STC10697-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10697-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01554-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 27 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Mauricio Mart\u00ednez Barreto frente al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio verbal n\u00b0 2020-00198. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abprincipio a la econom\u00eda procesal\u00bb y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
Andr\u00e9s Mauricio Mart\u00ednez Barreto present\u00f3 demanda de entrega del tradente al adquirente contra Julie Andrea Alay\u00f3n Orjuela, a lo que accedi\u00f3 el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta capital en sentencia anticipada del 8 de octubre de 2021. <\/p>\n
Por auto del 11 de marzo de 2022, encontr\u00e1ndose el asunto con miras a adelantar la entrega, se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de la demandada conforme a lo previsto en el art\u00edculo 291 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que no fue debidamente enterada del inicio del proceso. <\/p>\n
Mediante escrito radicado electr\u00f3nicamente el pasado 24 de junio, la convocada dentro del citado asunto alleg\u00f3 escrito informando que \u00abconozco del presente asunto, que conozco el contenido del auto que admiti\u00f3 la presente demanda de fecha 15 de marzo de 2021, fui (sic) notificada de dicha providencia y adem\u00e1s conozco del auto de fecha 11 de marzo de 2022, mediante el cual dispuso que se efectuar\u00e1 (sic) nuevamente mi notificaci\u00f3n, por tanto de la misma tambi\u00e9n fui (sic) y estoy notificada (\u2026) que no hay nulidad alguna en el presente proceso y que renuncio al termino (sic) de los tres d\u00edas otorgados para que de esta manera se pueda continuar con el curso de este asunto\u00bb, raz\u00f3n por la cual, mediante auto del 25 de julio de los corrientes se le tuvo por notificada por conducta concluyente. <\/p>\n
Inconforme con lo dispuesto el gestor acude al presente mecanismo, pues \u00abno veo la raz\u00f3n por la cual no me entregan el inmueble que es de mi propiedad exclusiva\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se \u00abLE ORDENE A LA ENTUTELADA FIJAR LO ANTES POSIBLE FECHA PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIA DE ENTREGA DEL PREDIO DE MI PROPIEDAD\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez del Circuito criticada, tras hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones surtidas dentro del litigio revisado, solicit\u00f3 denegar el amparo, habida cuenta que \u00abdentro del aludido tr\u00e1mite se han garantizado los derechos de primer orden de las partes y dem\u00e1s intervinientes, rituando la instancia de acuerdo con las reglas procesales aplicables\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el Procurador 7 Judicial II para asuntos civiles pidi\u00f3 estimar la protecci\u00f3n reclamada, toda vez que \u00abEl tiempo de decisi\u00f3n en programar la diligencia de entrega sumando los 5 meses desde diciembre a marzo y ahora, la nueva programaci\u00f3n, compromete seriamente el derecho fundamental a contar con una justicia r\u00e1pida y expedita, lesionando el derecho al debido proceso sin dilaciones. Esto adem\u00e1s al excesivo rigurismo en comprobar la notificaci\u00f3n de la demanda tres veces documentada, no alegada por la parte pasiva, quien concili\u00f3 y consinti\u00f3 adem\u00e1s la decisi\u00f3n de sentencia anticipada\u00bb. <\/p>\n
3. Eliberto Gonz\u00e1lez Cotrino en calidad de \u00abtercero interesado\u00bb, por intermedio de apoderada judicial se\u00f1al\u00f3 la necesidad que el juez constitucional \u00abconozca a efectos de determinar sus argucias, del contubernio y el fraude procesal y la falsedad en la que viene incurriendo tanto el accionante como la abogadas (\u2026)\u00bb, diversas irregularidades cometidas por \u00e9ste dentro del decurso criticado, m\u00e1xime cuando lo pretendido realmente es \u00abdespojar de la posesi\u00f3n y tenencia que tiene su hermano JES\u00daS RICARDO MART\u00cdNEZ BARRETO (\u2026) desde hace m\u00e1s de 13 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo tras advertir que es inexistente la mora judicial endilgada a la autoridad judicial convocada, comoquiera que \u00abpara la fecha de este fallo (\u00e9sta) ha realizado las gestiones pertinentes en aras de sanear las irregularidades que en el curso del expediente se han presentado, y que en definitiva suponen la imposibilidad de fijar la diligencia que echa de menos el actor, dado que seg\u00fan se advierte del expediente, mediante prove\u00eddo del pasado 11 de marzo, se puso en conocimiento la causal de nulidad contemplada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que implica seg\u00fan el convocado, \u201cintegrar en debida forma el contradictorio\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues \u00abdicho prove\u00eddo no fue objeto de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, insistiendo en que \u00abno existe fundamento alguno para QUE no se resuelva de fondo sobre este asunto\u00bb, esto es, la orden de entrega del predio reclamado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas, al no haber reprogramado la entrega del inmueble ordenada dentro del proceso de entrega del tradente al adquirente adelantada por el gestor contra Julie Andrea Alay\u00f3n Orjuela n\u00b0 2020-00198. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
2.1 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1.1. Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d(\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Revisada la foliatura que compone el expediente en referencia, advierte la Corte que no es viable atribuir a la autoridad accionada una conducta dilatoria u omisiva respecto de la generalidad del proceso verbal cuestionado, pues dentro del tr\u00e1mite se han adelantado varias actuaciones tendientes a sanear las irregularidades presentadas en relaci\u00f3n a la notificaci\u00f3n de la demandada, lo que de contera, ha imposibilitado fijar fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega reclamada por el actor. <\/p>\n
Ciertamente, encontr\u00e1ndose el asunto para adelantar la citada actuaci\u00f3n el 11 de marzo de 2022, al realizar control de legalidad, la autoridad cognoscente advirti\u00f3 la existencia de causal de nulidad que no hab\u00eda sido saneada, al no estar debidamente notificada la demandada del auto admisorio, por lo que orden\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo en procura de obtener que Julie Andrea compareciera en debida forma al proceso; y, como la gesti\u00f3n desplegada por el demandante no fue de recibo para el despacho, pues \u00aben la comunicaci\u00f3n remitida se indic\u00f3 de manera incorrecta la direcci\u00f3n f\u00edsica de esta sede judicial, sumado a que, en el contenido del mensaje enviado se anot\u00f3 erradamente la denominaci\u00f3n de este Juzgado\u00bb, mediante prove\u00eddo del 10 de junio siguiente se dispuso rehacer el enteramiento por aviso, indic\u00e1ndole en consecuencia al interesado, que hasta tanto no se integrara el contradictorio no era posible zanjar las peticiones encaminadas a que se fije fecha para la entrega del inmueble objeto del litigio. <\/p>\n
La demandada compareci\u00f3 al proceso el 14 de junio de los corrientes, informando que conoc\u00eda no solo del auto admisorio, sino del contenido de lo dispuesto el 11 de marzo de la presente anualidad, por lo que el 25 de julio pasado se le tuvo por notificada por conducta concluyente, disponiendo que \u00abPermanezca el expediente en secretar\u00eda hasta la concurrencia del t\u00e9rmino otorgado\u00bb en la citada decisi\u00f3n, para proceder a fijar fecha para la entrega del predio. <\/p>\n
2.1.2 Bajo esa \u00f3ptica, colige la Corte que en cuanto a los t\u00f3picos enunciados no existe una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, teniendo en cuenta que la no reprogramaci\u00f3n de la entrega est\u00e1 soportada en el ordinario devenir del asunto, y no en una tardanza injustificada que permita a la Corte advertir una negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en \u00e9ste tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.2. De la incuria <\/p>\n
Es de resaltar que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propio descuido. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1. No ha transcurrido un lapso considerable sin que se evidenciara ninguna gesti\u00f3n frente a la solicitud de entrega formulada por el aqu\u00ed convocante, con lo que no se trasgredieron las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
3.2. El inconforme actu\u00f3 con incuria, porque no recurri\u00f3 la providencia por medio de la cual la autoridad judicial accionada advirti\u00f3 causal de nulidad que imped\u00eda realizar la entrega del inmueble reclamada, obviando adem\u00e1s que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos dejados de utilizar por el interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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