STC10710-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10710-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02651-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Neyli Magally Medina Fl\u00f3rez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Dos de Familia de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00ba 2020-00351. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al resolver el pleito ordinario antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 24 de diciembre de 2011 conoci\u00f3 a H\u00e9ctor Fern\u00e1ndez Medina, en raz\u00f3n a que ella empez\u00f3 a desempe\u00f1arse como \u00abcuidadora\u00bb de \u00abGiuseppe Gregorio Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez\u00bb, hijo del mencionado, \u00abquien padece una discapacidad cognitiva severa y estaba en ese momento hospitalizado\u00bb, forjando luego \u00abuna uni\u00f3n marital de vida estable, permanente y singular, con mutua ayuda tanto econ\u00f3mica como espiritual al extremo de comportarse exteriormente como marido y mujer\u00bb, la cual \u00abde forma ininterrumpida (\u2026) perdur\u00f3 y existi\u00f3 desde el a\u00f1o 2012 hasta (\u2026) el deceso de su compa\u00f1ero, el d\u00eda 30 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
Que como \u00abH\u00e9ctor Fern\u00e1ndez Medina estuvo casada con la se\u00f1ora Elsa Estela Gonz\u00e1lez quien falleci\u00f3 el 02 de febrero del a\u00f1o 2003, cesando as\u00ed todo v\u00ednculo patrimonial y de car\u00e1cter civil, [y que] de dicha uni\u00f3n nacieron Lina Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, Kennis Patricia Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez y Giuseppe Gregorio Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, [todos] mayores de edad\u00bb, para lo atinente a la sustituci\u00f3n pensional, \u00abpor solicitud de una de las hijas matrimoniales del causante\u00bb, se inici\u00f3 \u00abinvestigaci\u00f3n\u00bb encaminada a \u00abacreditar la convivencia con el militar, por los \u00faltimos 5 a\u00f1os anteriores a la muerte (\u2026), en la que se estableci\u00f3 que el se\u00f1or H\u00e9ctor Fern\u00e1ndez Medina y la se\u00f1ora Neyli Magally Medina Fl\u00f3rez, s\u00ed convivieron desde el 13 de abril de 2012 hasta el 30 de agosto de 2020 fecha en la que falleci\u00f3 el causante\u00bb. <\/p>\n
Que adelantado por ella el respectivo proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, la \u00abprueba\u00bb anterior \u00abdebi\u00f3 ser tenida en cuenta por parte del fallador tanto de primera como de segunda instancia\u00bb, no obstante, en el fallo proferido el 2 de noviembre de 2021, el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 \u00abdeclarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho (\u2026) del 30 de junio de 2018 hasta el 30 de agosto de 2020 [y] la existencia de la sociedad patrimonial en el mismo periodo\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el tribunal en sede de apelaci\u00f3n propuesto tanto por su apoderado como por el de los herederos determinados. <\/p>\n
Que ella \u00abno fue representada [judicialmente] en debida forma, [pues] el abogado no alleg\u00f3 las pruebas suficientes para el desarrollo del proceso\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abse ha visto perjudicada en sus derechos fundamentales, no solo con la actuaci\u00f3n de su apoderado judicial, por practicar en indebida forma la incorporaci\u00f3n de las pruebas dentro el contradictorio, sino que a su vez, los despachos judiciales, no verificaron ni valoraron lo que dentro de su alcance, obraba como prueba clara, para establecer la convivencia de los compa\u00f1eros, como por ejemplo la investigaci\u00f3n base de la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n por sustituci\u00f3n, donde se evidenci\u00f3 que en efecto la pareja convivio desde el a\u00f1o 2012\u00bb, y por ello \u00abno se podr\u00e1 acceder al beneficio de la sustituci\u00f3n pensional, toda vez que la ley en esa materia establece que se deber\u00e1 comprobar una convivencia en cualquier tiempo por 5 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se proceda a \u00abdeclarar los fallos emitidos tanto en primera, como en segunda instancia NULOS, por encontrarse probado con esta acci\u00f3n constitucional, que se vulner\u00f3 el derecho al debido proceso, por la indebida valoraci\u00f3n del material probatorio. En consecuencia (\u2026), conceder mediante sentencia que haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada, el derecho al reconocimiento de la convivencia de los compa\u00f1eros permanentes, por el periodo comprendido entre el a\u00f1o 2012 y el a\u00f1o 2020, seg\u00fan las pruebas que as\u00ed lo acreditan (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La sala enjuiciada remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital contentivo del proceso en cuesti\u00f3n, e inform\u00f3, para los fines de notificaci\u00f3n, los datos de las partes e intervinientes en dicho litigio. <\/p>\n
2. La Juez Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida dentro del pleito ordinario objeto de la presente querella, y proporcion\u00f3 el link para acceder \u00aba la documental que reposa en el despacho\u00bb. <\/p>\n
3. Lina Mar\u00eda y Kennys Patricia Fern\u00e1ndez Medina, se opusieron a lo pretendido, aduciendo que con la actuaci\u00f3n judicial que la actora reprocha \u00abqued\u00f3 plenamente garantizada no solo la doble instancia a que ten\u00eda derecho, sino el debido proceso y a la defensa t\u00e9cnica, pues los recursos deben ser usados por el recurrente para evidenciar fallas probatorias a tener en cuenta por el a-quo y no para intentar inducir en error al operador judicial incorporando pruebas que est\u00e1n por fuera del t\u00e9rmino legal y que no hicieron parte del litigio\u00bb; que las actuales reclamaciones \u00abest\u00e1n argumentadas en puras galimat\u00edas jur\u00eddicas, que en nada enriquecen los planteamientos de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, y que este instrumento \u00abno se puede considerar como una tercera instancia (\u2026) para revivir t\u00e9rminos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n confirmando el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Dos de Familia de esta ciudad, dentro del pleito n\u00b0 2020-00351. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Enlista como tales: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, examinados los argumentos de esta reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 improcedente el auxilio implorado, comoquiera que no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al estar enfilado el actual ataque contra la decisi\u00f3n proferida en segundo grado el 14 de junio de 2022, en virtud a la postura jur\u00eddica adoptada por la colegiatura acusada en relaci\u00f3n con la normativa aplicable y particularmente sobre la valoraci\u00f3n de los medios de prueba, en especial aquellos dirigidos a demostrar los extremos de la convivencia marital, comprend\u00eda discrepancias que pudieron ser objeto de censura a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en lugar de pretender que se definiera por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, por la naturaleza declarativa del proceso y dem\u00e1s circunstancias espec\u00edficas que para el evento deben apreciarse, la accionante cont\u00f3 con la posibilidad de plantear sus reparos a trav\u00e9s de la aludida herramienta jur\u00eddica, y al no hacerlo, no puede pretender que el juez del amparo desborde su competencia para suplir la desidia de la parte interesada para acudir a los instrumentos legales previstos para procurar la soluci\u00f3n al caso. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente jurisprudencial recuerda que, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-1217\/03). Se resalta. <\/p>\n
En situaciones semejantes, donde se acude al auxilio sin agotar el recurso extraordinario en menci\u00f3n, concurre la causal de improcedencia conforme a lo contemplado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la quejosa controvertir la providencia mediante otro mecanismo legal. <\/p>\n
Entonces, al haberse desperdiciado el mecanismo de defensa judicial previsto en la ley, esta acci\u00f3n deviene improcedente por no cumplir el esencial requisito de la subsidiariedad, pues en invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corporaci\u00f3n ha dicho que cuando tal comportamiento omisivo acaece, la misma no tiene cabida, en tanto que: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC344-2021, 27 ene. 2021, rad. 2020-03450-00, entre otras). <\/p>\n
Se reitera que en casos como el que se examina, se ha dejado sentada la improcedencia de la salvaguarda por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, siendo \u00e9ste un criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que la demandante, quien contaba con representante judicial, hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. <\/p>\n
Igualmente cabe recordar que a la acci\u00f3n constitucional solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia de resolver las controversias, ya que no es un instrumento sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Respecto a este \u00faltimo t\u00f3pico, se advierte que el resguardo tampoco procede, toda vez que la demandante no prob\u00f3 que se hubieran configurado las exigencias que pudieran viabilizar tal posibilidad, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC9677-2022, 28 jul. 2022, rad. 00125-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se declarar\u00e1 improcedente lo pretendido por incumplir el requisito de la subsidiariedad, al no haberse agotado los recursos previstos en la ley para definir el litigio y no ser el juez de tutela una instancia adicional a las que se encuentran establecidas, ni surgir la posibilidad de concederla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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