STC10724-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10724-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02668-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Carrillo Estrada contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de hacer, radicado n\u00ba 2020-00359. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que instaur\u00f3 demanda ejecutiva por \u00abobligaci\u00f3n de hacer\u00bb contra el banco \u00abITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.\u00bb con dos prop\u00f3sitos: que se le ordene registrar ante la oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1 \u00abla fusi\u00f3n efectuada mediante escritura p\u00fablica 1527 de 1\u00ba de junio de 2014 con HELM BANK [\u2026] para indicar el cambio de titular del derecho real de dominio de la entidad absorbida a la absorbente\u00bb; y, que la entidad financiera suscriba y le otorgue la escritura p\u00fablica de la opci\u00f3n de compra a su favor respecto de un inmueble objeto de leasing habitacional ubicado en Cajic\u00e1. <\/p>\n
Refiere que, el asunto le correspondi\u00f3 tramitarlo al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito que, inicialmente, el 15 de marzo de 2021 inadmiti\u00f3 la demanda, luego, tras la subsanaci\u00f3n respectiva, orden\u00f3 el embargo del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 176-109612. <\/p>\n
Posteriormente, previo a librar mandamiento de pago, mediante prove\u00eddo del 13 de agosto de 2021 lo requiri\u00f3 a fin de que allegara la evidencia de la inscripci\u00f3n de la medida cautelar y, el 16 de noviembre de 2021, lo inquiri\u00f3 \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317\u00bb, providencia contra la cual interpuso recurso reposici\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el 23 de marzo de 2022, el juzgado, al resolver el remedio horizontal que impetr\u00f3, emiti\u00f3 dos pronunciamientos: el primero, repuso la decisi\u00f3n de requerirlo por desistimiento t\u00e1cito tras advertir que exist\u00eda una nota devolutiva de la oficina de registro e instrumentos p\u00fablicos indicando que no era posible la inscripci\u00f3n del embargo ordenado, ya que la entidad demandada no figuraba como titular del derecho real de dominio; y, segundo, neg\u00f3 librar el mandamiento ejecutivo tras colegir que la financiera no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, decisi\u00f3n esta \u00faltima que confirm\u00f3 en su integridad el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (unitaria) el 17 de junio de 2022 al resolver la alzada que formul\u00f3. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones y las acusa de constituir v\u00edas de hecho por cuanto, desconocieron que el Banco ITAU CORPBANCA es la misma persona jur\u00eddica que HELM LEASING S.A., que inicialmente suscribi\u00f3 el leasing habitacional con el primer locatario (Edgar Mauricio Quintana Godoy, quien le cedi\u00f3 el derecho de opci\u00f3n de compra del inmueble); ya que entre las referidas entidades hubo una fusi\u00f3n, por lo tanto, la primera de las mencionadas s\u00ed contaba con legitimaci\u00f3n para ser ejecutada. <\/p>\n
Adicionalmente, sostiene que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que s\u00ed exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo, que es precisamente el contrato de leasing n\u00ba 1272212, el cual, la demandada incumpli\u00f3 al no otorgar la escritura p\u00fablica materializando la opci\u00f3n de compra del inmueble en su favor, pese a que pag\u00f3 la totalidad del precio acordado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n aduce que la magistrada accionada, al pronunciarse sobre la apelaci\u00f3n, consider\u00f3 hechos \u00abque no son ciertos\u00bb, pues confundi\u00f3 un negocio jur\u00eddico que realiz\u00f3 con el Banco CORPBANCA COLOMBIA S.A., elevado a escritura p\u00fablica 2764 de 18 de diciembre de 2015 respecto de un predio con matr\u00edcula 176-109395 en Cajic\u00e1, que no tiene nada que ver con el leasing objeto de debate, con lo que llega al \u00aberror jur\u00eddico [\u2026] que no existe soporte alguno del cual surja la obligaci\u00f3n para que el demandado otorgue un nuevo instrumento de transferencia del dominio [\u2026] respecto del mismo predio ante la notar\u00eda 8\u00aa\u00bb, y, finalmente, que se omiti\u00f3 valorar en los anexos de la demanda la \u00abminuta del instrumento, que en su criterio deb\u00eda ser firmado por el demandado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, resalta que las decisiones recriminadas lo perjudicaron econ\u00f3micamente pues, hab\u00eda prometido en venta el 50% del bien, y al incumplir dicha promesa, se vio compelido a pagar una indemnizaci\u00f3n que ascendi\u00f3 a los 200 millones de pesos. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se declare la nulidad de los \u00abautos de fecha 23 de marzo de 2022 del Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 mediante el cual niega el mandamiento de pago solicitado y el auto de fecha 17 de junio de 2022 dictado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, M.P. Ruth Elena Galvis Vergara, mediante el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tomada en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en el asunto judicial en cuesti\u00f3n, en la que dispuso negar el mandamiento de pago \u00abal constatar que no se cumpl\u00edan los requisitos formales, donde se expusieron los argumentos legales y probatorios que la soportaban, quedando plenamente demostrado que la decisi\u00f3n no se torna caprichosa o antojadiza (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El despacho de la magistrada accionada, del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, alleg\u00f3 el expediente y la providencia que emiti\u00f3 en el proceso ejecutivo en discusi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada por el querellante dentro del proceso ejecutivo con obligaci\u00f3n de hacer (suscribir documentos) \u2013 radicado n\u00ba 2020-00359 \u2013 que promovi\u00f3 contra el Banco itau corpbanca Colombia S.A., al negarse a librar la orden de apremio (autos de 23 de marzo y 17 de junio de 2022, en primera y segunda instancia, respectivamente) incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que les sirvieron a las autoridades convocadas para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9llas no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
As\u00ed, en primer lugar, el juzgado accionado, como raz\u00f3n para abstenerse de librar mandamiento de pago indic\u00f3 que, la entidad demandada carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por cuanto, \u00ab(\u2026) no es titular del derecho de dominio del bien involucrado en este asunto, lo que [\u2026] conlleva la imposibilidad de coartar a la convocada a que suscriba la escritura p\u00fablica que se pretende\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, puntualiz\u00f3 que, \u00ab(\u2026) aun cuando se precis\u00f3 en la subsanaci\u00f3n de la demanda una cadena de absorciones entre empresas por virtud de la cual la entidad registrada como titular del derecho de dominio es HELM LEASING S.A., es ahora ITAU BANCO CORPBANCA, lo cierto es que tales actos solo cobran vigencia jur\u00eddica a partir de su registro y, en este asunto, el registro aportado no lo acredita, siendo esta la \u00fanica prueba conducente para tal probanza. De all\u00ed que no pueda tenerse a la persona jur\u00eddica demandada como legitimada en la causa de la obligaci\u00f3n que aqu\u00ed se persigue\u00bb <\/p>\n
Y luego, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab(\u2026) por la naturaleza del proceso [\u2026] la definici\u00f3n plena del derecho a favor del acreedor demandante, concordante con la obligaci\u00f3n a cargo del demandado, debe estar claramente establecida desde el inicio del proceso, pues solo esa certeza permite la emisi\u00f3n del mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Confutado lo anterior por el ejecutante, el tribunal, previo an\u00e1lisis de los preceptos 422 y 434 del C\u00f3digo General del Proceso y tras revisar el plenario, refrend\u00f3 lo resuelto por el a quo, y lo complement\u00f3 resaltando que, para demandar ejecutivamente el cumplimiento de una obligaci\u00f3n era menester que la misma estuviera contenida en un documento proveniente del deudor, en el cual, con claridad, se hallare plasmado el deber que se persigue por la v\u00eda ejecutiva. <\/p>\n
De igual forma, explic\u00f3 que, de conformidad con lo contemplado en el precitado art\u00edculo 434 ejusdem, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el t\u00edtulo ejecutivo que sirve como b\u00e1culo para la ejecuci\u00f3n de suscribir documentos es complejo, pues est\u00e1 conformado no solo por el que presta m\u00e9rito ejecutivo, sino por aqu\u00e9l cuya firma est\u00e1 ausente [\u2026] vistos los anexos incorporados [\u2026] lo cierto es que, entre aqu\u00e9llos no se encuentra ni el uno ni el otro, por el contrario desde el mismo libelo introductorio se indic\u00f3 que mediante escritura 2764 de 18 de diciembre de 2015, corrida en la Notar\u00eda 77 de Bogot\u00e1, Banco Corpbanca Colombia S.A., ante Helm Bank, en representaci\u00f3n de Helm Leasing S.A., en calidad de tradente, le transfiri\u00f3 al se\u00f1or Carrillo Estrada, como adquirente, en virtud de la opci\u00f3n de compra, la unidad 5 del Conjunto Campestre Pinar del Campo PH en Cajic\u00e1, predio al que corresponde el folio inmobiliario 176-109395, instrumento que adem\u00e1s ados\u00f3 con la demanda. Sin que exista soporte alguno del cual surja la obligaci\u00f3n para el aqu\u00ed convocado para que se otorgue un nuevo instrumento de transferencia del dominio a favor del actor, respecto del mismo predio en la Notar\u00eda 8\u00aa\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, frente a la primera de las pretensiones de la demanda, esto es, que se ordene a la financiera incoada inscribir ante la oficina de registro e instrumentos p\u00fablicos, la fusi\u00f3n de la que fue objeto con Helm Bank, dijo que, \u00ab(\u2026) adem\u00e1s de ser improcedente por la senda elegida, carece de t\u00edtulo que imponga tal obligaci\u00f3n [\u2026] entonces lo cierto es que, la reclamaci\u00f3n ejecutiva carece de sustento, pues no se aport\u00f3 el t\u00edtulo con las formalidades que, para estos casos, se han consagrado en nuestra legislaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, ratific\u00f3 lo deducido por la primera instancia en relaci\u00f3n con la falta de legitimaci\u00f3n de la entidad Itau Corpbanca para ser ejecutada, frente a lo cual, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abSi bien el reproche del actor se centra en que tanto el demandado como el titular del bien relacionado con la controversia son la misma persona, no puede pasar por alto esta Magistrada lo indicado en l\u00edneas atr\u00e1s, pues ante la ausencia de un instrumento contentivo de la obligaci\u00f3n, imperioso se torna negar el mandamiento de pago. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, y en gracia de discusi\u00f3n, inviable resulta expedir orden de apremio, cuando el bien ra\u00edz no fue embargado dado que el demandado no es el titular inscrito del derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las determinaciones atacadas, como aquellas se basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n que coincida plenamente con el de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el juzgado y la magistratura tutelada, apreciaron el contexto jur\u00eddico planteado y concluyeron que, distinto a lo alegado por el ejecutante, aqu\u00ed accionante, no solo no se hallaba determinada la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la incoada, sino que, no se apreciaba el documento que contuviera, con claridad, la obligaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
De manera que, surge evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que los accionados tuvieron para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
Y, en ese mismo sentido, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que concuerde con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta especial justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las decisiones recriminadas, en principio, no constituyen arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de las autoridades cuestionadas en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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