STC10742-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10742-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00350-02 <\/p>\n
11001-02-04-000-2022-00676-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones acumuladas formuladas frente a los fallos proferidos el 7 y 14 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de las acciones de tutela promovidas por Jos\u00e9 Enrique Castro (q.e.p.d.) y Mar\u00eda Clemencia Peralta Ruiz, respectivamente, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Enrique Castro (q.e.p.d.), en nombre propio, y Mar\u00eda Clemencia Peralta Ruiz, en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del primero, quien falleci\u00f3 en el curso de la presente petici\u00f3n de amparo, reclamaron la protecci\u00f3n de las prerrogativas esenciales al debido proceso, vida digna y \u00abgarant\u00eda a los derechos adquiridos\u00bb. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar al colegiado accionado \u00abdejar sin efectos, de manera parcial, la sentencia de instancia proferida dentro del proceso 73776, para que, en consecuencia, se\u00f1ale que NO ES COMPARTIBLE la pensi\u00f3n sanci\u00f3n reconocida judicialmente por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito por haber laborado al servicio de la extinta Empresa Distrital de Servicios P\u00fablicos, con la pensi\u00f3n de vejez, reconocida por COLPENSIONES, por no ser aplicable la norma sobre la compartibilidad a [su] caso y no haberse tocado ese tema dentro del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Enrique Castro promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -FONCEP-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indexaci\u00f3n de la primera mesada de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n que le fue reconocida mediante sentencia del 14 de mayo de 1998, teniendo en cuenta lo dispuesto por la sentencia C 891 A de 2006. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien en sentencia de 31 de julio de 2015 conden\u00f3 a la demandada a indexar la primera mesada de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, en cuant\u00eda de $1.639.252 a partir del 9 de marzo de 2013, monto al que se le debe aplicar sus respectivos incrementos. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, el 27 de agosto de 2015 el Tribunal revoc\u00f3 tal condena, al considerar que se prob\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada frente a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional; decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 10 de agosto de 2021 resolvi\u00f3 casar la sentencia proferida por el ad-quem, tras considerar que, contrario a lo dicho por el Tribunal, no exist\u00eda cosa juzgada, pues el primer juicio no trat\u00f3 lo relativo a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional (SL3576-2021); el 7 de diciembre siguiente, dict\u00f3 sentencia de instancia, condenando al Foncep a \u00abreajustar la primera mesada pensional de Jos\u00e9 Enrique Castro en cuant\u00eda inicial de\u2026 $1.068.235, a partir del 9 de marzo de 2013, junto con el retroactivo pensional causado por diferencias pensionales, hasta el momento en que fue compartida con la que le reconoci\u00f3 Colpensiones, instante a partir del cual quedar\u00e1 a cargo de la demandada en el mayor valor que corresponda, si lo hubiere\u00bb (SL5548-2021); el 1\u00b0 de marzo de 2022 neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n, en punto a la compartibilidad dispuesta (AL874-2022). <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que la Corte aplic\u00f3 el art\u00edculo 6\u00b0 del acuerdo 29 de 1985, norma que no era ajustable a su caso concreto, habida cuenta de que, le era aplicable las disposiciones del canon 16 del acuerdo 049 de1990, \u00abpor cuanto el empleador en ning\u00fan momento continu\u00f3 cotizando para que el demandante completara el n\u00famero de semanas requeridas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, habiendo alcanzado el derecho al reconocimiento de la misma por cotizaciones hechas como trabajador de empresa privada\u00bb. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que la Corte desconoci\u00f3 el principio de la no reformatio in pejus, puesto que hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del recurrente en casaci\u00f3n; adem\u00e1s, \u00abpara que fuera aplicable la compartibilidad, era necesario que el empleador -BOGOT\u00c1 D.C. como subrogataria de las obligaciones de la extinta EDIS- al dar cumplimiento a la sentencia judicial que le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n sanci\u00f3n al demandante procediera a cotizarle para que COLPENSIONES asumiera el pago de vejez. ESO NUNCA OCURRI\u00d3\u00bb. <\/p>\n
2.7. Por su parte, Mar\u00eda Clemencia agreg\u00f3 que se incurri\u00f3 en un tratamiento discriminatorio, pues en un caso similar al de su esposo, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 que eran compatibles la pensi\u00f3n sanci\u00f3n y la pensi\u00f3n de vejez (proceso: 69590). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -Foncep relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; que declarar la compartibilidad de la pensi\u00f3n est\u00e1 acorde con las disposiciones legales aplicables al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que consultado el sistema de consulta siglo XXI, el 31 de julio de 2015 revoc\u00f3 el fallo del a quo, decisi\u00f3n que, una vez recurrida en casaci\u00f3n, el 10 de agosto de 2021 la Corte cas\u00f3 el fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mar\u00eda Clemencia Peralta Ruiz, inform\u00f3 que su esposo Jos\u00e9 Enrique Castro falleci\u00f3 en el curso de la acci\u00f3n de tutela, por lo que ella, en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite le asiste inter\u00e9s con las resultas de la salvaguarda; inform\u00f3 que present\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela cuya radicaci\u00f3n corresponde a la n\u00b0 2022-00676 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en cuanto a la compartibilidad de la pensi\u00f3n que se dispuso para la pensi\u00f3n de su fallecido c\u00f3nyuge, por lo que pidi\u00f3 la acumulaci\u00f3n del tr\u00e1mite supralegal; que al juicio laboral no se vincul\u00f3 a Colpensiones por los que no se pod\u00eda disponer esa compartibilidad, sumado a que, en un caso similar al de su esposo, no se orden\u00f3 dicha compartibilidad (SL496-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Veinticinco Laboral de Bogot\u00e1 anot\u00f3 que dio tr\u00e1mite al juicio fustigado, profiri\u00f3 sentencia condenatoria contra la que se formul\u00f3 apelaci\u00f3n, sin que el expediente haya regresado a esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, pues el proceso laboral criticado no hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R.I.S.S. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte manifest\u00f3 que en relaci\u00f3n a la compartibilidad de las pensiones, al actuar como Tribunal de instancia le es dable pronunciarse bajo consulta, sobre aspectos relacionados con los derechos pretendido sin limitaci\u00f3n alguna, por lo que no se vulner\u00f3 el principio de la no reformatio in pejus; que la compartibilidad declarada se desat\u00f3 bajo los par\u00e1metros de los acuerdos 029 de 1989 y 049 de 1990, en concordaci\u00f3n con los precedentes jurisprudenciales sentados, entre otros, SL3286-2021, SL474-2019; que al examinar cuidadosamente la sentencia de instancia, se cometi\u00f3 un desatino al indicar que la pensi\u00f3n sanci\u00f3n sobre la que se solicit\u00f3 la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional se caus\u00f3 en vigencia del art\u00edculo 6\u00b0 del acuerdo 029 de 1985, siendo que en verdad lo que quiso decir fue que la prestaci\u00f3n en cuesti\u00f3n se consolid\u00f3 despu\u00e9s de la vigencia de la citada disposici\u00f3n, sin embargo, no encontr\u00f3 raz\u00f3n para aclarar el fallo, toda vez que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial all\u00ed transcrito, es evidente que como la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n reconocida en sede judicial ocurri\u00f3 despu\u00e9s del 17 de octubre de 1985, las dos prestaciones son compartibles; que revisado la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, el promotor no cumpl\u00eda con los presupuestos para tal beneficio, empero, como lo discutido era la indexaci\u00f3n a la primera mesada pensional y se hizo en acatamiento de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Bogot\u00e1, no hizo pronunciamiento alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Colpensiones inform\u00f3 que Jos\u00e9 Enrique Castro falleci\u00f3 el 22 de marzo de 2022, por lo que Mar\u00eda Clemencia Peralta, el 7 de abril siguiente, present\u00f3 documentaci\u00f3n para la sustituci\u00f3n pensional; que lo pretendido por los actores constitucionales no va dirigido por el actuar de esa administradora, por lo que lo procedente es ordenar su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
8. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que no ejerci\u00f3 la labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso, no tiene al alcance los fallos confutados, por lo que no es posible emitir concepto alguno. <\/p>\n
LAS SENTENCIAS IMPUGNADAS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo formulado por Jos\u00e9 Enrique Castro (q.e.p.d.), al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues el colegiado accionado actu\u00f3 en derecho y conforme los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto, encontrando que, por ministerio legal era pertinente disponer la compartibilidad de la prestaci\u00f3n reconocida. <\/p>\n
Por su parte, en cuanto al amparo deprecado por Mar\u00eda Clemencia Peralta, el a quo constitucional tambi\u00e9n deneg\u00f3 la salvaguarda, al considerar que la promotora omiti\u00f3 demostrar que Manuel Useche, quien obtuvo decisi\u00f3n favorable a sus intereses (SL496-2022), se encontraba en igual situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica a la de su esposo, al punto que, en el caso de Useche Murcia el juicio tambi\u00e9n se promovi\u00f3 contra Colpensiones, en raz\u00f3n a que se censur\u00f3 tanto la revocatoria de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n que hab\u00eda sido otorgada inicialmente, como la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez, sumado a que, en ese caso se neg\u00f3 dicha compartibilidad debido a la fecha de causaci\u00f3n; de ah\u00ed que, no se configur\u00f3 el quebranto alegado. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las present\u00f3 Mar\u00eda Clemencia Peralta, tras resaltar que su c\u00f3nyuge falleci\u00f3 en el curso de la petici\u00f3n de amparo y que a ella le asiste inter\u00e9s directo con las resultas de la salvaguarda. <\/p>\n
Reiter\u00f3 los argumentos de los libelos iniciales, a los que adicion\u00f3 que \u00abpara que aplica[ra] la compartibilidad, era necesario que el empleador -Bogot\u00e1 D.C.- como subrogataria de las obligaciones de la extinta EDIS, al dar cumplimiento a la sentencia judicial que le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n sanci\u00f3n a [su] difunto esposo, procediera a cotizarle para que Colpensiones asumiera el pago de la pensi\u00f3n de vejez. Eso nunca ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que existe \u00abdiscriminaci\u00f3n\u00bb en el caso de su esposo, pues al margen de que hubiese citado o no al juicio a Colpensiones, como lo hizo en el proceso de Manuel Useche, lo cierto es que se resuelve sobre la compartibilidad, sumado a que, dicho punto no se toc\u00f3 en el tr\u00e1mite del proceso y sorprendi\u00f3 a las partes en la sentencia de instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paaso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente asunto la gestora pretende se declare que la decisi\u00f3n proferida el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de esta Colegiatura (SL5548-2021), que en sede de instancia modific\u00f3 los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 de la sentencia de 31 de julio de 2015 emitida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, condenando al Foncep a reajustar la primera mesada pensional de Jos\u00e9 Enrique Castro (q.e.p.d.) en cuant\u00eda inicial de $1.068.235 a partir del 9 de marzo de 2013, junto con el retroactivo pensional causado por diferencias pensionales, hasta el momento en que fue compartida con la que le reconoci\u00f3 Colpensiones, vulner\u00f3 las prerrogativas de primer grado de su esposo, ahora suyas por sustituci\u00f3n pensional y, en consecuencia, pide se ordene a la accionada emitir una nueva determinaci\u00f3n que no disponga la compartibilidad pensional, pues dicho punto no se trat\u00f3 al interior del juicio, Colpensiones no fue llamada al proceso, adem\u00e1s, en un caso de similar contorno, no se orden\u00f3 tal compartibilidad (SL476-2022). <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el colegiado de casaci\u00f3n, con apoyo en la jurisprudencia aplicable al caso concreto (SL3286-2021), precis\u00f3 que la pensi\u00f3n sanci\u00f3n \u00abes compartida con la de vejez que Colpensiones le reconoci\u00f3 al demandante en los t\u00e9rminos del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1 de noviembre de 2013; por tanto, la aqu\u00ed demandada s\u00f3lo est\u00e1 obligada a pagar el mayor valor entre la pensi\u00f3n de vejez a cargo de la administradora de pensiones y la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, si la hubiere\u00bb. <\/p>\n
Luego, al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada por la parte actora (AL874-2022), en punto a la compartibilidad dispuesta y la normatividad aplicable al caso concreto, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Conforme a lo pretendido por la memorialista, de entrada, advierte la Sala que no le asiste raz\u00f3n a la parte actora en cuanto a su solicitud de aclaraci\u00f3n, toda vez que lo que en realidad procura es que se modifique la decisi\u00f3n de instancia para que no se disponga lo relacionado con la compartibilidad entre la pensi\u00f3n sanci\u00f3n a cargo del Foncep y la de vejez reconocida por Colpensiones, en los t\u00e9rminos del Acuerdo 049 de 1990, por lo que, en estricto rigor, no se configuran los presupuestos de la aclaraci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
As\u00ed se afirma por cuanto, seg\u00fan se aprecia, tanto en las consideraciones como en la parte de resolutiva de la sentencia CJS SL5548-2021, no existen frases o argumentos que contengan u ofrezcan verdaderos motivos de duda que deban ser aclararos. En efecto, la parte resolutiva dice expresamente lo siguiente: <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR al Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas Cesant\u00edas y Pensiones (Foncep) a reajustar la primera mesada pensional de Jos\u00e9 Enrique Castro en cuant\u00eda inicial de UN MILL\u00d3N SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($1.068.235), a partir del 9 de marzo de 2013, junto con el retroactivo pensional causado por diferencias pensionales, hasta el momento en que fue compartida con la que le reconoci\u00f3 Colpensiones, instante a partir del cual quedar\u00e1 a cargo de la demandada en el mayor valor que corresponda, si lo hubiere. <\/p>\n
Sin embargo, en aras de responder algunas inquietudes planteadas por la peticionaria, en primer lugar, cabe se\u00f1alar que despu\u00e9s de examinar cuidadosamente el contenido de la providencia en cuesti\u00f3n, encuentra la Sala que no se cometi\u00f3 ning\u00fan desatino al referirse al art\u00edculo 6 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo a\u00f1o, pues tal referencia obedeci\u00f3 a la necesidad de destacar, como se afirm\u00f3 en la sentencia que sirvi\u00f3 de antecedente y en la que se soport\u00f3 la decisi\u00f3n de esta Sala (CSJ SL3286-2021), que a partir de la vigencia de dicha disposici\u00f3n qued\u00f3 regulada la figura de la compartibilidad; en manera alguna se indic\u00f3 que era bajo tal egida normativa que la prestaci\u00f3n se hab\u00eda causado, como erradamente lo entiende la memorialista. <\/p>\n
En efecto, la Sala no encuentra que haya lugar a aclarar la sentencia, toda vez que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial all\u00ed transcrito, es evidente que como la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n reconocida en sede judicial ocurri\u00f3 despu\u00e9s del 17 de octubre de 1985, las dos prestaciones son compartibles; as\u00ed se explic\u00f3 claramente en la providencia que sirvi\u00f3 de precedente, oportunidad en la que la Corte declar\u00f3 la compartibilidad de una prestaci\u00f3n que se consolid\u00f3 el 15 de marzo de 1990, cuyos apartes pertinentes dicen lo siguiente: <\/p>\n
No ha sido objeto de controversia la existencia del contrato de trabajo entre la demandante y EMPOIBAGU\u00c9 S.A., en Liquidaci\u00f3n, durante el per\u00edodo comprendido entre el 18 de junio de 1979 y el 15 de marzo de 1990. La demandante, en calidad de trabajadora oficial, cumple los supuestos f\u00e1cticos contemplados en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961 y en el art\u00edculo 74 del Decreto 1848 de 1969, tal como fue pedido en la demanda inicial, pues no es objeto de debate que para el d\u00eda 15 de marzo de 1990, fecha en la que finaliz\u00f3 su v\u00ednculo laboral, contaba con m\u00e1s de diez y menos de quince a\u00f1os de servicios continuos para la citada empresa y que su vinculaci\u00f3n termin\u00f3 sin justa causa, de conformidad con lo se\u00f1alado en la parte motiva de la sentencia de casaci\u00f3n y, en consecuencia, tiene derecho a percibir la pensi\u00f3n contemplada en el primer inciso del art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961 que reza: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Finalmente, como quiera que la pensi\u00f3n fue causada bajo la vigencia del art\u00edculo 6 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo a\u00f1o, esta prestaci\u00f3n ser\u00e1 compartida con la de vejez o jubilaci\u00f3n que eventualmente le hubiese reconocido o le llegare a reconocer la entidad de seguridad social a la que haya efectuado aportes, fecha a partir de la cual EMPOIBAGU\u00c9 S.A. en liquidaci\u00f3n, s\u00f3lo est\u00e1 obligada a pagar el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensi\u00f3n de vejez y la pensi\u00f3n sanci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, en atenci\u00f3n a la sentencia CSJ SL474-2019 que rememor\u00f3 el fallo CSJ SL13032-2015, en el cual la Corte ense\u00f1\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, se evidencia que el juez de apelaciones incurri\u00f3 en el yerro endilgado, pues se reitera, para la fecha de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, 9 de noviembre de 1984, fecha del despido injusto del demandante, el D. 2879\/1985, no hab\u00eda entrado en vigencia [\u2026]. <\/p>\n
De conformidad con ello, si bien, se ha sostenido que la pensi\u00f3n sanci\u00f3n tiene una naturaleza distinta a la de previsi\u00f3n de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, objetivo propio de la pensiones a cargo del entonces ISS, fundamento para que fuesen compatibles; al entrar en vigencia el Acuerdo 029 de 1989, aprobado por el Decreto 2879 del mismo a\u00f1o, espec\u00edficamente su art\u00edculo 6, empez\u00f3 a aplicarse la compartibilidad entre las pensiones causadas en virtud del art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961 y las de vejez que reconociera el ISS.(Subraya la Sala). <\/p>\n
En consecuencia, es indudable que la sentencia de instancia se profiri\u00f3 atendiendo estrictamente el criterio jurisprudencial del momento, raz\u00f3n por la cual no hay lugar a realizar la aclaraci\u00f3n solicitada, dado que la prestaci\u00f3n se caus\u00f3 despu\u00e9s del 17 de octubre de 1985, data a partir de la cual las aludidas pensiones son compartibles. <\/p>\n
Seguidamente, en punto a que lo relativo a la compartibilidad no fue tema de controversia en el juicio, dijo que: <\/p>\n
\u2026si bien le asiste raz\u00f3n a la parte actora al afirmar que en la presente controversia no fue objeto de debate en las instancias procesales el tema relacionado con la compartibilidad pensional, lo cierto es que este fen\u00f3meno opera por ministerio de la ley, de tal manera que as\u00ed no haya sido planteado expl\u00edcitamente por las partes, debe ser evaluado a\u00fan de manera oficiosa por los administradores de justicia al momento de concebirse el reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional, m\u00e1xime que en sede de instancia se conoci\u00f3 en grado jurisdiccional de consulta a favor del Foncep. <\/p>\n
Sobre el particular se traen a colaci\u00f3n algunos apartes de la sentencia CSJ SL5136-2019, que dicen: <\/p>\n
En este punto, el Tribunal debi\u00f3 tener en cuenta que ese fen\u00f3meno de la compartibilidad opera por ministerio de la ley, de forma tal que debe ser evaluado en el momento de concebirse el reconocimiento de la prestaci\u00f3n. Al respecto pueden verse las sentencias CSJ SL2437-2018, CSJ SL4035-2018 y CSJ SL1508-2018, en la \u00faltima de las cuales se dijo: <\/p>\n
Esta Corte tiene asentado en muchedumbre de sentencias que la compartibilidad opera por ministerio de la ley, por lo que el juez al momento de establecer la existencia de un derecho pensional a favor del trabajador y a cargo del empleador, debe entrar a examinar si es posible la compartibilidad entre la pensi\u00f3n a cargo del empleador con la de vejez que pueda resultar del sistema general de pensiones, sin que con este proceder se vulnere las facultades extra o ultra petita. <\/p>\n
Es m\u00e1s, esta Corte, al resolver una controversia en la que se debati\u00f3 puntualmente la compartibilidad de una pensi\u00f3n sanci\u00f3n causada el 28 de febrero de 1993 exigible el 13 de diciembre de 2014, es decir, de contornos jur\u00eddicos similares a los aqu\u00ed debatidos, en sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 47007, dijo: <\/p>\n
No obstante lo anterior, lo cierto es que en nada incide aquella omisi\u00f3n por cuanto la compartibilidad pensional opera por ministerio de la Ley, si hubiere lugar a ello, al no haber duda que la prestaci\u00f3n deprecada se caus\u00f3 con posterioridad a la expedici\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990. As\u00ed lo ha asentado esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples decisiones entre ellas en la proferida el 27 de abril de 2010 radicado 36234, en la que se expuso: <\/p>\n
\u201cSurge, por tanto, que el Ad quem no ignor\u00f3 las normas que regulan la compartibilidad y los supuestos para que esta obre como una prerrogativa del empleador, sino que hall\u00f3 que no pod\u00eda resolver sobre ellas, pues a su juicio no pod\u00eda hacerlo por no haber sido asunto controvertido en las etapas procesales previas a su fallo <\/p>\n
Al quedar sin ataque el pilar de la sentencia, en el aspecto pretendido en el cargo, queda inc\u00f3lume la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, debe tenerse en cuenta que la compartibilidad opera por ministerio de la ley y de acuerdo con los requisitos que ella se\u00f1ala.\u201d <\/p>\n
Por consiguiente, no le asiste raz\u00f3n al demandante en cuanto a que no era viable realizar pronunciamiento sobre la compartibilidad pensional entre la pensi\u00f3n de vejez reconocida por parte de Colpensiones y la pensi\u00f3n sanci\u00f3n a cargo del Foncep, pues tal decisi\u00f3n, en estricto rigor, es de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces laborales, as\u00ed no haya sido un tema solicitado por las partes. <\/p>\n
Y, sobre la supuesta vulneraci\u00f3n al principio de la no reformatio in pejus, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026tampoco le asiste raz\u00f3n al demandante para se\u00f1alar que se vulner\u00f3 el principio de la no reformatio in pejus, toda vez que como qued\u00f3 sentado en los antecedentes, esta Corte, en sede de instancia, abord\u00f3 el estudio del presente caso, no solo con ocasi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el fondo demandado, sino, se insiste, tambi\u00e9n en grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
En este puntual aspecto resulta oportuno memorar que la consulta no constituye un recurso adicional, sino una instituci\u00f3n procesal en virtud de la cual el superior jer\u00e1rquico del juez de primera instancia, examina oficiosamente y sin limitaci\u00f3n alguna la decisi\u00f3n adoptada a efectos de corregir o enmendar los errores jur\u00eddicos que esta pueda adolecer, con miras a lograr la certeza jur\u00eddica y el juzgamiento justo, de manera autom\u00e1tica, supliendo la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (CC C968-2003). <\/p>\n
Por consiguiente, esta Corte, al conocer del grado jurisdiccional de consulta en favor del ente demandado estaba plenamente facultada para pronunciarse sobre todos aquellos aspectos relacionados con el reconocimiento del derecho deprecado, entre los cuales, por obvias razones, estaba el relacionado con la compartibilidad pensional, raz\u00f3n de m\u00e1s para concluir que no existe transgresi\u00f3n alguna al principio de la no reformatio in pejus. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como de las probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, las prestaciones son compartibles, pues se caus\u00f3 despu\u00e9s del 17 de octubre de 1985, adem\u00e1s, dicha compartibilidad, por ministerio legal, debe ser evaluado de manera oficiosa, al margen de que no hubiese sido controversia al interior del juicio fustigado, sumado a que, en sede de instancia se conoci\u00f3 en grado jurisdiccional de consulta a favor del Foncep, de ah\u00ed que, tampoco hubo quebranto al principio de la no reformatio in pejus. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, al margen de lo expuesto anteriormente, debe precisarse que respecto a la supuesta \u00abdiscriminaci\u00f3n\u00bb de la Sala, porque en un asunto simular no dispuso la compartibilidad de pensiones (SL496-2022), se destaca que, los supuestos f\u00e1cticos all\u00e1 auscultados son diferentes a los ahora planteados, pues en ese asunto, no se pretend\u00eda la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, sino se discut\u00eda la incompatibilidad de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n con la de vejez, sumado a que, en ese juicio est\u00e1 pendiente de dictarse sentencia de instancia, relievando que, all\u00ed el colegiado encontr\u00f3 raz\u00f3n a la compatibilidad de la prestaciones pensionales, \u00absin perjuicio de su futura compartibilidad\u00bb; de ah\u00ed que, no se evidencia el reparo alegado. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10742-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10742-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00350-02 11001-02-04-000-2022-00676-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se deciden las impugnaciones acumuladas formuladas frente a los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}