STC10736-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10736-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02504-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Ignacio Pretelt Chaljub contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n, de esta Corporaci\u00f3n; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 57366. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a \u00abtener un juez imparcial\u00bb, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, en el marco del proceso penal que se le adelanta por el delito de \u00abconcusi\u00f3n\u00bb, en su condici\u00f3n de aforado constitucional, tras ser condenado por la Sala Especial de Primera Instancia el 18 de septiembre de 2019, la actuaci\u00f3n fue remitida a la de Casaci\u00f3n Penal para surtir la apelaci\u00f3n que interpuso su defensa contra el fallo sancionatorio. La ponencia de la segunda instancia fue asignada a la Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n. <\/p>\n
Refiere que recus\u00f3 a la precitada Magistrada \u2013 invocando la causal 6\u00aa del art\u00edculo 99 de la ley 600 de 2000 \u2013, quien, en pronunciamiento del 20 de mayo de 2022, manifest\u00f3 no aceptarla; posteriormente, mediante auto del 12 de julio de 2022 con ponencia del Magistrado Fabio Ospitia Garz\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
Acusa la anterior determinaci\u00f3n de constituir v\u00eda de hecho por defectos \u00abprocedimental absoluto\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb. Al respecto, aduce que la recusaci\u00f3n fue desestimada con \u00abargumentos injustificados [\u2026] en un claro desconocimiento de los preceptos legales y constitucionales que exigen que los jueces sean imparciales y neutrales en todas sus actuaciones\u00bb. <\/p>\n
Alega que, la Magistrada \u00c1vila Rold\u00e1n debe ser separada del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n por cuanto, en primer lugar, labor\u00f3 (como magistrada auxiliar) para el despacho del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva, \u00abquien p\u00fablicamente demostr\u00f3 tener una grave enemistad\u00bb con \u00e9l; y, porque tiene un conocimiento previo del proceso que cursa en su contra, pues, cuando fue nombrada como Magistrada encargada de la Corte Constitucional en abril de 2015, particip\u00f3 en sesiones de sala plena en las que se discuti\u00f3 el tema de \u00abFidupetrol\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00aben las que se hablaba de la posici\u00f3n de la Corte respecto a [\u2026] Pretelt Chaljub, especialmente en lo referente a la cuestionada acta 13 de 2 de marzo de 2015\u00bb, un elemento de prueba que \u00abes trascendental en el presente proceso, pues siempre se ha dicho que el mismo contiene diversas falsedades (sic) y fue un elemento que se atac\u00f3 en la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo porque, luego, en calidad de Procuradora Tercera Delegada para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal, fue designada en agencia especial para intervenir en la causa, teniendo la oportunidad de acceder al expediente en diciembre de 2019 (aunque ser\u00eda relevada de la agencia especial en enero de 2020). <\/p>\n
Sostiene que, al plantear la recusaci\u00f3n demostr\u00f3 con suficiencia que la recusada \u00abfue sujeto procesal dentro del expediente durante el tr\u00e1mite surtido ante la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que actu\u00f3 como delegada del Ministerio P\u00fablico, y que presenci\u00f3 las discusiones que sobre algunos elementos materiales probatorios se dieron en la Sala Plena de la Corte Constitucional\u00bb, es decir, agrega, \u00abse est\u00e1 permitiendo que se le juzgue por una persona [\u2026] que no brinda ninguna garant\u00eda de imparcialidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Critica que, para negar la recusaci\u00f3n, la Sala accionada utiliz\u00f3 \u00abargumentos irreales\u00bb respecto al tiempo que tuvo en sus manos la funcionaria el expediente de la actuaci\u00f3n y, que desconoci\u00f3 que, al participar de las salas plenas de la Corte Constitucional cuando fue encargada como Magistrada de ese Alto Tribunal, \u00absu imparcialidad fue contaminada y se hizo un juicio frente a los hechos que rodearon el caso, y en especial sobre un elemento material probatorio frente al cual tendr\u00e1 que decidir\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita se deje sin efecto la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n formulada contra la Magistrada \u00c1vila Rold\u00e1n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y se le aparte del conocimiento del asunto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n expuso que el accionante lo que hace en la tutela es reproducir la discusi\u00f3n ya planteada en sede ordinaria y, en todo caso, no se\u00f1al\u00f3 con suficiencia cu\u00e1les fueron los errores en que incurri\u00f3 la Corporaci\u00f3n al momento de pronunciarse sobre la recusaci\u00f3n en su contra. Solicit\u00f3 negar el amparo porque considera que no se observa menoscabo de derecho alguno. <\/p>\n
3. La Magistrada Blanca N\u00e9lida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corte expuso que, esa Sala profiri\u00f3 sentencia condenatoria en contra de Pretelt Chaljub por el delito de concusi\u00f3n, imponi\u00e9ndole una pena de 78 meses de prisi\u00f3n y multa de 58 SMLMV; seguidamente, destac\u00f3 que la demanda de tutela \u00abno se encuentra dirigida contra alguna actuaci\u00f3n surtida en esta Sala, pues se contrae a aspectos relacionados con el asunto que actualmente es tramitado en segunda instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 que, esa entidad no ha intervenido en el proceso penal objeto de cuestionamiento en esta tutela y que, la inconformidad que all\u00ed se expone, se ci\u00f1e a ese tr\u00e1mite penal, pues, \u00abni la demanda [de tutela] ni el auto admisorio de la misma, aluden a esta fiscal\u00eda, habida cuenta su ajenidad a dicha actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, por intermedio de la Secretar\u00eda Distrital del H\u00e1bitat, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional dado que, \u00abcarece de competencia para realizar alg\u00fan pronunciamiento respecto al conflicto se\u00f1alado en el escrito de tutela [\u2026] adem\u00e1s que esta entidad no conoce ning\u00fan proceso ordinario relacionado con Fidupetrol\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso al declarar infundada la recusaci\u00f3n (auto AP2986-2022 de 12 de julio de 2022) que plante\u00f3 respecto de la Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por defectos de \u00abprocedibilidad absoluto\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, supuestamente, por desconocer que aqu\u00e9lla funcionaria \u00abcontamin\u00f3 su imparcialidad\u00bb al participar de diversas salas plenas cuando fungi\u00f3 como magistrada encargada de la Corte Constitucional, en las que se discutieron aspectos relacionados con el proceso; asimismo, porque tuvo conocimiento previo del expediente cuando, como delegada del Ministerio P\u00fablico, la asignaron en agencia especial a fin de intervenir en el juicio. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, la Sala Especializada analiz\u00f3 las circunstancias a partir de las cuales, la defensa del procesado Pretelt Chaljub, argument\u00f3 que la neutralidad de la Ponente de la segunda instancia se encuentra comprometida y que configuran de manera espec\u00edfica la causal 6\u00aa del art\u00edculo 99 de la ley 600 de 20001. <\/p>\n
As\u00ed, en primer lugar, frente a la designaci\u00f3n de aqu\u00e9lla como agente especial de la Procuradur\u00eda en el proceso en cuesti\u00f3n, aclar\u00f3 preliminarmente que, en los casos de la previa participaci\u00f3n del juzgador como agente del ministerio p\u00fablico en el juicio, se identifican dos escenarios puntuales a revisar a fin de establecer si la causal aducida se presenta, <\/p>\n
\u00abEn el primero, se encuentran aquellos asuntos donde, si bien el delegado tuvo conocimiento de la actuaci\u00f3n en virtud del rol que cumpl\u00eda, no emiti\u00f3 alg\u00fan juicio o realiz\u00f3 alg\u00fan tipo de valoraci\u00f3n f\u00e1ctica, jur\u00eddica o probatoria. (\u2026) en el segundo escenario est\u00e1n aquellos asuntos donde el representante del Ministerio P\u00fablico s\u00ed realiz\u00f3 alg\u00fan juicio de valor. En estos casos, el an\u00e1lisis es mucho m\u00e1s estricto, pues, claramente no se est\u00e1 frente a un conocimiento simple de un asunto, sino frente a una valoraci\u00f3n que compromete su criterio de cara al nuevo rol como juez.\u00bb (CSJ AP971-2021, rad. 59059 y AP486-2022, rad. 60291)\u00bb. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con los supuestos enunciados, frente al caso concreto, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El caso de la doctora MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N, se ubica en el primero de los referidos escenarios, pues durante el tiempo que ejerci\u00f3 como agente especial del Ministerio P\u00fablico en este asunto, que fue muy corto, por cuanto fue relevada 17 d\u00edas despu\u00e9s de su designaci\u00f3n, no desarroll\u00f3 intervenci\u00f3n sustancial alguna\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, la designaci\u00f3n de la recusada como agente especial de la procuradur\u00eda se present\u00f3 cuando ya hab\u00eda sido proferida la sentencia de condena y, para el momento en que el nombramiento se materializ\u00f3, la Rama Judicial se hallaba en vacaciones colectivas, luego, tal situaci\u00f3n descarta que la cuestionada funcionaria \u00ab(\u2026) haya emitido alg\u00fan juicio, valoraci\u00f3n f\u00e1ctica, jur\u00eddica o probatoria dentro del proceso, que exija verificar su alcance y establecer si comprometi\u00f3 su imparcialidad para conocer de la actuaci\u00f3n en esta instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 con el estudio de las situaciones referidas en las que, presuntamente, la Ponente, tuvo conocimiento previo del tr\u00e1mite, esto es, cuando hizo parte de la Corte Constitucional como magistrada auxiliar del despacho del entonces Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, con quien afirma, \u00abtener una enemistad grave\u00bb; y, cuando particip\u00f3 de las plenarias de esa misma Corte (a\u00f1o 2015) fungiendo como Magistrada Titular encargada; en lo atinente, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta al primer motivo, debe decirse que la tem\u00e1tica de enemistad grave corresponde a una causal distinta de la invocada por la defensa, espec\u00edficamente a la contenida en el numeral 5\u00ba de la norma en cita, cuya referencia le impon\u00eda una argumentaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n espec\u00edfica, que el memorialista no cumpli\u00f3. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que los motivos que dan lugar a la separaci\u00f3n del funcionario del conocimiento del asunto, no pueden aplicarse por analog\u00eda, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas de inter\u00e9s p\u00fablico, fundadas en el convencimiento del legislador de que son \u00e9stas y no otras las circunstancias f\u00e1cticas que le impiden que conozca del mismo (Cfr. CSJ AP426-2020, rad. 56986 y AP4981-2021, rad. 60357)\u00bb. <\/p>\n
Aunque, el procesado hizo alusi\u00f3n a la posible configuraci\u00f3n de la causal 5\u00aa, que remite a la existencia de una enemistad grave respecto al exmagistrado Vargas Silva, la Sala puntualiz\u00f3 que, adem\u00e1s de no probarla con suficiencia, m\u00e1s all\u00e1 de la somera menci\u00f3n, no lo indic\u00f3 frente a la Magistrada \u00c1vila Rold\u00e1n; por lo tanto, complement\u00f3, <\/p>\n
\u00abAdicionalmente a esto, no se concretan las razones que permitan identificar un factor de riesgo para la garant\u00eda de imparcialidad. Y no se evidencia que la relaci\u00f3n laboral que existi\u00f3 entre la Magistrada MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N y el doctor LUIS ERNESTO VARGAS SILVA haya determinado que el sentimiento de enemistad que se afirma que existe entre los exmagistrados VARGAS SILVA y PRETELT CHALJUB, haya trascendido a la doctora \u00c1VILA ROLD\u00c1N, haciendo que experimente igual sentimiento. Por tanto, este motivo de recusaci\u00f3n debe ser igualmente desestimado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en cuanto a haber participado en Salas Plenas (de la Corte Constitucional) donde se discutieron temas relacionados con el proceso, en concreto, el acta \u00ba 13 del 2 de marzo de 2015, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con este motivo de recusaci\u00f3n, lo primero que se advierte es que la intervenci\u00f3n que se le atribuye a la Magistrada MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N no se habr\u00eda presentado al interior de este proceso, en ninguna de sus fases, ni en la cumplida ante el Congreso, que culmin\u00f3 con la aprobaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en su contra, ni en la etapa de juzgamiento ante la Corte. <\/p>\n
Esto, de entrada, torna impertinente la alegaci\u00f3n, ante la evidencia manifiesta que los supuestos f\u00e1cticos que se invocan para sustentar su estructuraci\u00f3n no la actualizan, y que en materia de impedimentos su regulaci\u00f3n es expresa y obedece a causales estrictas, regidas por el principio de taxatividad, que impide realizar interpretaciones extensivas o anal\u00f3gicas\u00bb. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEstos hechos, de manera alguna, revelan que la Magistrada MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N se haya formado un preconcepto que pueda alterar su buen juicio en el conocimiento del asunto, pues, como ella lo explica, el Reglamento de la Corte vigente para ese momento (Acuerdo 05 del 15 de octubre de 1992, art\u00edculo 26), establec\u00eda que la entrega de copia del acta de las sesiones de Sala Plena deb\u00eda realizarse a los Magistrados titulares, sin participaci\u00f3n alguna de los magistrados auxiliares. <\/p>\n
Y adicionalmente, porque cuando se desempe\u00f1\u00f3 como Magistrada titular en encargo, en cuya funci\u00f3n integr\u00f3 la Sala Plena de la Corte Constitucional, no lleg\u00f3 a incidir directa ni indirectamente en los temas que reclama la defensa del aforado, que aluden al contenido del Acta No. 13. Inclusive, en el Acta No. 39, en el ac\u00e1pite de \u00abconsideraciones de actas 13, 14 y 17\u00bb, se consign\u00f3 sobre el particular lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa magistrada MYRIAM \u00c1VILA no interviene en la consideraci\u00f3n de estas actas, puesto que no particip\u00f3 en esas sesiones. Se aclar\u00f3, que los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS y GLORIA STELLA ORTIZ tienen copia de estas actas y enviar\u00e1n sus observaciones a las mismas.\u00bb 4 [Subraya fuera del texto]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y conforme lo transcrito, no advierte esta Sala configurado el \u00abdesafuero\u00bb jur\u00eddico a que se refiere la demanda, ya que la motivaci\u00f3n sobre la cual se fund\u00f3 la denegaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n formulada por la defensa del quejoso respondi\u00f3 justamente a la revisi\u00f3n de la causales 5\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ley 600 de 2000 (r\u00e9gimen procesal aplicable a los juicios contra aforados constitucionales), coligiendo no solo que no fueron jur\u00eddicamente soportadas sino que tampoco se ofrecieron elementos de juicio (como la alusi\u00f3n a la enemistad grave con el exmagistrado Vargas Silva) suficientes que llevaran a deducir la presencia de esos supuestos que revelaran una postura sesgada o arbitraria en los asuntos que involucran al reclamante. <\/p>\n
De tal manera, de acuerdo al contexto planteado, no resulta dable pregonar que la decisi\u00f3n discutida constituya lesividad o afectaci\u00f3n a las garant\u00edas del actor; adem\u00e1s, lo que contiene en realidad la s\u00faplica constitucional son meras divergencias conceptuales, insuficientes para demandar la salvaguarda, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido. <\/p>\n
Es decir, se observa que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Finalmente, en los eventos en los que se discute v\u00eda tutela la juridicidad de una providencia judicial la Sala ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Las consideraciones expuestas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el prove\u00eddo objeto de la presente queja \u2013 12 de julio de 2022 que declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n contra la Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n \u2013 resultan ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta senda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ARTICULO 99. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: <\/p>\n
(\u2026) 6. Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisi\u00f3n se trata o hubiere participado dentro del proceso o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dict\u00f3 la providencia que se va a revisar. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10736-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10736-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02504-00 Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Ignacio Pretelt Chaljub contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Magistrada Myriam \u00c1vila […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}