STC10761-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10761-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00380-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3, por improcedente, la salvaguarda promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de los procesos laborales promovidos por las se\u00f1oras Eunice de la Cruz Valencia Posada -rad. 88312- y Gilma Astrid Boto Mendoza -rad. 58166-. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el \u00abprincipio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Las se\u00f1oras Eunice de la Cruz Valencia Posada y Gilma Astrid Boto Mendoza instauraron las respectivas demandas contra Colpensiones, con el fin de que se les reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en su calidad de compa\u00f1eras permanentes de los afiliados Fernando Jos\u00e9 Sosa Ospina y Oswaldo Nieto Imitola, respectivamente. <\/p>\n
2.2. En cada proceso, tanto el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn (7 de febrero de 2018) como el Primero Laboral del Circuito de Santa Marta (25 de agosto de 2011), negaron las pretensiones de la demanda y absolvieron a la entidad accionada, al no acreditarse los requisitos de convivencia. <\/p>\n
2.3. Al decidir las alzadas interpuestas, las Salas Laborales del Tribunal Superior de Medell\u00edn (22 de enero de 2020) y de Descongesti\u00f3n para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Santa Marta, Monter\u00eda y Valledupar (28 de febrero de 2012) confirmaron las sentencias recurridas. <\/p>\n
2.4. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral, mediante providencias CSJ SL4191 de 2021 y CSJ SL5010-2020, esta \u00faltima con sentencia de instancia CSJ SL4949-2021, resolvi\u00f3 los recursos extraordinarios interpuesto por las se\u00f1oras Eunice de la Cruz Valencia Posada y Gilma Astrid Boto Mendoza, cas\u00f3 las determinaciones emitidas en segunda instancia y, en su lugar, conden\u00f3 a la accionada al reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n reclamada y causada por los compa\u00f1eros permanentes afiliados de las reclamantes. <\/p>\n
2.5. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al establecer que por la muerte del afiliado no se requer\u00eda la acreditaci\u00f3n de alg\u00fan periodo de convivencia m\u00ednimo para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con lo cual omiti\u00f3 efectuar una hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica de la normativa aplicable. <\/p>\n
Igualmente, cuestion\u00f3 que la referida determinaci\u00f3n no aplic\u00f3 el precedente constitucional sobre la materia, en concreto, las \u00absentencias C 336 de 2014, SU 428 de 2016, C 515 de 2019 y SU 149 de 2021\u00bb, en las que se defini\u00f3 que el requisito de convivencia para obtener la pensi\u00f3n de sobreviviente es de 5 a\u00f1os, tanto para afiliados como para pensionados; m\u00e1xime que en esta \u00faltima se dej\u00f3 sin efectos la SL1730-2020, por la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente cambi\u00f3 su criterio, providencia que \u00abno cumpli\u00f3 con la carga argumentativa exigida por la Jurisprudencia Constitucional para su validez\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, la tutelante argument\u00f3 que la decisi\u00f3n rebatida no tuvo en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 48 de la Carta Superior, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, en lo relativo al principio de sostenibilidad financiera. En sustento, refiri\u00f3 que en Colpensiones se tiene un registro \u00abaproximado de 927 solicitudes de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes por muerte del Afiliado, desde el inicio de operaci\u00f3n de Colpensiones hasta el 19\/08\/2020\u00bb, las que, en su oportunidad, \u00abfueron negadas por no acreditarse el requisito m\u00ednimo de convivencia\u00bb, de manera que, con la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se podr\u00edan presentar nuevas peticiones que afectar\u00edan las finanzas del sistema, pues \u00abel valor de las mesadas retroactivas para todos los casos es de $ 66.980.928.345 y el valor presente actuarial es de $ 208.873.257.526\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se dejen sin efectos las sentencias CSJ SL4191-2021 y CSJ SL4949-2021 y, en su lugar, se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n accionada proferir unas nuevas, subsanando los yerros alegados en la presente tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que las decisiones cuestionadas fueron emitidas con apego a la Constituci\u00f3n, a la ley y a los precedentes jurisprudenciales vigentes, pues la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, como \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria de dicha especialidad, se apart\u00f3 del criterio plasmado en la sentencia SU149-2021, al emitir la sentencia CSJ SL5270-2021. <\/p>\n
2. Las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Medell\u00edn y Santa Marta defendieron la legalidad de sus providencias. <\/p>\n
3. Los Juzgados Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn y Primero Laboral del Circuito de Santa Marta sostuvieron que vulneraron las garant\u00edas superiores de la accionante. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abNO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. o el extinto I.S.S.\u00bb, por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 por improcedente el amparo, dado que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, porque la entidad ten\u00eda a su alcance el recurso de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que no era procedente la tutela por la v\u00eda transitoria, dado que no concurr\u00edan \u00ablos requisitos de gravedad e impostergabilidad\u00bb, aunado a que \u00ablas consecuencias derivadas de un pronunciamiento judicial no constituyen una situaci\u00f3n que de suyo pueda considerarse generadora de un da\u00f1o\u00bb. Tampoco encontr\u00f3 demostrada la vulneraci\u00f3n al principio a la igualdad. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La entidad accionante impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia, reiterando lo dicho en su escrito inicial y enfatizando que, a pesar de la existencia del recurso de revisi\u00f3n, la tutela era procedente, dado que en el presente asunto se reclamaba la aplicaci\u00f3n del principio de la sostenibilidad financiera, por lo cual era viable la \u00abflexibilizaci\u00f3n del presupuesto adjetivo de subsidiariedad y la moderaci\u00f3n en su exigibilidad\u00bb, toda vez que negar el amparo \u00absupondr\u00eda darle primac\u00eda a las formas y no al derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s, que el resultado de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n ser\u00eda previsiblemente adverso, por cuanto la decisi\u00f3n estar\u00eda a cargo la Corte Suprema de Justicia, \u00abCorporaci\u00f3n que ha fijado un criterio en torno al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de la compa\u00f1era permanente o c\u00f3nyuge, sin la observancia del requisito de convivencia m\u00ednima, cuando la muerte es del afiliado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala concluye que las inconformidades planteadas por la accionante frente al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a las se\u00f1oras Eunice de la Cruz Valencia Posada y Gilma Astrid Boto Mendoza puede ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por tanto, la acci\u00f3n de amparo constitucional no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, tal y como se ha sostenido, entre otras, en las sentencias CSJ STC6282-2021, STC12506-2021, CSJ STC804-2022, CSJ STC3156-2022, CSJ STC3406-2022 y CSJ STC6951-2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede esta Sala reemplazar los instrumentos legales procedentes ni adelantarse a resolver un aspecto que puede ser sometido a conocimiento del juez competente, mediante la interposici\u00f3n del referido recurso, para lo cual la entidad tutelante cuenta con un t\u00e9rmino de 5 a\u00f1os, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001, plazo que no se ha vencido, pues las providencias censuradas fueron emitidas en el a\u00f1o 2021. <\/p>\n
3. Lo anterior, m\u00e1xime que no se advierte que las decisiones atacadas hubieran sido emitidas con abuso del derecho ni que, por esa v\u00eda, puedan generar el perjuicio financiero irremediable aludido. Ello, toda vez que no est\u00e1n probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia y gravedad pertinentes, en tanto la gestora a\u00fan cuenta con otro medio de defensa, cuyas resultas, contrario a lo aseverado y por tratarse de un hecho futuro, no son necesariamente previsibles, y en raz\u00f3n a que las providencias reprochadas se soportan en un criterio plausible en torno al tema debatido, que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En ese orden, resulta pertinente se\u00f1alar que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil recientemente analiz\u00f3 un caso similar al planteado, en el que Colpensiones reclamaba la aplicaci\u00f3n de las sentencias C336-2014, SU428-2016, C515-2019 y SU149-2021 y alegaba la vulneraci\u00f3n al principio de sostenibilidad financiera pensional, oportunidad en la que se neg\u00f3 el amparo invocado por la entidad, tras analizar los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en la CSJ SL5270-2021, en la que ratific\u00f3 su postura, en el sentido que no era procedente exigir 5 a\u00f1os de convivencia m\u00ednima cuando se trata de afiliados, exponiendo extensamente por qu\u00e9, en ejercicio de su funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de jurisprudencia en materia laboral, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, se apartaba de lo definido en la SU149-2021, dado que el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 no contempl\u00f3 un requisito temporal, cuesti\u00f3n que no vulneraba el derecho a la igualdad de las familias de los afiliados y pensionados, por cuanto los asegurados causantes no estaban en la misma situaci\u00f3n, sumado a que su criterio no afectaba el sistema de sostenibilidad financiera, en raz\u00f3n a los recursos con los que se cubr\u00eda esa prestaci\u00f3n, argumentos bajo los cuales esta Sala concluy\u00f3: <\/p>\n
\u2026como quiera que la Corte Constitucional dej\u00f3 sin efectos el fallo SL1730-2020, para el caso particular y concreto all\u00ed definido, ordenando a la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral emitir otro, con aplicaci\u00f3n del criterio establecido por esa Corporaci\u00f3n, la Sala especializada profiri\u00f3 la SL4318-2021, el 22 de septiembre del a\u00f1o anterior, en la que resolvi\u00f3 el asunto, seg\u00fan lo indicado en la SU149-2021, pero retirando la interpretaci\u00f3n dada al tema debatido, como \u00f3rgano de cierre\u2026 <\/p>\n
En reciente oportunidad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en ejercicio de su funci\u00f3n de unificaci\u00f3n como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral, reiter\u00f3 su criterio y motiv\u00f3 las razones por las cuales se apartaba del precedente contenido en la SU149-2021, as\u00ed:\u2026 <\/p>\n
La totalidad de razones expuestas, son m\u00e1s que suficientes para la modificaci\u00f3n del criterio jurisprudencial, que hoy se reproduce, frente a la interpretaci\u00f3n adecuada de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, lo que resulta constitucional y legalmente v\u00e1lido, dentro del marco de las competencias de esta Sala, en su funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 270 de 1996 y 235 de la CP, con sus modificaciones\u2026 <\/p>\n
\u2026Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, la decisi\u00f3n adoptada por la Corte Constitucional frente al caso particular y concreto de la SL1730-2020, con posterioridad a la sentencia censurada (SL5167-2020), no conlleva per se la procedencia de la tutela, pues, como se indic\u00f3, el fallo de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral que en esta oportunidad se ataca no se vislumbra abiertamente alejado del ordenamiento o carente de fundamento objetivo, al estar sustentado en la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, que minuciosamente ha analizado el asunto y expuesto, bajo una hermen\u00e9utica plausible basada en la normativa aplicable y en la jurisprudencia relacionada, los argumentos para no exigir 5 a\u00f1os de convivencia cuando se trata de afiliados; y, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, no por ello merece necesariamente ser pasible de la acci\u00f3n de tutela\u2026 <\/p>\n
En este orden y como quiera que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, la salvaguarda impetrada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad1. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende del agotamiento previo de los mecanismos de defensa, circunstancia que no se evidencia en este caso, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC1627-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10761-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10761-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00380-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}