STC10764-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10764-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02555-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Alberto Osorio Aguirre contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 2010-00548. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, por conducto de mandatario judicial, exige la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado se tramit\u00f3, bajo el radicado 2010-00548, el proceso ordinario iniciado por Lucila Aguirre Viuda de Osorio (Q.E.P.D.) en contra de Jos\u00e9 Alejandro Riveros Castillo, cuyo objeto era que se declarara la nulidad, por lesi\u00f3n enorme, de una compraventa celebrada entre las partes. <\/p>\n
2.2. En el transcurso del juicio, la se\u00f1ora Aguirre falleci\u00f3, raz\u00f3n por la cual el estrado cognoscente, en providencia de 10 de diciembre de 2018, orden\u00f3 citar a sus herederos, actuaci\u00f3n que se cumpli\u00f3 respecto de algunos de ellos, pues falt\u00f3 notificar a otros \u00abhijos de los cuales no se conoc\u00eda la ubicaci\u00f3n de los certificados de nacimiento, ni su direcci\u00f3n\u00bb, para surtir realizar el enteramiento del proceso. <\/p>\n
2.4. La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada por el Tribunal accionado el 13 de mayo siguiente y, el 17 de junio de los corrientes, se rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra ese prove\u00eddo. <\/p>\n
3. El gestor tacha de irregular las decisiones adoptadas por los jueces de ambas instancias, por cuanto, en su criterio, no era del caso finiquitar la contienda por desistimiento t\u00e1cito, ya que la situaci\u00f3n de salud p\u00fablica, ocasionada por la pandemia del Covid-19, impon\u00eda que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso se hiciera con criterios flexibles, m\u00e1xime que fue por la emergencia sanitaria que se dificult\u00f3 la notificaci\u00f3n de los herederos cuya vinculaci\u00f3n se echaba de menos. <\/p>\n
Sostiene, adem\u00e1s, que no era necesaria la concurrencia de los otros herederos, pues el proceso pod\u00eda continuar su tr\u00e1mite con el poder original conferido por la demandante, dado que \u00e9ste no termina por la muerte del mandatario, y porque eran los sucesores interesados quienes ten\u00edan la carga de hacerse parte, sin que el juzgado estuviere autorizado para requerir ello, mucho menos para terminar el litigio con estribo en que su citaci\u00f3n no se logr\u00f3. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo relatado, exige que se revoquen las providencias de 25 de febrero y de 13 de mayo de 2022 y, en su lugar, se contin\u00fae con el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
Los falladores querellados defendieron la legalidad de su gesti\u00f3n, remiti\u00e9ndose al contenido de las providencias dictadas en el respectivo juicio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el impulsor pretende que se dejen sin efectos los autos de 25 de febrero y de 13 de mayo de 2022, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. Al respecto, debe precisarse que, si bien el reclamo se dirige contra los dos prove\u00eddos, el examen se circunscribir\u00e1 al dictado el 13 de mayo del presente a\u00f1o, pues fue el que, en \u00faltimas, defini\u00f3 lo concerniente a la aplicabilidad, en el asunto escrutado, de la figura del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
3. En el aludido pronunciamiento, el ad quem convocado, luego de mencionar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y de citar jurisprudencia relacionada de la Corte Constitucional y de esta Sala de Casaci\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n
En el presente caso, se encuentra acreditado que, ante el fallecimiento de la demandante [Lucila Aguirre Viuda de Osorio], se tuvieron como sucesores procesales de la demandante a los se\u00f1ores Constanza, Carlos Arturo, Alberto, Esperanza, Mar\u00eda del Carmen, Mar\u00eda Magnolia, Gabriela, Cecilia, Mar\u00eda Antonieta, Augusto, Ancizar y Mercedes Osorio Aguirre, seg\u00fan auto del 4 de octubre de 2019, encontr\u00e1ndose pendiente de notificaci\u00f3n los se\u00f1ores Constanza, Ancizar y Mercedes Osorio Aguirre, particularmente, deb\u00eda remitirse la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal a la direcci\u00f3n f\u00edsica informada por el apoderado de la demandante, raz\u00f3n por la cual el juzgado de conocimiento lo requiri\u00f3 para el cumplimiento de la carga procesal pendiente so pena de aplicar el desistimiento t\u00e1cito establecido en el art\u00edculo 317 CGP. <\/p>\n
El Consejo Superior de la Judicatura suspendi\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria, a partir del 16 de marzo de 2020, siendo reanudados el primero de julio de la misma anualidad, por consiguiente, teniendo en cuenta la suspensi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 564 de 2020 y que el requerimiento fue notificado en estados el 14 de febrero de 2020[1], el t\u00e9rmino para atender la carga de notificaci\u00f3n venc\u00eda el 18 de agosto de la misma anualidad, sin que la parte actora hubiese atendido la carga impuesta, pues no consta en el expediente memorial agregado destinado a cumplir el requerimiento o actuaci\u00f3n de oficio o a petici\u00f3n de parte que hubiese interrumpido el t\u00e9rmino. <\/p>\n
Ya descendiendo a las alegaciones del apelante, relacionadas con las dificultades existentes para cumplir con la carga procesal impuesta, propiciadas por la emergencia sanitaria, el Tribunal estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no es de recibo el argumento del recurrente al justificar su inactividad con base en la anormalidad de la prestaci\u00f3n del servicio, pues existi\u00f3 norma que defini\u00f3 una suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, precisamente con el fin de garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sin embargo, el Decreto 564 de 2020 estableci\u00f3 un l\u00edmite temporal sujeto a la fecha de reanudaci\u00f3n de t\u00e9rminos del Consejo Superior de la Judicatura, dependencia que dispuso el levantamiento a partir del 1\u00ba de julio de 2020, luego, el requerimiento debi\u00f3 atenderse y acreditarse en la debida oportunidad acudiendo a las herramientas dispuestas para tal fin. <\/p>\n
Ciertamente, la din\u00e1mica de la prestaci\u00f3n del servicio de justicia cambi\u00f3 con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria, sin embargo, una vez levantada la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, a partir del 1\u00ba de julio de 2020, no impidi\u00f3 la continuidad del tr\u00e1mite de los procesos, pues acaeci\u00f3 una nueva realidad basada en la utilizaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales que se consolid\u00f3 en el Decreto 806 (\u2026) de 2020, as\u00ed entonces, aun cuando la presencialidad ha tenido l\u00edmites, lo cierto es que se dispusieron canales digitales para la interacci\u00f3n entre los operadores de justicia y los usuarios (\u2026), luego, el vocero judicial como conocedor del derecho deb\u00eda acudir a las nuevas herramientas y lineamientos para acreditar ante el juzgado, mediante el correo electr\u00f3nico institucional, el cumplimiento de las gestiones de notificaci\u00f3n requeridas e incluso pudo acudir a la notificaci\u00f3n de los sucesores procesales v\u00eda mensaje de datos en los t\u00e9rminos del art. 8 del citado Decreto. <\/p>\n
Por \u00faltimo, descart\u00f3 la errada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del Estatuto Adjetivo, invocada por el impugnante: <\/p>\n
\u2026por cuanto el desistimiento t\u00e1cito es una forma anormal de terminaci\u00f3n del proceso que se deriva, entre otros casos, del incumplimiento de una actuaci\u00f3n o carga procesal que incumbe a la parte y de la cual depende la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite, en este caso, la notificaci\u00f3n de los sucesores procesales se requer\u00eda para impartir continuidad al proceso, puesto que se acredit\u00f3 la calidad de herederos de la demandante fallecida y la aptitud legal para sucederla, siendo necesaria su integraci\u00f3n al proceso, m\u00e1xime cuando existe auto en firme que dispuso su reconocimiento. <\/p>\n
De todo lo precedente, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la parte demandante fue requerida para acatar una carga procesal que no cumpli\u00f3 en el t\u00e9rmino legal, a pesar de contar con las herramientas para ello, por consiguiente, se ajusta a los presupuestos normativos la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, por lo que habr\u00e1 de confirmarse la providencia recurrida. <\/p>\n
4. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el Tribunal consider\u00f3, motivadamente, que la terminaci\u00f3n del proceso dispuesta por el juzgador a quo se ajust\u00f3 a la preceptiva contenida en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto, a partir de lo cual el operador cognoscente advirti\u00f3 que no se hab\u00eda cumplido la carga procesal impuesta, mediante decisi\u00f3n judicial en firme, lo cual daba lugar a la figura del desistimiento t\u00e1cito; adem\u00e1s, se resolvieron razonadamente los reproches propuestos por el apelante que, dicho sea de paso, se reproducen en sede de tutela. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo normal de sus facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
5. De otra parte, no puede perderse de vista que el actor cuestiona la carga de notificar a todos los herederos de Lucila Aguirre Viuda de Osorio, pues estima que ello no era necesario y que el proceso pod\u00eda continuar con su apoderado inicial o con los herederos que pudieron ser notificados; no obstante, revisado el expediente contentivo del decurso criticado, encuentra la Sala que dicho mandato fue impuesto en el auto de 10 de diciembre de 2018 (fol. 366), reiterado el 4 de octubre (fol. 380) y el 12 de diciembre de 2019 (fol. 384), y el 13 de febrero de 2020 (fol. 401), en \u00e9stas tres \u00faltimas ocasiones ya por la v\u00eda demarcada en el numeral 1 del art\u00edculo 317 del Estatuto Adjetivo, sin que dichos pronunciamientos hubiesen sido recurridos; m\u00e1s a\u00fan, despu\u00e9s del 13 de febrero de 2020, su apoderado no volvi\u00f3 actuar sino hasta cuando atac\u00f3 el prove\u00eddo de 25 de febrero de 2022, que ultim\u00f3 la contienda por la senda del desistimiento t\u00e1cito, y que se aplic\u00f3 -precisamente- ante la inobservancia de una carga requerida (vincular al proceso a Ancizar, Mercedes y Constanza Osorio Aguirre, en su calidad de sucesores de Lucila Aguirre Viuda de Osorio), que hab\u00eda sido ordenada hac\u00eda m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
De manera que si, de un lado, el interesado no recurri\u00f3, en su momento, los prove\u00eddos que censura en sede de tutela y, de otro, desde la notificaci\u00f3n del auto de 13 de febrero de 2020 y hasta el 25 de febrero del 2022 no acredit\u00f3 haber cumplido con la orden impuesta en las decisiones previamente ejecutoriadas, la acci\u00f3n de amparo constitucional resulta improcedente, habida cuenta que \u00e9sta, como instrumento subsidiario y residual, no puede ser utilizado para subsanar las oportunidades fenecidas. <\/p>\n
Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (ver, recientemente, en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
6. Por lo razonado, se desestimar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el auxilio implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el anotado prove\u00eddo, el despacho a quo requiri\u00f3 a la actora para que notificara a Ancizar, Mercedes y Constanza Osorio Aguirre, a la direcci\u00f3n f\u00edsica informada por el apoderado de la parte actora, y se le previno que de no dar cumplimiento a esa carga se aplicar\u00edan las consecuencias previstas en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 La postura citada de las sentencias de 2008 y 2012 ha sido reiterada, entre muchas otras, en STC2462-2021 y STC2658-2022. <\/p>\n
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