STC10748-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10748-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ismaila Mart\u00ednez de Gir\u00f3n contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas esenciales al debido proceso, seguridad social, igualdad, m\u00ednimo vital, principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y \u00abefecto vinculante de la sentencia SU-442\/2016\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia SL531-2022 del 14 de febrero de 2022, radicaci\u00f3n interna n\u00b0 81927, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2, que cas\u00f3 la decisi\u00f3n del 21 de marzo de 2018 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali\u00bb y, en consecuencia, dejar en firme el fallo emitido por el Tribunal de Cali, que aplic\u00f3 la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ismaila Mart\u00ednez de Gir\u00f3n promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su exc\u00f3nyuge -V\u00edctor Manuel Gir\u00f3n-, as\u00ed como la prescripci\u00f3n de los dineros reconocidos en la Resoluci\u00f3n n\u00b0 005644 de 1999, producto de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, quien en sentencia de 31 de octubre de 2016 neg\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, en fallo de 21 de marzo de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad la revoc\u00f3, ordenando a Colpensiones pagar a la actora la pensi\u00f3n de sobrevivientes, as\u00ed como el retroactivo e intereses pertinentes; decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n por la demandada. <\/p>\n
2.3. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 14 de febrero de 2022 resolvi\u00f3 casar la sentencia proferida por el ad-quem, tras considerar que para el momento del fallecimiento del causante deb\u00eda aplicarse la regla general bajo la normatividad vigente al momento del deceso del asegurado, esto es el art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003, por haber fallecido el 1\u00b0 de enero de 2005 no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, toda vez que, no contaba con las 50 semanas de cotizaci\u00f3n dentro de los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento, adem\u00e1s que, contrario a lo afirmado por las autoridades de instancia, no era procedente aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida, pues, deduce, quebrant\u00f3 sus prerrogativas esenciales, toda vez que, si bien para cuando falleci\u00f3 su c\u00f3nyuge estaba en vigencia la Ley 797 de 2003, lo cierto es que aqu\u00e9l ten\u00eda 674,429 semanas cotizadas, las que fueron registradas con anterioridad al 1\u00b0 de abril de 1994, fecha en la que entr\u00f3 a regir a Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que para su reconocimiento pensional es aplicable la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa contenida en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por lo que, si el afiliado acredit\u00f3 m\u00e1s de 300 semanas cotizadas al 1\u00b0 de abril de 1994, en aplicaci\u00f3n del acuerdo 049 de 1990 deb\u00eda accederse a sus pretensiones. <\/p>\n
2.6. Destac\u00f3 que se desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales de cara a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa (T-084-2017; T-294-2017; SU-241-2015; SU-442-2016; SU-005-2018; STC2367-2018; STC8260-2018), pues \u00aben casos relacionados con la pensi\u00f3n de sobrevivientes, [cuando] los beneficiarios de quienes hayan cotizado en distintos reg\u00edmenes pensionales tienen derecho a que su solicitud de pensi\u00f3n de sobrevivientes sea estudiada a la luz de la norma m\u00e1s ben\u00e9fica en cuya vigencia el causante haya realizado cotizaciones, incluso si esa norma no es la inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte del causante\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 conforme las disposiciones de la sentencia SU005-2018 cumple con el test de procedencia para el reconocimiento pensional, pues \u00abes[t\u00e1] afiliada a la seguridad social como beneficiaria, [es] una persona de la tercera edad (83 a\u00f1os) que no perci[be] pensi\u00f3n, ni ingresos, no pose[e] bienes, pertene[ce] a un grupo de especial protecci\u00f3n, el no reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes afecta [sus] necesidades b\u00e1sicas, [su] c\u00f3nyuge con su trabajo aportaba todos los gastos del hogar y el causante hizo todo el esfuerzo para completar las semanas, pero por su edad (63 a\u00f1os para 1994) [no fue posible cotizar las semanas previstas]; realiz[\u00f3] todas las gestiones administrativas y judiciales fu[e] sometida hasta el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para que [le] fuera reconocida la pensi\u00f3n de sobreviviente por la muerte de [su] c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues la normatividad aplicable al caso concreto es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, toda vez que el afiliado falleci\u00f3 el 1\u00b0 de enero de 2005, sin dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues no contaba con 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento; que en cuanto a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, desde la sentencias SL4650-2017 y SL2358-2017 se decant\u00f3 que ello constituye una excepci\u00f3n a la regla de retrospectividad, que opera en situaciones de tr\u00e1nsito legislativo en los que no se contempla un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y permite la aplicaci\u00f3n de la norma inmediatamente anterior a la realmente vigente, respecto de ciertas personas que tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica concreta y no una mera expectativa, sin que ello suponga que el juzgador deba hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas, con el fin de conseguir aquella que se acomode a las circunstancias personales de cada asegurado; que los principios constitucionales no son absolutos, por lo que puede apartarse los contenido jurisprudencial (SU442-2016; SU005-2018) siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, debido a sus efectos inter partes. <\/p>\n
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2. Colpensiones S.A. pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo, pues la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones debidamente motivadas y ejecutoriadas; que no tiene petici\u00f3n o tr\u00e1mite pendiente por resolver a favor de la promotora. <\/p>\n
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3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, siendo por tanto Colpensiones la encargada de administrar dicho r\u00e9gimen <\/p>\n
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4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali manifest\u00f3 que el 21 de marzo de 2018 profiri\u00f3 sentencia, revocando la emitida por el a quo, contra la que se formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que fue concedido y remitiendo las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
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5. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio criticado; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
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6. John Jairo Mart\u00ednez Orejuela, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Ismaila Mart\u00ednez de Gir\u00f3n, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no advert\u00eda defecto que habilitara el resguardo ni evidenciaba arbitraria la decisi\u00f3n proferida, sino razonable y ajustada a derecho, por lo que la promotora no puede revivir un debate ante el fallador constitucional, cuando ya fue zanjado ante los falladores de instancia <\/p>\n
Destac\u00f3 que conforme lo indic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no era posible acudir a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues no cumpl\u00eda con los presupuestos para ello, entre ellos, que el siniestro ocurri\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que \u00fanica norma aplicable es el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, sin que cumpliera con la densidad de las semanas all\u00ed consagradas para trasmitir la pensi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que se adicion\u00f3 que se desconoci\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, dispuesta en los precedentes jurisprudenciales, sumado a que cumple con el test de procedibilidad dispuesto en la sentencia SU005-2018. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paaso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el colegiado de casaci\u00f3n, luego de indicar que excluye de controversia \u00abi) que el c\u00f3nyuge de la demandante, V\u00edctor Manuel Gir\u00f3n, naci\u00f3 el 3 de marzo de 1931 y falleci\u00f3 el 1\u00b0 de enero de 2005; ii) que cotiz\u00f3 durante el tiempo laborado, entre el 1\u00b0 de agosto de 1967 y el 28 de junio de 1994, un total de 675,28 septenarios y iii) que durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso ten\u00eda cero aportes\u00bb, consign\u00f3 que la Sala tiene definido que la pensi\u00f3n de sobrevivientes debe dirimirse por la regla general bajo la normatividad vigente al momento del deceso del asegurado (SL1503-2018) que, para el caso concreto, es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, pues V\u00edctor Manuel falleci\u00f3 el 1\u00b0 de enero de 2005, por lo que: <\/p>\n
\u2026el finado no dej\u00f3 causado el derecho a la luz de este precepto, pues no contaba con cincuenta semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento y si se analiza el asunto con apoyo en el par\u00e1grafo 1.\u00ba del citado art\u00edculo, que ser\u00eda la otra posibilidad de acceder a la prestaci\u00f3n que se reclama, no existir\u00eda el derecho deprecado, toda vez que all\u00ed se dispone que tendr\u00e1n derecho a la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, los beneficiarios del occiso, cuanto \u00e9ste haya cotizado el n\u00famero de semanas exigido en el r\u00e9gimen de prima media para pensi\u00f3n de vejez en tiempo previo a su fallecimiento, sin que se hubiese tramitado o recibido una indemnizaci\u00f3n sustitutiva o la devoluci\u00f3n de saldos. <\/p>\n
Frente a tal disposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha fijado que el n\u00famero m\u00ednimo de semanas a que alude la norma es el dispuesto en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, siempre y cuando el asegurado no sea beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en este caso, se le aplicar\u00e1 el r\u00e9gimen al cual se encontraba afiliado al 1\u00b0 de abril de 1994 (CSJ SL7358-2014, reiterada en CSJ SL19900-2017, CSJ SL2551-2019, CSJ SL5091-2020, CSJ SL5037-2020, CSJ SL5179-2020 y CSJ SL3146-2021). <\/p>\n
En este caso el r\u00e9gimen anterior, al que se encontraba afiliado el causante por ser beneficiario de la transici\u00f3n, era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, que exig\u00eda un m\u00ednimo de 500 semanas de cotizaci\u00f3n pagadas durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os previos al cumplimiento de la edad m\u00ednima requerida, o haber acreditado un n\u00famero de 1000 semanas de cotizaci\u00f3n, sufragadas en cualquier tiempo, pero no contaba con el m\u00ednimo de semanas exigido por dicha normativa, pues cotiz\u00f3 durante el tiempo laborado, entre el 1.\u00b0 de agosto de 1967 y el 28 de junio de 1994, un total de 675, 28. <\/p>\n
Seguidamente, en punto a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conforme a las disposiciones de esa Sala Especializada, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026partir de las sentencias CSJ SL4650-2017 y de la CSJ SL2358-2017, la Corte decant\u00f3 que el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa constituye una excepci\u00f3n a la regla de retrospectividad, que opera en situaciones de tr\u00e1nsito legislativo en los que no se contempla un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y permite la aplicaci\u00f3n de la norma inmediatamente anterior a la realmente vigente, respecto de ciertas personas que tienen una \u00absituaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica concreta\u00bb y no una mera expectativa. <\/p>\n
En tercer lugar, por cuanto la excepcional aplicaci\u00f3n de este principio, no supone que el juzgador deba hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas, con el fin de conseguir aquella que se acomode a las circunstancias personales de cada asegurado, de manera tal, que en casos en los cuales el derecho surge bajo la vigencia la Ley 797 de 2003, por ning\u00fan motivo resulta aplicable el Acuerdo 049 de 1990, seg\u00fan lo adoctrinado, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL1379-2019 y CSJ SL1605-2019, entre muchas otras. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en el fallo CSJ SL1938-2020, respecto al tema que se estudia se hicieron adem\u00e1s las siguientes precisiones: <\/p>\n
1. Que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene tres caracter\u00edsticas: i) no es absoluta ni atemporal; ii) procede en caso de un cambio normativo y, iii) permite la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aport\u00f3 la densidad de semanas requeridas para acreditar el reconocimiento del derecho pensional. <\/p>\n
2. Que la primera de dichas caracter\u00edsticas, significa que su aplicaci\u00f3n no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislaci\u00f3n e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de inter\u00e9s general, de las cuales dependa la realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad, lo cual significa que la aplicaci\u00f3n de la figura en comento debe ser razonable y proporcional a fin de no lesionar o comprometer otros derechos de inter\u00e9s p\u00fablico y social. <\/p>\n
3. Que delimitar la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, a la norma inmediatamente anterior, sirve a varios prop\u00f3sitos: <\/p>\n
1. Si la potestad de configuraci\u00f3n de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del mismo, no tendr\u00eda sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello har\u00eda nugatorio todos los prop\u00f3sitos econ\u00f3micos y sociales que pretenden lograrse con una reforma. <\/p>\n
2. Si los reg\u00edmenes de transici\u00f3n siempre son temporales, no hay raz\u00f3n alguna que justifique que la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, as\u00ed bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende. <\/p>\n
3. Tal restricci\u00f3n contribuye a la preservaci\u00f3n de otro valor fundamental del ordenamiento jur\u00eddico: la seguridad jur\u00eddica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jur\u00eddicas que emplear\u00e1n los jueces en la soluci\u00f3n de las controversias que se sometan a su consideraci\u00f3n, sin que les sea posible acudir a una b\u00fasqueda hist\u00f3rica para determinar la norma aplicable a una situaci\u00f3n particular; la aplicaci\u00f3n del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional. <\/p>\n
4. Que, si su finalidad es proteger expectativas leg\u00edtimas que pueden ser modificadas por el legislador con apego a los par\u00e1metros constitucionales, no tiene sentido que su aplicaci\u00f3n permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros t\u00e9rminos, resulte indefinida en todos los tr\u00e1nsitos legislativos que puedan generarse en la configuraci\u00f3n del sistema pensional, de por s\u00ed, de larga duraci\u00f3n. <\/p>\n
Y, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la fuerza vinculante del precedente constitucional, contenido en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU442-2016 y a otros fallos de tutela, recogido en la CC SU005-2018, precis\u00f3 el criterio de apartase del mismo, en raz\u00f3n a que, \u00ablos principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-\u00bb, aclarando que la transgresi\u00f3n y desconocimiento del precedente constitucional, \u00fanicamente se predica respecto de las decisiones proferidas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad que son vinculantes y obligatorias en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes, y no de aquellas que derivan de los fallos de tutela, tambi\u00e9n conocidos como precedente en vigor, pero que le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, debido a sus efectos \u00abinter partes\u00bb. <\/p>\n
6. As\u00ed mismo reflexion\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el Juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
Conforme a tales lineamientos jurisprudenciales y al haber ocurrido el deceso en vigencia de la Ley 797 de 2003, la \u00fanica normativa aplicable en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, norma inmediatamente preliminar, sin que el afiliado tampoco haya reunido la densidad de semanas all\u00ed consagrada para trasmitir la pensi\u00f3n deprecada por la actora, por cuanto para la fecha en que falleci\u00f3 no contaba con 26 semanas ni se encontraba cotizando, conforme a lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, reiterada en las CSJ SL4650-2017, y CSJ SL2577-2020. <\/p>\n
En consecuencia, no era posible como lo hizo el fallador de segunda instancia, acudir al Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo a\u00f1o, al amparo del citado principio para acceder a la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
A esta circunstancia, se agrega que acudir de manera absoluta, desproporcionada e irrestricta a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en la forma que lo hizo el Juez de la apelaci\u00f3n, significa desconocer el principio democr\u00e1tico y desquiciar la separaci\u00f3n constitucional de las ramas del poder p\u00fablico en el Estado Social de Derecho vigente en Colombia desde la Constituci\u00f3n de 1991, la cual est\u00e1 contemplada como cimiento de la organizaci\u00f3n de \u00e9ste en el inciso 3.\u00b0 del art\u00edculo 113 superior. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como de las probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, para el deceso del afiliado, esto es, el 1\u00b0 de enero de 2005, la norma que se encontraba vigente en punto a la materia era la Ley 797 de 2003, por lo que la \u00fanica normativa aplicable en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, norma inmediatamente preliminar, sin que el afiliado tampoco haya reunido la densidad de semanas all\u00ed consagrada para trasmitir la pensi\u00f3n deprecada por la actora, por cuanto para la fecha en que falleci\u00f3 no contaba con 26 semanas ni se encontraba cotizando. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10748-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10748-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de junio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66195","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66195\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}