STC10759-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10759-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01294-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Constructora Perfil Urbano S.A. -en reorganizaci\u00f3n- en contra de la Superintendencia de Sociedades -Delegatura para Procedimientos de Insolvencia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes del proceso con radicado 47942. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de quien fung\u00eda como su representante legal, la sociedad promotora procura la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso, en conexidad con las de confianza leg\u00edtima y derecho al desarrollo empresarial. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la informaci\u00f3n allegada, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 9 de enero de 2018, la Superintendencia accionada admiti\u00f3 la solicitud de reorganizaci\u00f3n presentada por la Constructora de Perfil Urbano S.A. <\/p>\n
2.2. El 24 de septiembre del 2021 se llev\u00f3 a t\u00e9rmino la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, cont\u00e1ndose, a partir de all\u00ed, los cuatro meses para la presentaci\u00f3n del acuerdo de que trata el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2.3. Con base en lo previsto en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, la Superintendencia accionada, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 2021-01-677180, decret\u00f3 la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos para los procesos en tr\u00e1mite entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, con ocasi\u00f3n de lo cual dispuso que no habr\u00eda atenci\u00f3n al p\u00fablico en relaci\u00f3n con dichos asuntos y que, durante ese periodo, <\/p>\n
\u2026se continuar\u00e1n recibiendo los documentos que hagan parte de los procesos jurisdiccionales a trav\u00e9s de las aplicaciones dispuestas para tal fin y los t\u00e9rminos correspondientes para cada tr\u00e1mite, ser\u00e1n ampliados por los d\u00edas que dura la vacancia aqu\u00ed ordenada. En consecuencia, la documentaci\u00f3n recibida y radicada durante el per\u00edodo de vacancia comenzar\u00e1 a correr t\u00e9rminos a partir del 11 de enero de 2022. <\/p>\n
2.4. El 15 de febrero de 2022, la parte actora, tomando en consideraci\u00f3n lo establecido en la Resoluci\u00f3n referida, peticion\u00f3 a la querellada la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, por un t\u00e9rmino de 90 d\u00edas, contados desde la aprobaci\u00f3n de la solicitud, \u00abmientras culmina[ba] la etapa de negociaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n con sus acreedores\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 24 de marzo de los corrientes, la Superintendencia accionada neg\u00f3 lo solicitado y, en consecuencia, dio apertura al proceso de liquidaci\u00f3n judicial, dado que el plazo de los 4 meses no estaba sujeto a la suspensi\u00f3n ordenada en la Resoluci\u00f3n del 17 de noviembre de 2021, postura que fue ratificada el 19 de abril y el 27 de mayo siguientes, al resolverse las peticiones aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n y el recurso de reposici\u00f3n propuesto. <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Superintendencia convocada implicaba \u00abperder no solo los avances logrados para solventar la empresa, lograr su reactivaci\u00f3n, sino adem\u00e1s la inmediata desvinculaci\u00f3n de los trabajadores que esforzadamente propendieron por agotar gestiones que llevaron a conseguir los acuerdos de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo expuesto, exige que se dejen sin efectos los autos de 24 de marzo, 19 de abril y 27 de mayo de 2022 y, en su lugar, se inste a la entidad recriminada a pronunciarse de fondo sobre la suspensi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Superintendencia criticada pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo invocado, por falta de legitimaci\u00f3n del impulsor, dado que la calidad de representante legal la ten\u00eda el liquidador designado. Aunado a ello, precis\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 2021-01-677180 del 17 de noviembre de 2021 no ampli\u00f3 los plazos para la presentaci\u00f3n de los acuerdos de reorganizaci\u00f3n, pues estos operaban por disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, por cuanto la Superintendencia querellada se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, \u00abque expresamente consagra que el t\u00e9rmino para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n [era] de cuatro meses improrrogables\u00bb, en armon\u00eda con lo consagrado en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, disposiciones que no pod\u00edan ser modificadas por un acto administrativo. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la parte actora, insistiendo en lo expuesto en el escrito inicial y enfatizando que la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ordenada por la Superintendencia era muy clara y no contemplaba excepci\u00f3n alguna, raz\u00f3n por la cual, en su criterio, el fallo atacado no pod\u00eda avalar que la autoridad de conocimiento interpretara lo all\u00ed definido, en su propio beneficio, \u00abpara evitar con ello reconocer su propio error\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la censora pretende que se dejen sin efectos los pronunciamientos de 24 de marzo, 19 de abril y 27 de mayo de 2022, pues considera que se debe tener en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos que fue ordenada durante la vacancia judicial y, en consecuencia, la entidad recriminada debe resolver la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n, radicada el 15 de febrero de esta misma anualidad, porque fue tempestiva. <\/p>\n
2. En efecto, en el prove\u00eddo de 24 de marzo, la Superintendencia indic\u00f3 que la petici\u00f3n presentada para que se suspendiera el proceso de reorganizaci\u00f3n era improcedente, porque el plazo de 4 meses otorgado para la negociaci\u00f3n del acuerdo hab\u00eda finalizado el 25 de enero de 2022, esto es, antes de la radicaci\u00f3n de la referida solicitud; en consecuencia, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite y decret\u00f3 la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de la Constructora Perfil Urbano S.A. <\/p>\n
Por su parte, en el prove\u00eddo de 27 de mayo ulterior, cuando se zanj\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n incoado contra aquella providencia y la de 19 de abril, que neg\u00f3 las peticiones de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n, la entidad acusada se refiri\u00f3 a los reparos concretos expuestos en sede de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
6. El art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 establece que, el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, no podr\u00e1 prorrogarse en ning\u00fan caso. <\/p>\n
7. El art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al proceso de insolvencia por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 124 de la Ley 1116 de 2006, establece que cuando el t\u00e9rmino sea de meses o de a\u00f1os, su vencimiento tendr\u00e1 lugar el mismo d\u00eda que empez\u00f3 [el] correspondiente mes o a\u00f1o. Si este no tiene ese d\u00eda, el t\u00e9rmino vencer\u00e1 el \u00faltimo d\u00eda del respectivo mes o a\u00f1o. Si su vencimiento ocurre en d\u00eda inh\u00e1bil se extender\u00e1 hasta el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente. <\/p>\n
8. Asimismo, dispone expresamente que, si los t\u00e9rminos son de d\u00edas, en su c\u00f3mputo no se tendr\u00e1n en cuenta los d\u00edas de vacancia judicial ni de cierre del despacho. <\/p>\n
9. La Resoluci\u00f3n No. 100-007138 del 17 de noviembre de 2021, proferida por el Superintendente de Sociedades, en aplicaci\u00f3n al o establecido en ese art\u00edculo 118 y en el Decreto 546 de 1971, i) orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para los procesos jurisdiccionales entre el 20 de diciembre de 2021 y [el]10 de enero de 2022 inclusive, ii) orden\u00f3 que durante ese per\u00edodo se recibir\u00edan documentos y los t\u00e9rminos, ser\u00edan ampliados, iii) orden\u00f3 que esa documentaci\u00f3n comenzar\u00eda a correr t\u00e9rminos (sic) a partir del 11 de enero de 2022. <\/p>\n
10. En la referida resoluci\u00f3n se advirti\u00f3 que el Decreto 546 de 1971, que contiene la vacancia judicial, y el c\u00f3digo General del Proceso, que contiene la forma en que los t\u00e9rminos deber\u00e1n contabilizarse en meses, resultan tambi\u00e9n aplicables, a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, es decir, a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
11. Dicha suspensi\u00f3n no contempl\u00f3 bajo ning\u00fan precepto, la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos para la celebraci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que i) la Ley 1116 de 2006 de manera expresa establece que el t\u00e9rmino para celebrar y presentar ese acuerdo es improrrogable y ii) el c\u00f3digo general del proceso no contempla la suspensi\u00f3n cuando se trata de t\u00e9rminos en meses o a\u00f1os. <\/p>\n
12. Ahora bien, es claro que, el hecho de que un acto administrativo haya se\u00f1alado que durante el t\u00e9rmino de vacancia judicial los t\u00e9rminos correspondientes para cada tr\u00e1mite ser\u00edan ampliados por los d\u00edas que durara la vacancia, no implica que, el juez del concurso deba desatender las normas del estatuto de insolvencia y el estatuto procesal a efectos de tener como presentada en tiempo la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso a la que se refiere el recurrente. <\/p>\n
13. En consecuencia, es claro que el recurrente incurri\u00f3 en un error de interpretaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, y pretende que se revoque una decisi\u00f3n adoptada en pleno cumplimiento de los preceptos legales que le son aplicables. <\/p>\n
A su vez, precis\u00f3 que un acto administrativo no pod\u00eda modificar la Ley 1116 de 2006 ni el C\u00f3digo General del Proceso y, por tanto, no ten\u00eda la virtualidad de ampliar un plazo impuesto por la ley. En sustento, indic\u00f3 que, en similares t\u00e9rminos, se hab\u00eda pronunciado \u00abel Tribunal Superior del Distrito judicial dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00456 en fallo del 20 de abril de 2021, confirmado por la Corte Suprema de Justicia en fallo del 6 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. Revisadas las determinaciones criticadas, independientemente de que la postura sea o no compartida, no se vislumbra que la postura expuesta frente a la no suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de 4 meses durante la vacancia judicial sea abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad llamada a gobernar el asunto. <\/p>\n
En efecto, la querellada estim\u00f3 que la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n fue radicada por fuera de los cuatro meses contemplados en el art\u00edculo 311 de la Ley 1116 de 2006, plazo \u00e9ste que bajo ning\u00fan concepto pod\u00eda entenderse ampliado con ocasi\u00f3n de lo se\u00f1alado en la Resoluci\u00f3n 2021-01-677180 de 2021, pues la antelada norma establec\u00eda que aqu\u00e9l era improrrogable y, adem\u00e1s, por cuanto el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso no contemplaba la interrupci\u00f3n de t\u00e9rminos cuando \u00e9stos se hubiesen fijado en meses o en a\u00f1os. <\/p>\n
3.1. En ese sentido, en un asunto que guarda alguna similitud con el ahora escrutado, por cuanto el all\u00ed gestor cuestionaba, entre otras cosas, que no se tuvo en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos que, en su criterio, por decisi\u00f3n del Superintendente de Sociedades, hab\u00eda operado durante el per\u00edodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021, la Sala dedujo que la aqu\u00ed convocada no hab\u00eda incurrido en una v\u00eda de hecho, porque su actuar se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de lo normado en los art\u00edculos 30 y 31 de la Ley 1116 de 2006 y 118 del Estatuto Adjetivo en lo Civil (CSJ, STC4324-2021). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de todo fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abEn la providencia de reconocimiento de cr\u00e9ditos se se\u00f1alar\u00e1 el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en un t\u00e9rmino inferior. El t\u00e9rmino de cuatro meses no podr\u00e1 prorrogarse en ning\u00fan caso (\u2026). <\/p>\n
2\u0002 La postura citada de las sentencias de 2008 y 2012 ha sido reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC2462-2021 y CSJ STC2658-2022. <\/p>\n
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