STC10752-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10752-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02358-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Oscar Liborio D\u00edaz D\u00edaz frente a la sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por \u00e9l contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (Sala Penal) y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito y Fiscal\u00eda 34\u00b0, ambos de Puerto L\u00f3pez, as\u00ed como respecto al estrado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido en el expediente punitivo n.\u00b0 \u00ab2013-80008\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos importantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez conden\u00f3 al tutelante, con fallo de 27 de julio de 2016 emitido dentro de la causa arriba descrita, a la pena principal de \u00ab216 meses de prisi\u00f3n\u00bb, luego de encontrarlo responsable del delito de \u00abhomicidio agravado en modalidad de tentativa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Posteriormente, el despacho Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Acac\u00edas dispuso desestimar la \u00abredosificaci\u00f3n\u00bb que el all\u00ed sentenciado (ahora precursor) peticionara en torno a la pena impuesta, con auto de 28 de abril de 2021; providencia que el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Penal, hubo de confirmar a trav\u00e9s de pronunciamiento de 20 de agosto siguiente, en sede de apelaci\u00f3n del extremo solicitante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El titular del ruego de amparo de marras critic\u00f3, en s\u00edntesis, que tanto el ente acusador (fiscal\u00eda 34\u00b0) y el fallador del asunto como los jueces conocedores de la petici\u00f3n de reajuste de la sanci\u00f3n punitiva inobservaran su voluntad de \u00abindemnizar\u00bb a la v\u00edctima del delito, a quien no se la hizo concurrir de nuevo en el juicio. Dijo que por tal acto de \u00abreparaci\u00f3n\u00bb y en atenci\u00f3n al principio de \u00abfavorabilidad\u00bb ser\u00eda merecedor de una rebaja de la pena finalmente irrogada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las medidas provisionales suplicadas las deneg\u00f3 el a-quo constitucional, al momento de la admisi\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal y los otros estrados se opusieron, por separado, al \u00e9xito de la clama, por ausencia de requisitos generales de procedibilidad y no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas resalt\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 34\u00b0 de Puerto L\u00f3pez y los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar una falta de prontitud en el acudimiento por esta v\u00eda, de cara a la resoluci\u00f3n condenatoria \u2013que, en gracia de discusi\u00f3n, tampoco fue apelada\u2013 y, a la postre, porque lo zanjado acerca de la solicitud de \u00abredosificaci\u00f3n de pena\u00bb no se percibe descabellado o arbitrario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante con persistencia en sus reproches y aspiraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda, de un lado, que entre la fecha del fallo de condena (27 de julio de 2016) y la de formulaci\u00f3n del presente pedido de amparo \u20139 de noviembre de 2021\u2013 transcurri\u00f3 un lapso que supera, en demas\u00eda, el de seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como razonable y proporcional para que la persona supuestamente afectada ejerciera tal mecanismo, sin que, en verdad, la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo real que justifique tan visible tardanza. <\/p>\n
Acerca del tema, se ha delimitado que, <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; reiterada en STC 5977, de 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
2.1. Con todo, mem\u00f3rese que el veredicto condenatorio atr\u00e1s referido tampoco fue apelado, a fin de rebatir el quantum punitivo ah\u00ed irrogado. Es que, el remedio de amparo fluye como operante s\u00f3lo bajo la falta de escenarios \u00f3ptimos de protecci\u00f3n, el cual \u00abno est\u00e1 concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales (\u2026), ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (Subrayas ajenas. CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y para finalizar, se conduce a indagar en sus cimientos el prove\u00eddo de 20 de agosto de 2021, con el cual el tribunal requerido \u2013como juez de apelaci\u00f3n\u2013 hubo de culminar cualquier discusi\u00f3n sobre la petici\u00f3n de \u00abredosificaci\u00f3n de pena\u00bb del ahora quejoso. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)El (\u2026) principio [favorabilidad] se encuentra enunciado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed: \u00abEn materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u00bb. M\u00e1xima fundamental y transversal en el proceso penal, respecto de la cual no cabe duda alguna que habr\u00e1 de d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n, en los eventos que se configure el supuesto que llama al funcionario a aplicarlo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia ha precisado que el principio de favorabilidad, opera cuando se presenta: \u00abi) sucesi\u00f3n o simultaneidad de dos o m\u00e1s leyes en el tiempo; ii) regulaci\u00f3n de un mismo supuesto de hecho, pero que conlleva consecuencias jur\u00eddicas distintas; y iii) permisibilidad de una disposici\u00f3n frente a la otra\u00bb[ CSJ SP, 14 nov. 2007, rad. 26190, reiterada en STP14140, 31 oct. 2018, rad. 101256]. <\/p>\n
Significa lo anterior, que para que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad y como consecuencia de ello, proceda la redosificaci\u00f3n del monto de la pena, una vez proferida la sentencia condenatoria, debe necesariamente surgir una nueva ley cuyos efectos sean m\u00e1s benignos para el condenado que los de la norma aplicada al momento de dosificarse la pena por parte del juez fallador. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De los argumentos expuestos por el impugnante se advierte que pretende se redosifique la pena impuesta por el juez fallador, por cuanto al momento de realizar la correspondiente dosificaci\u00f3n punitiva no tuvo en cuenta que la v\u00edctima hab\u00eda sido indemnizada integralmente, por lo que consideraba que en virtud a la correcci\u00f3n de actos irregulares era procedente realizar el reajuste de la tasaci\u00f3n de la pena en esta oportunidad. <\/p>\n
Sobre este aspecto, el art\u00edculo 38 numeral 7 de la Ley 906 de dos mil cuatro (2004), establece que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas conoce de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad cuando \u00abdebido a una ley posterior hubiere lugar a reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n, suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, la Sala debe precisar al recurrente que en su caso no se configuran los presupuestos legales, ni jurisprudenciales arriba enunciados, para dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad, pues a la fecha no existe una sucesi\u00f3n o simultaneidad de dos o m\u00e1s leyes en el tiempo que le puedan resultar favorables a efectos de reducir la sanci\u00f3n penal. <\/p>\n
Oscar Liborio D\u00edaz, tal como se evidencia, no se encuentra de acuerdo con la forma como se realiz\u00f3 la tasaci\u00f3n de la pena en la sentencia condenatoria, pues considera \u00e9sta debi\u00f3 reducirse en virtud de la indemnizaci\u00f3n integral a la v\u00edctima, aspecto que en manera alguna puede ser discutido en este escenario procesal, pues el penado cont\u00f3 con el recurso ordinario previsto para tal fin, no obstante, no lo ejerci\u00f3, permitiendo que alcanzara firmeza su condena. <\/p>\n
(\u2026)[N]o es procedente la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena impuesta al sentenciado, por cuanto no existe una ley favorable que aplicar\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones alegadas, las cuales no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la corporaci\u00f3n encartada dispuso mantener, en segunda instancia, la negaci\u00f3n de la \u00abredosificaci\u00f3n de pena\u00bb por \u00e9l solicitada, dada, en \u00faltimas, la inexistencia de ley posterior favorable a aplicar en los t\u00e9rminos permitidos por el art\u00edculo 38, num. 7\u00b0 de la ley 906 de 2004, en cuanto a la atribuci\u00f3n de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas al respecto. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una lesividad ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
4. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s eficaz y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala Civil de Casaci\u00f3n, para tales fines, el 21 de julio del a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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