STC10738-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10738-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00984-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Leibby Jiohanna Moran Garz\u00f3n en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la promotora procura la salvaguarda de sus derechos de petici\u00f3n y al debido proceso. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Leibby Jiohanna Moran Garz\u00f3n fue compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Hugo L\u00f3pez Moncayo, a quien se le declar\u00f3 la muerte presunta, derivada de un secuestro. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, conden\u00f3 a los responsables del delito de secuestro y orden\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos levantar el poder dispositivo de los bienes de propiedad del se\u00f1or L\u00f3pez Moncayo, identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 370-96621, 370-784899, 370-327208, 370-305016, 370-305015, 370-30514, 370-30513, 370-30512, 307-294942, 370-285704 y 370-160030. <\/p>\n
2.3. La sentencia anterior fue apelada, pero \u00abno en el punto que t[en\u00eda] que ver con el levantamiento del poder dispositivo de los inmuebles\u00bb, hecho \u00e9ste que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de una s\u00faplica dirigida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, a fin de que hiciera efectiva esa orden. <\/p>\n
2.4. El Colegiado en menci\u00f3n respondi\u00f3 lo requerido el 30 de abril de 2021, indicando que el asunto \u00abestaba en turno pendiente de desatar el recurso vertical\u00bb. <\/p>\n
3. La tutelante reprocha que no se emiti\u00f3 una respuesta de fondo en el escrito del 30 de abril de 2021 y, en consecuencia, pretende que se ordene al \u00f3rgano judicial convocado que absuelva la solicitud elevada en el proceso, a efectos de que se elabore un oficio dirigido a la autoridad registral, para que materialice la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar dispuesta por el juzgador de primer grado, pues como adquirente de los derechos de los herederes determinados del se\u00f1or Hugo L\u00f3pez Moncayo no ha podido iniciar la sucesi\u00f3n, ante la negativa del Colegiado accionado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Provincial de Cali pidi\u00f3 que se le desvinculara del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Diecinueve Gaula Especializada indic\u00f3 el proceso contaba con \u00absentencia condenatoria ejecutoriada\u00bb y, por tanto, no era procedente hacer pronunciamiento alguno. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, por cuanto la solicitud elevada fue absuelta el 30 de abril de 2021, oportunidad en la cual el Tribunal recriminado indic\u00f3 que oficiar a la autoridad registral, para que levantara la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de diversos bienes de propiedad del se\u00f1or L\u00f3pez Moncayo (Q.E.P.D.), era improcedente, habida cuenta que estaba pendiente de resolverse la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de primer grado y, por tanto, una vez el expediente volviera al Juzgado cognoscente se emitir\u00edan por parte de aqu\u00e9l las comunicaciones pertinentes, si fuere el caso. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la tutelante. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante1 pretende que se amparen sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados debido a que el Colegiado querellado no ha dado una respuesta de fondo frente al requerimiento presentado en el juicio penal, para que se elaboren los oficios pertinentes para que se levantaran las medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes del se\u00f1or Hugo L\u00f3pez Moncayo (Q.E.P.D.). <\/p>\n
2. De manera preliminar resulta indispensable se\u00f1alar que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corte ha precisado que las solicitudes que se formulan ante los jueces y magistrados en el marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio, pudi\u00e9ndose solo \u00abimputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb2. <\/p>\n
En el caso que se analiza, el escrito aludido estaba directamente relacionado con un tr\u00e1mite judicial y no con una actuaci\u00f3n meramente administrativa, como lo es la expedici\u00f3n de unos oficios para dar cumplimiento a lo dispuesto en primera instancia y, por ende, a tono con la jurisprudencia de la Sala, no es posible exigir una respuesta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica ni el tr\u00e1mite contemplado en la normativa aplicable al derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
3. Ahora bien, frente al tema debatido, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, en efecto, a trav\u00e9s del oficio 66 de 30 de abril de 2021, el Tribunal se pronunci\u00f3 sobre la solicitud elevada en el juicio, orientada a que se levantara la medida cautelar impuesta sobre los bienes del se\u00f1or Hugo L\u00f3pez Moncayo, seg\u00fan lo ordenado en el fallo de primera instancia, indicando que esa decisi\u00f3n hab\u00eda sido apelada y que la alzada se resolver\u00eda, seg\u00fan el turno correspondiente; adem\u00e1s, que desatado el recurso, el proceso ser\u00eda devuelto al a quo, para lo de su cargo. <\/p>\n
Lo anterior evidencia que, si bien en el oficio cuestionado por la tutelante no se dispuso el levantamiento de las cautelas, all\u00ed se expuso por qu\u00e9 no era procedente ejecutar la orden dictada en primera instancia por el Juzgado, toda vez que, en su momento, la sentencia del a quo no estaba ejecutoriada, pues se encontraba en tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n, que se decidir\u00eda en el turno asignado; resuelto aqu\u00e9l y agotadas las instancias respectivas, el asunto se devolver\u00eda al Juzgado competente, que debe adoptar las medidas pertinentes, si a ello hubiere lugar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que, independientemente de que lo all\u00ed referido no sea compartido por la interesada, se emiti\u00f3 una respuesta y, por tanto, la omisi\u00f3n endilgada es inexistente, lo cual torna inviable la tutela, pues <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Hechas las anteriores precisiones, se refrendar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan se narra en el escrito de la tutela y se acredita a partir del texto adjunto de la Escritura P\u00fablica 3886 de 2018, Leibby Jiohanna Moran Garz\u00f3n adquiri\u00f3 los derechos herenciales de unos herederos determinados del se\u00f1or Hugo L\u00f3pez Moncayo, cuyos bienes son objeto de la medida cautelar rebatida. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC1622-2020. <\/p>\n
3\u0002 CC T-130\/14, cita realizada en CSJ STC12717-2019. <\/p>\n
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