STC10701-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10701-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02558-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia del Pilar Padilla Cardozo, quien obra en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 34 Civil del Circuito de esta localidad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y m\u00ednimo vital, que dicen conculcadas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse revoque la sentencia\u2026 del 12 de octubre de 2021, en lo que se refiere a la condena en costas\u00bb; y, en subsidio, reclam\u00f3 \u00abse modifique el auto\u2026 del 21 de febrero de 2022, mediante el cual se liquidaron las costas, en el sentido de reducir su monto\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Claudia del Pilar Padilla Cardozo promovi\u00f3 acci\u00f3n de simulaci\u00f3n contra V\u00edctor Hugo Cardona Cardona, Cecilia Cardona de Cardona y Jos\u00e9 Federico Cardona Correa, que se declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera con sentencia del 8 de marzo de 2021, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes. <\/p>\n
2.2. A trav\u00e9s de sentencia de 12 de octubre de 2021, el Tribunal convocado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en las costas de ambas instancias a la demandante, fijando como agencias en derecho, en segunda instancia, la suma de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, mediante auto de 16 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, V\u00edctor Hugo Cardona Cardona, Cecilia Cardona de Cardona y Jos\u00e9 Federico Cardona Correa promovieron acci\u00f3n ejecutiva contra Claudia del Pilar Padilla Cardozo, con el fin de obtener el pago de las costas liquidadas, libr\u00e1ndose orden de pago con prove\u00eddo del 14 de julio de los corrientes, en el que, adem\u00e1s, se dispuso que, \u00abprevio a decretar las medidas cautelares solicitadas, precise en que dependencia de la rama judicial labora la demandada, o por lo menos en que ciudad\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del amparo que la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas \u00abno fue objetada por [su] apoderada, quien no [le] inform\u00f3 y dej\u00f3 pasar el t\u00e9rmino tanto de objeci\u00f3n como de apelaci\u00f3n haciendo que perdiera la oportunidad procesal para impugnar\u00bb; que \u00abel ejecutivo est\u00e1 para decretar embargo que, al parecer, es sobre [su] sueldo, el cual es [su] \u00fanica fuente de ingreso\u00bb; y que \u00abla condena en costas que dispuso el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil desborda [su] capacidad econ\u00f3mica, pues en caso de un embargo, el \u00fanico bien embargable ser\u00eda [su] salario\u00bb, del cual depende su sustento y el de su hijo menor de edad, pues es madre cabeza de familia, comoquiera que es \u00abla \u00fanica proveedora de [su] hogar\u2026, ya que el pap\u00e1\u2026 no cumple con el pago de su cuota\u00bb. <\/p>\n
2.6. De otro lado, destac\u00f3 que \u00abes incre\u00edble que [lleve] un proceso judicial (11 a\u00f1os) en el que ha pretendido el pago de las cuotas alimentarias de [su] hijo, as\u00ed como de un proceso penal\u2026, sin poder lograr obtener el cumplimiento de las mismas, ya que el se\u00f1or \u201caparentemente\u201d no tiene como poderlas ejecutar y, ahora, \u00e9l si vaya obtener un dinero con ocasi\u00f3n de la condena en costas decretadas a su favor\u2026\u00bb; y que \u00abla decisi\u00f3n tomada tanto por el Tribunal Superior como por el juzgado 34 Civil del Circuito, debi\u00f3 tener una perspectiva de g\u00e9nero, la cual invoca para que sea aplicada al momento de resolver esta tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dijo atenerse \u00aba lo resuelto con anterioridad dentro del proceso y a lo que disponga la Colegiatura\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 14 de Familia de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. La profesional del derecho Liliana Helena Casta\u00f1eda Corredor, quien dijo fungir \u00aben calidad de abogada de\u2026 Jos\u00e9 Federico Cardona y Cecilia Cardona de Cardona\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representarlos en el presente tr\u00e1mite, solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
4. El abogado Edilberto Murcia Rojas, quien dijo actuar como \u00abapoderado de V\u00edctor Hugo Cardona Cardona\u00bb, sin que allegara mandato que lo facultara para representarlo en este asunto, tambi\u00e9n pidi\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
5. El Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que \u00absalta a la vista lo improcedente que resulta la presente acci\u00f3n de tutela, en atenci\u00f3n, a que no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad\u00bb; y que \u00ablas decisiones emitidas por esa sede judicial se encuentran acordes al ordenamiento jur\u00eddico vigente\u00bb. <\/p>\n
6. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
7. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se verifica que la actora cuestion\u00f3 la sentencia de 12 de octubre de 2021, que revoc\u00f3 la dictada el 8 de marzo de esas calendas, para en su lugar, negar las pretensiones y condenarla en las costas de ambas instancias; as\u00ed como tambi\u00e9n el prove\u00eddo de 21 de febrero de 2022, que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas realizada en el juicio criticado. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, encuentra la Sala que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que entre la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia acusada (12 de octubre de 2021) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 28 de julio de 2022, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
4. Respecto al segundo de los reproches de la gestora, enfilado a cuestionar el monto de la liquidaci\u00f3n de las costas, aprobada con providencia del 21 de febrero de estas calendas, advierte la Corte que el amparo resulta improcedente, toda vez que la actora omiti\u00f3 interponer los recursos que resultaban procedentes contra dicha decisi\u00f3n (reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n1), siendo esos mecanismos id\u00f3neos para cuestionar el valor de las agencias en derecho fijadas por los juzgadores de instancia, as\u00ed como tambi\u00e9n para esgrimir los dem\u00e1s argumentos que, por v\u00eda de tutela, aleg\u00f3. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no resulta de recibo para la Sala el argumento que expuso la quejosa para tratar de justificar el referido descuido, en el sentido de indicar que su apoderada no la enter\u00f3 sobre la existencia de la providencia criticada, pues mem\u00f3rese que \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016). <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que no verifica la Sala que las decisiones criticadas correspondan a una actuaci\u00f3n discriminatoria debido al g\u00e9nero de la promotora, que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de la accionante y su menor hijo, la cual deduce de la posible aplicaci\u00f3n de una cautela sobre su salario, baste con decir que, revisados los elementos de juicio, no se verifica que se haya decretado dicha medida, pues si bien la parte ejecutante la reclam\u00f3, el juzgado se abstuvo de acceder a dicha s\u00faplica. <\/p>\n
Aunado lo anterior, se pone de presente que, de llegarse a decretar la cautela, la accionante tiene a su alcance mecanismos ordinarios mediante los que puede esgrimir ante el juez de la ejecuci\u00f3n la afectaci\u00f3n que ello acarrear\u00eda a su m\u00ednimo vital y al de su hijo, como lo son los recursos que puede interponer frente al auto que disponga la pr\u00e1ctica de la medida, siendo ese el escenario propicio para debatir dicha cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, al existir esos otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 366 (numeral 5\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00ab[l]a liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas. La apelaci\u00f3n se conceder\u00e1 en el efecto diferido, pero si no existiere actuaci\u00f3n pendiente, se conceder\u00e1 en el suspensivo\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10701-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10701-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02558-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia del Pilar Padilla […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66153","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66153"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66153\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}