STC10717-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10717-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00660-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 25 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cI\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal (\u2026), as\u00ed como los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su menor hija, en particular al debido proceso, salud, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en la definici\u00f3n del litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en relaci\u00f3n con su hija \u201cW\u201d (hoy con 8 a\u00f1os de edad), \u00abel 5 de agosto de 2019 se emiti\u00f3 por parte de la Defensor\u00eda de Familia del ICBF del Centro Zonal (\u2026), el auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos\u00bb, por cuanto \u00aben julio de 2019, cuando ten\u00eda 5 a\u00f1os\u00bb, se alert\u00f3 \u00absobre el posible abuso sexual\u00bb; que el informe pericial forense \u00abno descarta la posibilidad de manipulaciones o tocamientos\u00bb, y seg\u00fan \u00abvaloraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb practicada a la menor, \u00abreporta haber vivido algunas situaciones en las que se presentaron comportamientos sexualizados at\u00edpicos e inadecuados por parte de su padre [\u201cM\u201d], tales como revisarle la ropa interior a la entrada del jard\u00edn\u00bb. <\/p>\n
Que seguidamente el se\u00f1or \u201cM\u201d \u00abdenunci\u00f3 el incumplimiento de la visita [as\u00ed como] ejercicio arbitrario de la custodia\u00bb, y \u00abel 8 de octubre de 2019, a trav\u00e9s de apoderado judicial solicit\u00f3 a la Defensor\u00eda de Familia del I.C.B.F. autorizaci\u00f3n de visitas controladas a la ni\u00f1a al menos dos veces por semana y con una duraci\u00f3n m\u00ednima de 20 minutos cada una\u00bb, petici\u00f3n que fue negada el 5 de noviembre del mismo a\u00f1o, aduci\u00e9ndose \u00abla prevalencia de los derechos de la ni\u00f1a y la apertura del proceso de restablecimiento de derechos\u00bb. <\/p>\n
Que luego de las valoraciones psicol\u00f3gicas practicadas a la ni\u00f1a, \u00abel 16 de diciembre de 2019 (\u2026) se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y se confirm\u00f3 su ubicaci\u00f3n en medio familiar de origen con su progenitora [y] se modific\u00f3 la medida provisional ordenada el 5 de agosto de 2019, concerniente a la suspensi\u00f3n de visitas y de cualquier contacto de la ni\u00f1a con su padre \u201cM\u201d, para en su lugar autorizar visitas supervisadas en el Centro Zonal, los viernes de 3:00 pm a 5:00 pm, cada 15 d\u00edas, hasta que se definiera de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del se\u00f1or \u201cM\u201d, por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 4 de marzo de 2021, la Defensora de Familia del Centro Zonal de (\u2026) establece el r\u00e9gimen de visitas de la menor con su padre [en t\u00e9rminos similares a los ya referidos, precisando que] dichos encuentros se realizar\u00e1n por medio de la plataforma Teams, y ser\u00e1n supervisados por la Profesional de Psicolog\u00eda adscrita a la defensor\u00eda de familia del ICBF, quien se encargar\u00e1 de realizar el acceso a la plataforma virtual por medio del link que ser\u00e1 enviado un d\u00eda antes\u00bb. Que ante solicitudes del se\u00f1or \u201cM\u201d, \u00abel 2 de junio de 2021 la Defensora de Familia orden\u00f3, por 6 meses m\u00e1s, la pr\u00f3rroga del proceso [as\u00ed como] dar continuidad a las visitas virtuales supervisadas (\u2026), [y] el 4 de octubre de octubre de 2021, reactiv[\u00f3] las visitas presenciales vigiladas\u00bb. <\/p>\n
Que ante el desacuerdo por ella presentado y el informe de visita supervisada allegado por psicolog\u00eda \u00abel 12 de octubre de 2021 [en el que se consign\u00f3 que] la ni\u00f1a manifest\u00f3, en varias oportunidades, su rechazo e incomodidad ante el reiterado contacto f\u00edsico con su padre (\u2026), el 15 de octubre de 2021, la Defensora de Familia del I.C.B.F. del Centro Zonal de (\u2026) le comunic\u00f3 al se\u00f1or \u201cM\u201d el rechazo de su petici\u00f3n para que las visitas presenciales supervisadas se realizaran en el I.C.B.F. de (\u2026) y que las visitas continuar\u00e1n en la modalidad virtual. Esto, debido a lo acontecido el 12 de octubre de 2021 y a las comorbilidades que tiene la ni\u00f1a [asma, sobrepeso y \u201ctiroides\u201d], seg\u00fan lo informado por la suscrita (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abactualmente, las visitas se est\u00e1n realizando de manera virtual, sin supervisi\u00f3n alguna por parte de la autoridad o de persona alguna\u00bb, pero, \u00abproducto de las visitas [la ni\u00f1a] ha experimentado cambios emocionales que afectan de manera negativa su salud psicol\u00f3gica y f\u00edsica, pues se intensificaron afectaciones que ya se ven\u00edan identificando previamente con las visitas supervisadas\u00bb, por lo que, \u00abme preocupa el impacto de estas visitas sin supervisi\u00f3n, (\u2026) pues pese a todos los cuidados proporcionados, mi hija, en los \u00faltimos meses ha pasado de tener sobrepeso a obesidad, corriendo el riesgo de desarrollarse precozmente, debido a una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis, diagnosticada el 27 de nov del 2018 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse deje sin efecto jur\u00eddico alguno la providencia del 8 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado \u201c00\u201d del Circuito de Familia de \u201cX\u201d, mediante la cual se resolvi\u00f3 [el proceso]\u00bb, y se ordene proferir \u00abuna nueva decisi\u00f3n\u00bb, as\u00ed como \u00ababstenerse de continuar vulnerando los derechos fundamentales (\u2026) y las garant\u00edas de mi menor hija\u00bb. Tambi\u00e9n, \u00abque se le ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (\u2026), hacer el seguimiento respectivo a la decisi\u00f3n\/decisiones que se emitan con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela [y] se determinen las sanciones [pertinentes]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, manifest\u00f3 que decidi\u00f3 \u00abel cierre definitivo del proceso de restablecimiento de derechos [en cuesti\u00f3n] comoquiera que se encontraron garantizados los derechos de la menor\u00bb, y que \u00absi bien, la accionante se conduele de que las visitas ordenadas (\u2026), debe iniciar las acciones correspondientes para modificarlas, m\u00e1s no puede pretender que [esto se haga] por medio de un proceso de restablecimiento de derechos, pues el fin del presente asunto es restablecer los derechos de la ni\u00f1a, mediante las medidas contempladas en la ley (art. 53 Ley 1098 de 2006), las cuales no se pueden tornar en permanentes\u00bb. Pidi\u00f3 negar el amparo ya que \u00abfue con base en las pruebas recaudadas y obrantes en el plenario y en el an\u00e1lisis realizado a cada una de ellas, encontr\u00e1ndose as\u00ed ajustado a derecho el fallo proferido; motivo por el cual no existe vulneraci\u00f3n alguna a los derechos [invocados]\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal (\u2026), dio que las pretensiones de la tutelante \u00abno est\u00e1n llamadas a prosperar porque no existe vulneraci\u00f3n de derechos, por el contrario, de las actuaciones del Instituto se evidencia que actu\u00f3 de conformidad con la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1887 de 2018 [y que], dentro del proceso ya se finaliz\u00f3 el apoyo psicoterap\u00e9utico y existe garant\u00eda de derechos de la ni\u00f1a, por lo tanto, atendiendo la decisi\u00f3n del Juzgado se proceder\u00e1 con el cierre del mismo\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cX\u201d, conceptu\u00f3 que \u00abes de gran importancia que antes de permitir las visitas virtuales no supervisadas (\u2026), esta sea remitida a atenci\u00f3n terap\u00e9utica por el \u00e1rea de psicolog\u00eda, debido al antecedente por presunto maltrato f\u00edsico, psicol\u00f3gico y sexual, a fin de obtener herramientas que logren la construcci\u00f3n del v\u00ednculo afectivo paterno-filial (\u2026)\u00bb, y por ello se mostr\u00f3 a favor de concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
4. \u201cM\u201d, en su calidad de padre de la menor por quien se adelant\u00f3 el pleito ordinario, narr\u00f3 -en extenso-, entre otras situaciones atinentes a su actividad profesional como \u00abdefensor de derechos humanos de nacionalidad italiana\u00bb, las actuaciones relacionadas con la defensa de sus prerrogativas y de su menor hija, aseverando que \u00abla vida de [ella] es sagrada [y] es mi relaci\u00f3n muy cercana, sana y cari\u00f1osa, es todo para m\u00ed\u00bb. Pidi\u00f3 se \u00abautorice todas las visitas cotidianas, cada d\u00eda de la semana, para dar cumplimiento al acuerdo de voluntades realizado por los progenitores en el divorcio protocolizado en la Notar\u00eda (\u2026) de \u201cX\u201d, escritura p\u00fablica Nro. (\u2026) del 24 de enero de 2019, y las visitas autorizadas por ICBF \u2013 en mayo de 2019 cada d\u00eda \u201c5 minutos en la entrada del Colegio donde (\u2026) se encuentre estudiando\u201d\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal (\u2026) Seccional de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, inform\u00f3 que consultada \u00abla base de datos del SPOA (\u2026), se verifica que dentro de la noticia criminal referida [\u201c2018-00000\u201d], se profiri\u00f3 un archivo por conducta at\u00edpica art. 79 C.P.P., el pasado 16-03-2021\u00bb. <\/p>\n
6. La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos de la accionante y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (\u2026), desvincul\u00e1ndola del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. El Procurador (\u2026) Judicial I del Trabajo y Seguridad Social de (\u2026) con funciones en la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia de \u201cX\u201d, manifest\u00f3 su \u00abimpedimento para conocer del asunto (\u2026), toda vez que estoy incurso en las causales 1\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (\u2026), comoquiera que tengo v\u00ednculo consangu\u00edneo en segundo grado con (\u2026), quien intervino en el asunto cuestionado en sede constitucional, como Procuradora (\u2026) Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al encontrar que la decisi\u00f3n confutada \u00abno resulta antojadiza o alejada de la realidad procesal, pues (\u2026) realiz\u00f3 una verificaci\u00f3n pormenorizada del material probatorio obrante, tales como la denuncia presentada por la accionante, la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica de la Fundaci\u00f3n (\u2026), el Informe Pericial de Cl\u00ednica Forense emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la certificaci\u00f3n emitida por la Fiscal\u00eda (\u2026), en la que se inform\u00f3 sobre el archivo de la investigaci\u00f3n en contra del se\u00f1or \u201cM\u201d, por el delito de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os, y las comunicaciones emitidas por las partes y la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal de (\u2026), de modo que se puede concluir que en [el fallo], la funcionaria s\u00ed tuvo en cuenta las pruebas aportadas (\u2026), realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n que le correspond\u00eda, para arribar a la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3, de la cual puede discreparse, pero no por ello constituye v\u00eda de hecho que amerite su desquiciamiento a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para reiterar los argumentos de la acci\u00f3n, y criticar del tribunal, \u00abel desconocimiento de la utilizaci\u00f3n de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, y que no hubiera apreciado la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea acerca de la valoraci\u00f3n probatoria hecha por el juzgado\u00bb, y por omitir \u00abconsideraciones que eran importantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, al resolver el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de su menor hija, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del restablecimiento de derechos. <\/p>\n
Conforme a lo previsto en los art\u00edculos 50 y 51 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006, esta figura jur\u00eddica comprende \u00abla restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados\u00bb a ni\u00f1os y adolescentes, y \u00abes responsabilidad del Estado en su conjunto a trav\u00e9s de las autoridades p\u00fablicas, quienes tienen la obligaci\u00f3n de informar o conducir ante la Polic\u00eda, las Defensor\u00edas de Familia, las Comisar\u00edas de Familia o en su defecto, los Inspectores de Polic\u00eda o las Personer\u00edas Municipales o Distritales a todos los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
Siendo variadas las circunstancias para determinar una \u00absituaci\u00f3n irregular\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n estatal, se contemplan como medidas de restablecimiento: (i) \u00abla amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico\u00bb; (ii) el retiro inmediato del menor \u00abde la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar, y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada\u00bb; (iii) \u00abla ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar\u00bb, la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo; en hogar de paso cuando no aparezcan esas personas; o en hogar sustituto, es decir con una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atenci\u00f3n necesaria en sustituci\u00f3n a sus parientes de origen; (iv) \u00abla ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicaci\u00f3n en los hogares de paso\u00bb; (v) \u00abla adopci\u00f3n\u00bb; y (vi) las dem\u00e1s se\u00f1aladas en otras normas y \u00abque garantice la protecci\u00f3n integral\u00bb del ni\u00f1o o adolescente (art\u00edculos 53, 56, 57 y 59 ibidem). <\/p>\n
Las autoridades que est\u00e1n llamadas a aplicar dichas medidas, seg\u00fan lo contemplado en los art\u00edculos 79 a 95 de la citada normativa, son: (i) el Defensor de Familia del ICBF, de manera preferente, dada su calidad de coordinador del sistema de Bienestar Familiar y concretamente de las medidas de protecci\u00f3n o de restablecimiento; (ii) el Comisario de Familia; (iii) la Polic\u00eda Nacional y (iv) el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 99 del citado estatuto, cualquiera de las autoridades en menci\u00f3n est\u00e1 facultada para iniciar de oficio el tr\u00e1mite cuando tenga conocimiento de vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos del ni\u00f1o o adolescente, en tanto que sus funciones son: \u00ab1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar\u00bb; \u00ab3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protecci\u00f3n necesarias en casos de delitos contra los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb; \u00ab4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protecci\u00f3n en casos de violencia intrafamiliar\u00bb; \u00ab5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentaci\u00f3n de visitas\u2026\u00bb, y \u00ab8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito\u00bb (art\u00edculo 86). Se resalta y subraya. <\/p>\n
Al abrir la investigaci\u00f3n, la norma en estudio autoriza al Defensor o al Comisario de Familia que tenga a su cargo la instrucci\u00f3n del caso, para ordenar \u00ab2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protecci\u00f3n integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb, las cuales podr\u00e1n mantenerse al decidir de fondo el asunto, seg\u00fan la necesidad y utilidad de las mismas con observancia en la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os como lo contemplan los tratados internacionales y se recoge expresamente en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n de 1991, y en el ordenamiento legal en comento. <\/p>\n
Seg\u00fan la referida codificaci\u00f3n, el superior funcional de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el juez de familia del lugar donde se encuentra el ni\u00f1o o adolescente; el tratamiento en la definici\u00f3n de tales medidas, difiere en que cuando lo conoce el juez no procede reposici\u00f3n, y si el que falla es el ente administrativo, la resoluci\u00f3n requiere de homologaci\u00f3n ante el funcionario judicial (art\u00edculo 100, concordante con los preceptos 103, 108, 119 y 123 del estatuto especial en cita, y art\u00edculo 21-18 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En cuanto al tr\u00e1mite procesal, el canon 21 del estatuto adjetivo general consagra que, \u00aben \u00fanica instancia\u00bb, a los jueces de familia les corresponde: \u00ab18. Homologaci\u00f3n de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley\u00bb; \u00ab19. La revisi\u00f3n de las decisiones administrativas preferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de polic\u00eda en los casos previstos en la ley\u00bb, y \u00ab20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia\u00bb. <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del estudio realizado a los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n, su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente y la normativa y jurisprudencia aplicable, esta Sala establece que la desestimaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 ratificada, comoquiera que la decisi\u00f3n reprochada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
4.1. En efecto, para que, mediante providencia del 8 de marzo de 2022, proferida dentro del pleito radicado bajo el n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, resolviera \u00abdecretar el cierre definitivo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos surtido a favor de la ni\u00f1a (\u2026)\u00bb, como razonamiento expuso: <\/p>\n
\u00abTeniendo en cuenta la anterior jurisprudencia, los hechos denunciados y las actuaciones ya antes descritas, encuentra el Despacho que en el presente asunto se alleg\u00f3 reportes realizados por la misma ni\u00f1a \u201cW\u201d, en la que manifest\u00f3 presuntos tocamientos por parte de su progenitor, realiz\u00f3 ciertas conductas con vocabulario sexualizado e indic\u00f3 que el mismo era expresado por su padre; motivos, por los cuales los profesionales recomendaron no celebrar visitas; sin embargo y comoquiera que, dentro del presente proceso se busca garantizar el derecho de la ni\u00f1a a tener una familia encuentra el Despacho, que se autorizaron visitas de manera supervisada por parte del ICBF, iniciando las mismas de manera virtual y posteriormente de manera presencial, no obstante, tras la realizaci\u00f3n de las mismas se evidencia que la ni\u00f1a durante el desarrollo de las visitas presenciales present\u00f3 incomodidad y finalmente manifest\u00f3 su deseo de que las mismas no continuaran desarroll\u00e1ndose de manera presencial, sino de forma virtual, por lo que al recordar este Despacho que la H. Corte Constitucional en sentencia T-115 de 2014, indic\u00f3 que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u201cdeben ser escuchados y sus intereses visibilizados, pronunciamiento que no s\u00f3lo encuentra fundamento en la legislaci\u00f3n nacional, sino, tambi\u00e9n, en lo dispuesto por el art\u00edculo 12 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o (Ley 12 de 1991), en donde se establece que \u00ablos Estados parte garantizar\u00e1n al ni\u00f1o que est\u00e9 en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opini\u00f3n libremente en todos los asuntos que afectan al ni\u00f1o, teni\u00e9ndose debidamente en cuenta las opiniones del ni\u00f1o, en funci\u00f3n de la edad y madurez del ni\u00f1o\u201d; as\u00ed mismo, en Sentencia T-557 de 2011, se estableci\u00f3 que los derechos e intereses de los padres y dem\u00e1s personas relevantes deben ser interpretados y garantizados en funci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los menores de edad. <\/p>\n
En este sentido, encuentra el Despacho que el principio pro infans, tiene una innegable carga axiol\u00f3gica en virtud de garantizar la prevalencia de los derechos de la ni\u00f1a \u201cW\u201d, frente a otras garant\u00edas de los derechos e intereses de los padres y dem\u00e1s personas relevantes, pues solo as\u00ed se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad del inter\u00e9s de la ni\u00f1a \u201cW\u201d, esto es, atender a su protecci\u00f3n integral y evitarle un escenario de revictimizaci\u00f3n y comoquiera que en seguimiento de fecha 6 de enero de 2022, la trabajadora social del ICBF realiza informe de seguimiento socio familiar de la ni\u00f1a \u201cW\u201d, en la que indica que la misma hace parte de un sistema familiar extenso de convivencia con la abuela materna y progenitora, din\u00e1mica familiar con lazos afectivos fuertes y alta vincularidad en la diada materno filial, como en la relaci\u00f3n con la abuela materna, quien apoya el tema de la supervisi\u00f3n y acompa\u00f1amiento en los tiempos laborales materno; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que cuenta con espacios de di\u00e1logo y concertaci\u00f3n y reconoce las figuras de autoridad en cabeza de su progenitora, como forma de correcci\u00f3n reportando la progenitora el desmonte de privilegios y el di\u00e1logo, la ni\u00f1a estudia en un colegio en jornada de la tarde, super\u00f3 el grado 1 y continuar\u00e1 estudiando en el colegio biling\u00fce, en la jornada de la ma\u00f1ana, que cuenta con actividades extracurriculares, que la progenitora le est\u00e1 realizando seguimiento m\u00e9dico por problemas relacionados con la tiroides y con respecto a la atenci\u00f3n psicol\u00f3gica, refiere que las visitas se dieron en un inici\u00f3 por medio de la plataforma TEAMS; por lo que concluye finalmente la profesional que de acuerdo con la informaci\u00f3n recolectada se evidencia que \u201cW\u201d, cuenta con sistema familiar garante de los derechos, aspecto que es relevante para este Despacho y comoquiera que a la fecha de este fallo, se le est\u00e1n garantizando los derechos a la ni\u00f1a \u201cW\u201d, no le queda otro camino a esta Juzgadora que ordenar el cierre del presente proceso, manteniendo la ni\u00f1a \u201cW\u201d en el medio familiar materno. <\/p>\n
En este orden de ideas, no le asisti\u00f3 raz\u00f3n a la Defensora de Familia cuando niega el cierre del proceso debido a que la ni\u00f1a fue vinculada a un proceso terap\u00e9utico especializado, por lo que este Despacho recuerda a la autoridad administrativa, que la H. Corte Constitucional en Sentencias T 336\/19 precis\u00f3: \u201cEl PARD no est\u00e1 atado al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de un tratamiento m\u00e9dico o psicol\u00f3gico, ya que la finalidad de este tipo de situaciones es la de proferir las ordenes necesarias para restablecer los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d; motivo por el cual, en inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, las visitas continuar\u00e1n desarroll\u00e1ndose de manera virtual y como as\u00ed lo solicit\u00f3 la ni\u00f1a en visita realizada con el padre el 12 de octubre del a\u00f1o 2021, debiendo la progenitora proporcionar a la ni\u00f1a los medios tecnol\u00f3gicos para su conexi\u00f3n, lo anterior hasta tanto las mismas no sean reguladas por autoridad competente, no sin antes recordar a la progenitora se\u00f1ora \u201cI\u201d, que es la familia, en primer lugar, la llamada a suministrarle los cuidados y las atenciones que necesita la ni\u00f1a, en otras palabras, satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicol\u00f3gicas, entre las que se encuentra el tratamiento psicol\u00f3gico, ordenado por la Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal (\u2026)\u00bb. Resaltado y subrayado fuera del texto. <\/p>\n
4.2. Como acaba de verse, las medidas impuestas en el marco del procedimiento de restablecimiento de derechos, consistentes en mantener a la menor en medio familiar materno y que el padre seguir\u00e1 ejerciendo su derecho de visitas de manera virtual hasta que la autoridad competente disponga otra regulaci\u00f3n, adem\u00e1s de motivadas, se muestran convenientes y \u00fatiles para la ni\u00f1a en favor de quien se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n en esta excepcional sede, por lo que no se avizora que con ellas se afecten las prerrogativas invocadas a trav\u00e9s de este excepcional instrumento, ni siquiera como mecanismo transitorio. <\/p>\n
En tales condiciones, los planteamientos realizados por el despacho encartado, no se muestran arbitrarios ni caprichosos sino, por el contrario, ajustados a una razonable ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y a la normativa que rige la tem\u00e1tica examinada, por lo que las discrepancias esbozadas por la actora en esta sede, demuestran que la intenci\u00f3n es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citadas en STC5103-2021, 7 may. 2021, rad. 00081-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC9229-2022, 19 jul. 2022, rad. 00134-01). <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que el alcance de la tutela se restringe, comoquiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada entre otras en STC7294-2022, 9 jun. 2022, rad. 00034-01). <\/p>\n
4.3. Por lo dem\u00e1s, en lo atinente a conflictos sobre custodia y visitas, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha dicho que, en raz\u00f3n de la autonom\u00eda de los jueces del proceso ordinario, el de tutela \u00abno puede declarar la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, ni el otorgamiento de la tenencia y cuidado de los hijos a cualquiera de los padres, pues es al juez de familia a quien compete decidir sobre el ejercicio de ese derecho. Adem\u00e1s, estos funcionarios cuentan con un equipo interdisciplinario que les presta asesor\u00eda, grupo con que no cuenta el juez de tutela. Igualmente, existiendo un r\u00e9gimen de visitas establecido por las partes o por el juez, tal r\u00e9gimen no puede ser modificado por el juez de tutela, pues para ello se han establecido procedimientos igualmente r\u00e1pidos y eficaces que hacen la acci\u00f3n improcedente\u00bb (CC T-500\/93). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunado a la razonabilidad de la decisi\u00f3n confutada, la Sala advierte que la pretendida modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas de un menor, desborda la competencia del juez de tutela, por cuanto es el juzgado de familia la autoridad competente para remediar el conflicto familiar y buscar la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada a la problem\u00e1tica que se presenta, en la que los padres deben ejercer sus roles con mayor rigorismo, obviando sus resentimientos e intereses personales y en su lugar, prestar especial cuidado y atenci\u00f3n en el desarrollo f\u00edsico y mental de su menor hija. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se desestimar\u00e1 la salvaguarda implorada, toda vez que la determinaci\u00f3n refutada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC10717-2022_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10717-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00660-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}