STC10754-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10754-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00423-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que el accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 16 de marzo de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Edison Arcadio Ballesteros L\u00f3pez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 que \u00abse revoque en lo pertinente la sentencia de orden condenatorio o se ajuste o modifique en consecuencia de la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 25 de junio de 2015 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales conden\u00f3 al actor a la pena principal de 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo, decisi\u00f3n que apel\u00f3 \u00e9ste y fue confirmada el 30 de noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
2.2. Expone el gestor que durante el juicio se cometieron varias irregularidades procesales, adem\u00e1s de que lo sentenciado emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas o la omisi\u00f3n de su pr\u00e1ctica, irregularidades que, de no haberse presentado, habr\u00edan permitido establecer la existencia de un \u00aberror de tipo\u00bb, evitando as\u00ed una condena injusta en su contra. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Jugado Segundo Penal del Circuito de Manizales corrobor\u00f3 que profiri\u00f3 el fallo de primer grado, dentro del consecutivo No. 2014-00128, y, sostuvo que lo decidido se encuentra ejecutoriado y puede eventualmente cuestionarse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras constatar incumplido el requisito de la inmediatez de la tutela, porque transcurrieron m\u00e1s de tres a\u00f1os entre la presentaci\u00f3n de \u00e9sta y la fecha de la \u00faltima decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Tampoco encontr\u00f3 cumplido el presupuesto de la subsidiariedad, porque dentro del proceso no se agot\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n ni se alegaron los motivos expuestos en este escenario, y, porque si el accionante considera que tiene pruebas que no exist\u00edan al momento de su condena, que versan sobre hechos no debatidos en el juicio, con vocaci\u00f3n suficiente para demostrar su inocencia, puede interponer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n del art\u00edculo 192 y s.s. de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, alegando que la tutela la instaur\u00f3 el 30 de marzo de 2020, por lo que \u00ablleva 12 meses y 27 d\u00edas rebotando en estrados judiciales\u00bb; que no interpuso el recurso de casaci\u00f3n debido al alto costo que tiene y; que no debi\u00f3 ser juzgado como persona ausente porque se sab\u00eda de su paradero. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por el actor, en esencia es la sentencia de 30 de noviembre de 2017 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de 25 de junio de 2015 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, de condenarlo como autor responsable del delito de Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce a\u00f1os, en concurso homog\u00e9neo. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la \u00faltima de las providencias cuestionadas data del 30 de noviembre de 2017. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (30 de noviembre de 2017) y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 2 de marzo de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho (3 a\u00f1os y 3 meses) el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, lapso ampliamente superado incluso si se calculara desde el 30 de marzo de 2020, fecha en que seg\u00fan lo afirm\u00f3 el actor en su impugnaci\u00f3n present\u00f3 la solicitud de amparo, lo cual resulta plausible si en cuenta se tiene que el asunto inicialmente se radic\u00f3 ante la Corte Constitucional, donde el 30 de septiembre de 2020 se remiti\u00f3 al Tribunal de Manizales, para finalmente arribar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Adicional a lo expuesto, del an\u00e1lisis de lo informado por las autoridades accionadas se constata que el gestor abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que las inconformidades que aqu\u00ed expone fueran abordadas por el fallador natural, al no haber recurrido en casaci\u00f3n lo sentenciado por el Tribunal, pese a haber tenido oportunidad para ello. <\/p>\n
Y frente al argumento de que carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos para interponer demanda de casaci\u00f3n, advierte la Corte que ello no es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n, puesto que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes como el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las acciones legales pertinentes, sin que se encuentre probado en el plenario que el accionante hubiese acudido a dicha entidad y que la misma se haya negado a representarlo en el juicio penal (CSJ STC, 18 abr. 2013, rad. 2013-00171-01; reiterada en STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-00499-01; y STC 7512-2014; entre otras). <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente tambi\u00e9n por este motivo, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir en los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recibido en la secretar\u00eda de esta Sala el 25 de julio de 2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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