STC10750-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10750-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00969-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 26 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por William Eduardo Pinz\u00f3n Plazas, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite el cual fueron vinculados los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9, \u00danico Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n y las partes e intervinientes en los procesos penales radicados 2005-00067; 2006-00443; 2007-00027 y 2011-00147. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que el actor fue condenado en 4 procesos penales por distintos juzgados2. La vigilancia de las penas que le fueron impuestas se encuentra a cargo del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
El mencionado despacho de ejecuci\u00f3n, mediante auto n\u00ba 1842 del 27 de noviembre de 2017, dispuso acumular las sanciones de todas las causas, estableciendo un monto definitivo de 457 meses de prisi\u00f3n (38 a\u00f1os y 1 mes) y una multa de 5.508 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
En la misma determinaci\u00f3n, se abstuvo de declarar la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta en el tr\u00e1mite con radicado 2007-00027, es decir, la de 3 a\u00f1os y 6 meses por los delitos de \u00abhurto calificado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb. <\/p>\n
El 10 de agosto de 2018, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 la nulidad parcial del auto anterior por falta de motivaci\u00f3n, concretamente, en lo que tiene que ver con la prescripci\u00f3n de la pena impuesta en el radicado 2007-00027; por lo tanto, el juzgado de ejecuci\u00f3n, en cumplimiento de lo ordenado por el superior, en providencia del 31 de agosto de 2018, reevalu\u00f3 el tema y resolvi\u00f3 no decretar la prescripci\u00f3n, decisi\u00f3n esta \u00faltima que el interesado no impugn\u00f3. <\/p>\n
Posteriormente, ante una reiteraci\u00f3n de la petici\u00f3n de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas por parte del sentenciado Pinz\u00f3n Plazas, en auto del 10 de diciembre de 2018, el juzgado accionado le indic\u00f3 que, frente a dicho punto, deb\u00eda estarse a lo resuelto en los prove\u00eddos del 27 de noviembre de 2017 y de 31 de agosto de 2018. <\/p>\n
El actor cuestion\u00f3 las anteriores decisiones pues considera que desconocieron sus garant\u00edas constitucionales ya que, a la hora de tasar la acumulaci\u00f3n de penas, el juzgado ejecutor no tuvo en cuenta que, excepto uno, en los dem\u00e1s procesos acept\u00f3 cargos y finalizaron por sentencia anticipada, evit\u00e1ndole \u00abun desgaste al aparato judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que \u00abse deje sin efecto la decisi\u00f3n del 27 de noviembre de 2017\u00bb y la que la confirm\u00f3 por parte del tribunal superior accionado, en relaci\u00f3n con la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, integrante de la Sala Penal indic\u00f3 que, en efecto, en decisi\u00f3n del 10 de agosto de 2018 decret\u00f3 la nulidad parcial del auto del 27 de noviembre de 2017 proferido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de esa ciudad, \u00ab(\u2026) a fin de que la primera instancia se pronunciara sobre la solicitud de prescripci\u00f3n deprecada por el privado de la libertad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 relacion\u00f3 las decisiones que ha adoptado frente a las diferentes solicitudes del sentenciado Pinz\u00f3n Plazas y pidi\u00f3 que se deniegue la acci\u00f3n por cuanto no ha conculcado las garant\u00edas de aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. El director de la Unidad Especializada Contra Organizaciones Criminales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que, adelant\u00f3 actuaci\u00f3n penal en contra del accionante con el radicado 2005-00067 por el punible de \u00absecuestro simple\u00bb, actuaci\u00f3n que luego fue asignada al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. <\/p>\n
4. El Juez \u00danico Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n destac\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso penal por los delitos de \u00abhurto calificado y agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb en contra del aqu\u00ed actor. Sostuvo que no avizora vulneraci\u00f3n alguna por parte del juez de ejecuci\u00f3n de penas. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, expuso que el 7 de febrero de 2008 emiti\u00f3 sentencia condenatoria contra el demandante por los delitos de \u00absecuestro simple en concurso con concierto para delinquir, hurto calificado y gravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb, bajo el radicado n\u00ba 2005- 00067. Solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, comoquiera que la competencia para resolver sobre la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas recae en el juez de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
6. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 que profiri\u00f3 sendas sentencias condenatorias respecto de Pinz\u00f3n Plazas en los radicados 2006 \u2013 00443 00 y 2011 – 00147 00. En cuanto a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela relacionadas con la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, destac\u00f3 que carece de competencia, por lo que pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque, el actor pudo impugnar el auto de 31 de agosto de 2018 pero no lo hizo; y, en cuanto al segundo porque, \u00ab(\u2026) las decisiones que se atacan v\u00eda tutela datan del 27 de noviembre de 2017 y 31 de agosto de 2018 y desde esta \u00faltima han transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os y 7 meses\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando los argumentos del escrito inicial. Refut\u00f3 la providencia de la Sala a quo por desestimar el amparo bajo los criterios de subsidiariedad e inmediatez puesto que, no tuvo en cuenta que es una persona \u00abanalfabeta [\u2026] solamente curs\u00e9 tercero de primaria [\u2026] en mi condici\u00f3n de [privado] de la libertad no cuento [con las herramientas suficientes] ni tampoco con una asesor\u00eda jur\u00eddica para haber contestado en los t\u00e9rminos como lo exige la ley (\u2026) por mi analfabetismo, he hecho caso omiso a los t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas invocadas por el querellante al no considerar, al momento de resolver sobre la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas (autos de 27 de noviembre de 2017 y 31 de agosto de 2018), redosificar el mont\u00f3 final de la sanci\u00f3n, teniendo en cuenta que tres (3) de las cuatro (4) condenas, fueron producto de aceptaci\u00f3n de cargos. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
3.1.1. Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente, no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que la providencia que se pronunci\u00f3 sobre la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas proferida por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 data del 27 de noviembre de 2017, mientras que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 el 21 de abril de 2022, transcurriendo con amplitud m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En todo caso, el afectado debi\u00f3 acudir en tiempo a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones criticadas; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1.2. De otra parte, es cierto que ser\u00eda factible superar el estudio de la inmediatez a partir de acreditadas razones que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, por ejemplo, \u00abla debilidad manifiesta por condiciones como la incapacidad f\u00edsica o mental\u00bb comprobables, \u00abla minor\u00eda de edad\u00bb que requiera agenciamiento, o \u00abla permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores\u00bb (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); entre otras; en tal sentido, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, en la \u00faltima de las cuales indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en la impugnaci\u00f3n, el promotor pretende explicar la tard\u00eda formulaci\u00f3n del amparo en que es \u00ab(\u2026) analfabeta [\u2026]\u00bb, y en que no cuenta ni cont\u00f3 con asesor\u00eda jur\u00eddica para interponer oportunamente la demanda tutelar. <\/p>\n
No obstante, para la Corte no son de recibo dichos argumentos para flexibilizar la aplicaci\u00f3n del presupuesto de la temporalidad; por un lado, porque la ignorancia, por v\u00eda de principio, no es excusa jur\u00eddicamente v\u00e1lida o suficiente para eludir un determinado criterio de soluci\u00f3n, conforme lo indica el art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo Civil \u00abla ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb, precepto respecto del cual la Corte Constitucional ha resaltado que \u00abal no aceptar como excusa jur\u00eddicamente atendible la ignorancia de las leyes, por parte de quien las ha infringido [o ha omitido como en este caso], contiene impl\u00edcito el deber de conocerlas\u00bb (CC C-651\/1997). Y en cuanto a que no tuvo asesor\u00eda jur\u00eddica es menester indicarle al gestor de la s\u00faplica que, bien pudo acudir a la Defensor\u00eda P\u00fablica a fin de encontrar en esa entidad la asistencia profesional que requer\u00eda de cara a la interposici\u00f3n de la demanda tutelar. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, constituye raz\u00f3n adicional para predicar el fracaso de la petici\u00f3n la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, en este evento por v\u00eda de incuria ya que, contra la decisi\u00f3n del 31 de agosto de 2018, que retom\u00f3 el examen de la prescripci\u00f3n de una de las condenas o contra la que se pronunci\u00f3 frente a la nueva solicitud de acumulaci\u00f3n de penas (10 de diciembre de 2018) ambas dictadas por la autoridad tutelada, ning\u00fan recurso acredit\u00f3 haber formulado el accionante. Sobre el particular, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Entonces, ante la omisi\u00f3n en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del proceso no puede la justicia constitucional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia desidia. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se confirma la negativa de la salvaguarda porque el tutelante, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar las decisiones dictadas en sede de ejecuci\u00f3n de penas, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la tardanza. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, porque el promotor del resguardo actu\u00f3 con incuria ya que no impugn\u00f3 las providencias que le fueron adversas, desaprovechando la posibilidad de plantear a trav\u00e9s de los recursos ordinarios las alegaciones que por este mecanismo propone. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 28 de julio de 2022 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 3 de agosto de 2022. <\/p>\n
2\u0002 (i) el 16 de octubre de 2007 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 (rad. 2006-00443) a la pena de 8 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00absecuestro simple, hurto calificado y agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb; (ii) el 7 de febrero de 2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca (rad. 2005-00067) a la pena de 162 meses de prisi\u00f3n por \u00absecuestro simple, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb; (iii) el 26 de marzo de 2008 por el Juzgado \u00danico Promiscuo del Circuito de Purificaci\u00f3n (rad. 2007-00027) a la pena de 3 a\u00f1os, 6 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n por los punibles de \u00abhurto calificado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb; y, (iv) el 1\u00ba de septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 (rad. 2011-00147) a la pena de 16 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por los il\u00edcitos de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10750-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10750-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00969-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66197","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66197\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}