STC10744-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10744-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02289-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Joy Zulima Prieto Sierra contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2013-00281. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicha sentencia y que, en su lugar, se ordene resolver de fondo su recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y enfatiz\u00f3 que la solicitud de amparo no es m\u00e1s que un intento por revivir una discusi\u00f3n que ya fue formalmente definida. <\/p>\n
2. Colsubsidio pidi\u00f3 desestimar la pretendida salvaguarda en consideraci\u00f3n a que la accionante pretende usar este mecanismo para sanear su falta de actuaci\u00f3n en el juicio cuya legalidad censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Es importante resaltar preliminarmente que, aun cuando las pretensiones se enfilaron contra la sentencia de 15 de junio de 2022, en realidad la inconformidad de la accionante no versa sobre esa providencia (de cuyo contenido nada se dijo) sino espec\u00edficamente sobre los autos de 22 de abril y 12 de mayo de 2022, mediante los cuales el tribunal accionado declar\u00f3 desierto su recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese entendido, corresponde a la Corte establecer si la solicitud de amparo en estudio, en esos t\u00e9rminos planteada, involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Sin embargo, dadas las particularidades del litigio puesto a consideraci\u00f3n de la Sala, la rese\u00f1ada hermen\u00e9utica no le resulta extensible a la solicitud de amparo en estudio, dado que no se observa un comportamiento diligente de parte de la accionante, en la proposici\u00f3n del remedio constitucional en estudio. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante recalcar que la decisi\u00f3n del tribunal de declarar desierta la apelaci\u00f3n formulada por la aqu\u00ed convocante, no implic\u00f3 la culminaci\u00f3n de la segunda instancia del proceso, puesto que la otra integrante del extremo activo tambi\u00e9n hab\u00eda impugnado la sentencia de primer grado y, por lo mismo, el tr\u00e1mite continu\u00f3 en cuanto a esa alzada. <\/p>\n
Ahora bien, en el decurso de esa apelaci\u00f3n (cuando ya hab\u00eda cobrado ejecutoria formal el prove\u00eddo de deserci\u00f3n sobre el que aqu\u00ed se discute), el tribunal emiti\u00f3 m\u00faltiples prove\u00eddos; practic\u00f3 audiencia de recaudo y contradicci\u00f3n de un dictamen pericial (los d\u00edas 25 de mayo y 2 de junio de 2022) e, incluso, anunci\u00f3 de manera expresa, mediante auto de la misma fecha, que la sentencia con la cual se desatar\u00eda la apelaci\u00f3n vigente, iba a ser proferida de manera escrita. <\/p>\n
Todas esas actuaciones se surtieron a cabalidad, sin protesta alguna de la aqu\u00ed accionante, quien opt\u00f3 por aguardar a que se definieran las resultas de la apelaci\u00f3n de su litisconsorte, para acudir al juez constitucional a denunciar una eventual irregularidad procesal que, en tales condiciones, termin\u00f3 consum\u00e1ndose por su propia inactividad. <\/p>\n
Reclamar ahora, en semejantes t\u00e9rminos, la invalidaci\u00f3n de una sentencia que, actualmente, ya se encuentra ejecutoriada, y pretender con ello desdibujar los efectos definitorios que, por v\u00eda de principio, acompa\u00f1an a un pronunciamiento judicial de esa naturaleza, no se muestra como un comportamiento arm\u00f3nico con la naturaleza c\u00e9lere y excepcional de este mecanismo de protecci\u00f3n, ni mucho menos con los deberes que a la querellante le son exigibles en cuanto a la utilizaci\u00f3n de los mecanismos jurisdiccionales que tiene a su alcance para procurar el resguardo de sus garant\u00edas fundamentales (num. 3\u00ba, art. 42, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
A este respecto, la Corte ha observado que, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u00bb (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con lo anterior, se denegar\u00e1 el pretendido auxilio, porque el sentido de la decisi\u00f3n judicial cuyo contenido censura la accionante, no es ajeno al comportamiento procesal de dicha litigante, quien no acudi\u00f3 ante el juez constitucional con la prontitud y diligencia que le eran exigibles. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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