STC10740-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10740-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01075-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 9 de junio de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Steven L\u00f3pez Bola\u00f1os, a trav\u00e9s de apoderado, contra Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2011-25735. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Destac\u00f3 que fue procesado por los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El 3 de noviembre de 2011, manifest\u00f3 allanarse a los cargos. Situaci\u00f3n de la que conoci\u00f3 el Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali. <\/p>\n
2.1. Verificado el allanamiento, el Juzgado accionado -con fallo del 24 de junio de 2015- resolvi\u00f3 condenarlo a 94.5 meses de prisi\u00f3n, negando la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. Tal decisi\u00f3n fue confirmada por el Colegiado accionado mediante prove\u00eddo del 27 de enero de 2016, frente al cual no se present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n. En cumplimiento de la mencionada determinaci\u00f3n, fue capturado el 10 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.3. Aleg\u00f3 un defecto procedimental absoluto, dado que en la aceptaci\u00f3n de cargos existi\u00f3 un \u00abvicio en el consentimiento sobreviviente por cambio jurisprudencial\u00bb. Ello pues, para la \u00e9poca del allanamiento se encontraba en discusi\u00f3n el porcentaje de rebaja de la pena en el caso de personas capturadas en flagrancia. Ello conforme al art\u00edculo 57 de la ley 1453 de 2011, pues en unos casos operaba la disminuci\u00f3n en un \u00bc y en otros el 50%. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que previ\u00f3 asesoramiento por parte de su apoderado, decidi\u00f3 allanarse con el fin de que se le aplicara la rebaja del 50%, no obstante, solo le disminuyeron el 12.5% de la condena. <\/p>\n
2.5. Resalt\u00f3 que entre el a\u00f1o 2011, cuando se allan\u00f3 a cargos, y el 2015, en el que se dict\u00f3 el fallo, hubo un cambio de jurisprudencia que permit\u00eda celebrar acuerdos en caso de flagrancia. Por tanto, en audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento, su abogado plante\u00f3 la posibilidad de que le fuera impuesta la condena con aplicaci\u00f3n a la disminuci\u00f3n dispuesta para el c\u00f3mplice, la cual era permitida para los preacuerdos, sin embargo, tal pedimento no tuvo acogida. <\/p>\n
2.6. En su sentir, el Juez de conocimiento, atendiendo el cambio jurisprudencial debi\u00f3 retrotraer la actuaci\u00f3n desde la aceptaci\u00f3n de cargos, con el fin de que fuera debidamente informado acerca de la jurisprudencia del a\u00f1o 2015, y as\u00ed tener claridad para adoptar la postura m\u00e1s conveniente entre el allanamiento o el preacuerdo. <\/p>\n
2.7. Por otro lado, destac\u00f3 la existencia de un defecto material por la trasgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que a otras personas que se acogieron al allanamiento les correspondi\u00f3 una rebaja del 50%, mientras que a \u00e9l 12.5%, y otras tuvieron la posibilidad de plantear un preacuerdo que era m\u00e1s ben\u00e9fico. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 como pretensi\u00f3n principal que se deje sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia y \u00abretrotra[er] el proceso hasta la aceptaci\u00f3n de los cargos para que [\u2026] pueda volver a decidir con la informaci\u00f3n completa y cierta\u00bb. Como subsidiaria, que se deje sin efectos las mencionadas sentencias, para que en su lugar se ordene al Juzgado cognoscente que emita nuevamente sentencia \u00abteniendo en cuenta el derecho constitucional a la igualdad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali1, luego de narrar sus actuaciones, expres\u00f3 que \u00abLa decisi\u00f3n que esta judicatura adopt\u00f3 en la sentencia n\u00famero 068 emitida el 24 de junio de 2015, mediante la cual se conden\u00f3 al hoy accionante, contrario a lo esgrimido por el demandante, consideramos que estuvo ajustada a derecho y a los precedentes jurisprudenciales que hasta ese momento se hab\u00edan producido sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, asever\u00f3 que antes de proferir el fallo por allanamiento de cargos del actor, \u00abal observar que no exist\u00eda vicio alguno en el consentimiento, procedi\u00f3 a sentenciarlo de manera anticipado como as\u00ed lo hab\u00eda pedido\u00bb. Afirm\u00f3 que el amparo invocado no cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que, el actor no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n ni el de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. La sala Penal del Tribunal Superior de Cali2, reiter\u00f3 que \u00abla Fiscal\u00eda 106 Seccional de Cali le formul\u00f3 imputaci\u00f3n a Jos\u00e9 Steven L\u00f3pez Bola\u00f1os, como autor del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, cargos que acept\u00f3 de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorado por su defensor\u00bb. Posteriormente, trajo a colaci\u00f3n la jurisprudencia referente a la imposibilidad de que el Juez de conocimiento realice nuevamente un control de allanamiento que ya realiz\u00f3 el Juez con funci\u00f3n de garant\u00edas. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali3, narr\u00f3 sus actuaciones en audiencias preliminares. <\/p>\n
4. El Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali4, en relaci\u00f3n con el objeto del presente amparo, mencion\u00f3 que \u00abla situaci\u00f3n planteada en sede constitucional por el apoderado del accionante escapa a la \u00f3rbita de competencia de este Juzgado, am\u00e9n de que en el proceso no existe ninguna petici\u00f3n pendiente por resolver\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Sesenta y Cinco Seccional de la Unidad de Seguridad P\u00fablica de Cali5, inform\u00f3 que tuvo conocimiento de la noticia criminal por los hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2011 por los que fue capturado en flagrancia el quejoso quien se allan\u00f3 a cargos y se le dict\u00f3 sentencia condenatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, declar\u00f3 improcedente el amparo. Para ello, destac\u00f3 que \u00abresulta evidente que la presente solicitud no satisface el presupuesto de la inmediatez, el cual constituye un requisito de procedibilidad de este mecanismo de defensa, de tal suerte que la misma tuvo que haber sido presentada dentro de un plazo razonable\u00bb. Igualmente, resalt\u00f3 que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues \u00abel actor no utiliz\u00f3 el mecanismo extraordinario de defensa judicial que el procedimiento penal le habilitaba, esto es, interponer casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Adem\u00e1s, no puso de presente alguna raz\u00f3n especial que le impidiera acudir a esa v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor a trav\u00e9s de apoderado, con fundamento en similares argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abse evidencia la excepci\u00f3n de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n puesto que resultaba una carga desproporcionada para el accionante quien no contaba con la capacidad econ\u00f3mica para sufragar los altos costos que tiene en la pr\u00e1ctica solicitar este servicio como consta en el Sistema de Identificaci\u00f3n de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISB\u00c9N)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 24 de junio de 2015, que previo allanamiento de cargos, lo conden\u00f3 a una pena de 94.5 meses de prisi\u00f3n, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, as\u00ed como la prisi\u00f3n domiciliaria, y la del 27 de enero de 2016, que, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la condena. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. Escrutado el material probatorio, y teniendo en cuenta que la captura alegada por el libelista es consecuencia del cumplimiento del fallo condenatorio, se evidencia que no se cumple con el primer presupuesto anotado. Esto, debido a que entre el momento en que se emiti\u00f3 la providencia atacada -24 de junio de 2015- o, inclusive, desde la fecha en que se dict\u00f3 el fallo que defini\u00f3 la causa -27 de enero de 20166- y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -25 de mayo de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonable por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01). <\/p>\n
Este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad de los interesados para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (CC T-410\/2013 y T-206\/2014). Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, se advierte tambi\u00e9n el incumplimiento del segundo presupuesto referido. Ciertamente, el querellante no present\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al prove\u00eddo del 27 de enero de 2016, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n planteada contra la determinaci\u00f3n del 24 de junio de 2015, que lo conden\u00f3 a una pena de 94.5 meses de prisi\u00f3n. Es decir, despreci\u00f3 el mecanismo de defensa que ten\u00eda a su alcance para ejercer la defensa de sus derechos y que ahora pretende hacer valer por esta v\u00eda subsidiaria. <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia del ruego. Ello pues, la incuria en la utilizaci\u00f3n del recurso establecido para atacar los desacuerdos frente a la determinaci\u00f3n del juez, imposibilitan el uso de esta senda constitucional, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que no es la v\u00eda para redimir oportunidades legales fenecidas pues, no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n est\u00e9n sometidas a sus efectos contrarios, en la medida que son la consecuencia de su dejadez. <\/p>\n
5. Finalmente, frente al reproche que le imputa el actor a su apoderado, no es de recibo. Ello pues, este estaba habilitado para remover el mandato y designar otro profesional del derecho para presentar la demanda de casaci\u00f3n. Inclusive, de no contar con recursos, \u00abpod\u00eda acudir a la Defensor\u00eda del Pueblo, entidad que cuenta con una Oficina Especial de Apoyo para evaluar y presentar el recurso extraordinario\u00bb (CSJ STP748-2018, STP3690-2020). <\/p>\n
6. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 3-4. Anexo Respuesta Juzgado 4.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-5. Anexo Respuesta Tribunal.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-2. Anexo Respuesta Juzgado 26.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-2. Anexo Respuesta Juzgado 8.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1. Anexo Respuesta Fiscalia.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
6\u0002 Folios 52-56 Anexo 0002 124279Demanda.pdf. <\/p>\n
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