\u00f1os, los hechos ocurridos entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2004 no fueron investigados en este proceso, dado que \u00e9ste se adelant\u00f3 conforme con las previsiones de la Ley 906 de 2004, vigente en el distrito judicial de Bogot\u00e1 desde el 1\u00ba de enero de 2005\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal 229 Seccional de Bogot\u00e1, de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formaci\u00f3n Sexuales, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la tutela por cuanto \u00abno ha desplegado conducta alguna que suponga una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante en la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez D\u00e9cimo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 expuso que, en primera instancia conden\u00f3 al procesado Luis Antonio Castro a la pena de 525 meses de prisi\u00f3n, sanci\u00f3n que fue modificada por el Tribunal Superior al decidir la apelaci\u00f3n, dejando la sanci\u00f3n en \u00ab355 meses de prisi\u00f3n (sic)\u00bb. Agreg\u00f3 que la inconformidad del accionante radica en la revisi\u00f3n de la pena hecha por la Corte Suprema de Justicia en la sede extraordinaria y no por las actuaciones del juzgado. <\/p>\n
4. El Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad d Bogot\u00e1 explic\u00f3 que no cuenta actualmente con procesos relacionados con el actor dado que, el 13 de enero de 2015 remiti\u00f3 por competencia a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas de Tunja la vigilancia de la sanci\u00f3n impuesta a Luis Antonio Castro, ya que fue trasladado al centro penitenciario de C\u00f3mbita. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Especializada convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas con la sentencia (SP1910-2022) del 1\u00ba de junio de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n formulado por el quejoso respecto de los fallos que lo condenaron, por omitir, supuestamente, que de conformidad con jurisprudencia de esa misma Sala, y teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos, no le era aplicable el aumento punitivo previsto en el art\u00edculo 14 de la ley 890 de 2004. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
En efecto, al entrar a resolver el remedio extraordinario que formul\u00f3 la defensa del sentenciado bajo la causal 7\u00aa del art\u00edculo 192 de la ley 906 de 20042, la Sala la encontr\u00f3 fundada porque, ciertamente, la postura frente a la dosificaci\u00f3n punitiva en los eventos en que se conden\u00f3 por concursos homog\u00e9neos de delitos sexuales durante el tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 599 de 2000, 890 de 2004 y la 1236 de 2008 cambi\u00f3 desde el pronunciamiento SP7659-2015, rad.43400. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en esos casos, la tasaci\u00f3n del quantum punitivo deb\u00eda atenerse a la pena prevista para la conducta reprochada en la normativa vigente al momento de la ejecuci\u00f3n del primero de los hechos. <\/p>\n
As\u00ed, descendiendo al asunto objeto de an\u00e1lisis, la Sala accionada advirti\u00f3 que el juez fallador de primera instancia, parti\u00f3 de las penas determinadas para los delitos en cuesti\u00f3n en la ley 1236 de 2008, imponiendo una pena de 525 meses de prisi\u00f3n, monto que fue posteriormente modificado por el Tribunal Superior en sede apelaci\u00f3n, tras advertir que el ejercicio de cuantificaci\u00f3n realizado por el a quo, no cumpli\u00f3 con los par\u00e1metros del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, por lo que, disminuy\u00f3 la sanci\u00f3n a 350 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Pese a lo anterior, la Sala accionada puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay lugar a modificar el monto de pena impuesta a LUIS ANTONIO CASTRO por el delito de acceso carnal violento agravado, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan los hechos probados, por lo menos alguno de ellos se ejecut\u00f3 con posterioridad al 23 de julio de 2008 \u2014momento en que entr\u00f3 en vigencia la Ley 1236 de 2008\u2014 y hasta el 29 de octubre de 2008, cuando F.E.C.M. cumpli\u00f3 14 a\u00f1os de edad. Sin embargo, la pena s\u00ed debe sufrir modificaci\u00f3n en torno a los delitos concursantes cometidos cuando reg\u00edan los art\u00edculos 209 y 211 de la Ley 599 de 2000, con el s\u00f3lo incremento de la Ley 890 de 2004. <\/p>\n
Ahora bien, ante la imprecisi\u00f3n del n\u00famero exacto de eventos en que acontecieron cada una de las acciones t\u00edpicas jur\u00eddicamente desaprobadas, y dada la alusi\u00f3n gen\u00e9rica de conductas delictivas entre el 1\u00ba de enero de 20053 y el 29 de octubre de 2008, la Corte acudir\u00e1 al criterio aplicado en oportunidades anteriores y establecer\u00e1 la cantidad de tiempo en que los delitos se ejecutaron para identificar los concernientes a antes y despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 1236 de 2008 a fin de redosificar, exclusivamente, el monto correspondiente al tramo inicial (CSJ SP11648-2015, CSJ SP4329-2019 y CSJ SP3943-2021). <\/p>\n
As\u00ed, se tiene que todas las acciones t\u00edpicas desplegadas por el acusado se desarrollaron en un per\u00edodo de 45.96 meses, pues, las ejecutadas en el primer per\u00edodo -entre el 1\u00ba de enero de 2005 y el 22 de julio 20084- suman de 42.73 meses, es decir, 92.97%, mientras que las cometidas en vigencia de la Ley 1236 de 2008 -entre el 23 de julio de 2008 y el 29 de octubre de 2008-, alcanzan los 3.23 meses, o sea, 7.02%\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que el tribunal parti\u00f3 de una pena base de 150 meses, pero sin especificar qu\u00e9 porci\u00f3n de dicho monto correspond\u00eda al concurso de acceso carnal violento agravado y cu\u00e1l al concurso heterog\u00e9neo de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, por lo que entendi\u00f3 que, se trat\u00f3 de un aumento proporcional frente a cada uno de los eventos en que se presentaron los injustos. <\/p>\n
As\u00ed, para el acceso carnal violento agravado, cuyo marco temporal de ocurrencia se fij\u00f3 entre el 1\u00ba de enero de 2005 y el 22 de julio de 2008 (antes de la ley 1236 de 2008) y entre el 23 de julio de 2008 y el 29 de octubre de 2008, explicit\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como el \u00fanico per\u00edodo objeto de la redosificaci\u00f3n debe ser el primero, porque, se insiste, para ese momento no estaba rigiendo la Ley 1236 de 2008, la Sala tomar\u00e1 como base, respecto de ese tramo, la pena de 181,81 meses de prisi\u00f3n para el punible de acceso carnal violento agravado, conforme a los art\u00edculos 205 y 211, numerales 2, 4 y 5 originales, con el \u00fanico aumento de la tercera parte de que trata el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, y los correlacionar\u00e1 con la sanci\u00f3n de 200 meses, de la cual partieron los funcionarios de instancia con el incremento indebido de la Ley 1236 de 2008, a fin de establecer que, los referidos 69.72 meses, se deben reducir a 63.37 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
De este modo, se mantiene intacta la pena de 200 meses por el delito base y la de los punibles concursantes por el per\u00edodo de vigencia de la Ley 1236 de 2008, en cantidad de 5.26 meses, valor al que se debe adicionar 63.37 meses por el espacio de tiempo regido por la Ley 599 de 2000, con el incremento de la Ley 890 de 2004, para un monto total de 268.63 meses\u00bb. <\/p>\n
Luego, respecto al concurso de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, indic\u00f3 que el tribunal, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aument\u00f3 la pena en 75 meses, entonces, tambi\u00e9n debe considerarse que por los de la primera fase de ejecuci\u00f3n de los punibles impuso 69.72 meses, y por los de la segunda 5.26 meses. <\/p>\n
Como el \u00fanico per\u00edodo objeto de la redosificaci\u00f3n debe ser el primero, la Sala tomar\u00e1 como base respecto de ese tramo la pena m\u00ednima para el punible de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado, conforme a los art\u00edculos 209 y 211, numerales 2, 4 y 5 originales, con el \u00fanico aumento de la tercera parte de que trata el precepto 14 de la Ley 890 de 2004, es decir, 64 meses, y los correlacionar\u00e1 con la sanci\u00f3n de 144 meses, m\u00ednima para el mismo punible pero con el incremento indebido de la Ley 1236, a fin de establecer que, los referidos 69.72 meses, se deben reducir a 30.98 meses de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tras las deducciones anteriores, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el aumento punitivo por el concurso homog\u00e9neo del delito de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado, corresponde a 36.24 meses, monto que debe sumarse a la pena impuesta por el concurso homog\u00e9neo del delito de acceso carnal violento agravado \u2014268.63 meses\u2014 para un total de pena a imponer de 304.87 meses\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se revela prima facie la v\u00eda de hecho que el censor pregona de la Sala tutelada, ya que las consideraciones expuestas por aquella en la providencia recriminada no se advierten arbitrarias o caprichosas, ni se hallan desprovistas de soporte jur\u00eddico, especialmente porque auscult\u00f3 con suficiencia el precedente del que se adujo constitu\u00eda una variaci\u00f3n jurisprudencial favorable aplicable al caso cuya revisi\u00f3n se plante\u00f3 bajo la causal 7\u00aa de la normativa procesal penal, puntualizando que, se hallaba fundada la misma, procediendo a efectuar la redosificaci\u00f3n correspondiente, eso s\u00ed, teniendo como marco temporal de los hechos, los endilgados entre el lapso del 1\u00ba de enero de 2005 y el 29 de octubre de 2008. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a esa postura, mientras no se observe infundada, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, se ha sostenido que el juez de la causa est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para exponer y resolver de acuerdo a la interpretaci\u00f3n que le otorga al contexto procesal que se le pone de presente, de modo que el resguardo solo se abre paso, si \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC2276-2016; reiterada en STC16705, 18 nov. 2016, rad. 2016-01773-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, es evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo, se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a la forma en que Sala accionada reajust\u00f3 la pena de acuerdo a la delimitaci\u00f3n de los hechos objeto de juicio; en todo caso, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
Finalmente, es de resaltar que la sola divergencia conceptual no habilita la protecci\u00f3n constitucional, porque esta acci\u00f3n no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Condenado por los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os, a la pena de 350 meses de prisi\u00f3n (fallo de segunda instancia del 5 de junio de 2014, proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal). <\/p>\n
2\u0002 ACCI\u00d3N DE REVISI\u00d3N. ART\u00cdCULO 192. PROCEDENCIA. La acci\u00f3n de revisi\u00f3n procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: <\/p>\n
(\u2026) 7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad. <\/p>\n
3\u0002 Se recuerda que los actos delictivos iniciaron el 8 de noviembre de 2001, \u00e9poca para la cual la v\u00edctima ten\u00eda 5 a\u00f1os, pero los ocurridos entre esa fecha y el 2004 no fueron investigados en este proceso. <\/p>\n
4\u0002 La Ley 1236 de 2008 entr\u00f3 a regir el 23 de julio de 2008. <\/p>\n
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