STC10757-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10757-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2022-00316-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Harwing Miguel Manrique Herrera contra el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, \u00c1ngel Miguel Rodr\u00edguez Garc\u00eda y Martha Fabiola Rodr\u00edguez \u00c1lvarez. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Liliana Gelvez y a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicaci\u00f3n 68001310301120210007200. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que, para solemnizar el contrato verbal que se ven\u00eda ejecutando desde el 1\u00ba de mayo de 2010 junto a Liliana Gelvez, en calidad de arrendatarios, suscribieron el 17 de marzo de 2019 contrato de arrendamiento de local comercial \u00abNo. LC-05255577, sobre el inmueble con entradas en la Cra. 17 No. 28-46 y Cra 17 No. 28-40\u00bb con los se\u00f1ores Miguel Rodr\u00edguez Garc\u00eda y Martha Fabiola Rodr\u00edguez, como arrendadores, que se desarrollar\u00eda desde el 1 de abril de 2019 hasta el 1 de abril de 2024. <\/p>\n
Ese local se destina al funcionamiento del establecimiento Hospedajes Juancho RJ, que opera desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os en esas instalaciones, en el cual es socio y administrador y cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia, incurriendo en mora en el pago de los c\u00e1nones, pero se pusieron al d\u00eda con posterioridad. <\/p>\n
El 25 de enero de 2022, el apoderado de los arrendadores le comunic\u00f3 la sentencia en contra de su coarrendataria, proferida por el juzgado accionado el 26 de octubre de 2021, en la que se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento rese\u00f1ado y se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, entre otros. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 9 de febrero de 2022, radic\u00f3 una solitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, al no ser enterado del proceso, al cual, en su criterio, debi\u00f3 ser llamado como litisconsorte necesario; sin embargo, por auto del 9 de junio de 2022, el Juzgado accionado declar\u00f3 infundada la nulidad propuesta. <\/p>\n
Al respecto, el actor reprocha que el operador judicial convocado omiti\u00f3 vincularlo, conforme al art\u00edculo 61 del CGP, al ser coarrendatario y no codeudor y tratarse de un proceso de restituci\u00f3n y no ejecutivo, error al que fue inducido por los demandantes. Asegur\u00f3 que la orden de restituci\u00f3n le causa perjuicios al establecimiento de comercio all\u00ed ubicado, que ya est\u00e1 acreditado, es fuente de empleo y de donde devenga el sustento de su familia. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado dejar, sin efectos la sentencia del 26 de octubre de 2021 y el auto del 8 de junio de 2022 y que se le ordene al Despacho de conocimiento conformar el contradictorio, integrando el litisconsorcio necesario, seg\u00fan lo previsto en los art\u00edculos 132 y 134 del CGP. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga inform\u00f3 que en el proceso rebatido \u00fanicamente intervino Liliana Gelves en calidad de arrendataria y que el tutelante \u00abno es demandado, no ha presentado ninguna solicitud al Despacho, no ha otorgado poder a profesional del derecho para que lo asista, ni ha hecho uso de los medios que el adjetivo procesal vigente dispone para hacerse parte en el tr\u00e1mite verbal\u00bb, pues la solicitud de nulidad decidida el 8 de junio de 2022 fue presentada por la demandada y, por tanto, el ruego constitucional adolece del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
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2. Martha Fabiola Rodr\u00edguez \u00c1lvarez refiri\u00f3 que conoci\u00f3 al actor el 17 de marzo de 2019, quien fue presentado por la arrendataria y firm\u00f3 el contrato de arrendamiento como garante y no como coarrendatario. Sostuvo que, de acuerdo con el art\u00edculo 7 de la Ley 820 de 2003, la restituci\u00f3n del inmueble y las obligaciones econ\u00f3micas derivadas del contrato pueden ser exigidas a todos o a cualquiera de los arrendatarios, por lo cual no era obligatorio citar o vincular al accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que el actor carec\u00eda de legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s, dado que no era parte ni tercero interviniente en el proceso censurado. Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues el impulsor no hab\u00eda concurrido al proceso, para reclamar lo pedido en sede de tutela. <\/p>\n
La promovi\u00f3 el tutelante, quien se\u00f1al\u00f3 que s\u00ed estaba legitimado, pues la acci\u00f3n constitucional pod\u00eda ser interpuesta por cualquiera persona a la que se le hubieran vulnerado sus derechos, que ten\u00eda la calidad de coarrendatario y que jam\u00e1s fue convocado a ese proceso judicial, para ejercer su defensa. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia del 26 de octubre de 2021, que accedi\u00f3 a las pretensiones de restituci\u00f3n del inmueble arrendado y el auto del 8 de junio de 2022, que declar\u00f3 infundada una nulidad, providencias proferidas por el Juzgado accionado. <\/p>\n
2. Revisado el expediente contentivo del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado 2021-00072-00, finalizado con sentencia del 26 de octubre de 20211, que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento de local comercial \u00absuscrito el 17 de marzo del 2019 entre \u00c1NGEL MIGUEL RODR\u00cdGUEZ GARC\u00cdA y MARTHA FABIOLA RODR\u00cdGUEZ \u00c1LVAREZ como arrendadores, y LILIANA GELVES GELVES como arrendataria\u00bb y orden\u00f3 su restituci\u00f3n, as\u00ed como el informe rendido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, se evidencia que el se\u00f1or Harwing Miguel Manrique no fue parte en ese proceso, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 legitimado para refutar, por esta extraordinaria v\u00eda, las determinaciones all\u00ed proferidas, por lo cual la protecci\u00f3n constitucional invocada es improcedente. <\/p>\n
Al respecto, ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que, <\/p>\n
cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. STC10027-2022. <\/p>\n
2.1. Adicionalmente, se observa que el actor no ha reclamado ante el funcionario judicial de conocimiento lo expuesto en esta sede, pues la solicitud de nulidad mencionada en el escrito de tutela y que dio lugar al prove\u00eddo del 8 de junio de 2022 fue radicada por la apoderada de Liliana Gelves y no por el tutelante, omisi\u00f3n que imposibilita acudir a la protecci\u00f3n constitucional, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta senda la Sala ha considerado que: <\/p>\n
la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en esos casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. STC16620-2021. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 11, expediente 2021-00072-00. <\/p>\n
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