STC10706-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10706-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02654-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso El\u00edas Lozano Su\u00e1rez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
Alfonso El\u00edas Lozano Su\u00e1rez present\u00f3 demanda de divorcio contra Vanessa Esther Larrotta, con fundamento en la causal octava1 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla (rad. n.\u00ba 2019-00381), quien neg\u00f3 su petitum, pero accedi\u00f3 al formulado por la pasiva en la reconvenci\u00f3n (esto es, por los motivos segundo2 y tercero3 que ella invoc\u00f3), sumado a que tambi\u00e9n declar\u00f3 la caducidad para reclamar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Sin embargo, apelada esa resoluci\u00f3n por la contraparte, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad la modific\u00f3 y revoc\u00f3 algunos de sus ordinales, tras establecer \u00abequivocadamente\u00bb que Larrota sustent\u00f3 su defensa, cuando no fue as\u00ed, m\u00e1xime que el fallo result\u00f3 incongruente, no apreci\u00f3 bajo las reglas de la sana cr\u00edtica todos los elementos de convicci\u00f3n y desconoci\u00f3 el principio de \u00abdoble instancia\u00bb, por cuanto \u00ablos reparos realizados por el apoderado de la se\u00f1ora Vanesa Larrota, no acusaban la postura de la caducidad de la sanci\u00f3n de culpabilidad en el divorcio\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio: (i) \u00abordenar, a la Sala S\u00e9ptima Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que deje sin efecto, la sentencia de segunda instancia dictada en fecha julio trece (13) del a\u00f1o (2022)\u00bb; (ii) \u00abordenar que expida auto pronunci\u00e1ndose sobre la falta de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; (iii) \u00abque expida nueva sentencia pronunci\u00e1ndose \u00fanicamente sobre los motivos de reparos presentado por el recurrente, en caso de considerar que dentro de los reparos se encuentra la sustentaci\u00f3n. Teniendo en cuenta que en los reparos no se atac\u00f3 el motivo de la negativa de la sanci\u00f3n realizada por el A-quo, esto es, la caducidad\u00bb; y (iv) \u00abque expida nueva sentencia pronunci\u00e1ndose sobre la conducta de la c\u00f3nyuge LARROTA, tanto en el matrimonio como en el proceso. Para tal fin, ordenar valorar la historia cl\u00ednica, la falta de colaboraci\u00f3n para realizar la visita de la trabajadora social y las declaraciones dada en el interrogatorio, conforme al art\u00edculo 78 y 241 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones del proceso. <\/p>\n
2. La magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad, ponente de la determinaci\u00f3n censurada, adujo que \u00abesta Sala de Decisi\u00f3n tuvo a su cargo el conocimiento en segunda instancia del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada inicial y demandante en reconvenci\u00f3n contra la sentencia fechada 31 de mayo de 2021 proferida por el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, dentro del Proceso de Divorcio iniciado por el hoy accionante contra la se\u00f1ora VANESSA ESTHER LARROTA PADILLA cuyo CUI es 08-001-31-10-009-2019-00381-01 y radicado interno No.061- 2021; alzada que fue resuelta mediante sentencia escrita emitida el 13 de julio del hoga\u00f1o, que modific\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia, por las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas expuestas en la parte motiva de la providencia de segundo grado (\u2026) donde puede la H. Sala observar los fundamentos que sirvieron de soporte a la decisi\u00f3n ahora cuestionada en sede constitucional, ajustados a las disposiciones jur\u00eddicas aplicables al caso, conforme a los hechos acreditados en el proceso, sin afectar derechos fundamentales de los sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
En informe adicional, precis\u00f3 que \u00abla sentencia de segunda Instancia fechada 13 de julio de 2022 proferida por esta Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia se notific\u00f3 a trav\u00e9s del Estado electr\u00f3nico No. 123 de julio 14 del hoga\u00f1o, publicado en los aplicativos TYBA y micrositio que tiene la Secretar\u00eda de esta Sala, en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial. De otra parte, contra la referida sentencia de segundo grado no fue presentado recurso alguno que haya sido radicado en este Despacho o en la Secretaria de la Sala\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el juicio de divorcio que inici\u00f3 el libelista y en el que fue demandado en reconvenci\u00f3n (rad. n.\u00ba 2019-00381), por modificar y revocar algunos ordinales del fallo de primer grado para favorecer las aspiraciones de la contraparte, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla modific\u00f3 y revoc\u00f3 algunos ordinales de la providencia de primer grado en el juicio de divorcio, dictada por el Juzgado Noveno de Familia de esa localidad, para acceder al petitum de la reconvenci\u00f3n y reconocer la prestaci\u00f3n alimentaria en favor de su exc\u00f3nyuge, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el colegiado precis\u00f3 como hechos acreditados, los siguientes: \u00abdemandante y demandado contrajeron matrimonio civil el d\u00eda 17 de junio de 2006; como tambi\u00e9n que antes de ello, en julio 7 de 2002 tuvieron a su hija [M.V.], en junio 15 de 2005 a su [B.A], y, con posterioridad al enlace, en octubre 15 de 2008 a su hija [E.V.]; manifestando la demandada inicial, que en el mes de febrero y hasta el 3 marzo de 2019 el se\u00f1or Alfonso Lozano Su\u00e1rez estuvo en la ciudad de Barranquilla, tuvieron relaciones \u00edntimas, y, que al contestar la demanda se encuentra embarazada de su esposo\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en lo atinente a las causales segunda y tercera invocadas por la contraparte en el escrito de reconvenci\u00f3n, relacionadas con el incumplimiento de los deberes que la ley les impone a los c\u00f3nyuges, as\u00ed como los ultrajes, tratos crueles y\/o maltratamientos de obra, respectivamente, el ad quem se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Respecto de la causal 3\u00aa de divorcio, esto es, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra son constitutivos de la ruptura del contrato matrimonial, toda vez que se traducen en el ejercicio de actos de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica, o de otra \u00edndole como por ejemplo mediante la exigencia de comportamientos estereotipados como mantener la compostura, utilizar ropa apropiada, mantener el v\u00ednculo matrimonial a toda costa aun a riesgo de su propia integridad o vida, etc-, ejercidos de un c\u00f3nyuge hac\u00eda el otro o de manera rec\u00edproca, en forma aislada o continua, algunos de los cuales son m\u00e1s perceptibles que otros, de los que en nuestra sociedad se presentan en un mayor volumen del hombre hacia la mujer, en atenci\u00f3n de lo cual, la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-967 de 2014 se\u00f1al\u00f3 \u201c\u2026La violencia dom\u00e9stica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el da\u00f1o f\u00edsico, emocional, sexual, psicol\u00f3gico o econ\u00f3mico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad dom\u00e9stica. Esta se puede dar por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier miembro de la familia\u2026\u201d; y m\u00e1s adelante precis\u00f3 \u201c\u2026La violencia contra la mujer es un fen\u00f3meno que suele estar relacionado con diversas causal sociales, culturales, econ\u00f3micas, religiosas, \u00e9tnicas, hist\u00f3ricas y pol\u00edticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad humana, y que afecta los derechos de un n\u00famero gravemente significativo de seres humanos. <\/p>\n
As\u00ed, se ha identificado que la violencia contra la mujer es \u201cuna manifestaci\u00f3n de las relaciones de poder hist\u00f3ricamente desiguales entre mujeres y hombres, que conduce a perpetuar la discriminaci\u00f3n contra \u00e9sta y a obstaculizar su pleno desarrollo\u2026\u201d; de manera que, ante eventos de esta naturaleza, el juez, al analizarlo en el marco de un proceso de divorcio o de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico con base en esta causal, tiene el deber constitucional de decidir con perspectiva de g\u00e9nero, con miras a que este tipo de pr\u00e1cticas sean prevenidas, sancionadas y erradicadas\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, de la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente, refiri\u00f3 que \u00abla demandante en reconvenci\u00f3n se\u00f1ora Larrota Padilla present\u00f3 denuncia penal contra su esposo ahora demandado se\u00f1or Alfonso El\u00edas Lozano Su\u00e1rez, el d\u00eda 15 de febrero de 2010 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por agresiones f\u00edsicas e insultos y ofensas recibidas ese mismo d\u00eda por parte del demandado en reconvenci\u00f3n, agresiones f\u00edsicas que conforme con el informe t\u00e9cnico emitido por Medicina Legal, amerit\u00f3 una incapacidad provisional de diez (10) d\u00edas, y aunque no se alleg\u00f3 prueba demostrativa del resultado de la investigaci\u00f3n penal, el demandado en su interrogatorio acepta que aconteci\u00f3 el hecho en que tal agresi\u00f3n se produjo. As\u00ed mismo, se observa una solicitud de medida de control preventivo pedida por la demandante en reconvenci\u00f3n contra su esposo, a causa de las amenazas que de \u00e9ste recib\u00eda para el a\u00f1o 2017; pruebas documentales que revelan el maltrato f\u00edsico y psicol\u00f3gico del que fue v\u00edctima la demandante por parte de su c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, se pronunci\u00f3 en lo que respecta a la violencia econ\u00f3mica que habr\u00eda ejercido el aqu\u00ed precursor, para lo cual enfatiz\u00f3 en que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque en el interrogatorio de parte que rindi\u00f3 el demandado, admite que \u00e9sta no pudo prepararse profesionalmente para participar en el mercado laboral porque se dedic\u00f3 por completo, ella sola, sin su asistencia, al cuidado, crianza y orientaci\u00f3n de los tres primeros hijos que tuvieron, se niega a continuar contribuyendo con la alimentaci\u00f3n de ella y de sus hijos que reconoce, en la cuant\u00eda que ofreci\u00f3 hace ya diez (10) largos a\u00f1os, y que ha continuado suministrando sin actualizaci\u00f3n monetaria alguna, a pesar de que el costo de la moneda y de la vida ha aumentado considerablemente en ese lapso de tiempo, y pretende rebajarlo, sugiriendo que ella vaya a trabajar para que contribuya al sostenimiento monetario de sus hijos, como si el cuidado personal que la demandante ha realizado en soledad para criar y procurar la educaci\u00f3n de los hijos habidos en el matrimonio no tuviera valor alguno, adem\u00e1s de evidenciarse que la ha ignorado y menoscabado como mujer y esposa, pues \u00e9l mismo, mediante excusas inaceptables, ha confesado que no la ha llevado nunca al pa\u00eds donde \u00e9l tiene establecida su residencia, como tampoco la ha registrado como c\u00f3nyuge suya ante las autoridades correspondientes, para que ante una eventual falta suya, ella y sus hijos percibieran las prestaciones laborales que a \u00e9l correspond\u00edan; hechos que a no dudarlo, resultan ser demostrativos de esta otra causal de divorcio\u00bb. <\/p>\n
Con todo, coligi\u00f3 que \u00aben cuanto al reconocimiento de la sanci\u00f3n establecida por la materializaci\u00f3n, en este caso, de las aludidas causales 2\u00aa y 3\u00aa de divorcio establecidas en el art. 154 del C.C., pues conforme al art. 156 del C.C., para hacerse acreedor a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica correspondiente, el c\u00f3nyuge inocente deber\u00e1 alegarla en sede judicial, dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, desde cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a dichas causales, como sostuvo la H. Corte Constitucional en sentencia C-985 de 2010, al declarar la exequibilidad condicionada de dichas causales\u00bb, de modo que: <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, en relaci\u00f3n con la causal 2\u00aa de divorcio, tenemos que el incumplimiento de los deberes de padre y esposo del demandado en reconvenci\u00f3n han perdurado en el tiempo; en tanto que aun cuando los hechos de violencia f\u00edsica contra su c\u00f3nyuge hoy demandante en reconvenci\u00f3n sucedieron el \u00faltimo de ellos en el mes de febrero de 2017, los de violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica tambi\u00e9n perduran en el tiempo, incluso a la fecha, pues no se tiene conocimiento en el proceso de que hubiere ajustado su comportamiento cumpliendo su deber de suministro de alimentos y de atenci\u00f3n personal a sus hijos en la forma debida; y, en cuanto a su c\u00f3nyuge, aunque la acusa de infidelidad y de que la \u00faltima hija nacida dentro de la relaci\u00f3n matrimonial no es suya, no ha demostrado que como hombre respetuoso de la ley y de la dignidad humana, hubiere pasado de la mera especulaci\u00f3n, a presentar la demanda dirigida a esclarecer tal situaci\u00f3n, de manera que no puede por ello sostenerse, como hizo la primera instancia, que ha caducado la oportunidad para solicitar y obtener la sanci\u00f3n por efectos de la configuraci\u00f3n de las causales 2\u00aa y 3\u00aa de divorcio de que trata el art. 154 del C.C., como causantes de la ruptura matrimonial entre los esposos de este proceso; de manera que en lo que concierne a este punto, se revocar\u00e1 el punto pertinente de la sentencia impugnada; y, en su lugar, se condenar\u00e1 al demandado a suministrar alimentos a la demandante en reconvenci\u00f3n, en cuant\u00eda de Un Mill\u00f3n Quinientos Mil pesos ($1.500.000) m.l., mensuales, que se reajustar\u00e1 autom\u00e1ticamente cada a\u00f1o, en la proporci\u00f3n y \u00e9poca que el Gobierno Nacional autorice para el aumento del salario m\u00ednimo legal mensual, que deber\u00e1 depositar a favor de la demandante en reconvenci\u00f3n, en la cuenta bancaria que \u00e9sta informe ante el juzgador de primer grado. <\/p>\n
Respecto de la causal de separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho que perdure por m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, debe decirse que, conforme a lo previsto en el art.177 del C\u00f3digo Civil, desde que los esposos contrae el v\u00ednculo conyugal, tienen la obligaci\u00f3n de vivir juntos, lo que no puede ser desconocido de manera unilateral por alguno de ellos, ni tampoco de com\u00fan acuerdo, salvo que exista una causa que justifique la convivencia separada; y, en armon\u00eda con ello, el art.178 de los ritos civiles, ense\u00f1a que el marido y la mujer, de com\u00fan acuerdo, fijar\u00e1n la residencia del hogar; tema respecto del cual, la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado que \u201c\u2026Cuando uno de los c\u00f3nyuges se ve forzado a trasladar su residencia por motivos laborales, profesionales o cualesquiera otros de \u00edndole similar, \u00fanicamente podr\u00e1 hacerlo si el otro consiente en ello, por la decisi\u00f3n de mantener domicilios separados en estos casos que pueden legitimarla, ha de adoptarse necesariamente por los dos; ante desavenencias que por esta raz\u00f3n llegaren a presentarse, tienen los c\u00f3nyuges que acudir a las autoridades judiciales para que con conocimiento de causa y siguiendo los tr\u00e1mites propios definan el lugar que constituir\u00e1 el domicilio conyugal, vale decir, el lugar adecuado para hacer posible, no obstante la separaci\u00f3n f\u00edsica transitoria y legalmente justificada, el cabal cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos derivados del matrimonio\u2026\u201d; precepto y jurisprudencia del que se deriva que aun cuando la regla general es que los c\u00f3nyuges deben compartir techo, mesa y lecho; cuando ello no resulte posible, dadas las condiciones particulares de uno de ellos y de la familia, pueden de consuno los consortes convenir que uno de ellos radique su residencia en un lugar distinto al del hogar que conforman, debiendo convenir, adem\u00e1s, la forma en que, pese a la distancia f\u00edsica, puedan atender sus deberes conyugales y familiares. <\/p>\n
En este caso, probado est\u00e1 que demandante y demandado inicialmente comenzaron una vida en com\u00fan mediante la modalidad de uni\u00f3n libre y procrearon dos hijos, estableciendo de com\u00fan acuerdo una modalidad particular de convivencia, manteniendo el se\u00f1or Lozano Su\u00e1rez su residencia permanente en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, Estado de Nueva York, y la se\u00f1ora Vanessa Larrota en Barranquilla-Colombia, cumpliendo sus deberes de pareja y con sus hijos mediante visitas peri\u00f3dicas que el primero de ellos realizaba a esta ciudad, pues nunca llev\u00f3 a su compa\u00f1era e hijos a los Estados Unidos. Posteriormente contrajeron nupcias y continuaron su vida de pareja con la misma modalidad, acordada o por lo menos aceptada por la esposa y los hijos habidos antes del matrimonio y la que despu\u00e9s de \u00e9ste fue procreada; de manera que no puede considerarse per se, que tal modalidad particular de convivencia pueda ser considerada como aquella que da lugar a la configuraci\u00f3n de la causal 8\u00aa de divorcio. <\/p>\n
De otra parte, la demanda con la que se inici\u00f3 este proceso fue radicada en septiembre 5 de 2019 y, respecto de esa fecha hac\u00eda atr\u00e1s, aunque el demandante afirma haber cesado la convivencia en mayo 21 de 2017, no allega prueba alguna demostrativa de tal hecho, solo su afirmaci\u00f3n al respecto, con lo cual, dada la particular forma de convivencia que sosten\u00eda con la c\u00f3nyuge demandada, la sola separaci\u00f3n f\u00edsica de cuerpos por la obvia distancia que se produce al tener los consortes las residencias fijadas en pa\u00edses diferentes, no permite ver configurada la separaci\u00f3n de cuerpos; de manera que ante tal orfandad probatoria, esta causal no estaba llamada a prosperar; adem\u00e1s, de que al haber prosperado dos causales subjetivas de divorcio, esta causal objetiva pierde relevancia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que \u00aben lo que concierne con la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juzgador de primer grado, que la forma de convivencia en la distancia, con encuentros personales peri\u00f3dicos en la ciudad de Barranquilla, con la venida del se\u00f1or Lozano a esta ciudad y al hogar que aqu\u00ed ten\u00eda conformado, resulta en un incumplimiento rec\u00edproco del deber de ambos consortes de vivir juntos, constituye una percepci\u00f3n equivocada de la situaci\u00f3n extraordinaria reglamentada justificadamente por los c\u00f3nyuges, para hacer que su relaci\u00f3n matrimonial subsistiera y funcionara durante todo el tiempo que ello fue posible; de manera que sin m\u00e1s explicaciones tal argumento se desecha\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab8. La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00ab2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00ab3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10706-2022_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10706-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02654-00 (Aprobado en Sala de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso El\u00edas Lozano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66157","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66157"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66157\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}