STC10732-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10732-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76111-22-13-004-2022-00090-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el abogado Jairo Iv\u00e1n Galindo en nombre de Yamileth Palomino Romero, Wilson Romero Uribe y sus dos hijos contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga y el Juzgado Tercero Administrativo de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de quien adujo ser su apoderado judicial, los actores procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad y honra. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. El 18 de febrero de 2020, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga, los se\u00f1ores Yamileth Palomino Romero, Wilson Romero Palomino y otros promovieron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la Naci\u00f3n -Ministerio de Defensa Nacional y Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Moncada Palacios, con la finalidad de obtener una reparaci\u00f3n integral por hechos ocurridos en el a\u00f1o 2010. <\/p>\n
2.2. El 9 de marzo de 2020, ese Despacho rechaz\u00f3 la demanda, por falta de competencia, y orden\u00f3 remitirla a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 90 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la acci\u00f3n estaba dirigida contra entidades p\u00fablicas y un militar. <\/p>\n
2.3. Por lo expuesto, la se\u00f1ora Palomino Romero present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga, que fue negada, por cuanto la protecci\u00f3n constitucional reclamada era prematura1, en tanto estaba pendiente que el juzgador receptor definiera su competencia o planteara el respectivo conflicto. <\/p>\n
2.4. El 6 de agosto de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Buga declar\u00f3 la caducidad del medio de control de reparaci\u00f3n directa2, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante prove\u00eddo del 15 de julio de 2021, en el cual estableci\u00f3 que esa era la jurisdicci\u00f3n competente \u00aby no la [\u2026] Ordinaria, tal y como expone el apoderado del demandante en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, porque la demanda vinculaba a una entidad p\u00fablica, y que el medio de control de reparaci\u00f3n directa hab\u00eda caducado, por lo que proced\u00eda su rechazo; adem\u00e1s, orden\u00f3 devolver el expediente \u00abal juzgado de origen\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 26 de septiembre de 20213, ante una solicitud de la parte actora, en la que indic\u00f3 que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hab\u00eda resuelto el conflicto de competencia ordenando remitir el expediente al juzgado de origen, por lo que requer\u00eda informaci\u00f3n sobre su proceso, el Juzgado Primero Civil del Circuito, por correo electr\u00f3nico, inform\u00f3 que tanto el Juzgado Tercero Administrativo de Buga como el citado Tribunal hab\u00edan asumido el conocimiento del asunto, por ser los competentes, y que lo dispuesto por ese Colegiado era que el expediente volviera al estrado administrativo y no al civil. <\/p>\n
2.6. El 19 de abril de 2022, los interesados requirieron al Juzgado Tercero Administrativo de Buga, para que cumpliera la orden de Tribunal y enviara el proceso al Juzgado Civil de origen, petici\u00f3n que fue negada el 2 de mayo siguiente, en raz\u00f3n a que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo hab\u00eda asumido la competencia del proceso, porque se accionaba a entidades p\u00fablicas. Destac\u00f3, adem\u00e1s, que el medio de control de reparaci\u00f3n directa fue rechazado y, por tanto, no hab\u00eda asuntos pendientes por definir ni era procedente la remisi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta las actuaciones anteriores, la parte activa reprocha al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga, por cuanto, conociendo de la existencia previa de cosa juzgada en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, que ya hab\u00eda decidido la demanda formulada contra la Naci\u00f3n, inici\u00f3 un conflicto de competencia \u00abinexistente\u00bb, lo cual, en su criterio, \u00abfue una actitud deliberante (\u2026) o pens\u00f3 err\u00f3neamente que no pod\u00eda discutir la responsabilidad del Estado (\u2026), al suponer que hab\u00eda COSA JUZGADA CONTENCIOSO y POR ENDE CIVIL\u00bb, postura con la que ese Despacho intent\u00f3 revivir un proceso fenecido, \u00abinsinuando en la pr\u00e1ctica judicial la vulneraci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas\u00bb. Asever\u00f3 que promovi\u00f3 la demanda contra el Estado ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, porque frente a la responsabilidad civil no hab\u00eda cosa juzgada y porque estaba a \u00abpunto de prescribir la acci\u00f3n declarativa [\u2026] de 10 a\u00f1os\u00bb, de manera que su proceso debi\u00f3 ser tramitado por ese Juzgado. <\/p>\n
Y, en cuanto al Juzgado Tercero Administrativo de Buga, se critica que, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirm\u00f3 lo resuelto por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga y orden\u00f3 remitir el asunto al Despacho de origen, el Juzgado se ha negado a enviar el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga e indica \u00abno remitir el proceso a que inicie de nuevo la colisi\u00f3n de competencia ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en una absurda legalidad de cumplimiento, pues no hay nada contencioso que controvertir\u00bb. Se\u00f1alan, adem\u00e1s, que no hay conflicto de competencia, pues fue desatado el 15 de julio de 2021 por el referido Tribunal. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, la parte actora solicita que se ordene al Juzgado Tercero Administrativo de Buga remitir el proceso \u00abde colisi\u00f3n de competencia al JUZGADO DE ORIGEN, esto es al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga [\u2026], que corresponde a la demanda civil de responsabilidad\u00bb, a efectos que \u00absean revisados los requisitos generales del art 82 C.G.P. [\u2026] dentro de [\u2026] la tem\u00e1tica en la noci\u00f3n de culpa\u00bb, de la acci\u00f3n civil. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se opuso a la prosperidad de la salvaguarda constitucional, por cuanto se pretend\u00eda convertir la acci\u00f3n de tutela en un recurso adicional, para rebatir lo definido en las instancias respectivas. De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que la accionante hab\u00eda promovido 2 tutelas previas4 de igual linaje. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buga reiter\u00f3 los argumentos que tuvo en cuenta en sus decisiones para definir que era esa jurisdicci\u00f3n la competente para conocer el asunto y precis\u00f3 que no se concret\u00f3 un conflicto susceptible de ser resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura, pues su Despacho asumi\u00f3 la competencia. <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que, en prove\u00eddo del 2 de mayo del presente a\u00f1o, resolvi\u00f3 lo peticionado por la parte actora, indicado que \u00abno obra requerimiento de autoridad competente\u00bb y que no era procedente remitir el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, dado que el propulsor no alleg\u00f3 poder especial. <\/p>\n
No obstante, consider\u00f3 que, de superarse esa circunstancia, la tutela no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la caducidad de la demanda fue declarada \u00abpor las autoridades judiciales con jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb, esto es, el Juzgado Tercero Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y porque no pod\u00eda endilgarse omisi\u00f3n alguna a ese Juzgado Administrativo por no devolver el expediente al estrado civil, dado que la orden que emiti\u00f3 ese Tribunal, al confirmar el auto que rechaz\u00f3 la demanda por caducidad, fue remitir al Despacho de origen, que para el caso era el Tercero Administrativo de Buga. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, al no provocarse un conflicto de jurisdicci\u00f3n en el asunto, la decisi\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n adoptada en el ramo civil se encontraba en firme. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el apoderado judicial de la parte actora, quien alleg\u00f3 poder especial conferido por Yamileth Palomino Romero para el tr\u00e1mite de esta tutela y reiter\u00f3 lo narrado en el escrito introductorio, haciendo \u00e9nfasis en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito, al remitir el asunto a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, actuaci\u00f3n que, en su criterio, dilat\u00f3 el proceso de la demanda civil radicada ante ese estrado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el auto de 9 de marzo de 2020, mediante el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga rechaz\u00f3 la demanda de responsabilidad civil extracontractual propuesta, por falta de competencia, y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, siendo avocado su conocimiento por el Juzgado Tercero Administrativo de la misma ciudad, que declar\u00f3 la caducidad del medio de control de reparaci\u00f3n directa, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues considera que el asunto era de competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, dado que la especial ya hab\u00eda definido una demanda anterior. A su vez, reprocha que, pese a que ese Colegiado orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado de origen, no se dio tr\u00e1mite ante el Juzgado Civil accionado. <\/p>\n
Preliminarmente, advierte la Sala que, como quiera que se alleg\u00f3 poder especial conferido por Yamileth Palomino Romero al profesional del derecho Jairo Iv\u00e1n Galindo Arce5, es procedente resolver la tutela promovida en su nombre. <\/p>\n
2. Frente a lo planteado contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga, advierte la Sala que el ruego propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en vista de que no satisface el requisito de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha del auto que rechaz\u00f3 de plano la demanda de responsabilidad civil extracontractual por falta de competencia y dispuso su remisi\u00f3n a los juzgados administrativos -de 9 de marzo de 2020- y aquella de reparto del amparo -13 de junio de 2022-, han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el citado presupuesto ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Al respecto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
3. Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente precisar que fue el Juzgado Tercero Administrativo de Buga el operador judicial que defini\u00f3 que la demanda propuesta era de competencia de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, por autos del 6 de agosto y del 18 de septiembre de 2020, competencia que fue ratificada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en prove\u00eddo del 15 de julio de 2021, en consideraci\u00f3n al objeto del proceso propuesto contra la Naci\u00f3n -Ministerio de Defensa- Ej\u00e9rcito Nacional y un militar y a lo dispuesto en el art\u00edculo 104 del CPACA. <\/p>\n
De manera que, aunque la tutelante cuestiona que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga se hubiera declarado incompetente para conocer la demanda por ella formulada, mediante el aludido auto del 9 de marzo de 2020, lo cierto es que ese prove\u00eddo no defini\u00f3 lo pertinente, puesto que, como se observa fue la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo la que determin\u00f3 que asum\u00eda el conocimiento del asunto y, al analizar los requisitos de la demanda, estableci\u00f3 que estaba caducada. <\/p>\n
En ese orden, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 1 numeral 5 del Decreto 333 de 20216, seg\u00fan el cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, esta Sala no tiene competencia alguna para conocer las solicitudes de amparo formuladas contra autoridades judiciales de la especialidad de lo contencioso administrativo, raz\u00f3n por la cual se abstendr\u00e1 de pronunciamiento. <\/p>\n
Igual consideraci\u00f3n debe hacerse frente al auto dictado el pasado 2 de mayo por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga, que neg\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso al Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad, lo cual impide analizar de fondo lo pretendido frente a dicho Despacho, pues, para cuestionar sus decisiones, la parte interesada debe acudir ante el juez constitucional competente. <\/p>\n
4. Corolario de lo razonado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el auxilio interpuesto contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y Tercero Administrativo de Buga, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas, esto es, que frente al auto de 9 de marzo de 2020 proferido por el estrado Civil no procede el amparo constitucional invocado, por ausencia del presupuesto de la inmediatez y porque las decisiones definitivas que clausuraron el debate de la competencia no fueron adoptadas por ese Juzgado sino por los operadores judiciales de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, autoridades frente a las cuales esta Sala carece de competencia, por lo que no pueden ser objeto de estudio en esta sede. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fallada el 15 de julio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el 5 de agosto siguiente por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ STC5182-2020). <\/p>\n
2\u0002 Providencia aclarada por auto del 18 de septiembre de 2020, en el que el Juzgado Tercero Administrativo de Buga motiv\u00f3 por qu\u00e9 era la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo la competente para conocer la demanda inicialmente radicada ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga. Archivo 14 del proceso de origen. <\/p>\n
3\u0002 Folio 113 del escrito de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Rad. 76111221300120200009900: Sentencia de 15 de julio de 2020 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, que neg\u00f3 el amparo deprecado, confirmada en CSJ STC5182-2020. Rad. 11001020500020210147500: Sentencia de 10 de noviembre de 2021de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n, confirmada en CSJ STP1833-2022, contra la tutela anterior. <\/p>\n
5\u0002 Pdf. 011SolicitudAclaracionFallo. Folio 4. Expediente digital, memorial del 28 de junio de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10732-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10732-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76111-22-13-004-2022-00090-01 Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}