STC10763-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10763-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00756-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que el accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 4 de mayo de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Pablo Alexander Fl\u00f3rez Rend\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que dice vulnerados por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 que \u00abse revise la sentencia de acuerdo a los art. 220 numeral 4\u00ba y 221 y 222 de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo afirma que el 25 de junio de 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta por el 19 de julio de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, como autor responsable del delito de Fabricaci\u00f3n, Tr\u00e1fico Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios o Municiones, decisi\u00f3n que el sentenciado no comparte, porque, dice, fue condenado por tener colgada en una pared de su vivienda una escopeta \u00abt\u00edpica de las fincas de la regi\u00f3n\u00bb, usada para cacer\u00eda y asustar animales, la cual el ej\u00e9rcito, cuando pasaba por la zona, le hab\u00eda indicado que no requer\u00eda de salvo conducto, siendo esa la autoridad encargada de emitirlo, de ah\u00ed que en lo decidido se incurri\u00f3 un \u00abfalso juicio de convicci\u00f3n\u00bb y en defecto f\u00e1ctico, porque no logr\u00f3 probarse que se puso en riesgo el bien jur\u00eddico tutelado de la seguridad p\u00fablica. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Jugado Promiscuo Penal del Circuito de Amalfi se\u00f1al\u00f3 que al promotor se le otorgaron todas las oportunidades de defensa, tanto as\u00ed que apel\u00f3 el fallo condenatorio de primer grado con los mismos argumentos aqu\u00ed expuestos, decisi\u00f3n que a la postre confirm\u00f3 \u00edntegramente el superior. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia indic\u00f3 que el 25 de octubre de 2016 confirm\u00f3 la sentencia emitida en contra del gestor y devolvi\u00f3 el expediente al juzgado de origen el 15 de noviembre de esa anualidad, porque contra lo definido no se interpuso el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras constatar incumplido el requisito de la subsidiariedad de la tutela, porque el fallo de segunda instancia no fue atacado mediante el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, insistiendo en los mismos argumentos que expuso en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por el actor, en esencia es la sentencia de 25 de octubre de 2016 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de 19 de julio de 2016 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, de condenarlo como autor responsable del punible de Fabricaci\u00f3n, Tr\u00e1fico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios o Municiones. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 16 de abril de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho (4 a\u00f1os y 5 meses) el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Adicional a lo expuesto, del an\u00e1lisis de lo informado por las autoridades accionadas se constata que el gestor abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que las inconformidades que aqu\u00ed expone fueran abordadas por el fallador natural, al no haber recurrido en casaci\u00f3n lo sentenciado por el Tribunal, pese a haber tenido oportunidad para ello. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente tambi\u00e9n por este motivo, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir en los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recibido en la secretar\u00eda de esta Sala el 28 de julio de 2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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