STC10735-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10735-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecisiete de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 8 de julio de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo reclamado por Mario Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, act\u00faa dentro de la acci\u00f3n popular \u00ab2022 58\u00bb, donde la autoridad acusada no cumple los t\u00e9rminos de tiempo que consagra la ley 472 de 1998 para proferir fallo. Esto, debido a que el juzgado cuestionado orden\u00f3 vincular al propietario del inmueble donde opera el establecimiento de comercio accionado, pese a que \u00abno es necesario (\u2026), puesto que la acci\u00f3n solo recae sobre qui\u00e9n se beneficia de la actividad comercial que se realiza en el mismo as\u00ed no sea el propietario (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Frente a tal decisi\u00f3n el promotor present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, el juez resolvi\u00f3 no reponer el auto. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que \u00abSE ORDENE al tutelado no vincular al propietario del inmueble\u2026\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abSE DETERMINE EN DERECHO si es necesaria la vinculaci\u00f3n\u2026\u00bb2. Y, por \u00faltimo, se ordene \u00abal tutelado dar celeridad a la acci\u00f3n popular\u2026\u00bb Y \u00abal procurador delegado \u2026 y al personero a municipal \u2026 a fin que se pronuncien en mi tutela en derecho y consignen porque no act\u00faan en acciones populares\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
El juzgado accionado y los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia deneg\u00f3 el amparo solicitado, al considerar que: <\/p>\n
En este punto es necesario precisar que el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 impone al juez que conoce la acci\u00f3n popular procurar la debida integraci\u00f3n del contradictorio con todos aquellos sujetos que pudieran ser responsables de la afectaci\u00f3n a los derechos e intereses colectivos (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed\u0301 las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no se muestra caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la existencia de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, de manera que la queja del peticionario no haya recibo en esta sede excepcional. En realidad, lo aqu\u00ed\u0301 planteado por el gestor de la acci\u00f3n de tutela es tan s\u00f3lo una diferencia de criterio en cuanto a los sujetos debe convocarse por pasiva a la acci\u00f3n popular (\u2026)3. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor. Para ello, manifest\u00f3 que \u00abES LAMENTABLE que se dilate m\u00e1s la acci\u00f3n popular vinculando, comunicando, al PROPIETARIO DEL INMUEBLE, pese a que mi acci\u00f3n se realiz\u00f3 con pretensi\u00f3n UNICA, al representante legal del establecimiento accionado (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el accionante, con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n de vincular al propietario del inmueble al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular 2022-00058-00. Y la presunta mora judicial aludida. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la autoridad accionada- con auto del 31 de mayo de 2022- orden\u00f3 vincular al tr\u00e1mite al propietario del bien inmueble donde funciona el establecimiento de comercio accionado. Ciertamente, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
Revisado el expediente, de conformidad con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al tr\u00e1mite de las acciones populares por remisi\u00f3n de la Ley 472 de 1998, es necesario tomar una medida de saneamiento con respecto a la integraci\u00f3n del contradictorio por pasiva. En raz\u00f3n a ello, se ordena la VINCULACI\u00d3N del propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de Comercio pollo loco5. <\/p>\n
(\u2026) es necesario vincular al propietario del establecimiento de comercio, por cuanto cualquier reparaci\u00f3n que se tuviera que hacer, en el inmueble donde funciona el Establecimiento de Comercio pollo loco de Andes, requerir\u00eda de la participaci\u00f3n de estas personas. <\/p>\n
Esto, con el fin de dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, que prev\u00e9 que cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado6. <\/p>\n
2.2. Para el despacho accionado, el no vincular a un posible responsable de la vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos alegados podr\u00eda llevar a la afectaci\u00f3n de los derechos al debido proceso, contradicci\u00f3n y defensa de ese tercero que se ver\u00eda perjudicado con la decisi\u00f3n de fondo que se tome al interior del tr\u00e1mite. Ello pues, resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) de ordenarse una adecuaci\u00f3n de accesibilidad al bien inmueble donde funciona el establecimiento de comercio (\u2026) esta se ejecutar\u00eda sobre un bien inmueble que no es de propiedad del accionado, sino de un tercero a quien, si no se le cita al proceso, se le cercena la oportunidad de intervenir en \u00e9l (\u2026)7. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido \u2013 art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998- y de una valoraci\u00f3n razonable8 de las pruebas. <\/p>\n
En el punto, no puede olvidarse que fue el legislador quien le impuso la carga al juez para que de oficio vincule a todos aquellos que se puedan considerar responsables de la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos alegados. De manera que, el proceder del juzgado no comporta defecto alguno con entidad suficiente para trasgredir los derechos fundamentales del convocante9. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
De un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuere uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01; reiterada en CSJ STC, 15 de jul. 2020, rad. 2020-01357-00); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a los resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ, STC 28 mar. 2012, rad. 00022-01; reiterada en CSJ STC 3446-2020 y STC 2462-2021). <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, y en cuanto a la presunta mora judicial del accionado, se le pone de presente al promotor que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales10. En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb, que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01; reiterado, entre otros, en STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
En el caso, esta Sala encuentra que el juzgado atacado no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas como lo es el cumplimiento de las cargas que se le imponen en virtud del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 -la debida integraci\u00f3n del contradictorio-. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0001 EscritoTutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0010 Fallo.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0013 EscritoAccionante.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c018AutoOrdenaVincular.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n popular 2022-00058-00. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c023AutoResuelveRecurso.pdf\u201d expediente digital de la acci\u00f3n popular 2022-00058-00. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, la Sala tiene dicho que: \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; STC, 4 may. 2017, rad. 2017-00985-00). <\/p>\n
10\u0002 Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del Juez de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: (\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 sept. 2008, exp. 001138-00, 15 febr. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021, entre otras). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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