STC10721-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10721-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00671-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de julio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Eduardo Charry Guti\u00e9rrez contra el Juzgado 12 de Familia de esta localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerado por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abrealice de manera inmediata todas las gestiones para hacer cumplir el fallo emitido por la Sala\u2026 de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Eduardo Charry Guti\u00e9rrez promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que fue negada con providencia del 15 de marzo de 2022, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el accionante, siendo revocada con sentencia del 4 de abril siguiente, para en su lugar, conceder el resguardo, por lo que se orden\u00f3 a la accionada que \u00abresuelva de fondo y de manera coherente lo pedido por el actor en su escrito de petici\u00f3n del 14 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 20 de mayo de estas calendas, el promotor de ese resguardo formul\u00f3 incidente de desacato, al que se le dio tr\u00e1mite con auto del 30 de junio de 2022 y, despu\u00e9s de presentado este resguardo, se decretaron pruebas, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 15 de julio de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado criticado \u00abno se ha\u2026 interesado en atender adecuadamente la solicitud de desacato\u00bb, teniendo en cuenta que \u00aba la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela\u2026 no [la] ha resuelto\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Colpensiones dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. El Juzgado 12 de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n objeto de censura. <\/p>\n
3. La Universidad de los Andes rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abest\u00e1 acreditada la actuaci\u00f3n correspondiente para impulsar el tr\u00e1mite frente a las pretensiones invocadas; en consecuencia, la acci\u00f3n de tutela deviene improcedente por cuanto carece de objeto actual cualquier orden de control del Juez Constitucional, bajo la teor\u00eda constitucional del hecho superado\u2026\u00bb, comoquiera que \u00abel pasado 15 de julio se profiri\u00f3 auto que abri\u00f3 la etapa probatoria, para determinar si ha ocurrido el incumplimiento denunciado por el incidentante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante esgrimi\u00f3 que la decisi\u00f3n \u00abde declarar improcedente por hecho superado no verifica\u2026 que efectivamente el asunto est\u00e9 resuelto ni que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados\u00bb, pues \u00ab[e]l auto de pruebas expedido por el Juzgado 12 de Familia, que es el \u00fanico que ha sido notificado a la parte tutelante, tiene como fecha el 15 de julio de 2022, y al d\u00eda de hoy no hay decisi\u00f3n, no hay ordenes efectivas que protejan los derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias (\u2026) que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, que no es venturoso el amparo, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos plenarios, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez (\u2026) hubiera agotado en el interior del incidente (\u2026) esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb1 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880-2018, 13 sep., rad. 01400-01). <\/p>\n
Excepcionalidad que consecuentemente se ha extendido a otros contextos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12; citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Y no es de menor importancia anotar que cuando el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si el afectado no dispone de otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo tocante, se ha manifestado que, <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural dilata alguna tramitaci\u00f3n importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. Circunscrito el debate a lo expuesto en la impugnaci\u00f3n, deviene palpable la trasgresi\u00f3n a los intereses esenciales del tutelante por parte del juzgado fustigado, toda vez que dicho ente ha dilatado, sin raz\u00f3n v\u00e1lida alguna, el tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n del incidente de desacato presentado por el quejoso, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
Examinadas las copias remitidas, se verifica que, presentado el escrito incidental, el 20 de mayo de 2022, s\u00f3lo hasta el 30 de junio siguiente, esto es, m\u00e1s de un mes despu\u00e9s, se dio curso a ese reclamo, trascurriendo otros 15 d\u00edas para que el juzgado procediera a decretar las pruebas correspondientes, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n, habiendo pasado m\u00e1s de un mes, se hubiese dictado la decisi\u00f3n que resuelva de fondo el prenotado asunto. <\/p>\n
3.2. Las anotadas circunstancias se traducen, sin m\u00e1s, en una dilaci\u00f3n injustificada, por clara omisi\u00f3n del despacho judicial accionado en resolver adecuadamente respecto al cumplimiento o incumplimiento de la orden dada por su superior con sentencia de 4 de abril de estas calendas. <\/p>\n
Sobre este particular, mem\u00f3rese que esta Sala ha decantado, de tiempo atr\u00e1s, la subsistencia del amparo frente a supuestos como el de marras, cuando el retraso achacado carezca de explicaci\u00f3n v\u00e1lida; es decir, eventos <\/p>\n
\u2026producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada\u2026 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial (\u2026) que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior\u2026 (Destacado ajeno. CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; reiterada, entre muchas otras, en STC901, 6 feb. 2020, rad. 2019-00550-01). <\/p>\n
3.3. No por nada, acerca de la demora para la resoluci\u00f3n de incidentes de desacato, esta alta Corporaci\u00f3n dijo: <\/p>\n
Revisadas las pruebas aportadas a este asunto, se desprende el quebranto de la garant\u00eda al debido proceso, por cuanto el juzgado aqu\u00ed involucrado, ha tardado en resolver el mentado desacato sin excusa v\u00e1lida que justifique esa dilaci\u00f3n de t\u00e9rminos. <\/p>\n
N\u00f3tese, la actora el 23 de marzo de 2017 acudi\u00f3 ante el estrado convocado, para obtener el cumplimento del fallo de tutela que protegi\u00f3 su derecho fundamental\u2026, no obstante, a la fecha de esta decisi\u00f3n la autoridad acusada a\u00fan no ha definido dicho incidente, evidenci\u00e1ndose, por tanto, el transcurso de m\u00e1s de dos (2) meses, los cuales superan ampliamente el plazo de diez (10) d\u00edas definidos por la jurisprudencia constitucional para zanjar este tipo de reclamos. <\/p>\n
Al respecto, ese alto Tribunal [en CC T-367\/14] sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un t\u00e9rmino determinado o determinable para resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que, trat\u00e1ndose de un elemento esencial para armonizar con la Constituci\u00f3n implica la existencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa. Al regular la Constituci\u00f3n la acci\u00f3n de tutela, en su art\u00edculo 86, y precisar que tanto la protecci\u00f3n de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez d\u00edas, de este mandato se sigue que para resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato a un fallo de tutela no habr\u00e1n de transcurrir m\u00e1s de diez d\u00edas, contados desde su apertura. (\u2026)\u201d\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se le ordenar\u00e1 al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolver dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, el comentado decurso incidental\u2026 (Se resalt\u00f3. CSJ STC8955, 22 jun. 2017, rad. 01124-01; citada en STC8348, 7 jul. 2021, rad. 01980-00). <\/p>\n
4. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, toda vez que la sede judicial acusada ha escatimado mayor esfuerzo en desatar, en el sentido que estime apropiado, el rito incidental criticado; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a disponer lo pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo a los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Eduardo Charry Guti\u00e9rrez. En consecuencia, se ordena al Juzgado 12 de Familia de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte la determinaci\u00f3n definitiva que en derecho corresponda respecto al incidente de desacato incoado por el ac\u00e1 tutelante (radicaci\u00f3n 11001-31-10-012-2021-00135), atendiendo los razonamientos vertidos en las consideraciones de este fallo. <\/p>\n
Segundo. La autoridad accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia al juzgado enjuiciado y al a quo constitucional. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
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