STC10727-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10727-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02693-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por General Fire Control SA, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado N\u00b0 2019-00471. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la sociedad peticionaria invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
En apoyo de su queja, sostuvo que en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra Contein SAS, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en la sentencia de 7 de julio de 2021 acogi\u00f3 parcialmente la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n propuesta por la demandada y desestim\u00f3 los dem\u00e1s medios exceptivos, por lo que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por $311.077.018, valor correspondiente al saldo de seis facturas cambiaras allegadas para el recaudo con N\u00ba 4555, 4556, 4569, 4570, 4630 y 4631, m\u00e1s los intereses moratorios causados. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que dicha providencia fue apelada por las dos partes, oponi\u00e9ndose en t\u00e9rminos generales \u00abfrente al cobro de la obligaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n probatoria de ese cobro, el incumplimiento del contrato de obra origen de las facturas ejecutadas, como la compensaci\u00f3n entre ellas\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en fallo de 26 de mayo de 2022, tras ocuparse \u00abde un asunto no pedido, no reclamado en el proceso por el extremo demandado, ni siquiera mencionado en la sentencia de primera instancia y tampoco esgrimido en el sustento de la apelaci\u00f3n\u00bb, resolvi\u00f3 modificar la decisi\u00f3n del a quo para negar la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, respecto de las facturas N\u00ba 4630 y 4631, pues estim\u00f3 que \u00e9stas \u00abno ostentan la calidad de t\u00edtulos valores\u00bb, puesto que se trataba de \u00abcopias que no incorporan el derecho\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada es lesiva de los derechos invocados, como quiera que se inobservaron los l\u00edmites del recurso de apelaci\u00f3n determinados en el C\u00f3digo General del Proceso y que s\u00f3lo le permiten al ad quem pronunciarse sobre lo que fue motivo de censura contra la sentencia de primera instancia, pues, aunque ambas partes apelaron, tal circunstancia no le permit\u00eda al Tribunal resolver cuestiones no ventiladas a lo largo del proceso, de manera que su decisi\u00f3n result\u00f3 \u00absorpresiva\u00bb para los involucrados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 430 \u00eddem, les proh\u00edbe a los funcionarios judiciales \u00abvolver sobre los aspectos y requisitos formales de los t\u00edtulos\u00bb, ya que esa actividad queda agotada al calificarse la demanda y librarse el mandamiento de pago o, en caso de formularse reposici\u00f3n contra esa \u00faltima decisi\u00f3n, al dictarse la determinaci\u00f3n correspondiente, e indic\u00f3 adem\u00e1s, que dicha norma tambi\u00e9n le \u00abrest\u00f3 al juez su intervenci\u00f3n oficiosa\u00bb para revisar los aspectos formales de los t\u00edtulos ejecutivos, pues la restringi\u00f3 a los eventos antes indicados, sin que puedan volver a revisarse en la sentencia o en el auto que dispone seguir adelante el cobro. <\/p>\n
Destac\u00f3 que reclam\u00f3 la adici\u00f3n de la providencia a la Corporaci\u00f3n accionada reprochando, justamente, la oficiosidad de esa autoridad en la revisi\u00f3n de las facturas, sin embargo, su solicitud se neg\u00f3 en auto de 13 de julio de 2022, oportunidad en la que se enter\u00f3 de que el fundamento de la decisi\u00f3n rebatida resid\u00eda en \u00abuna sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, lo cual, en su criterio, no debi\u00f3 sustentar la determinaci\u00f3n del ad quem, pues ese tipo de decisiones se emiten para determinados \u00abmomentos y en casos aislados\u00bb y no pueden constituir \u00abdoctrina probable\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expuso que se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable porque se est\u00e1 desconociendo abiertamente el contenido de las normas aplicables. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abrevocar el criterio oficioso del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al Tribunal Superior accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que, mediante providencia del 26 de mayo de 2022, modific\u00f3 lo decidido por la Juez cognoscente y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n adoptada tras analizar \u00abuna a una las pruebas tra\u00eddas por ambos extremos litigantes y efectuados los c\u00e1lculos aritm\u00e9ticos respectivos, se concluy\u00f3 que hab\u00eda lugar al descuento del 10% por valor de la retegarant\u00eda y se ajust\u00f3 el mandamiento de pago a lo all\u00ed expuesto\u00bb. Agreg\u00f3 que no lesion\u00f3 las garant\u00edas de la solicitante. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 no haber lesionado las garant\u00edas de la sociedad accionante. A\u00f1adi\u00f3 que el proceso censurado se encuentra en t\u00e9rminos de traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Revisada la sentencia de 26 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sede de apelaci\u00f3n en el proceso materia de queja, as\u00ed como la providencia de 13 de julio siguiente, mediante el cual neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n pedida por la sociedad aqu\u00ed accionante, no constata la Sala irregularidad o desafuero que permita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a los reclamos que sustentan la presente queja constitucional. <\/p>\n
2.1 En efecto, se encuentra que el Tribunal Superior, tras relatar los antecedentes del asunto y las razones motivo de apoyo de la apelaci\u00f3n presentada por ambos extremos del proceso, comenz\u00f3 por analizar el m\u00e9rito ejecutivo de las facturas cambiarias adosadas como base del recaudo, y en relaci\u00f3n con este punto advirti\u00f3 que \u00ablos papeles Nos. 4630 y 4631 no satisfacen la exigencia del art\u00edculo 621 de la codificaci\u00f3n mercantil\u00bb, puesto que, se trata de \u00abcopias que no incorporan el derecho, cuyo efecto es netamente contable\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar lo anterior, cit\u00f3 el art\u00edculo 722 del C\u00f3digo de Comercio, destacando que el mismo establece que el prestador del servicio emite un original y dos copias de la factura, empero, s\u00f3lo es negociable \u00abel original firmado por el emisor y el obligado\u00bb, ya que las copias quedan, una, en poder del obligado y, la otra, del emisor \u00abpara sus registros contables\u00bb, por tanto, explic\u00f3 que, como los documentos N\u00ba 4630 y 4631 hab\u00edan sido aportados en copia, carec\u00edan del derecho de incorporaci\u00f3n establecido en el art\u00edculo 621 del Estatuto Comercial, y para fundamentar lo anterior, cit\u00f3 jurisprudencia del mismo Tribunal en casos similares y concluy\u00f3 la inviabilidad de continuar el cobro reclamado respecto de las facturas referidas, por lo cual resolvi\u00f3 negar su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Una vez la sociedad reclam\u00f3 la \u00abcomplementaci\u00f3n\u00bb del anterior pronunciamiento, invocando razones equiparables a las expuestas en esta acci\u00f3n de tutela, el Tribunal Superior accionado, en providencia de 13 de julio de 2022, neg\u00f3 esa solicitud porque el estudio de la calidad de t\u00edtulos valores de las facturas allegadas lo hizo al estar habilitado para realizar ese an\u00e1lisis de manera oficiosa, \u00abpor tratarse de un presupuesto de la acci\u00f3n cambiaria que se ejerce mediante el procedimiento ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso deb\u00eda interpretarse de manera arm\u00f3nica con los poderes oficiosos de los funcionarios judiciales y sus deberes, tales como garantizar la igualdad real entre las partes del proceso y, con ello, la efectividad de los derechos sustanciales -art. 4, 11 y 42 ej\u00fasdem-, a lo que agreg\u00f3, que en igual sentido se ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en STC18432-2016 y, asimismo, expres\u00f3 que el art\u00edculo 328 \u00eddem, prescribe que el juez de segundo grado debe pronunciarse sobre los motivos de la apelaci\u00f3n, \u00absin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio\u00bb, entre ellas, lo relativo al m\u00e9rito compulsivo de los t\u00edtulos ejecutivos, seg\u00fan lo expres\u00f3 tambi\u00e9n la Sala de Casaci\u00f3n Civil en STC1587-2022. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo expuesto, como se anunci\u00f3, no se encuentra arbitrariedad susceptible de ser conjurada por esta v\u00eda extraordinaria, pues el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para adoptar la determinaci\u00f3n criticada, esto es, negar la ejecuci\u00f3n respecto de dos facturas cambiarias allegadas en copia -que no satisfac\u00edan los presupuestos del art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, cuesti\u00f3n no refutada por la actora-, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis plausible de las normas aplicables, soportado, adem\u00e1s, en el criterio reiterado por esta Sala en m\u00faltiples ocasiones. <\/p>\n
4. Ahora bien, debe anotarse que no se trata de \u00abcasos aislados\u00bb como lo refiri\u00f3 la peticionaria, sino de la postura uniforme que la Corte ha mantenido frente a lo establecido, antes, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, ahora, en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, esta Sala ha se\u00f1alado las previsiones del inciso 2\u00ba art\u00edculo 430 de ese \u00faltimo estatuto1, no despojan a los funcionarios judiciales de su deber oficioso de revisar el cumplimiento de los requisitos previstos para los t\u00edtulos ejecutivos, incluso a la hora de proferir sentencia, a fin de verificar los presupuestos de la acci\u00f3n cambiaria propuesta y garantizar la efectividad de los derechos de las partes, cuestiones consignadas en ambos compendios normativos. <\/p>\n
Para la Sala el juez natural, en primer y segundo grado, tiene la \u00abpotestad-deber\u00bb, incluso oficiosamente, de revisar los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y establecer si se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles, pues, se insiste, el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n
debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ej\u00fasdem (\u2026). [L]a hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (Ver CSJ. STC18432-2016, citada y reiterada en STC4808-2017 y STC13992-2021 y STC6726-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
El l\u00edmite impuesto en dicha norma, se insiste, no impide al juez la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo, por cuanto <\/p>\n
el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) (CSJ. STC4808 de abril de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-00694-00, reiterada en STC4053 de 22 de marzo de 2018, exp. 68001-22-13-000-2018-00044-01] <\/p>\n
(\u2026) De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (\u2026). (subraya fuera de texto). (Ver CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, reiterada en STC 2725 de 2020 Rad. 2020-00675-00, STC3064-2022 y STC5997-2022, entre muchas). <\/p>\n
5. Por lo anterior, este amparo no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener la sociedad solicitante, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (Ver CSJ STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por General Fire Control SA contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLos requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10727-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC10727-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02693-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por General Fire Control […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66174"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66174\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}